Un militar encomiable equivocado en la “guerra sucia” contra ETA
A lo largo de su carrera militar, complementó su formación profesional con la realización de numerosos cursos de especialización. Entre ellos destacan el de Información sobre Desactivación de Explosivos, y los de Investigación Criminal, Psicología y Psicotecnia Militar y el Superior de Información.
Rodríguez Galindo ocupó su primera plaza como teniente en la provincia de Teruel, donde permaneció durante un año y medio hasta que fue destinado, durante los siguientes cuatro años, a Guinea Ecuatorial, viviendo allí el proceso de descolonización culminado en 1968 y los primeros momentos de su independencia. De regreso a España, solicitó destino en la Comandancia de Guipúzcoa, ocupando una vacante en el Subsector de Tráfico hasta su ascenso a capitán el 11 de diciembre de 1971.
En ese empleo ejerció durante cuatro años como profesor del Centro de Promoción de la Guardia Civil. A continuación pasó a prestar servicio en el Subsector de Tráfico de la Comandancia de Cádiz, hasta su ascenso a comandante, que se produce el 25 de mayo de 1980.
Ese hito de ascenso de oficial a jefe de la guardia Civil es fundamental en la carrera de Rodríguez Galindo. Su destino inmediato es el de segundo jefe de la 513 Comandancia del Cuerpo con base en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), caracterizada por su intensa lucha contra el terrorismo de ETA. Su dedicación y conocimientos en esa materia, hacen que al ascender a teniente coronel, el 25 de mayo de 1988, asuma el mando directo de esa misma unidad, en la que permanece incluso de forma extraordinaria cuando asciende al empleo de coronel el 26 de febrero de 1992, considerando su singular experiencia en el País Vasco, acumulada durante 20 años, y la importancia de los servicios que se desarrollan en dicha Comandancia.
El 4 de agosto de 1992, el Consejo de Ministros presidido por Felipe González le ascendía a general de brigada en una decisión de evidente interés político, sin que hubiera permanecido siquiera seis meses en el empleo de coronel, con el “caso Amedo” (anticipo del “caso Marey”) ya con sentencia firme y con el “caso Lasa-Zabala”, que terminaría afectándole directamente, más que latente. De hecho, el 23 de mayo de 1996 Rodríguez Galindo declararía ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, como imputado en el secuestro y asesinato de los presuntos etarras Lasa y Zabala, momento en el que dicho magistrado ordenaba su prisión incondicional, prolongada hasta el 2 de agosto del mismo año y reiterada en una segunda decisión judicial desde el 15 de septiembre de 1997 hasta el 26 de junio de 1998.
Al día siguiente de aquella declaración, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior del primer gobierno presidido por José María Aznar, cesaba al general Rodríguez Galindo como vocal asesor de la Dirección General de la Guardia Civil.
El 26 de abril de 2000, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenaba a un total de 71 años de prisión por su implicación en el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala (Sumario 15/1995), aunque en el mismo fallo se acordase que el tiempo máximo de su cumplimiento no podría exceder de los treinta años. El fallo relativo a Rodríguez Galindo establecía literalmente:
… En atención a lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española HEMOS DECIDIDO que:
Debemos condenar y condenamos, con aplicación del C. P. texto refundido de 1973, a ENRIQUE RODRIGUEZ GALINDO, como autor de dos delitos de asesinato, con la agravante de prevalerse del carácter público, a la pena de 28 años y 6 meses de reclusión mayor, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, por cada uno de ellos, y, como autor de dos delitos de detención ilegal a la pena de 7 años de prisión mayor, con la accesoria de suspensión de cargo público, por cada uno de ellos; y al pago de las costas proporcionales, incluyendo las de las acusaciones particular y popular.
El fallo condenaba al mismo tiempo con distintas penas a José Julián Elgorriaga Goyeneche, ex gobernador civil de Guipúzcoa, y a tres miembros de la Guardia Civil: Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal. Todos los imputados en la causa quedaban absueltos no obstante de los delitos de pertenencia a banda armada, lesiones y torturas de los que también venían acusados. Posteriormente, en julio de 2001, el Tribunal Supremo aumentaría la condena impuesta a Rodríguez Galindo a un total de 75 años de prisión, formalismo sin trascendencia real dado que en todo caso se mantenía el cumplimiento máximo de treinta años de prisión.
Al margen del reprobable “caso Lasa-Zabala”, Enrique Rodríguez Galindo ha alcanzado todo un record de distinciones civiles y militares en reconocimiento a los méritos que han concurrido en su vida profesional, sin precedente dentro de la Guardia Civil:
Gran Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, condecoración que, salvo en los supuestos de concesión a título póstumo, sólo ha sido otorgada de forma extremadamente excepcional.
Su singular trayectoria en la lucha contra ETA dio origen a un libro de descrédito personal titulado “La red Galindo” (Txalaparta, 1993). Esta obra, firmada por Pepe Rei y de clara inspiración filo etarra, sería contestada de inmediato con “El azote de ETA” (1993), libro-reportaje escrito por un equipo de investigación del diario “ABC” integrado por Jesús María Zuloaga, Javier Pagola y Dolores Martínez Luján, puesto de inmediato a disposición del público de forma gratuita en Internet.
Por su parte, el propio Rodríguez Galindo, que sería excarcelado por el gobierno de Rodríguez Zapatero el 1 de octubre de 2004 por razones de salud (sufrió cinco crisis cardiacas en reclusión), cumpliendo apenas unos cinco años y medio de prisión efectiva incluida la de carácter preventivo, terminaría publicando sus propias memorias: “Mi vida contra ETA” (Editorial Planeta, 2006).
Casado y padre de cinco hijos, Rodríguez Galindo ha tenido que soportar una dura persecución periodística sin otra justificación que la de su participación en la “guerra sucia” contra ETA. Un ejemplo de este tratamiento “justiciero” fueron las diversas acusaciones realizadas sin el menor fundamente por “Diario 16”, “Egin” y “Egunkaria”, ligándole a redes de narcotráfico y trata de blancas, en su momento desestimadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián (Diligencias Previas 491/1991 conocidas como “Informe Navajas”) al considerar que se trataban de simples rumores sin prueba que los sustentasen. En 2006, “El Mundo” también publicó un supuesto documento “secreto” (y por tanto sin valor formal) elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil, con fecha del 17 de octubre de 1992, donde al parecer se planteaba la posibilidad de que fondos derivados del narcotráfico se hubieran podido aplicar a la lucha antiterrorista, llegando por esa vía al beneficio personal de sus implicados.
FJM (Actualizado 01/07/2011)
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