Nada gustaría más a los españoles en la actual situación de crisis económica e institucional que poder confirmar un balance de gobierno -ya sea anual o de legislatura-, realmente positivo, viniera de la mano de quien viniera. Pero, de la misma forma, nada es tan insoportable como tener que sufrir las continuas y contumaces versiones falsarias de una realidad incontrovertible que el presidente Rajoy manipula sin piedad, tratando de hacer pasar a los gobernados como una pandilla de tontos o de ciudadanos incultos.
La semana pasada ya tratamos en otra Newsletter la crisis en el sistema de Justicia que el Gobierno del PP ha generado por sí mismo y bajo su exclusiva responsabilidad, sin precedentes en nuestra historia reciente y notablemente debilitadora de la propia democracia. Y ahora, ciertamente indignados por el triunfalismo del balance político de 2014 realizado por el Gobierno del PP, en el que se magnifican cuestiones pírricas (como el aumento de las pensiones en un 0,25%, que apenas equivale a tres euros sobre su cuantía media mensual), se siguen ocultando situaciones de un dramatismo social intolerable y se sostienen errores de política económica que sólo servirán para consolidar la situación de crisis, sin mostrar el menor ánimo de rectificación, creemos necesario poner de relieve el gran fracaso de la lucha gubernamental contra el desempleo.
Un desastre que, en contraposición con todas las lecturas macroeconómicas interesadas del Ejecutivo (en todo caso de logros nimios) y sus analistas comparsas, cercena radicalmente cualquier perspectiva razonable de superar la crisis a corto y medio plazo, volviendo a invalidar las promesas electorales de Rajoy, incumplidas desde el 2011 e incumplibles también a partir del 2015 si se sigue con la misma política económica y sin reformas estructurales que potencien las actividades productivas.
Hasta el Rey, legítimamente ansioso por sintonizar con la realidad social, ha convenido en dejarse de triunfalismos enervantes y en puntualizar durante su mensaje institucional de fin de año: “Los índices de empleo son todavía inaceptables”. Un delicado y claro toque de atención dentro de un discurso que no debe ser político, pero que no deja de cuestionar la actitud del Gobierno y de indicarle la necesidad de asumir la dramática realidad de nuestra economía y de reconocer el fracaso de la lucha contra el paro.
El paro arruinará las expectativas electorales del PP
Con independencia de cualquier otra alusión a los hipotéticos logros que el presidente Rajoy ha manejado en su balance político de 2014, es decir centrados únicamente en sus referencias al problema del paro, capital en el enquistamiento de la crisis económica, lo resaltado oficialmente es que en ese año se han creado unos 550.000 empleos, sin especificar cuántos del total existente son a tiempo completo, de media jornada o tienen carácter temporal. Y, sin correlacionar tampoco esa cifra con los puestos de trabajo destruidos desde 2011 (reducción del mercado laboral y por tanto de la masa salarial y de la capacidad de gasto nacional), o sea a lo largo de la actual legislatura gobernada por el PP, cifra que asciende a unos 650.000.
Rajoy presumió de haber creado 550.000 empleos en 2014, aclarando que se refería al dato de ocupados de septiembre de 2014 comparado con el de marzo del mismo año, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero si hubiera ampliado el foco de la comparación y utilizado el dato que se encontró al llegar al Gobierno (finales de 2011) habría sido más prudente: España tiene hoy 650.000 ocupados menos y todavía casi 500.000 parados más de los que dejó el Gobierno de Rodríguez Zapatero (exactamente 449.400 si comparamos datos del tercer trimestre de 2011 y de 2014 de la EPA).
Y si tomamos la referencia del porcentaje de paro registrado en las mismas fechas (ver cuadro adjunto), resulta que en 2014 aún andamos 2,15 puntos por encima de la tasa de desempleo constatada por la EPA en 2011 (un 23,67% frente al anterior del 21,52%). Eso es lo que hay.
Un balance ciertamente pobre (como hemos dicho Felipe VI lo ha tildado con acierto de “inaceptable”) que dista mucho de aquella fanfarronada puesta por el PP en boca de Esteban González Pons (cuando era su vicesecretario general de Comunicación) de que en la actual legislatura el Gobierno de Rajoy crearía 3.500.000 puestos de trabajo. Y no digamos menos del arrebato visionario que tuvo su propio presidente durante la campaña electoral de 2011 con esta promesa incumplida (como otras muchas): “Cuando gobierne bajará el paro”.
Claro está que en sus tácticas propagandistas, el Gobierno del PP ha venido manejando preferentemente durante tres años los datos del paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -el INEM desapareció nominalmente en diciembre de 2003- y sus fluctuaciones estacionales, presumiendo con ellos de logros esperpénticos sino falsos, en su lucha contra el brutal desempleo que ha asolado y sigue asolando el país. Actitud que, por otra parte, no deja de evidenciar la absoluta ineficacia de la política económica con la que se está afrontando la crisis.
Ahora, forzado por la Comisión Europea, el Gobierno parece obligado a trabajar con la información general de la EPA, que muestra datos del paro peores y mucho más significativos, sencillamente porque no todos los parados están inscritos en una oficina del SEPE o del antiguo INEM. Pero, no obstante, los corifeos de Moncloa siguen aireando a conveniencia los registros del SEPE/INEM, de forma que, ateniéndose por ejemplo a los hitos del mes de noviembre, si en 2011 se registraron 4.420.462 parados, en el mismo mes de 2014 eran 4.512.116, cifra situada muy por debajo de la realidad mostrada por la EPA pero que en todo caso todavía contabiliza casi 100.000 parados más de los heredados al principio de la legislatura (exactamente 91.654).
Evolución del Paro
SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)
Pero, volviendo a la EPA, que es el instrumento estadístico más fiable para controlar la población activa y las correspondientes tasas de desempleo, es evidente que el triunfalismo económico de Rajoy carece de argumentos de peso y que su balance en la lucha contra el paro (determinante para superar la crisis) está todavía muy lejos de los niveles en los que se lo encontró al iniciar su mandato de gobierno en 2011. Sobre todo si el actual empleo se traduce a jornadas laborales constantes de aquel año, es decir si se contabiliza el empleo por horas de trabajo en vez de hacerlo sólo por empleados aunque lo sean a media jornada o con horarios reducidos (de esa forma el paro se situaría en torno al 30% alcanzando una nueva punta sin parangón histórico).
Y si resituar el paro en el punto dejado por el PSOE se muestra difícil (al margen de que eso significase una catástrofe política y toda una legislatura de mayoría absoluta desperdiciada en chafarrinas de política económica insolvente), no digamos nada de recuperar la calidad del empleo perdida bajo el Gobierno del PP; y menos aún de la tontuna de crear 3.500.000 puestos de trabajo baboseada de forma falsaria e irresponsable por González Pons para robar el voto de los más crédulos. Eso es lo que hay.
La EPA es una investigación sistemática de periodicidad trimestral que se realiza desde 1964, aplicada a la unidad familiar con la finalidad principal de obtener datos sobre la fuerza y el mercado nacional de trabajo y de sus diversas categorías: ocupados, activos, parados e inactivos.
Su continuidad y la muestra aplicada (65.000 familias entrevistadas al trimestre, es decir 260.000 encuestas/año) proporcionan una fiabilidad y un seguimiento temporal del mercado laboral ciertamente notables. Además, desde 2005 la metodología de la EPA está adecuada a la normativa común europea, incorporando las condiciones establecidas por Eurostat (la Oficina Estadística de la Comisión Europea), incluidas las mejoras en el método de recogida de la información.
Así, desde 2005 la EPA incluye seis nuevas variables:
También se incluye una pregunta opcional sobre la cuantía del salario en el caso de los trabajadores por cuenta ajena.
Por otra parte, la distinción de cuatro grupos de sujetos que hace la EPA dentro del marco de trabajo (población de 16 años o más), se corresponde con las siguientes definiciones:
Población Activa: Son aquellas personas que, durante la semana de referencia (la anterior a la de la fecha en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Por tanto, en la categoría se incluyen de forma conjunta todas las personas ocupadas y en situación de paro.
Ocupados: Son las personas que durante la semana de referencia han estado trabajando al menos durante una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, huelgas o vacaciones. Los ocupados se subdividen a su vez en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la duración de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual semanal inferior a 35 horas).
Parados o Desempleados: Son las personas que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente. Se considera que una persona busca empleo de forma activa si:
Al mismo tiempo se consideran ‘parados’ a quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.
Población Inactiva: Esta categoría comprende a la población adulta (de 16 años o más) que está estudiando, realiza tareas domésticas, jubilada, demasiado enferma para trabajar o que simplemente no está buscando trabajo. En definitiva, es la población no incluida en las tres categorías anteriores.
La ‘Tasa de Desempleo’ se corresponde con el número de desempleados dividido por la población activa y se expresa en forma de porcentaje. Es decir, no es una proporción entre el total de la gente desempleada o en situación de paro laboral y el total de la población, sino sólo la que relaciona aquella con la denomina ‘económicamente activa’ o en edad de trabajar.
La ‘Tasa de Empleo’ es, por otra parte, la razón entre la población ocupada y la ‘económicamente activa’, en condiciones de formar parte del mercado laboral.
La necedad política de tergiversar el drama del paro
Con esta base descriptiva, hablar sólo de ‘parados’ o de ‘desempleo’ y de su variación en el tiempo, distorsiona la realidad del mercado de trabajo al no poner en relación a la población ‘activa’ con la ‘inactiva’ e incluso a la suma de ambas con los parados y/o los ocupados, lo que señalaría su verdadera incidencia en la economía real del país. Dando pistas también sobre el nivel o dimensión de la llamada ‘economía sumergida’, que es otra de las batallas perdidas en la presente legislatura (distintos organismos especializados la sitúan al final de 2014 en una horquilla de entre el 20 y el 25% del PIB, próxima en equivalencia a los 250.000 millones de euros).
Dicho de otra forma, la disminución del paro no significa forzosamente una creación de empleo neto, ya que puede verse acompañada en paralelo de una disminución de los ‘ocupados’ y de un trasvase entre población ‘activa’ e ‘inactiva’. Y, por eso, las posibles reducciones en el número de parados pueden aparejar perfectamente una destrucción de empleos por reducción de la población activa en el mismo periodo de tiempo.
Así, frente a la persistente demagogia del Gobierno (los ‘brotes verdes’, el eventual incremento de las exportaciones, la disminución de la prima de riesgo y otras zarandajas sin nada que ver con la solución real de la crisis), lo que viene haciendo la EPA trimestre a trimestre es lanzar un jarro de agua fría sobre las pantomimas políticas y económicas centradas en seguir los dictados de las autoridades europeas, en la salvaguarda de los intereses de la banca y los grandes capitales y en esperar soluciones exógenas de la crisis ciertamente milagrosas (tales como la caída del precio del petróleo o la reactivación del consumo en Estados Unidos).
Claro está que, en términos generales, los datos macroeconómicos han dejado de ir a peor y la destrucción de empleo se ha ralentizado -faltaría más-, entre otras cosas porque todas las recesiones llegan a su límite y tocan su propio fondo. Pero entre eso y la recuperación económica que pregona Rajoy, queda un gran trecho por recorrer de fin más bien lejano (los pasados conceptos de ‘bonanza económica’ y de estabilidad laboral’ quizás no vuelva jamás); una realidad que no es de recibo ocultar a la opinión pública, y razón por la que el Gobierno ha ido posponiendo el ‘año de la recuperación’ del 2012 al 2013, del 2013 al 2014 y ahora al 2015 (en el 2015 se volverá a posponer al 2016)…
De hecho, es bien sabido que, hace un año, el entonces comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, que era el brazo ejecutor de Merkel en Bruselas, advirtió que España tenía que profundizar más en los ajustes y las reformas y que todavía nos quedaban diez años para cerrar las cicatrices de la depresión. Y también que en un modelo de recuperación sin empleo y sin crédito, es insostenible apoyar todo el crecimiento en el consumo privado.
A finales de 2014 ya sabemos, como consta también en un informe de la Dirección General de Economía de la Junta de Andalucía, que un 70% de la reducción del paro se ha debido a la caída de la población activa. Es decir, que ya no se trata de cuestionar la escasa calidad del empleo que se está creando, sino de reconocer taxativamente que el porcentaje de paro baja porque la cifra de demandantes se está reduciendo de forma drástica por diversas razones (el desánimo laboral, la nueva emigración española, el retorno de los inmigrantes a sus países de origen…).
De este modo, sólo entre enero y septiembre de 2014 se contabilizan 299.400 activos menos que en el mismo periodo de 2013, un descenso histórico que comparado con los 428.300 parados menos registrados en el mismo periodo nos lleva efectivamente a que más o menos el 70% de esta reducción se debe al descenso de la población activa.
Los últimos datos conocidos de la EPA muestran que la población ocupada en España ha crecido un 1,6% interanual en el tercer trimestre de 2014, sumando dos trimestres de tasas positivas. Con ello, el balance entre enero y septiembre (que es el que comentamos) supone un incremento de la ocupación del 0,8% interanual: en términos absolutos se trata de 128.900 ocupados más que en el mismo periodo del año anterior (la resta entre los 428.300 ocupados nuevos y los 299.400 activos menos). Y es que, bien al contrario de lo que hace el gobierno, no podemos ignorar que la EPA muestra también una continúa retirada de población activa en el mercado laboral de España.
Pero más allá de relativizar la cifra del empleo creado, es igual de necesario insistir en el concepto de calidad. En este sentido, entre las principales características del empleo creado en esa misma referencia temporal, hay que destacar su exclusivo carácter temporal. En los nueve primeros meses de 2014 hablamos de un incremento de 172.000 personas con contrato temporal, mientras que ha descendido en 12.900 el empleo indefinido. Esto elevó la tasa de temporalidad en casi un punto, ya que si por término medio entre enero y septiembre de 2013 era del 23%, en 2014 se ha situado en el 23,9%, incumpliéndose también uno de los objetivos con los que el Gobierno del PP vendió sus reformas laborales, que fue el de la generación de empleo estable y de calidad.
Todo ello al margen de que tampoco se está resolviendo el grave problema del desempleo juvenil. De hecho, en España se sigue destruyendo empleo en este colectivo: en los tres primeros trimestres de 2014 el empleo entre personas menores de 35 años ha registrado una reducción de 127.100 puestos de trabajo verdaderamente dramática.
Ante esta realidad del paro, neciamente tergiversada por los portavoces del PP, Bruselas se vio obligada el pasado mes de noviembre a dar un tirón de orejas específico al equipo económico del Gobierno de Rajoy, insistiendo en la necesidad de tomar ‘acciones decisivas’ al respecto, como ya había advertido al cierre de 2013. Junto a los desequilibrios del paro, la Comisión Europea también ponía de relieve los de la deuda pública, la deuda privada, las exportaciones y la inversión internacional, indicadores económicos indirectos en el análisis que nos ocupa.
Si bien en julio de 2014 el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoraba sus previsiones sobre la economía española, también cuestionaba las del crecimiento económico aportadas por el Gobierno, señalando los ‘vientos en contra’ que podrían enfrentarlas. Y, sobre todo, advirtiendo que a pesar de esa mejora la tasa de desempleo seguirá situándose en torno al 19% al concluir la próxima legislatura, es decir en el 2019 (muy por encima del 11,33% en el que se situaba al estallar la crisis en 2008). Eso es lo que hay.
El desempleo estructural como suicidio económico
Mientras el Gobierno se empeña de forma contumaz en seguir vendiendo a la opinión pública milimétricas caídas coyunturales del paro, ficticias como hemos visto por incluir a las personas que no trabajan a tiempo completo y ocultar una caída del empleo notoriamente más significativa, lo cierto e indiscutible es que, con todo, a finales de 2014 (exactamente en el mes de octubre) la tasa de desempleo registrada en Eurostat para España era del 24,0%.
Un porcentaje de paro sobre la población activa ciertamente insostenible que duplica con mucho el de los países de la Eurozona, cuya media es del 11,5%, y todavía más la media del conjunto de la Unión Europea (28 países), que es del 10,0%. Una tasa de desempleo sólo superada por Grecia (25,7%) y que evidencia un paro estructural y sintomático que, de no desbloquearse radicalmente, jamás permitirá una recuperación económica cierta.
Realidad que se reafirma justo considerando la tasa de empleo (sobre la población ‘económicamente activa’) registrada también por Eurostat en su último resumen de 2013. Mientras la media de esta tasa en la Eurozona alcanza un 62,6%, y un 62,7% en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea, en España tan sólo llega al 53,8%, lastrando muy seriamente el crecimiento del PIB.
De esta forma, se consolida una situación de paro arraigado que requiere un cambio radical del modelo económico, debiéndose orientar hacia actividades productivas que absorban un mayor empleo. Desde la crisis económica y financiera de la década de 1980, la tasa de desempleo registrada en España nunca ha bajado del 8%, siendo en la práctica el país comunitario con mayor registro de parados (junto a Irlanda y Grecia) y doblando en los últimos treinta años la media de los países desarrollados, tanto en épocas de crecimiento como en las de crisis.
A partir de 1990, el paro descendió desde los 3,6 millones de personas hasta, más o menos, los 2 millones, pero estancándose en esa cifra durante toda la época de bonanza y hasta el inicio de la crisis actual. En el año 2003 la tasa de desempleo era del 11,5%, lo que se consideraba una buena cifra para España, pese a que se trata de un porcentaje al que la mayoría de países industrializados sólo llega en épocas de crisis económica. En el año 2007, en el que se alcanzó la tasa más baja en 30 años, se contabilizaban 1,8 millones de parados.
Después de la eclosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de deuda soberana del 2011, tras el acceso de Rajoy a la Presidencia del Gobierno y con su política económica ciertamente discutida y contraria a las propuestas previamente defendidas en su programa electoral, el desempleo del país se disparó de forma inédita hasta alcanzar en el primer trimestre de 2013 una tasa del 27,16%, acompañada con el récord histórico de más de 6.200.000 parados. Hoy, España continúa con una tasa de paro próxima al 24% y a los 5.500.000 desempleados, por muchas vueltas que quiera darle el Gobierno.
Pero eso no es todo, porque hay otras circunstancias sociales y laborales que son mucho más preocupantes. De hecho, son las que, por sí mismas, están marcando el agotamiento y la destrucción -sin repuesto- del actual sistema económico.
Por un lado, la disminución de la población ‘ocupada’ (la tasa de empleo) ha llevado a que la relación entre las personas con trabajo (17.504.000 a septiembre de 2014)) y el total de la población española (46.704.314 individuos) suponga que sólo trabaje el 37% aproximadamente; es decir, que con el esfuerzo de cada español empleado, y con retribuciones a la baja, tengan que vivir casi tres (ya veremos qué pasa con las pensiones habida cuenta de cómo se está invirtiendo la pirámide de cotizantes (cada vez menos) y pensionistas (cada vez más). Siendo muy constatable que, además, no todos los ‘empleados’ están integrados en el circuito de la ‘economía productiva’ (una gran parte del empleo público desarrolla funciones que, aun sin discutir su necesidad social, no dejan de ser ‘improductivas’ por naturaleza).
Y, por otro, hay que tener en cuenta que, tras seis años con destrucción de empleo continuada y hasta límites sin precedentes históricos, el desempleo de ‘larga duración’ (más de un año) ha desplazado de forma vertiginosa al de ‘corta duración’ (menos de un año), correspondiendo más del 60% del paro a la primera categoría y menos del 40% a la segunda. Mientras el empleo a ‘tiempo completo’ ha decrecido en favor del ‘temporal’ y el de ‘media jornada’.
Además, también se han disparado los hogares que carecen de cualquier tipo de ingresos, pasando de 500.000 en 2010 a más de 700.000 en 2014 (más de 1,8 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro), así como la población infantil que vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, que hoy alcanza casi a 3.000.000 de niños y niñas (un 33% del total) según la ONG ‘Save the children’, lo que supone un serio obstáculo para que puedan disfrutar de la protección reconocida en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas. Dramas que, diga lo que diga el Gobierno, van a seguir siendo patentes en 2015…
El desempleo, que el Gobierno no sabe o no quiere combatir de forma eficaz con instrumentos bien conocidos de política económica, fiscal y laboral, está reduciendo los ingresos de las familias de forma drástica. Incidiendo por tanto negativamente no sólo en el consumo interno, sino también en la calidad de vida de la clase trabajadora y en su salud mental, alargando el período de emancipación juvenil y haciendo caer de forma peligrosa -por la imposibilidad de formar una familia con mínimas garantías económicas- el índice de natalidad.
Así, nadie garantiza que no se dispare el fenómeno de la exclusión social; que no aumente el impago de los servicios más elementales; que no crezca la llamada ‘pobreza energética’, impidiendo pagar los suministros básicos de agua, luz y gas; que no sigan los desahucios por impago de las deudas hipotecarias… De hecho, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y atendiendo a las ejecuciones iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, el número de viviendas habituales embargadas por impago de la hipoteca ha ascendido entre junio y septiembre de 2014 a 6.787, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2013, aunque un 29,4% menos de lo que crecieron en el trimestre anterior de abril-junio.
Todo ello sin el menor atisbo de que la banca, directamente saneada por los contribuyentes, promueva de verdad créditos al consumo ni capital circulante para el normal funcionamiento de las empresas, entre otras razones porque le es mucho más cómodo y rentable prestar dinero al Estado para financiar la deuda pública. Un panorama de sequía crediticia complementario del paro estructural, que sólo puede augurar un mayor empobrecimiento de la renta disponible para el consumo, lo que sin duda alguna conllevará una mayor caída en la producción industrial y en la prestación de servicios, aún más desempleo y menos ingresos fiscales y, desde luego, un pernicioso aumento de la ‘economía sumergida’.
Paréntesis. En relación con éste grave problema de destrucción del sistema económico, GESTHA (el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) presentó en enero de 2014 el informe titulado ‘La economía sumergida pasa factura - El avance del fraude en España durante la crisis’, elaborado bajo la dirección del profesor Jordi Sardá, de la Universitat Rovira i Virgili. En él se advertía que el crecimiento de la economía sumergida ha evolucionado desde una tasa del 17,8% sobre el PIB (193.626 millones de euros) registrada en 2008, hasta otra del 24,6% en 2012, equivalente a 253.135 millones de euros, ciertamente brutal, sin llegar a contemplar partidas fiscales incontrolables vinculadas, por ejemplo, a la prostitución, al consumo de estupefacientes o a la compraventa de determinados bienes tangibles.
El desvergonzado triunfalismo económico de Rajoy
¿Y cómo, con esta dramática situación, Rajoy puede atreverse a hablar de un ‘crecimiento económico’ efectivo…? ¿Es que acaso algún economista serio, no los adoctrinados por el poder, ha descubierto una fórmula hasta ahora inédita para crear empleo sin capacidad de consumo y sin crecimiento económico, o de impulsarlo gracias al paro…? Y, a contrario sensu, ¿es posible crear empleo (millones de empleos) sin un crecimiento económico por encima del 2%…?
Porque, claro está que con decisiones ‘alumbradas’, como por ejemplo la de reducir el IVA cultural en el comercio de obras de arte (del 21 al 10%), difícilmente saldremos de la crisis. Aunque los millonarios sí que podrán decorar sus mansiones un 11% más barato, o atesorar bienes tangibles (adecuados de forma especial para jugar al despiste fiscal), gracias a que el contribuyente de a pie seguirá pagando un IVA general del 21% con independencia de cuál sea su poder adquisitivo, en un sistema tributario de marcado carácter regresivo que sigue presionando más a quien menos tiene (ahí está el dato de que en el último año la élite económica del país ha elevado su fortuna en un 3,6%).
La derecha política española (con el empresariado a la cabeza), que por desgracia cada vez es menos de centro-derecha y mucho más ‘derechona’, considera de forma errónea que la causa principal del desempleo es el alto coste laboral unitario (salarios, impuestos, cotizaciones sociales), y sostiene que su reducción fomentaría la contratación. Sin embargo, cuando esa misma derecha llegó por primera vez al Gobierno (1996-2004), José María Aznar no rebajó esos costes, logrando crear, no obstante, millones de puestos de trabajo gracias sobre todo a la consolidación del sector servicios.
Por su parte, Rajoy no dejó de criticar el paro registrado cuando estaba en la oposición, mucho menor que el soportado bajo su mandato. Incluso llegó a posar ante una oficina de empleo, junto a una larga cola de gente que lo buscaba, para ilustrar la portada de El Mundo (10/01/2010) afirmando a su entrevistador: “No le quepa duda de que cuando yo gobierne bajará el paro”. Pero en el primer trimestre de 2013, ya en su segundo año como presidente de Gobierno, el paro se disparó hasta alcanzar una inédita tasa del 27,16%, batiendo el récord de más de 6.200.000 desempleados…
Hoy, esa tasa-record apenas se ha reducido en tres puntos (artificios contables aparte). Y si sobre esa versión oficial del paro proyectamos una realidad más cierta del mercado y de la fuerza laboral real, computando como decimos unidades de horas/trabajo en vez de ‘desempleados’, o a los ‘medio parados’ como tales -es decir como ‘medio empleados’-, no puede verse objetivamente otra cosa que una situación de desempleo estructural insostenible.
Con ella, hace falta bastante desvergüenza para asegurar sin el menor sonrojo, como hace Rajoy, que “España es el país que más empleo crea en Europa”. Pero, en su opinión, ¿qué empleo necesitan crear países como Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia…, con un paro situado muy por debajo de la media de la Unión Europea y mucho menor también que el de España en el del mejor momento de su economía…? ¿Es que Rajoy no se ha enterado todavía de que nuestro país dobla con mucho -de forma ciertamente escandalosa- esa misma tasa media de desempleo…?
Sin cortarse un pelo, Rajoy ha afirmado en su balance de 2014 que España crece con bases sólidas, pero no las especifica. Todo lo que ofrece son conjeturas y especulaciones sin garantías de concreción: “Puedo asegurarles que si las condiciones se mantienen, 2015 puede ser un año muy bueno para nuestra economía”. Añadiendo con la misma gratuidad que “2014 ha sido el de la recuperación y 2015 será el del despegue definitivo”, y que “donde antes había desconfianza, hoy encontramos seguridad, donde había destrucción de empleo, hoy hay un proceso continuado y creciente de puestos de trabajo”…
Todo ello cuando el PIB del 2014 todavía no ha igualado el de 2011 y mucho menos el alcanzado en 2008 al comienzo de la crisis, y sin considerar para nada el trasfondo geoestratégico ni la inestabilidad de muchos países emergentes que apuntan a una nueva réplica de la recesión global en 2015, afectando seriamente a la recuperación económica del viejo continente. E insistiendo de forma realmente necia en el rollo macabeo de que, gracias a su liderazgo político, España se ha convertido nada menos que en el modelo a seguir por la Unión Europea, en el norte y guía que debería inspirar su futuro inmediato.
Un triunfalismo contumaz que no ha calado en el cuerpo electoral; y que seguirá sin calar en 2015, por su intrínseca vacuidad y porque contradice radicalmente la economía del día a día y la experiencia cotidiana de los ciudadanos a los que el Gobierno del PP pretende embaucar electoralmente de nuevo, por supuesto con pocas posibilidades de éxito. Una magnificación de la recuperación económica que agota de forma continuada la credibilidad del Gobierno de Rajoy.
A pesar del compadreo que El País se trae actualmente con el Gobierno del PP, asegurando a retazos que Rajoy tiene razones para el optimismo (no apreciadas por los medios y analistas independientes), no ha tenido más remedio que poner su punto de crítica ante la orgía de triunfalismo en la que ha caído Moncloa. En su editorial ‘Balance sesgado’ (27/12/2014), tras un par de párrafos dedicados a dorarle la píldora al Ejecutivo, concluye con mayor ecuanimidad:
(…) Pero una cosa es certificar que la recesión ha quedado atrás y otra muy distinta es asegurar que el año próximo verá el despegue definitivo de la economía. El presidente describe mejoras significativas en relación con el ejercicio 2013; pero, al margen de que durante ese año se produjo una caída del empleo, un crecimiento desorbitado de la deuda y tasas deficientes de crecimiento que, en buena lógica, tampoco son ajenas a su gestión, la mejora de 2014 deberá compararse, para sostener el mensaje, en una comparación con los trimestres anteriores a la crisis. En esa comparación, el balance de fin de 2014 nos dice que todavía hay que recorrer la mitad del camino hasta llegar “al despegue definitivo”.
Quizá sea útil recordar que durante la crisis el PIB español cayó el doble que el PIB (medio) de la eurozona. En consecuencia, una vez superada la recesión, es más fácil que el crecimiento español duplique al europeo, aunque sólo fuera por razones estadísticas. A pesar del crecimiento acelerado del PIB español, los analistas consideran con razón que Europa está más cerca de las condiciones previas a la crisis que España. Para que pueda afirmarse que ha llegado la recuperación, debería darse el caso de que las variables macroeconómicas y de bienestar (salarios, rentas, protección social, déficit y deuda) estén alineadas con una tasa de crecimiento sostenido; y —que se sepa— al menos en rentas, protección y deuda no lo están.
Sería absurdo negar que la situación económica ha mejorado y que muy probablemente continuará haciéndolo en 2015; pero solo debería hablarse de recuperación completa cuando el crecimiento se traslade a un aumento de las rentas salariales y a la creación de empleo de calidad.
Ignorar la realidad económica, tergiversarla o maquillarla ante la opinión pública, en modo alguno supone combatirla, ni mucho menos superarla. Sólo ayuda a consolidar y enquistar el problema, con consecuencias que, no por verse contenidas, dejan de apuntar hacia la voladura del sistema.
El gravísimo problema del paro en España, realimentado de forma suicida por una política económica errada, inútil y perniciosa, está sobrecargando la tensión socio-laboral y propiciando un estallido de la santabárbara del sistema económico y de convivencia que este mismo año tomará una clara expresión en las urnas. Primero en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo y después en las legislativas.
Mientras tanto, a Rajoy, políticamente tan irresponsable como lo fue en su momento Rodríguez Zapatero, sólo se le ocurre hablarnos de “las Navidades de la recuperación” y de que 2015 “será el año del despegue económico definitivo”, mientras Podemos se le monta en la chepa. Esto es lo que hay.
Fernando J. Muniesa