Anticipábamos en nuestra anterior Newsletter que en esta íbamos a tratar con cierto detenimiento la Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN 2012), presentada públicamente el pasado 1 de agosto por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, con una parafernalia mediática a nuestro entender poco oportuna y hasta temeraria (caso de que los periodistas presentes hubieran sabido verdaderamente de que iba el tema y se atrevieran a preguntar lo que debían preguntar). Dentro de la estrategia informativa desarrollada por Morenés, el día anterior ya se difundió la noticia de que la DDN 2012 había sido ratificada por el Consejo de Defensa Nacional, en sesión presidida por Su Majestad el Rey.
El anuncio realizado por elespiadigital.com de prestar atención monográfica a la DDN, se justificaba porque una primera valoración de su contenido, de la forma de publicitarlo y de sus excesos y carencias más visibles, recogía incoherencias y discapacidades preocupantes.
UNA DDN (O LO QUE SEA), DE VERGÜENZA AJENA
Para empezar, estamos de acuerdo con el análisis temprano realizado al respecto por el teniente general Pitarch en el artículo de su blog titulado con cierta ironía “Directiva Descuidada Nacional (DDN)” (03/08/2012), accesible desde esta web. Lo primero que llama su atención, y con razón, es el slogan (“POR UNA DEFENSA NECESARIA, POR UNA DEFENSA RESPONSABLE”) con el que, de forma ciertamente gratuita y hasta empalagosa, se publicita un documento en parte doctrinal pero esencialmente ejecutivo, como [debería ser] el de marras, algo sin precedentes en las anteriores DDNs.
Ahora, según está planteada por el Gobierno en la nueva DDN, la “defensa necesaria” no es precisamente una “defensa responsable”, sino más bien bastante “irresponsable”.
También acierta Pitarch cuando, después de prescindir de todo el adorno literario de la DDN 2012, a veces farragoso y a veces etéreo, afirma que el posible “magro” se limita prácticamente a las cinco “Directrices a seguir en la presente Legislatura” (apartado 4), recogidas en apenas dos folios, de los diez que abarca el documento. Sobre ellas cabe añadir que no pasan de conformar un cuadro de aspiraciones inconcretas, sin la menor precisión ni cuantificación, carentes de sentido específico y que, como “instrucciones” o normas prácticas para la ejecución de algo, que es lo que deberían ser, constituyen una auténtica tomadura de pelo (en archivos pdf se adjuntan las DDNs 2012, 2008 y 2004).
Pero es que, además, el documento confunde en su apartado 3 lo que de hecho son “líneas generales de la política de defensa” con algo en esencia muy distinto y que en la DDN brillan por su ausencia: los “objetivos” de la política de defensa. Claro está que eso es lo de menos, porque el documento (difuso y superfluamente profuso) es infumable en cada una de sus partes y, todavía más, en su conjunto, hasta el punto de desacreditar seriamente al Consejo de Defensa Nacional que se ha atrevido a ratificarlo, con el Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas a la cabeza.
En cualquier caso, Pitarch desbroza un poco más el bodrio en cuestión y apuntala su análisis con tres párrafos bien expresivos:
Entrando más al fondo, se encuentra un lenguaje a veces poco pulido y un mensaje con frecuencia incoherente. No faltan grandilocuentes formulaciones: “garantizar la seguridad de los españoles es una responsabilidad y obligación inalienable, intransferible e irrenunciable del Gobierno de la nación”, o “asegurar una España fuerte”, o la necesidad de contar con un “instrumento preparado y adaptado para dar respuesta a las posibles amenazas, riesgos y retos que se puedan llegar a presentar”. A ello se junta la mención de nuevos riesgos y/o amenazas (a veces de difícil identificación) que se añaden a los hasta ahora existentes y que no han desaparecido. No hay relación lógica entre lo que se proclama y lo que lo sustenta: el presupuesto de gastos de defensa para 2012. Es una situación muy incoherente e inestable porque la Fuerza --como ya se ha dicho tantas veces en este blog-- adolece de falta de preparación para el cumplimiento de su misión. Y --añado--, cuanto más tiempo se prolongue esta situación, más difícil y costosa resultará salir de ella.
Una mera aproximación al escenario de los “deseos” que se han descrito al comienzo del párrafo anterior, demandaría no solo no recortar sino incrementar sustancialmente la actual dotación presupuestaria de Defensa. Y no creo que esa sea la intención del Sr. Rajoy. Un ejemplo paradigmático de todo este lío se encuentra en el último párrafo del apartado 2 de la Directiva que es, supuestamente, la conclusión de la repercusión para España de la evolución del panorama estratégico. Depurando tal párrafo --para no perder al lector--, se afirma (sin ambigüedad en este caso) que “España debe garantizar la seguridad de las materias primas que sostienen su forma de vida, frente a las amenazas que se ciernan”. ¡Vaya tela!, diría un sevillano. Porque esa garantía exige, entre otras cosas, un nivel de ambición y el consiguiente objetivo de fuerza aeronaval que ni con diez veces el presupuesto actual se conseguiría. Veremos qué arte se da el JEMAD para desarrollar esa exigencia en el subsiguiente planeamiento militar. A lo mejor esta es la razón (con perdón) por la que el presidente del gobierno no ha (potencialmente) firmado la DDN 2012.
Pero quizás lo más grave, desde el punto de vista de organización conceptual del documento, se dé en el fundamental campo de los objetivos, que supuestamente deberían figurar en el apartado 3 de la Directiva. Simplemente, no se identifican cuando, por definición, deberían ser elementos concretos perfectamente identificables más allá de dudas e interpretaciones. Porque su consecución permite obtener las finalidades pretendidas por quien los fija. Además son puntos focales, puntos de convergencia, de todos los esfuerzos de la defensa nacional. Se podría así afirmar que lo más original de la DDN 2012 es no marcar objetivos. En su lugar, en el apartado correspondiente, el documento habla de tres rasgos esenciales de nuestra seguridad: el incremento de la inestabilidad en nuestro entorno cercano, la búsqueda de un vínculo transatlántico más sólido (¿OTAN/EE UU/bilateral?) y el impacto negativo de la crisis económica en nuestras propias capacidades defensivas y la disminución del paraguas colectivo. Y se remata el fiasco con unas líneas generales de la política de defensa. Pero, ¿dónde están los objetivos?, me preguntaba hace unas horas un almirante, quien --me confesaba-- que lo que más le molestaba de esta DDN era pasar vergüenza ajena, al pensar que la iban a leer sus homólogos de París, Berlín o Washington.
Pero, siendo cierto todo lo escrito sobre la DDN 2012 por el general Pitarch, quien entre otras cosas ha sido director general de Política de Defensa, ¿cómo se puede entender tanta desidia y chafarrinada gubernamental en un tema tan trascendente como el que nos ocupa? Y, aun más, ¿como es posible que el ministro Morenés se atreva a resumir la supuesta importancia de la DDN 2012 nada menos que con el lema “No se puede improvisar la seguridad”, como hizo en su presentación pública? ¿Acaso puede existir mayor improvisación que la que se deriva inexorablemente del documento en cuestión?
El esperpento documental y mediático al que se ha llegado con la DDN 2012, sólo se puede entender por el desinterés tradicional del PP en la política de defensa y por el menosprecio que, en el fondo, sus dirigentes (no sus bases) siempre ha mostrado hacia la institución militar. De hecho, sólo han entendido la defensa nacional como ariete coyuntural contra el PSOE y al servicio de intereses económicos e industriales ajenos a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas.
El artículo 6.3, apartado a), de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, establece una responsabilidad concreta y específica del Presidente del Gobierno: “Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo”. Pero es evidente que Rajoy no está por la tarea, ni tampoco se espera que lo esté, siquiera para hacer el paripé y cubrir de forma razonable el expediente de presidente patriótico, que es como seguramente le querrían ver muchos militantes del PP.
De hecho, como también ha señalado con perspicacia el general Pitarch, el presidente del Gobierno no se ha dignado fechar ni firmar la DDN 2012 publicitada de forma oficial, como hicieron quienes le han precedido en el cargo. Pitarch barrunta igualmente, y cualquiera puede tener la misma duda razonable, que quizás existan dos versiones escritas distintas de la DDN 2012: la del bodrio conocido públicamente y otra algo más profesional y reservada…
MORENÉS RELATA A LA PRENSA LOS ADORNOS DE LA DDN,
SIN NADA QUE VER CON SUS DIRECTRICES OPERATIVAS
Que la DDN 2012 oficial se ha convertido en una mera formalidad vacua para cubrir malamente el expediente normativo, también ha quedado patente en la presentación a los medios informativos realizada por Morenés, que, como un “cuentacuentos” de lujo, reinterpretó el “sin contenido” del documento ofreciendo una versión de nuestra defensa nacional grandilocuente, falsa y de por sí absurda. La realidad es que las “directrices” literales de la DDN 2012, que según dicho documento tienen la finalidad de cumplir las líneas generales de la política de defensa (arbitrariamente convertidas en “objetivos” inconcretos), no se corresponden para nada con lo que los periodistas han escrito sobre el tema, en línea con los adornos expuestos por el ministro de Defensa.
De hecho, en su comparecencia para presentar la DDN 2012 (“La Razón” 02/08/2012), el ministro Morenés subrayó que la principal preocupación para la seguridad de España, o sea la principal “amenaza”, se centra en el norte de África. Según expuso, la “Primavera Árabe” conformó, sobre todo tras la guerra en Libia, un escenario colateral que ha despertado un “monstruo” a escasos kilómetros de nuestra frontera sur, en el Sahel (en realidad es un área que se encuentra por debajo de Marruecos, Túnez y Argelia).
En esa zona desértica, y en países como Mali, Mauritania o Níger, campan a sus anchas no sólo bandidos de toda índole, mafias y tribus que luchan por hacerse con el control de la zona, sino movimientos relacionados con Al Qaeda, que en una región de gobiernos débiles y permanente inestabilidad pueden, en opinión de Morenés, afectar a España de muy diversas formas. Sin embargo, en el texto ejecutivo de la DDN 2012 (las directrices a seguir en la presente legislatura), nada se dice en concreto sobre esas amenazas, ni se menciona para nada a ninguno de los países que citó ante los periodistas, recogidos en sus respectivos medios informativos; y menos aún sobre Ceuta y Melilla, donde la presencia de yihadistas activos está perfectamente documentada.
El segundo punto de preocupación para Morenés (la segunda “amenaza”), es Oriente Medio, ahora sobrecargado por la situación en Siria. Pero, “más cerca de nuestras fronteras” (sic), el ministro de Defensa también presentó como riesgo para nuestra seguridad el Golfo de Guinea, donde la creciente presión de traficantes de droga, armas y personas, y la mayor presencia de piratas, hacen temer que se produzca una situación similar a la de Somalia (situada en la costa opuesta de África), con la posibilidad de que Canarias, que también en su opinión “está a un paso de aquella zona”, se convierta en destino de tan graves males. Por último, el narcotráfico y el terrorismo afincados en Iberoamérica, entorno de especial interés para España, y el viraje de la política de Estados Unidos hacia Asia y el Pacífico, entran igualmente en la lista de preocupaciones fundamentales para el Gobierno de Rajoy, en palabras de su ministro de Defensa (¡ahí es nada!).
Pero es que, de nuevo, esos referentes concretos de amenazas y/o riesgos potenciales, carecen de cualquier correspondencia precisa en las “directrices” de la DDN 2012. Curiosamente, en ellas tampoco se dice nada de la emigración irregular endosada a España desde países mucho más próximos, como Marruecos o Mauritania, ni del contrabando de drogas que también tiene su origen en el Magreb y Latinoamérica.
La vaguedad descriptiva en torno a las “amenazas no compartidas” es tan absurda como inoperante, si no se explicitan al menos con quien o quienes no se comparten, por qué razón y con qué consecuencias; es decir cuáles son exactamente esas amenazas. Porque si en el fondo se identifican con la situación de Ceuta y Melilla, cuya defensa no está cubierta por el paraguas de la Alianza Atlántica, debe decirse con claridad, incorporando entonces a la DDN 2012 las “directrices” más adecuadas y oportunas al respecto, sin divagaciones ni complejos diplomáticos, desterrados en la política exterior y de defensa prácticamente de todos los países con los que estamos aliados, mucho más eficaz que la nuestra.
Con el lenguaje ambiguo y los adornos literarios utilizado en la nueva DDN, uno se puede preguntar también si su referencia a la “crisis económica”, de la que algo diremos más adelante, o las declaraciones soberanistas que proliferan en algunas comunidades autónomas, se corresponden o no con ese tipo de “amenazas no compartidas”.
Pero, ¿a santo de qué vienen esas perífrasis y tanta reinterpretación de lo poco que como Directiva de Defensa Nacional, es decir como “Plan de Acción”, ha quedado escrito en negro sobre blanco? ¿Por qué esta diferencia sustancial entre las escasas “directrices” ciertas (volátiles y cuando menos imprecisas) y los adornos dispersantes exhibidos por Morenés, casi con alcance cosmogónico?
La consecuencia del caso es que algunos medios informativos concluyen que la DDN 2012 comporta básicamente un “repliegue defensivo” y “rezuma desinterés por Europa y el multilateralismo” (Editorial de “El País” 07/08/2012), por ejemplo, mientras otros (ateneadigital.es 01/08/2012) cubren al ministro Morenés con párrafos que señalan en dirección distinta, como este:
“La Seguridad en España empieza mucho más lejos que hace diez años”, reconoció Morenés, que insistió en que España “tiene que estar en el mundo” y la “responsabilidad de contribuir a un mundo estable”, por lo que la seguridad no se puede improvisar. “No podemos ser irresponsables o el eslabón más débil de la cadena de generación de estabilidad del mundo”, dijo.
Por su parte, el PSOE ve la DDN 2012 como “regresiva”, al poner en su opinión el énfasis en Ceuta, aunque la única “directriz” de posible consideración a ese efecto sea la 4.2, con solo una referencia genérica a “defender el territorio nacional”. Al mismo tiempo, el general Jorge Ortega, siempre dispuesto a escribir “a favor de aguas”, define el mismo y casi invisible contenido de la DDN 2012 como “gratamente sorprendente” (Blog “Riendas Cortas” 06/08/2012), añadiendo además una petición en verdad ingenua a estas alturas de la historia:
… Tras nuestro decidido apoyo al escudo antimisiles en la base de Rota, y nuestro esfuerzo en Afganistán, ¿aún no parece llegado el momento de presionar en Bruselas y exigir a la Alianza la cobertura de Ceuta y Melilla dentro del paraguas del artículo 5? ¿O es que resulta más importante para la OTAN lo que ocurre en Afganistán que la seguridad de una parte del territorio nacional de uno de sus socios?
Con lo dicho, no parece que sea necesario traer a colación más citas ni sostener mayores argumentos sobre la irresponsable redacción de la DDN 2012 y el desbarajuste interpretativo que ha provocado. Por sí sola se define como un bodrio político total, de primera magnitud.
Quizás, el Gobierno de Rajoy, motu proprio o por consejo del CNI, haya querido disponer de una DDN 2012 expresamente inconcreta, a modo de “cheque en blanco” para hacer y deshacer al caso lo que le venga en gana, como suele convenir a la clase política. Pero dejar ver las cosas con tanta crudeza en un Estado que se reputa “social y democrático de Derecho” sería demasiado fuerte, por lo que el sabio Rajoy y sus acólitos de Presidencia habrían preferido ofrecer a los “chicos de la prensa” (que lamentablemente hoy por hoy es lo que son) una versión de la DDN bien maquillada en boca de Morenés, casi imperial y propia de una gran potencia que no es España, resguardando en el “documento expreso” su absoluta libertad de acción y su falta de compromiso.
¿LE HACE EL CNI LOS DEBERES AL GOBIERNO?
Así, la diferencia interesada entre el documento “publico” y lo “publicado” sobre el mismo, se convertiría en un paradigma más de la manipulación informativa. Una maniobra política muy a desmano del Ministerio de Defensa y que, entonces, habría que situar cerca del Servicio de Inteligencia, posible y probable redactor oculto de la DDN de marras y sus precedentes; todas redactadas con el mismo estilo y retocadas con un característico “corta y pega” de andar por casa (o mejor dicho por “La Casa”), dicho sea con todo respeto.
La tesis de que el CNI ha sido el redactor de la DDN 2012, y también de las anteriores, toma cuerpo ahora con la novedosa advertencia, nada menos que en el primer párrafo del documento, de que la crisis económica “también actúa como una amenaza a la seguridad”. Esta es una señal emitida claramente por el Servicio de Inteligencia, cuyo máximo responsable, Félix Sanz, viene presentando desde hace tiempo el ámbito económico como escenario estrella de su actividad, quizás porque con este “descubrimiento” (que no es gran cosa pero que le ha servido para engatusar a la vicepresidenta del Gobierno de la que depende) pretenda compensar el terreno de sus competencias más genuinas perdido por la nueva realidad histórica, o arrebatado por otros organismos de Seguridad Nacional integrados también en la Comunidad de Inteligencia.
Curiosamente, con esa corta y única referencia a la amenaza de la “crisis económica”, algún medio informativo fue algo más allá, apoyado en una noticia de la agencia oficial (EFE), emitida a raíz de que el Consejo de Defensa Nacional ratificara la DDN 2012 y antes de su presentación pública. Así, “Intereconomía” (01/08/2012), tras el título “La nueva Directiva de Defensa focalizará por primera vez la atención del Estado en las amenazas financieras”, sacaba la siguiente punta del tema:
… La mayor novedad de este documento, que servirá de referencia al Gobierno a la hora de marcar las prioridades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los próximos años, será la consideración, por primera vez, de las amenazas económicas, incluidas las derivadas de la grave crisis que atraviesa España, como un riesgo de primer orden para la integridad del país. Los problemas financieros, que ya han provocado la creación de una división en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dedicada en exclusiva a combatir sus efectos, serán considerados oficialmente a partir de ahora una amenaza para España, que se unirá al resto de riesgos.
Claro está que, con lo escrito, lo que cada uno pueda suponer, supuesto queda (aunque lamentablemente no todos supondrán con acierto). Pero lo seguro y evidente es que la DDN 2012 no tiene desarrollo razonable, como tantas cosas mal cocinadas en el Ministerio de Defensa (la carrera militar, los derechos constitucionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, sus propias dotaciones materiales, la cultura de defensa…).
En realidad, la DDN 2012 parece una hija no deseada, espuria y alumbrada con fórceps, sólo para cubrir a regañadientes un trámite molesto que no sirve para nada: un “paquete” para el que realmente no hacen falta alforjas.
En definitiva, se trata de un documento en el que el CNI, su eventual redactor, ha ido “a lo suyo”, sin mayor sentido de la racionalidad ni de la precariedad en la que, hoy por hoy, se encuentran inmersas las Fuerzas Armadas. Un frangollo de marca mayor, en gran parte resultado de la deplorable legislación. Organización y terminología afectas al sistema de defensa nacional y por la forma en la que sus responsables confunden aspiraciones, fines, objetivos, medios y responsabilidades.
LA BROMA DE LA NUEVA “AMENAZA ECONÓMICA”
Tampoco deja de llamar la atención el hecho de que, una vez consagrada la “amenaza económica” como nuevo elemento de interés prioritario para la seguridad nacional, las directrices de la DDN 2012 para la presente legislatura no recojan la más mínima actuación al respecto. Quizás porque, identificándose básicamente el riesgo con los políticos “salteadores” de las cajas de ahorros y con los que desde su responsabilidad de gobierno dilapidan el dinero público, las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Inteligencia en pleno, tendrían que dedicarse a su puntual aniquilación.
Una exigencia interesante, porque con una nueva división del CNI dedicada al tema en exclusiva, con sus sistemas avanzados de interceptación de las comunicaciones, su enorme capacidad para adquirir información y analizarla y su impunidad operativa (“secreta”), desenmascarar a los delincuentes de turno en activo y evitar al país los desagradables tragos de mayores rescates económicos, sería cosa poco menos que de “coser y cantar”. La sociedad española en su conjunto, incluida la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Judicatura (que entonces podrían dedicarse a otras tareas como redactar las DDNs y dirigir la defensa nacional, por ejemplo), se lo agradecerían sinceramente, aunque no tanto los miembros de la clase políticos en su caso afectados, detenidos y enjuiciados.
Pero, lo más absurdo y ridículo del tema es que, además, la DDN 2012, incluso en la mínima expresión del cuento relatado a los periodistas por Morenés, es inabordable con la dotación presupuestaria del ministerio que regenta. El Objetivo de Fuerza Conjunto (OFC), que debería derivarse de la DDN, será pura fantasía y el subsiguiente Plan Estratégico Conjunto (PEC), el hazmerreír de medio mundo.
Claro está que al tándem “P&P” (Pedro Morenés y Pedro Argüelles) siempre le quedará la baza del tonto Abundio: vender el armamento para comprar la munición.
ANEXOS:
DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2012
DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2008
DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2004