Desde el nacimiento de esta web, hace ya cinco meses, hemos venido sosteniendo que la crisis económico-financiera específica de España tiene su origen y se sustenta en dos expresiones esenciales de un mismo y único problema.El problema vertebral no es otro que el propio sistema político y sus expresiones referenciales, el desastre generalizado de las cajas de ahorros (más que la banca), gestionadas y saqueadas por la clase política, y el intolerable despilfarro que ha llevado el déficit público a donde ha llegado, ya sin posibilidad razonable de refinanciación.
El sistema político, instituido en los difíciles momentos de la Transición, quiso consagrar un teórico Estado social y democrático de Derecho, pero amparando al mismo tiempo un sistema “partitocrático” (que es otra cosa bien distinta), con proyección tanto en el ámbito electoral como en el administrativo y en la propia estructuración de los poderes Legislativo y Judicial. Incluyendo en el mismo sometimiento partidista a las demás instituciones esenciales para el desarrollo y control de la vida pública (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, organismos supervisores…) y convirtiéndose, por tanto,en el responsable último o subsidiario de todas ellas.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, RESPONSABLES DE LA CRISIS
Tras la muerte del general Franco, la clase política heredó la “finca” del Estado en toda su extensión, inventando los ingenios necesarios para conservar en sí misma todos los atributos y todas las prebendas de la antigua dictadura, bajo una nueva nomenclatura y con las mínimas concesiones necesarias para obtener la aprobación o el nihil obstat de las democracias occidentales.
Así nació una “Monarquía parlamentaria” (que también se podría denominar “Monarquía partitocrática”) en la que el Rey ostenta de forma vitalicia, como Franco, la Jefatura del Estado y el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”, transmitiendo además a su legítimo heredero dicha dignidad más allá de lo que pudo hacer el propio dictador. Al margen de otros posibles reproches de fácil presunción, Su Majestad nunca ejerció la responsabilidad más trascendente de su cargo, que sin ir más lejos es la de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56,1 CE), empezando por los partidos políticos que las invadieron y contaminaron de forma masiva.
Pero, bajo el paraguas de la Corona, que todo lo uniría (lamentablemente no ha sido así), y con la excusa de “acercar el gobierno al pueblo” (por su tamaño y población España no era precisamente Estados Unidos, China o India), también se ideó el controvertido “Estado de las Autonomías”, de forma oportunista y con escaso convencimiento social, sólo para que el conjunto de la clase dirigente se hiciera con el mayor poder posible en la barra libre de aquella democracia “imperfecta” (el famoso “café para todos”), haciendo ver a la ciudadanía de forma engañosa que eso nada tenía que ver con el caciquismo político, los virreinatos o los reinos de taifas, sino con su bienestar personal…
Dicho de otra forma, con la dictadura agotada, el poder franquista quedó redirigido a un sistema de partidos políticos concretado por los dirigentes del momento sin la menor grandeza política e interesados sobre todo en su propia prevalencia, concatenando perversamente el texto de la Carta Magna con el desarrollo normativo en materia electoral y de partidos y con el propio funcionamiento del Senado y del Congreso de los Diputados. Esa misma clase política “constituyente”, convino el símbolo/pantalla de la Corona (que sirve para lo que sirve) y toda una urdimbre de omnipresencia y potestad político-partidista que es la que nos ha llevado realmente a donde ahora estamos.
A partir de esta concepción “partitocrática” del Estado, se alumbraron la pantomima subvencionada de los sindicatos y las patronales (correas de transmisión de los propios partidos); las 17 Autonomías (más dos Ciudades Autónomas), sus correspondientes Estatutos de Autonomía (enfrentados artificialmente a la España unitaria), Gobiernos y Parlamentos; todas las consecuentes transferencias competenciales rayanas con el vaciamiento del Estado y una multiplicidad administrativa insostenible (Administración Central del Estado, Comunidades Autónomas,Diputaciones Provinciales o Cabildos Insulares, Ayuntamientos, organismos comarcales…). Es decir, los partidos y la clase política como invasores y dueños del Estado, en lugar de servir al pueblo soberano, convertido así en mero “pagano” del desmadre democrático.
Además, la propia dinámica del sistema politizaría y desprofesionalizaría las cajas de ahorro; generaría más de 4.000 empresas públicas innecesarias y redundantes entre sí; exigiría infraestructuras de transportes de verdadero derroche (aeropuertos fantasmas, autovía sin tráfico, líneas del AVE sin mercado…); instalaría absurdas representaciones institucionales por doquier (dentro y fuera de España); concedería subvenciones ideologizadas tan injustificadas como desproporcionadas (no humanitarias); aumentaría las plantillas del funcionariado de forma escandalosa (hasta 3.000.000, con un 40 por 100 incorporados “a dedo”); retribuiría ejércitos paralelos de asesores y ganapanes de los partidos políticos (sin otro cometido que realimentar el sistema); colmataría un total de 445.000 cargos políticos (inconcebibles frente a los 100.000 existentes en Alemania); facilitaría abusos intolerables (coches de lujo, escoltas, dietas…) y nóminas políticas desproporcionadas…
En definitiva, el sistema concluiría en una auténtica orgía de la clase política, instalando de forma irremisible a los partidos en la mentira permanente, en la pura corrupción y en el descrédito social, hasta generar, primero la quiebra del sistema financiero, después la de las autonomías y finalmente la del Estado. Con unos desaprensivos responsables bien identificados: todos y cada uno de los que han venido gobernando desastrosa e impunemente en cualquier ámbito político y la“casta” deleznable que les representa. Salvo contadas y honrosas excepciones personales, que las hay, esta es la realidad del caso.
Porque, ¿acaso cuando alguna caja de ahorros dejaba su gestión en evidencia delictiva, la oposición política, fuera del color que fuere, llevaba el caso a los tribunales de justicia? Pues no: antes que eso hacía la vista gorda y pugnaba por mantener su cuota de poder y complicidad en la misma institución y ejerciendo las mismas prácticas hasta el desastre final.
Y, aún hoy, ¿cómo puede ser que no se hayan desmantelado las empresas públicas y fundaciones montadas sin necesidad cierta por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con déficit presupuestario, empezando por donde gobierna el PP?
Pero, ¿qué intolerable burla es esa de que la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, venga a estas alturas del descalabro nacional a mantener el sistema comarcal de su comunidad, con 32 consejos y gobiernos inoperantes, sólo para que su socio político, el PAR, siga empesebrando en ellos a 800 militantes? ¿Es que la contumacia de los salteadores de la política va a continuar hasta que toda España, menos ellos, esté en el paro…?
EL FRACASO DE MARIANO RAJOY
La relación de las barbaridades políticas cometidas y, peor aún, la de las que se siguen cometiendo desde que Rajoy fue elegido presidente con mayoría absoluta, que lo fue justo para acabar con esas prácticas suicidas, es tan interminable como conocida. Pero lo peor del caso es que, antes que conjurarse para cercenar de raíz esa política indigna, intolerable y perversa,
los partidos siguen yendo cada uno a lo suyo, aspirando sólo a encontrar una fórmula mágica (quizás unos préstamos europeos fáciles y baratos o el milagro de una reactivación económica mundial), que permita mantener a ultranza el sistema, en vez de erradicarlo.
Como hemos dicho tantas veces, las medidas adoptadas por Rajoy, siempre escasas, tardías y mal diseñadas, sólo se justifican por el egoísmo, la ineptitud y la contumacia política, atributos plenamente compartidos por el gobierno y la oposición. No se ha hecho, ni se hace, ni tampoco se hará, lo que, llagándose a donde se ha llegado, se tendría que haber hecho sin más miramientos ni vacilaciones: refundar cabalmente el sistema político, origen del desastre nacional, incluyendo el bodrio del Estado de las Autonomías, ya sólo defendido por la “casta” más representativa de los salteadores de la política.
Si Mariano Rajoy fuera más inteligente y menos vago y conformista de lo que realmente es, se habría rodeado para acometer esa tarea histórica, en un momento además tan crucial, de menos “pelamanillas” y alfombras meritorias del partido y de más profesionales cuajados e independientes, sin más aspiración que la del servicio a España, poniendo la degradada vida política del país patas arriba en sus primeros días de gobierno efectivo. O, de forma alternativa, y estando las cosas tan mal como evidentemente estaban, solicitando el rescate nacional en corto y por derecho, en vez de arrastrarnos al mismo cenagal más tarde pero con el país ardiendo por los cuatro costados (a la griega), que es lo que está haciendo o ya ha hecho.
Un camino bien fácil de visualizar, sólo con un poco de sentido común, del que el presidente Rajoy tanto presume, y apenas manejando las cuatro operaciones de la aritmética más elemental, que son las que soportan la contabilidad nacional. E incluso puede que hasta superable, si hubiera iniciado su mandato legislativo adelgazando urgentemente el Estado y con reformas estructurales verdaderas, en vez de arremeter contra las bases sociales, que además de no tener culpa alguna de la quiebra de las cajas de ahorros ni del escandaloso déficit público, se han convertido en sus víctimas propiciatorias hasta el mismo agotamiento.
El Gobierno de Rajoy tenía que haber acometido la reforma urgente del sistema empezando por su propia estructura, por su podrida cimentación y por sus debilitados muros de carga, y no repintando las paredes (que han terminado derruidas) ni arremetiendo en primera instancia contra quienes, ajenos al drama político subyacente, confiaban en las instituciones del Estado, aceptando las consignas de los políticos y cumpliendo con todas sus obligaciones ciudadanas. La realidad es que los partidos han ido a lo suyo, endosando los platos rotos a los demás y empezando las reformas y los sacrificios necesarios no por donde se debía, sino por donde se tendrían que haber concluido.
Ahora, la quiebra política y económica del Estado es un hecho y el segundo y definitivo rescate inevitable. Y de ello sólo es culpable la egoísta, inepta y contumaz clase política que soportamos, amparada por un sistema político diseñado a su imagen y semejanza.
Pero, ¿es posible crear ahora otra clase dirigente más razonable y honesta dentro del mismo sistema? El omnímodo poder de los actuales partidos, lo impide (el maligno está “atado y bien atado”). Por ello, quienes ven las cosas como realmente son, no pueden sino esperar de forma paciente un rescate total que encamine el país a la obligada senda de la sensatez política y que lleve a nuestra impresentable “casta” política a la hoguera que se merece, por supuesto pasando por los tribunales de justicia, si es que éstos todavía se pudieran comportar como tales.
El macizo social ya no cree en los partidos políticos, ni en los sindicatos y patronales, ni en las instituciones públicas, ni en el sistema que soporta tanto desmadre y tanta mangancia, que supera con mucho lo que siempre habíamos definido despectivamente como “estilo caribeño”, hoy por hoy ampliamente superado por el “tipical spanish”. Un Goya redivivo, podría representar el actual desastre nacional con una estampa del “Saturno devorando a sus hijos” pero a la inversa: “Saturno devorado por sus hijos”.
Y eso si no se desatan antes las pasiones y venganzas celtibéricas más ancestrales y volvemos a dejar al mundo entero verdaderamente aterrado. Quede atenta la clase política, porque las campanas del pueblo ya pueden estar llamando a rebato.