El escándalo de las ‘tarjetas negras’ de Caja Madrid, obsceno invento de malversación y degradación corporativa propiciado por Miguel Blesa, a partir de que en 1996 fuera aupado a la Presidencia de la entidad por el favor de su amigo íntimo y protector José María Aznar, es la viva expresión de que la clase política española ya no puede caer más bajo.
Cuestiones delictivas aparte, el ‘caso de las Tarjetas Negras’ (sostenido por Rodrigo Rato cuando sustituyó a Blesa en la misma posición ejecutiva con el plácet final de Rajoy), es uno de los casos más indignantes de todos los protagonizados por la casta política que manipula y corrompe de forma implacable la democracia española.
La aplicación del término ‘casta’ a la clase política, nacida en los círculos de Podemos y reputada de injusta por los políticos que todavía no han sido cogidos con las manos en la masa de la delincuencia económica, ya debería sustituirse por el de ‘castuza’, justo por el alcance del cutre suceso de las ‘tarjetas negras’ en el que se han ensuciado tirios y troyanos. Y castuza ciertamente de baja estofa si consideramos que el quebranto afecto apenas alcanza quince millones de euros, una miseria comparada con los más de 40.000 millones de euros dilapidados (perdidas ya materializadas) por esas mismas gentes en su escandalosa gestión de las cajas de ahorro (más de la mitad en Caja Madrid): duele que roben hasta lo que ellos deben considerar ‘calderilla’.
Caja Madrid, templo de la mamandurria política
Así, hemos visto a toda una patulea de pringados en el trinque negro de esa señera entidad integrada en los tres partidos más significados de la política regional (PP, PSOE e IU), los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal empresarial (CEIM) con su presidente a la cabeza (tanto el actual, Arturo Fernández, como el anterior, Gerardo Díaz-Ferrán, ahora en prisión por causa delictiva distinta). Junto a otros enchufados del PP que por su profesión no debían ignorar la ilicitud del caso, como Juan Iranzo y Estanislao Rodríguez-Ponga, uno presidente y otro tesorero del Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD); o, más lamentable si cabe, junto a Rafael Spottorno, nada menos que ex jefe de la Casa del Rey…
Pero quede claro que aunque la pandilla de chupones de Caja Madrid sea multipartidista y polifacética, el desmadre de las ‘tarjetas negras’ es obra del señor Blesa y su sostenimiento obra del señor Rato (Ildefonso Sánchez Barcoj, tenido por cerebro maquinador del tinglado y uno de sus mayores beneficiarios, fue acólito de ambos). Es decir, que el escándalo pinta mal especialmente para el PP, indiscutible padre político de la criatura.
Y, todavía más, hoy pinta muy mal para Mariano Rajoy, presidente de un gobierno que rueda cuesta abajo, valedor de Rato en Caja Madrid (quizás sólo para neutralizarle y quemarle como su competencia personal dentro del PP) y ex vicepresidente político del mismo Ejecutivo de José María Aznar que apoyó a Blesa como banquero público advenedizo e incompetente. Ahí quedan para la historia de la entidad el vil engaño de sus participaciones preferentes, los más de 20.000 millones de euros salidos del bolsillo de los contribuyentes para tapar el agujero económico generado por sus tropelías profesionales y el indigno adorno de cubrir sus vergonzosos gastos extra profesionales con fondos opacos encubiertos en la contabilidad oficial.
Aunque la corrupción política del sistema no queda, ni mucho menos, en eso. Capítulo aparte merecen también los créditos ‘blandos’ ofrecidos a la patulea de asambleístas de Caja Madrid, una práctica nacida antes de que Blesa asumiera su presidencia pero que él mejoró como una ‘línea especial de préstamos’ mucho más ventajosa para ellos y por supuesto muy alejada del trato que en el mismo terreno se daba a los ciudadanos de a pie.
Los miembros que conformaban la Asamblea General de la Caja, designados a dedo por los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales..., y que con Blesa llegaron a ser hasta 320 (en 2009) -sólo para ‘pintar la mona’-, disfrutaban de condiciones crediticias ‘especiales’, que el propio presidente de la entidad les remitía a través de una misiva cuando oficializaban su cargo. Es decir, que sin más mérito que el de ser seleccionados de forma arbitraria por la organización de pertenencia, ya disfrutaban de sabrosos préstamos verdaderamente insólitos en la práctica bancaria; deferencia que sin duda deberían corresponder con la debida conformidad en la desastrosa gestión directiva de la entidad.
Según informaba puntualmente el presidente de la Caja a sus asambleístas, estos escandalosos créditos eran de dos tipos: para comprar una vivienda y para “atenciones diversas de índole no empresarial”.
En el primero caso, se les ofrecía una garantía hipotecaria por “un importe hasta el 100% del total de la inversión sin superar el 90% del valor de tasación de la vivienda” y un plazo de amortización de hasta 25 años (ahí es nada comparado con las condiciones ofertadas a los simples ciudadanos que como clientes sostenían Caja Madrid, bastantes de ellos estafados con las participaciones preferentes o desahuciados de sus viviendas gracias a las cláusulas leoninas de sus créditos hipotecarios).
Las condiciones de esos préstamos exclusivos para los asambleístas, preveían: “Se podrá optar por un tipo fijo durante toda la vida del préstamo o mixto (un período inicial a tipo fijo de hasta 36 meses y el resto a tipo variable), y dentro del periodo a tipo variable, se podrá elegir cualquiera de los índices oficiales publicados por el Banco de España en el BOE”. Además, “una vez realizada la elección por el solicitante del crédito, el tipo resultante será el 70% sobre las condiciones preferenciales aplicadas por la entidad” en la hipoteca…
En el segundo caso, el del curioso préstamo para “atenciones diversas de índole no empresarial”, la garantía era “personal (con o sin fiadores)” y con él se podía alcanzar un “importe hasta el 100% de la inversión” amortizable hasta en seis años. Además, el beneficiario de turno era informado de que “podía optar” por un tipo fijo durante toda la vida del préstamo o variable, pudiendo elegir entonces el Mibor anual del BOE o el índice CECA. Más aún, se especificaba que el tipo resultante “será el 90% sobre las condiciones preferenciales aplicadas por la entidad”.
Finalmente, este tipo de operaciones eran “sin comisiones” y se advertía al asambleísta que si ya tenía un crédito, y siempre que fuera posible, “podrá acogerse a esta nueva fórmula”, adaptando el contrato. Finalmente, se le indicaba cómo formalizar la operación con mayor comodidad: a través del director de la oficina bancaria, que “en comunicación con el Área de riesgos, tramitará su solicitud”. Y aquí paz y después gloria: eso es gestionar como Dios manda la Asamblea General de una entidad pública de crédito y lo demás tonterías…
Paréntesis: Sostenía el conde Vittorio Alfieri (1749-1803) -el poeta trágico italiano más reconocido de su época, finamente asentado a caballo entre la Ilustración y el Romanticismo-, que el lujo (amor de las superfluidades engañosas de la vida) corrompe por igual todas las clases sociales de una nación. Cosa tan cierta como que la corrupción carece de límites en el sistema político español y que no excluye sigla alguna (ya veremos cómo se comportan los partidos emergentes -UPyD, Ciutadan’s, Podemos…- si llegan a alcanzar responsabilidades de gobierno)…
El escándalo de Caja Madrid, responsabilidad esencial del PP
Por mucho que haya venido aireando Rajoy la mala herencia recibida de los precedentes gobiernos socialistas presididos por Rodríguez Zapatero, ya es innegable que la responsabilidad política del escándalo de Caja Madrid (y puede decirse que en general el escándalo de todas las cajas de ahorro rescatadas financieramente) es esencialmente asignable al PP. Baste a ese respecto recordar la forma en la que se ha venido desarrollando el caso, perfectamente descrita en el resumen publicado por el digital ElPlural.Com (28/02/2014), cuando el ‘caso Bankia’ todavía no se había visto afectado por el de las ‘caso de las Tarjetas Negras’ de Caja Madrid:
Caso Bankia: Blesa (PP) la hundió y Rato (PP) la remató
La responsabilidad que nadie puede negar: presidentes puestos a dedo, luchas 'genovesas' por su control y el no de Rato a la fusión con La Caixa por soberbia
La cronología, los datos puros y duros son demoledores. Ni siquiera el PP, fuera de micrófono o de cámara, lo niega. Los hechos son muchos y relevantes pero se pueden resumir así: durante 16 años (1996-2012) el Partido Popular ejerció un control absoluto sobre Caja Madrid, Aznar puso de presidente a alguien sin experiencia financiera cuyo único mérito era ser su amigo personal (Blesa), en 2009 se vive una bochornosa y pública pelea entre Esperanza Aguirre (PP) y Gallardón (PP) por colocar un nuevo presidente, finalmente Rajoy impone a su candidato, Rodrigo Rato (PP) que hereda una caja quebrada. Rato oculta las cuentas al supervisor (Banco de España) que a su vez no reacciona con la contundencia necesaria. Rato se fusiona con las cajas valencianas (ya quebradas) en contra del criterio del Gobierno de Zapatero y finalmente Rato se niega a la fusión con la Caixa que proponía el Gobierno de Rajoy por una cuestión de soberbia, Fainé (Caixa) iba a mandar más que él. El Banco de España, con Gobernador puesto ya por el PP, tampoco actuó. Conclusión: la mayor quiebra financiera de la historia de España que obliga al Estado a pedir el rescate financiero internacional. Lo hemos pagado y lo pagaremos todos los españoles con unas durísimas medidas de ajuste.
Blesa y Rato: cronología del desastre
Se puede argumentar que en todas las cajas pasó lo mismo y que en otras la responsabilidad es del PSOE. La derecha mediática esgrime frente a Bankia la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha, la primera intervenida ya en época de Zapatero, pero hay alguna diferencia demoledora, como por ejemplo que las cifras de la caja manchega eran una broma comparadas con las de Bankia y la segunda es que frente a esa caja todas las demás quebradas (valencianas, gallegas) estaban controladas por el PP. Además no hay que olvidar que las cajas vascas estaban saneadas, la Caixa también y que la otra gran caja saneada, Unicaja, es andaluza y teóricamente controlada por los socialistas. ¿Qué hubiera pasado si Caja Madrid y luego Bankia hubieran estado siempre controladas por el PSOE? Habría tenido que dimitir hasta Rubalcaba, pero esa es otra cuestión. Vayamos con los hechos.
El “shock” del PP
Siempre, siempre, todos los dirigentes del PP culpan al PSOE y a Zapatero de todo pero el caso de Bankia escuece y mucho en el PP. Todo el PP sabía que Caja Madrid, las cajas valenciana y luego Bankia habían sido su finca particular, que se podían repartir prebendas entre consejeros del PSOE e IU, simples migajas para ellos, pero para lo que no estaban preparados los militantes del Partido Popular era para ver como se derrumbaba el mito del ‘milagro’ económico de Aznar. No podían culpar al PSOE de persecución política, porque quien echó a Rato fue el mismo que lo puso, Rajoy. Y Rato nunca fue un cualquiera en el PP, fue un patanegra. Cesado, millonariamente indemnizado e imputado en la Audiencia Nacional, Rato es ahora marginado en el PP y eso recuerda a los populares que hasta los más grandes e intocables pueden caer.
Elpidio Silva y Miguel Blesa: las espadas en alto
Aunque punto y aparte merecen algunas otras consideraciones poco o nada presentes en el debate mediático, sin entrar como decimos en las posibles consecuencias delictivas o judiciales de los hechos, que en todo caso son inmorales a más no poder.
La primera sería destacar la desvergüenza de quienes, desde posiciones políticas relevantes, afirman no haber conocido el trasfondo ilegal del tema ni su función de pesebre económico, acompañado de otras canonjías igual de impresentables; tracamandanga que era vox pópuli, es decir cosa sabida por todo el mundo, y cuyo disfrute suscitaba verdaderas batallas navajeras. O la de quienes han arremetido, como ha hecho el presidente de la CEIM, contra la propia entidad emisora de las ‘tarjetas negras’, poco menos que por haberle inducido al comportamiento inmoral y recalcando que él no ha cometido delito alguno (ancha es Castilla mientras se pueda ‘trincar’ sin ir a la cárcel…). O la del señor Sánchez Barcoj cuando, forzado a devolver su cuota de trinque (más de 500.000 euros porque a los 484.200 euros que cargó a Caja Madrid hay que añadir otros 90.879 euros cargados a Bankia) para diluir responsabilidades advierte que ‘devuelve lo que no debe’…
La segunda circunstancia, y realmente sorprendente a más no poder, es la desfachatez con la que el presidente Rajoy ha pretendido sacudirse las pulgas del caso afirmando que ha sido el propio Gobierno el que ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía, como si hubiera sido el PP y no la actual dirección profesional de la entidad, encabezada por el independiente José Ignacio Goirigolzarri (que no se ha querido comer un ‘marrón’ ajeno), la que ha ‘tirado de la manta’.
Y la tercera circunstancia poco debatida tiene que ver con la naturaleza de linchamiento público que han tenido muchas de las críticas mediáticas al comportamiento del juez Elpidio Silva, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 17,5 años de inhabilitación profesional por un delito de prevaricación continuada en las decisiones tomadas en el ‘caso Blesa’ y dos delitos contra la libertad individual.
Es sabido que el juez Silva encarceló dos veces al ex presidente de Caja Madrid, en el marco de la investigación que tenía en marcha sobre un crédito concedido por dicha entidad a Gerardo Díaz Ferrán y también sobre la compra del banco estadounidense National City Bank of Florida.
La condena de Silva, decidida con dos votos a favor y uno en contra (el del presidente del Tribunal), aun siendo inferior a la que pedía la Fiscalía, de 30 años y una multa de 10.800 euros, comporta su expulsión de la carrera judicial (teniendo que pagar además a Díaz Ferrán una indemnización de 10.000 euros). Por su parte, Blesa solicitó que la inhabilitación del juez condenado fuera por 43 años.
Con independencia de los posibles excesos cometidos por el juez Silva en el más que llamativo ‘caso Blesa’, o de las causas técnicas que han podido fundamentar el fallo condenatorio, lo que llama poderosamente la atención es el rápido y agresivo desenlace del tema en contraposición con la lentitud y tibieza resolutiva de otros, en los que las partes perjudicadas no son exactamente altos representantes del establishment financiero. Y también que, en el vandálico asalto político a las cajas de ahorro, todavía no se haya visto a ninguno de sus responsables entrar en prisión de forma razonable.
Ahora, se puede dar la paradoja, quizás en afortunada justicia, de que el acusador Blesa pase a ser el acusado Blesa. Y que Elpidio Silva, perseguido como juez ‘justiciero’, pase a ser aclamado popularmente poco menos que como un heroico ‘Antonio das Mortes’ (film de Glauber Rocha, producido en 1969), el nómada del ‘sertao’ brasileiro reconvertido en matador de ‘cangaçeiros’ y en un personaje -aun de ideología confusa- elevado por el ‘novo cinema’ a la categoría de mito y semi-dios infalible, siempre latente, quiérase o no, en el imaginario de la justicia social.
Ahora, Fernando Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional poco o nada aficionado a las veleidades procesales, ha imputado a Miguel Blesa, a Rodrigo Rato y a Ildefonso Sánchez Barcoj, por el posible uso delictivo de las tarjetas negras de Caja Madrid ocultas a Hacienda, pidiendo para los dos primeros una fianza respectiva de 16 y 3 millones de euros, y esperando un informe pericial del Banco de España antes de decidir sobre el resto de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia implicados en el mismo escándalo. El caso ha sido detectado por una auditoría interna de la actual dirección de Bankia, bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri.
Las irregularidades afloradas fueron comunicadas el pasado 26 de junio al principal accionista de Bankia, el FROB (fondo de rescate español). De esta forma, el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción de que existían estas tarjetas de crédito ‘opacas’, de las que no hay soporte contractual ni consta decisión al respecto por parte de los órganos de gobierno, y que en total suman gastos por 15,5 millones de euros.
Según la documentación que obra en la pieza separada abierta por el juez Andreu dentro del ‘caso Bankia’ para investigar la utilización fraudulenta de estas ‘tarjetas negras’, gestionadas directamente por Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y ‘mano derecha’ del ex presidente de la entidad Miguel Blesa, un total de 86 personas eran beneficiarias de las mismas: 65 miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y 21 consejeros-ejecutivos y altos directivos. Dos de ellas, la exdirigente del PP Mercedes de la Merced y el representante de UGT Félix Sánchez Acal, han fallecido.
Los 15,5 millones de euros computados a estas tarjetas entre los años 1999 y 2012, se corresponden con gastos realizados en restaurantes, grandes superficies, hoteles, tiendas de ropa o joyerías. En concreto, el 33,2% de dicho importe corresponde a efectivo sacado de los cajeros; el 14,8% a desplazamientos y viajes; el 11,1% a grandes superficies; el 10,1% a restaurantes; el 8,3% a hoteles; el 5,8% a ropa y complementos y el 3,3% a alimentación (un 13,4% son otros gastos no especificados).
Entre los gastos cargados a las tarjetas negras de Caja Madrid, destacan los del propio Sánchez Barcoj por un importe de 484.200 euros (más 90.879 que cargó a Bankia) y los de Blesa que ascienden a 436.700 euros. Del total de gastos computados, el grueso (15,25 millones de euros) fueron cargados exclusivamente a Caja Madrid, mientras que los 245.200 euros adicionales se facturaron a Bankia en 2011 y 2012, antes de que Goirigolzarri accediera a la presidencia de este último grupo…
‘Cacocracia versus Democracia’: la asignatura pendiente
Considera Enrique Gil Calvo en un artículo de opinión titulado ‘Descontrol’ (El País 12/10/2014), que los acontecimientos extraordinarios (el escándalo de las ‘tarjetas negras’ de Caja Madrid y el brote de ébola en la paciente ‘cero’ española) tienen la capacidad de transformar la agenda pública y desplazar del primer plano cuestiones capitales precedentes (como la del independentismo catalán). Con ello, en un análisis algo precipitado, podrían colegirse unas consecuencias electorales que, además de sembrar pasto jugoso para Podemos, acrecentarían el hundimiento del PP y la recuperación del PSEO de Pedro Sánchez.
Una posibilidad con mayor razón de ser si los acontecimientos sobrevenidos y sus in-puts de valoración social negativa sólo devinieran de una mala gestión política. Eso entraría dentro del normal juego de la democracia; pero es que lo subyacente en el concreto ‘caso de las Tarjetas Negras’, es un claro reflejo del letal virus cacocrático que ha invadido al sistema político español.
Y no hablamos exactamente de una deriva kakistocrática de la democracia, representada por el ‘gobierno de los peores’ (que también), ni tampoco de una oclocracia en forma de gobernación corrupta (que también). O de una plutocracia, en la que la riqueza constituye la base principal del poder (que también).
Hablamos de una cacocracia genuina y pura, que es el ‘gobierno de cacos’, la invasión del sistema político por los descendientes del ladrón mitológico Caco, por ladrones que roban con destreza, como los describe el diccionario de la RAE (rateros, carteristas, descuideros, mangantes, saqueadores…). Porque eso es lo que ha eclosionado no sólo en la gestión de Caja Madrid, sino en toda la mangancia política asilvestrada en las cajas de ahorro, en la financiación ilegal de los partidos, en los falsos ERE de Andalucía y en los cientos y cientos de casos de corrupción que diariamente sobrecogen a la opinión pública en las primeras planas de los medios informativos.
No compartimos la selección de ejemplos recogida por Gil Calvo para igualar en el artículo citado el descontrol o la mala gestión con la corrupción, que son cosas naturalmente distintas y situadas en planos políticos diferentes. Aunque sí hacemos nuestro el párrafo con el que lo concluye:
(…) Pero este común defecto originario [el descontrol político] resulta también extensible al resto de casos de corrupción (Bárcenas, los ERE, el Palau, la ‘famiglia’ Pujol, el padrino del SOMA, etc.) y de fallo multiorgánico por dis-función deficiente que afecta a todos nuestros servicios públicos (justicia, sanidad, enseñanza, instituciones locales), brutalmente sometidos a una extrema politización partidista. Pues el problema no es sólo la mercenaria pasarela entre la política y los negocios, revelada por la corrupción y las privatizaciones, sino también la otra puerta giratoria que hay entre los políticos que okupan las instituciones y los cuerpos de altos cargos de la administración. Aquí todo ocurre sin control porque los interventores, los reguladores y los altos funcionarios están sometidos al arbitrio discrecional de nuestros sectarios gobernantes.
Pues lo dicho. La cacocracia (que algunos prefieren llamar cleptocracia, que literalmente es el ‘gobierno en manos de los ladrones’) ha encontrado su guinda con el ‘caso de la Tarjetas Negras de Caja Madrid. La casta política (o castuza), ya no puede caer más bajo.
Otra cosa es que la cacocrática política española, sobrada de mendacidad, se ampare en nuestro ancestral analfabetismo crítico y en la propia cobardía de los electores a la hora de votar. Lo cierto es que el ladrón político existe porque las urnas se lo permiten.
Fernando J. Muniesa