A propósito de la intención que tiene el presidente Rajoy de reformar la ley electoral vigente al exclusivo efecto de asignar las alcaldías directamente al candidato más votado, lo que, sin entrar en otras valoraciones responde a una pura conveniencia coyuntural de su partido, hay que insistir en que esa es sólo una de las muchas reformas que necesita dicha norma, y quizás no la más importante.
Y así lo han visto la mayoría de los analistas políticos. Por ejemplo, Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, afirmaba al respecto en un artículo de opinión titulado ‘Elección directa: ahora no’ (El País 20/08/2014) lo siguiente:
(…) Ahora bien, que sea conveniente [la elección directa de los alcaldes] no quiere decir que sea oportuno. Es más, creo que en estos momentos, a nueve meses de unas elecciones municipales, esta reforma será vista como una nueva ocasión en la que los partidos políticos mayoritarios defienden su privilegiado estatus mediante un sistema electoral que les favorece.
Estamos jugando ya el partido de las elecciones municipales y no es correcto cambiar las reglas a mitad de partido. ¿A qué viene ahora una reforma del régimen municipal sólo en este aspecto, cuando debería abordarse una reforma de conjunto? ¿No es más necesario reducir el número de municipios para adaptarlos a la realidad social de hoy, tal como ha propuesto, por ejemplo, Manuel Valls en Francia? ¿Lo único importante es la elección de alcaldes? Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías -es decir, puro oportunismo- es el motivo que impulsa la reforma que propone el Gobierno de Rajoy…
Y Carreras llevaba razón, aunque la suya no fuera la de mayor peso para rebatir la falsaria política reformista de Rajoy, por no decir inexistente. En nuestra anterior Newsletter ya dejamos constancia de lo que suponía la ‘alcaldada’ propuesta por el Gobierno del PP en términos políticos y democráticos, expuestos también por otros dos conocidos catedráticos de Derecho Constitucional: Jorge de Esteban y Javier Pérez Royo.
De hecho, siendo sin duda alguna la ley electoral perfectible en muchos aspectos, y no sólo en ese, nos preguntábamos por qué extraño motivo el PP no se planteaba, entonces, implantar las listas abiertas. O eliminar el porcentaje de exclusión en la representación electoral y cambiar el sistema d’Hont con el que se adjudican los escaños, que refuerzan a las mayorías en detrimento del de las minorías.
Y también nos sorprendía que, puestos a reformar, Rajoy no se quiera plantear ni por asomo el racionalizar una administración territorial que ya se ha mostrado como un auténtico despropósito político. Es decir, que se niegue a reorganizar municipios de escala mínima para adherirlos a entes con dimensión viable; que no quiera reconocer y tratar de solucionar el problema de las competencias duplicadas o triplicadas en ayuntamientos, comarcas, diputaciones y cabildos insulares; que no pretenda siquiera una mínima perfección de su gestión…
O que rechace una reforma político-administrativa mediante consenso con otras fuerzas políticas (que sería lo acertado), optando por utilizar el rodillo parlamentario de una mayoría que le ha sido prestada precisamente para abordar esas reformas sustanciales y no para salvaguardar sus mezquinos intereses de coyuntura electoral…
Pedro Sánchez se apunta a ‘más de lo mismo’
Pero es que, a continuación, y con la que ha caído últimamente sobre el PSOE, su flamante secretario general, Pedro Sánchez, se destapa con otro paquete de reformas menores o reformitas de chicha y nabo -y no con reformas a saco que es lo que necesita el país en el ámbito institucional- sólo para lavarle la cara al partido, pero no para marcar el necesario hito regeneracionista. Y así es muy fácil que Arenas le haya contestado con un buen desplante: “Retamos al PSOE a presentar una propuesta más democrática”.
Las novedades de regeneración política que ahora se trae entre manos el PSOE (hablan de medidas de ‘limpieza democrática’), se centran al parecer en dos propuestas: un cambio en el sistema de nombramiento de los órganos constitucionales (en la forma pero no de fondo) y la elaboración de una nueva ley de partidos que democratice su funcionamiento interno (pero sin proyección exterior).
Eso es lo único que plantea Pedro Sánchez para empezar a hablar del tema. De forma que los problemas de la corrupción, la verdadera separación de los poderes del Estado, la invasión partidaria de las instituciones públicas…, y en definitiva la manipulación generalizada del país a través del sistema bipartidista generador de todos sus males, seguirán discurriendo más o menos por donde lo han hecho hasta ahora: los mismos perros de siempre sujetos con los mismos collares.
Sobre el tema de los nombramientos de los órganos constitucionales, uno se queda pasmado, porque, al fin y al cabo, el regeneracionismo de Sánchez sigue asentado en la elección parlamentaria -y partidista-, algo adornada con una especie de pasarela para que los votos de la mayoría (y las connivencias con socios de coyuntura) sean un poco más aparentes que los actuales de la burra ciega. Vean sino cómo describe Fernando Garea, periodista normalmente bien informado, la nueva tracamandanga electiva en el reportaje titulado ‘El PSOE planteará despolitizar los nombramientos de instituciones’ (El País 24/08/2014):
NOMBRAMIENTOS
(…) La idea sobre la que trabaja el PSOE es lo que Sánchez denomina la “descolonización” de las instituciones, es decir, evitar la apariencia de reparto de los órganos constitucionales que son renovados por el Parlamento. La medida afectaría al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Junta Electoral Central, entre otras instituciones.
La propuesta sobre la que trabaja el PSOE supone que esos nombramientos se hagan tras un proceso que incluya un plazo de presentación de candidaturas por parte de los interesados. Hay precedentes en otros países en los que se ha fijado el PSOE, como en la elección del gobernador del banco de Inglaterra, que se hizo tras abrir un plazo para la presentación de candidaturas.
Posteriormente, esas propuestas serían examinadas por un Comité de Expertos de composición variable, en función del nombramiento que se trate, adscrito a las cámaras. Habría una comparecencia de los interesados y, posteriormente, se produciría la designación por las mayorías requeridas.
El último paso es necesariamente la votación por parte de los partidos, porque así lo exige la Constitución, con acuerdo requerido entre más de un grupo para llegar a la mayoría reforzada. Pero el PSOE entiende que con su propuesta, abierta a aportaciones, se daría transparencia y se valoraría el mérito de los aspirantes, antes de producirse el acuerdo.
En este momento, esas instituciones se renuevan por acuerdo cerrado entre los dos grandes partidos. PP y PSOE solo accedieron hace tres legislaturas a establecer un sistema de comparecencias de los candidatos, pero cuando ya han sido elegidos por los partidos y para someterse a preguntas de quienes han decidido antes su nombramiento. Esas comparecencias, en la práctica, son inoperantes. Por ejemplo, no sirvieron para saber en su momento que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del PP.
La idea de Sánchez se basa en la evidencia de que nunca como ahora estos organismos han tenido al frente a tantos exmilitantes del partido que gobierna. Por ejemplo, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, era diputada del PP; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del partido que gobierna.
La actual dirección del PSOE es consciente de que esta propuesta supone una rectificación sobre la trayectoria anterior del partido, que nunca había cuestionado este sistema de designación pactada con el PP para los órganos constitucionales.
Sin poner ni quitar una sola coma a lo escrito por Garea, fíjense nuestros lectores que de lo que se trata es de “evitar la apariencia de reparto de los órganos constitucionales que son renovados por el Parlamento”, pero no de cambiar el sistema como tal, que seguirá sometido al voto de los partidos.
¿Y esto es ‘despolitizar’ los nombramientos institucionales…? ¿Acaso esta es la forma de independizar el poder judicial del ejecutivo y del legislativo, conforme a la esencia de la democracia…? Si esto es lo que el secretario general del PSOE entiende por regeneracionismo democrático, apaga y vámonos.
Pero es que Garea anticipa también en su información la otra gran medida ‘reformista’ del PSOE, relativa a la democratización interna de los partidos. Y se trata de otra farfolla que prácticamente no va más allá de imponer a los demás partidos políticos el sistema propio de elecciones primarias de candidatos electorales, algo que no deja de ser una cuestión de régimen interno y de imposición más que discutible como norma general:
LEY DE PARTIDOS
“Si el Estado puede intervenir en la economía y en otras parcelas también puede hacerlo en el funcionamiento de los partidos como expresión de la representación política”. Esta es la filosofía que mueve a Sánchez a promover una nueva ley de partidos que haga exigencias concretas sobre democracia interna en su funcionamiento.
El modelo sería el de la ley de partidos alemana que obliga a una serie de requisitos, incluida la exigencia de designación democrática de los candidatos en los procesos electorales.
El objetivo es dotarles de transparencia, mejorar su funcionamiento y tomar medidas sobre su financiación.
Es también la primera vez en la que el PSOE propondrá trasladar a una ley para todas las formaciones criterios de funcionamiento que se aplica. Los socialistas barajan incluir en su propuesta la obligatoriedad de primarias para la elección de candidatos, paridad para las listas electorales, limitación de mandatos para sus dirigentes y establecimiento de un código ético común.
La propuesta es novedosa. La ley actual no establece ningún mecanismo común para elaboración de listas electorales o para elección de sus dirigentes en congresos cerrados o con participación de militantes. La norma vigente apenas recoge referencias genéricas sobre democracia o trámites de audiencia para sanciones y expulsiones con garantías exigibles ante los tribunales.
El equipo de Sánchez explica que la mayor parte de las quejas de los ciudadanos con el funcionamiento democrático tiene que ver, precisamente, con los partidos. Por eso, entienden que el objetivo es dotarles de transparencia, mejorar su funcionamiento y tomar medidas sobre su financiación.
Entre otras medidas, su propuesta incluirá regular la prohibición de la financiación por parte de empresas, hacer públicas sus cuentas e incrementar el control de sus ingresos y gastos, incrementar los derechos de participación de los militantes, regular las garantías democráticas en la elección de sus dirigentes y asegurar el cumplimiento interno de las reglas del juego.
De esta forma, los socialistas proponen unir en una sola ley la de partidos y la de financiación. La primera solo se ha cambiado, por acuerdo entre PP y PSOE, para facilitar las ilegalizaciones de formaciones que apoyen el terrorismo y la de financiación ha tenido más cambios. En este momento, el PP trabaja también en una propuesta para volver a regular la financiación de partidos. La diferencia básica es que la del PSOE incluye eliminar las donaciones de todo tipo de empresas.
Los socialistas también quieren concretar un sistema común para que los dirigentes de todos los partidos estén obligados a hacer públicos sus patrimonios y declaraciones de la renta. Estas exigencias son aplicables ya para parlamentarios y responsables de instituciones públicas, pero no para los líderes de los partidos políticos que quieren concurrir a los procesos electorales.
Y de nuevo uno se asombra de que, estando las cosas como están, al PSOE sólo se le ocurran estas cuatro chorradas para ‘regenerar’ la política española. El equipo de Pedro Sánchez entiende -según cuenta Garea- que la mayor parte de las quejas de los ciudadanos con el funcionamiento democrático tiene que ver, precisamente, con los partidos: desde luego que sí, pero ni mucho menos sólo por su funcionamiento interno -que también-, sino por ejercer el poder político en un marco de corrupción generalizada, invadiendo y contaminando todas las instituciones públicas del país y, por supuesto, desnaturalizando la propia democracia.
De nada sirve que los partidos elijan internamente a sus candidatos de una u otra forma si se mantienen la actual concepción del sistema político, sus principios dominantes, la dependencia político-partidista de la justicia, las ‘puertas giratorias’ para los ex altos cargos públicos, las adjudicaciones de obras y contratos de servicios contra comisiones, los aforamientos…, y en definitiva la corrupción generalizada.
Porque, si tanto espera el PSOE de un sistema interno de elección más directo y transparente, ¿qué razón hay para no proponer también una elección igual de directa y transparente -independiente- en los órganos de gobierno del poder judicial…? ¿Y si pretende una selección tan democrática y ejemplar de candidatos, por qué no propone eliminar en paralelo y de golpe todos los privilegios que disfrutan tras ser elegidos (aforamientos, indultos, pensiones extraordinarias…?
El nuevo secretario general del PSOE se equivoca de medio a medio si piensa que la penosa situación de la política española en general, y la del PSOE en particular, se arregla sólo con mejores modales, cuatro reformas de pacotilla y unas palmaditas en el hombro de los votantes desafectos. Eso no deja de ser ‘más de lo mismo’, seguir en el juego interesado del bipartidismo y mantener una visión absolutamente miope de la situación: es seguir provocando la caída libre del sistema en un pozo sin fondo (y sobre todo la del PSOE).
Eso sin hablar de la necesaria reforma constitucional (por supuesto en la dirección adecuada), que es lo primero que hay que poner encima de la mesa para que la apuesta por el regeneracionismo político sea una realidad en vez de una pantomima falsaria.
El cuento de que ‘los pilares de la sociedad aguantan’
Y esta cuestión está tan clara que hasta el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que nunca se había mostrado especialmente disconforme con el sistema, se acaba de despacharse con esta grave denuncia (El País 27/08/2014): “Hay corrupción institucional; se puentea la norma para nombrar al amigo”. Y aprovecha la ocasión para lanzar algunas puntadas que el PP y el PSOE se seguirán pasando por la faja:
- “Hay que introducir el delito de financiación ilegal de partidos y sindicatos”.
- “Se debe castigar por financiación ilegal al máximo responsable del partido”.
- “Suprimiría muchos aforamientos, empezando por jueces y fiscales”.
- “Habría que prohibir el indulto cuando se opongan el tribunal y el fiscal”…
Pero, más allá de lo que suponga la opinión particular de Gómez Bermúdez, como la de otros muchos magistrados que han llegado incluso a montarle una huelga al gobierno de Rodríguez Zapatero y otra al de Rajoy, toda una larga secuencia de estudios de opinión muestra día a día el descrédito del sistema político y el gran malestar que existe contra sus dirigentes.
Un análisis comparativo de las dos últimas entregas del Barómetro de Confianza Institucional de los españoles (julio 2014 y julio 2013) realizado por Metroscopia, es bien revelador al respecto. En el plazo de un año, las instituciones o categorías de instituciones integradas en el sistema político, económico y jurídico sometidas a evaluación ciudadana han empeorado de forma significativa, a pesar de que partían de una posición ya lamentable, con índices de aprobación muy por debajo del 50%.
En el ámbito de la política, la evaluación de julio de 2014 se sitúa en estos términos: los políticos y los partidos políticos sólo obtienen una aprobación ciudadana del 10%, el Gobierno del 21%, el Parlamento del 29%, los Ayuntamientos del 31%, y las Comunidades Autónomas del 34%. Sólo el rey Felipe VI alcanza una aprobación del 69% frente a la del 47% que obtuvo el rey Juan Carlos I en julio de 2013 (rechazo social nada ajeno a su repentina abdicación).
Respecto al sistema económico, los resultados son igual de escandalosos: los bancos sólo obtienen una aprobación ciudadana del 10%, los sindicatos y las multinacionales del 17%, la patronal del 20% y las grandes empresas españolas del 29%. Una categoría en la que únicamente las pequeñas y medianas empresas merecen una aprobación ciudadana del 70% (bajando no obstante notablemente del 90% logrado en julio de 2013).
Y en relación con el sistema jurídico también todas las evaluaciones de julio de 2014 empeoran respecto al año anterior: los fiscales en general bajan su índice evaluativo del 46% al 30%, el Tribunal Constitucional baja del 48% al 30%, el Tribunal Supremo del 50% al 34% y los jueces en general del 53% al 41%. Los abogados, que bajan del 53% al 51%, son los únicos que todavía no han caído en una descalificación social mayoritaria.
Cierto es que en otras categorías o grupos sociales sometidos a la misma evaluación barométrica, hay quienes aún conservan un aprecio mayoritario de la sociedad española a pesar de obtener una peor valoración que en julio de 2013. Se trata de los investigadores científicos, los médicos y profesores del sistema público, Cáritas, la Guardia Civil, las ONG, la Policía, las universidades, los servicios sociales de los municipios, las Fuerzas Armadas, los servicios sociales municipales y la prensa. Todo lo demás grupos sociales caen estrepitosamente en la consideración ciudadana, y de forma más significada la sanidad pública como organización, la inspección de Hacienda, los curas, los obispos y la Iglesia católica en su conjunto.
Eso es lo que hay. Y sorprende que al presentar tan preocupante resultados en el diario El País (24/08/2014), José Juan Toharia, catedrático emérito de Sociología y presidente de Metroscopia, sostenga que “los pilares de la sociedad aguantan” y que “el país resiste gracias a algunas instituciones que lo vertebran”; cuando 33 de los 34 items valorados decrecen en la consideración ciudadana (la excepción del rey Felipe VI no cuenta porque la medida con anterioridad se refería a Juan Carlos I) y la inmensa mayoría y más institucional merece una brutal reprobación social.
Claro está que este tipo de estudios con claros componentes de crítica política, extrañamente financiados por empresas como Telefónica que nada tiene que ver con su objeto ni con sus resultados, han de presentarse con un lenguaje muy medido para no provocar, en su caso, las iras del poder. Pero una cosa es presentar el vaso medio lleno o medio vacío, es decir filtrar la realidad con cierta benevolencia, evitando una imagen catastrofista y procurando no crear alarma social, y otra muy distinta hacer lecturas absolutamente contradictorias con la realidad investigada.
Decir -como dice Toharia- que “los pilares de la sociedad aguantan” sin especificar qué es lo que aguantan, a quién aguantan o hasta cuándo van a aguantar, y que lo hacen “gracias a algunas instituciones que lo vertebran” (que en todo caso no son las políticas), no deja de ser un ‘brindis al sol’, una boutade o una salida de pata de banco de apoyo al propagandismo del Gobierno o connivente con el interés del establishment. Para comprobarlo baste leer con atención el resumen evaluativo del informe en cuestión, publicado también por El País:
Además, es que en otro análisis o presentación previa del mismo tema (El País 16/08/2014), Toharia hablaba con mayor claridad de “una ciudadanía abatida que reclama una explicación sobre la crisis”. Y, tras advertir la amargura de que la ciudadanía tiende a mostrar un tono vital cada vez más marcado por el cansancio, el abatimiento y la desesperanza, señalaba: “Lleva ya demasiado tiempo sintiéndose desatendida en dos reclamaciones que considera básicas y urgentes: una explicación clara (y, con ella, una salida justa) de la crisis económica y una regeneración, a fondo, de nuestra vida pública”.
Pero para no caer en interpretaciones de ningún pensamiento ajeno que acaso pudieran ser erróneas, veamos como el profesor Toharia terminaba su primera exposición de la realidad social que estamos viviendo:
(…) Es cierto que la economía -en sus grandes magnitudes- está empezando a dar señales de recuperación. Pero ocurre que el ciudadano medio se resiste a concederles credibilidad. Receloso y escéptico, sigue pensando que aún le esperan muchos años de elevado desempleo y, consiguientemente, de incertidumbre vital. Como oficialmente nadie le ha explicado, hasta ahora, de forma clara y convincente por qué estamos como estamos, duda entre percibir la crisis como una especie de plaga bíblica, tan imprevisible como inevitable, o como resultado de la incompetencia -o incontrolada codicia- de un alguien que permanece tan inconcreto como impune. Lo que en todo caso sí sabe con certeza es que es a él a quien le está tocando básicamente pagar las consecuencias. Pero en este tema, en el que el Gobierno -este y el anterior- ha renunciado a cualquier esfuerzo de pedagogía creíble, ha optado finalmente por no fiarse de nadie. Y por tanto se resiste a apuntar en el haber de los actuales gobernantes mérito alguno por las mejoras que se anuncian.
pulsa en la fotoEn cuanto a la regeneración de la vida pública, los españoles llevan ya años reclamándola. No piden la luna, sino cosas obvias y compartidas de forma prácticamente unánime (de ahí que las utilicen como bandera movimientos que, en otros países, tenderían más bien a retóricas y argumentaciones directamente antisistema). Lo que, ante todo y sobre todo, pide la ciudadanía es una reforma de la Constitución: ha envejecido en exceso por falta de cuidados y necesita una ITV urgente que le permita (como hizo en 1978, pero ya no hace hoy) encauzar problemas tan graves y urgentes como la adecuada articulación territorial del país. El modelo autonómico, reconocidamente exitoso durante dos decenios, lleva ya unos años en abierta crisis. Quizá sea hora -dicen los españoles en algunos sondeos- de replantearse el “café para todos” originario y hacer posible que cada región tenga el nivel competencial que desee y se considere en condiciones de asumir. Y, por cierto y contra lo que suele oírse, los datos disponibles indican que existe una clara mayoría favorable a un arreglo especial para el caso de Cataluña que le permita seguir formando parte de España.
Además, se reclama a los actores públicos más arrojo y menos melindres a la hora de afrontar los casos de corrupción que salpican a prácticamente todos los partidos que gobiernan o han gobernado. En este triste tema no existe oasis alguno. Pero ojo: que exista corrupción no equivale, para los españoles, a que este sea un país corrupto. Lo que les produce perplejidad e irritación es que tanto sinvergüenza -y a todo lo largo y ancho del arco ideológico- haya podido actuar durante años y años tan inadvertida como impunemente.
Y, por terminar un recuento de exigencias que cada día se hace más amplio, lo que se demanda a partidos y políticos es mayor cercanía y conexión con el sentir ciudadano: que abandonen su autista modo de funcionar de estos últimos años; que sean capaces de formular, de cara al inmediato futuro, un proyecto colectivo -“una cierta idea de España”, por decirlo con frase famosa- que aclare el lugar al que aspiramos en el mundo actual; que tengan el arrojo de dialogar abierta y sinceramente sobre los problemas identitarios existentes (que son reales y no ocurrencias pasajeras de unos cuantos), y que lo hagan desde el respeto, el pacto y la transacción, valores -tan añorados- de la Transición.
Deprimidos como gradualmente se van sintiendo, los españoles siguen sin embargo creyendo, y masivamente (75%), que en conjunto y en líneas generales son gente seria y decente. Pero al mismo tiempo, y mayoritariamente (58%), no creen que el país sea ahora serio, responsable y de fiar. Inquietante doble dictamen: lo que diferencia a “la gente” de “el país” es que este segundo concepto incluye tanto a los ciudadanos como a las instituciones. Y esta es la pista decisiva, como veremos, para entender el latido bifurcado del actual pulso de España: una sociedad ahora desestabilizada por la sensación de que las personas pueden ser de fiar, pero no muchas de las instituciones a las que corresponde vertebrar y dirigir su convivencia.
¿En qué queda entonces esa imagen contradictoria de que los pilares de la sociedad aguantan, cuando el resquebrajamiento institucional del Estado es tan evidente…? ¿A dónde se quiere llegar con esas lecturas piadosas de la trágica regresión que aqueja al modelo político y de convivencia…?
Podemos al acecho de la incapacidad ajena
Y ante este panorama, más o menos matizable, uno no tiene más remedio que mirar el fenómeno emergente de Podemos como un efecto o una justa consecuencia de la debacle política e institucional del momento, en términos claro está de su percepción social. Una expresión de agitación política que en modo alguno las ‘reformitas’ o el falso regeneracionismo del PP y el PSOE van a calmar.
Nicolás Redondo Terreros reconoce la pujanza de este fenómeno social en un artículo publicado en El País (28/08/2014) de curioso título: ‘¿Podemos con Podemos?’. Pero, a pesar de firmarlo como presidente de la ‘Fundación para la Libertad’, lo que plantea acto seguido no es aceptarlo como una opción más en la competencia del sistema democrático, sino más bien aniquilarlo ideológicamente mediante una reacción de las formaciones de centro-izquierda; una especie de torpe y peligrosa llamada a la persecución de intrusos en nuestro carcomido modelo de convivencia, antes que a su propia regeneración…
Y, en efecto la llamativa alerta-soflama del ex secretario general del PSE (Partido Socialista de Euskadi) concluye de esta guisa: “(…) Podemos solo ganará si no somos capaces de confeccionar una plataforma política modernizadora para España. No pugne el PSOE en seguirles porque obtendrá un doble fracaso: será batido por el nuevo partido si le quiere copiar, porque representan mejor lo que pregonan, y además dejará de representar el estandarte de los avances y el progreso, convirtiéndose solo en ‘un vocablo y una figura’, que diría Quevedo”.
Pues nada, señor Redondo, todo sea por la Libertad: vayan ustedes a por Podemos y que Dios reparta suerte (sobre todo al PSOE).
Algo más razonable nos parece el llamamiento que hace Jordi Sevilla para que la sociedad civil presione a los políticos con objeto de obligarles a corregir los fallos del sistema, sin los que Podemos ni siquiera existiría. El que fuera ministro de Administraciones Públicas (2004 al 2007) en el primer Gobierno del ínclito ZP, desarrolla ahora su propuesta regeneracionista en un artículo titulado ‘No son extraterrestres’ (El País 29/08/2014) concluido con estos tres párrafos:
(…) Regenerar la democracia, mejorando el funcionamiento de la actuación de los políticos, no es solo una cuestión de principios. Suponemos que al mejorar la manera en que adoptan decisiones, conseguiremos que tomen mejores decisiones y más eficaces. Muchos pensamos que de esta crisis financiera y económica hubiéramos salido antes mediante un gran pacto político. Pero no han querido hacerlo. Han podido anteponer su propio interés partidista gracias a una ley de partidos que otorga mucho poder a sus aparatos internos y a una ley electoral en la que los votos no se traducen en diputados, por igual. Por tanto, si queremos que los políticos actúen de otra manera, hay que cambiar esas leyes que configuran sus decisiones interesadas, forzarles a que hagan política de otra manera para incentivar que hagan otra política.
El mismo Beck [sociólogo alemán] señalaba que la verdadera amenaza política del momento es la desafección ciudadana, que deslegitima las instituciones y la propia democracia, ya que actúa como antesala de esos populismos que se especializan en señalar culpables, porque son incapaces de ofrecer soluciones reales. En España, ese peligro se centra, según todas las encuestas, en la actuación endogámica de los partidos políticos, en unos mecanismos electorales que dejan a demasiados votantes sin representación y en la sensación de una excesiva lenidad respecto a una corrupción más generalizada de lo que se quiere admitir.
Los expertos coinciden, para corregirlo, en la necesidad de tres medidas que van más allá de lo pactado en la Transición: nueva ley de partidos que incorpore más democracia interna (primarias, pero también, mejores contrapesos), más control externo (penalizar el uso de fondos b, agilizar auditorias), promueva el mérito y la capacidad en los nombramientos, por delante de la fidelidad; nueva ley electoral que cumpla el principio de igualdad de peso entre todos los votos, es decir, reforzar la representatividad y no las mayorías reforzadas artificialmente. Y más medios en la lucha contra la corrupción de la que hay 1.700 causas abiertas, más de 500 imputados, muchos políticos que siguen en activo y apenas unos 20 sentenciados por la dilación de los procesos. Si sabemos qué hacer, ¿cómo conseguimos hacerlo? Pues, me temo, que presionando a los políticos desde la sociedad civil organizada hasta que vean que, no hacerlo, significará que obtienen menos votos. ¿Lo intentamos?
Pues si quiere intentarlo, que lo intente. Pero nacida su propuesta en el foro socialista denominado ‘+Democracia’, uno se pregunta por qué razón no lo hizo cuando se sentaba en el Consejo de Ministros. Claro está que entonces pudo ser que sus compañeros del PSOE no le dejaran hacerlo; pero es que en estos momentos, instalado en la oposición, el intento todavía será más vano (quizás le sea más útil afiliarse a Podemos, formación de nuevo cuño ya situada en tercera posición del ranking electoral, muy por encima de IU y pisándole los talones al propio PSOE).
Por nuestra parte, creemos que nadie está en posesión de la verdad o de la razón absoluta, lo que tampoco impide compartir o criticar las ideas de unos y otros. Sólo nos resta apostillarlas con esta sabia advertencia de Benjamín Franklin: “Si no quieres escuchar a la razón, ella castigará tu locura”.
Seguiremos hablando de Podemos. Pero de momento, y conociendo el paño de la política española (el PP y el PSOE seguirán atados al regeneracionismo falsario), auguramos que sus listas barrerán en las próximas elecciones municipales, ámbito de menor compromiso e idóneo para su afianzamiento social, sólo como muestra del rechazo social generado por los dos partidos mayoritarios que han hundido, mano a mano, la credibilidad del sistema.
Fernando J. Muniesa