A finales del pasado año, y en contraposición sobre todo con el triunfalismo del PP en su balance político del 2014, advertíamos en una Newsletter que, en 2015, el PP y el PSOE arderían juntos en la revancha social contra la corrupción.
Una previsión alentada por varias circunstancias de carácter activo. Entre otras, el hecho de que en el debate político surja de vez en cuando el ‘y tú más’ que ante ese deplorable fenómeno se echan en cara los dos partidos mayoritarios; el continuo afloramiento de nuevas denuncias e imputaciones por delitos con origen en el ámbito público (por ejemplo los aflorados con la desarticulación de la red ‘Púnica’), que siguen realimentando el sistema de corrupción prácticamente rampante desde la Transición, y, claro está, por la imparable evolución de las correspondientes instrucciones judiciales, cuyos hitos más señalados tienen un inmediato reflejo mediático.
Pero el desastre electoral -sobre todo del PP que es el partido en el poder- derivado de los excesos de corrupción política que hemos soportado en los últimos años, con dos casos de gran impacto social (‘Gürtel-Bárcenas’ y ‘Bankia’) que marcan al partido en el Gobierno, tiene otro componente de carácter pasivo. Y más penoso, si cabe, porque esa pasividad es la que ha llevado la situación al punto de gangrena; y, aún peor, la que, despreciando la gravedad de los hechos reprobables, ha impedido tomar las medidas curativas necesarias, llevando la sintomatología del caso a extremos difíciles de atajar, incluso aplicando los procedimientos quirúrgicos radicales que se debieron haber contemplado ab initio.
La política del avestruz del PP en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’
Ahora, en plena pre campaña electoral, y en un escenario de extrema atención social sobre la corrupción política, elevada a niveles inconcebibles en un sistema democrático, nos desayunamos nada más y nada menos que con la imputación formal por parte del Ministerio Fiscal de 41 personas directamente vinculadas con el PP (muchas de ellas en su condición de cargos públicos u orgánicos del partido) y con acusaciones por un listado de 11 supuestos delitos (prevaricación, cohecho, fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, apropiación indebida, estafa, asociación ilícita en el ámbito de la contratación, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública), que conllevan la solicitud de penas muy significadas (cerca de 500 años de prisión sólo para los 12 imputados más relevantes). Ahí es nada.
Además, en esa acusación se incluye otra relación de dos personas y 23 entidades como partícipes a título lucrativo en la red delictiva, y por tanto como responsables civiles, entre las que se incluyen Ana Mato (actual diputada del PP por Madrid y miembro de su Ejecutiva Nacional, ex eurodiputada, ex ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de Rajoy…) y el propio Partido Popular.
Un paquete de imputaciones que se refieren sólo a la ‘Época I’ de la trama de corrupción no prescrita, que va desde 1999 hasta 2005. Y que, de entrada, incluye, por ejemplo, penas de prisión de 111 años para el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de 42 años y medio para el ex senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, para quien la Abogacía del Estado las ha ampliado notablemente.
También constan como imputados otros dos ex tesoreros del PP, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión de ocho años y de tres y medio, respectivamente. El cuarto ex tesorero que ha tenido el PP en toda su historia, Rosendo Naseiro, también fue imputado en su momento, junto al propio Sanchís, que fue su predecesor en el cargo y entonces diputado popular por Valencia, acusado inicialmente por el fiscal del Tribunal Supremo de un delito de cohecho en grado de conspiración, aunque el asunto acabaría archivado en una polémica decisión tomada por el alto tribunal el 18 de junio de 1990 (‘caso Naseiro’).
En aquel primer episodio de la financiación irregular del PP (lodazal que por tanto viene de muy lejos), el Supremo estimó la petición de los abogados defensores de que se anularan como prueba de cargo las conversaciones telefónicas que de forma colateral habían desvelado una trama de negocios inmobiliarios ilegales cuyos beneficios se destinarían a la financiación del partido. Según se argumentó, las escuchas autorizadas judicialmente tenían origen en una investigación policial relacionada con el narcotráfico y dirigida contra un hermano del concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, pero sin otros efectos, con lo que quedaron invalidadas para cualquier causa distinta, forzando, por ello, la retirada de los cargos contra los políticos populares implicados.
Pero la inequívoca afección del PP al ‘caso Gürtel-Bárcenas’ no se define sólo por la implicación directa de sus ex tesoreros (todos salpicados por el lodo de la corrupción), ni porque el propio partido esté señalado en la causa como partícipe en la asociación delictiva “a título lucrativo” (como lo está Ana Mato), y en consecuencia con la responsabilidad civil correspondiente. Sino por los cargos políticos que -amparados con sus siglas- los principales imputados ostentaban en el momento de autos.
Ahí, en este primer lote de imputados del PP, están Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la CAM; Jesús Merino, ex consejero de Fomento en la Junta de Castilla y León y ex diputado nacional por Segovia; Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alcorcón (en la fecha casado con Ana Mato); Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda; Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia y ex diputado por Pontevedra en el Parlamento Autonómico (ingresó en el partido en 1987 avalado por Mariano Rajoy); Ricardo Galeote, ex concejal en el Ayuntamiento de Estepona, hermano del eurodiputado Gerardo Galeote e hijo del ex concejal de Boadilla del Monte, José Galeote; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, con su hermano Jacobo Ortega también imputado en la misma causa; José Luis Peñas, ex concejal en Majadahonda y denunciante inicial de la ‘trama Gürtel’; Ángel Sanchís Herrero (hijo del ex tesorero y ex diputado Ángel Sanchís); Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas (comenzó a trabajar en la sede central del partido en 1983 como secretaria de Jorge Verstrynge)…
En fin, una colección de cargos del PP, políticos y de su aparato interno, hoy lógicamente separados de sus puestos, que evidencia el origen y el carácter partidista de la trama. En consecuencia, desde un punto de vista político y moral no cabe aducir si tales personajes están, ahora, dentro o fuera del partido.
Por eso, llama la atención la cínica actitud pública del PP tratando de eludir el escándalo con un distante ‘y a mí qué me cuentan’, verdaderamente impresentable, que insiste de forma contumaz en algo ya habitual en sus comunicados y acciones propagandista: tomar a la sociedad española por una pandilla de estúpidos a los que se puede engañar de forma constante y con niveles de hipocresía desconocidos en el nuevo régimen democrático.
Tras conocerse el escrito de imputación de la Fiscalía Anticorrupción relativo a las Diligencias Previas 275/08 de la Audiencia Nacional, fechado el pasado 15 de enero, el PP lanzó un comunicado oficial (del 17 de enero) sin mayor comentario verbal que no tiene desperdicio. Dice literalmente:
El escrito presentado ayer por las fiscales es de acusación contra los supuestos responsables penales de la trama, al que posteriormente se añadirán los escritos de la defensa de todas las partes acusadas y de los responsables civiles. El escrito de ayer de la fiscalía no es una declaración de condena.
En el juicio posterior correspondiente será “donde se determine con exactitud los contornos de dicha supuesta responsabilidad civil y su exacta cuantía”, tal y como ha señalado ya la Audiencia Nacional. Asimismo, la Audiencia explica que la figura del partícipe a título lucrativo exige que éste ignore la existencia del delito del que supuestamente proceden sus efectos. “Se trata de una obligación civil que no tiene su origen en la participación en el delito”.
La supuesta responsabilidad civil derivaría del eventual empleo por dos ex ediles del Partido Popular imputados en la causa de parte de las cantidades percibidas de la trama Gürtel en gastos de sus respectivas campañas municipales. El Partido Popular recuerda que todos sus gastos electorales han sido debidamente auditados por el Tribunal de Cuentas.
El Partido Popular ha sufrido y sigue sufriendo perjuicio de todo orden por los hechos que se imputan a personas concretas y respecto a los cuales el Partido Popular es absolutamente ajeno.
Es decir, que el PP se desentiende -se llama andana- de los delitos que, en función de sus cargos políticos u orgánicos, han podido cometer altos representantes y directivos del partido. Señala que no se encuentra “acusado en el proceso Gürtel”, como si acaso fuera posible instar una querella (causa penal) contra una entidad o persona jurídica o se pudieran dictar sentencias de prisión para personas no físicas, y concluye afirmando con gran desfachatez que el PP es “absolutamente ajeno” a los delitos en cuestión.
Además, el PP desliza entre líneas que “todos sus gastos electorales han sido debidamente auditados por el Tribunal de Cuentas”, cuando en otra pieza separada de la Causa Principal ya se encuentra recogida la existencia de una ‘Caja B’ del PP, con la que se habrían podido pagar obras de reformas en la sede central o la liquidación de un embargo de la sede de Pontevedra… Ello al margen de que incluso la Abogacía del Estado haya dado por buena la existencia de esa ‘Caja B’ del PP.
Pero ¿a santo de qué viene que el PP nos diga, entonces, que el Tribunal de Cuentas ha auditado su contabilidad oficial, si lo que se cuestiona es su ‘Caja B’…? ¿Y por qué incomprensible razón insiste en afirmar que sus cuentas son transparentes -cosa a todas luces falsa-, cuando la instrucción del caso tiene “acreditada” la existencia de una ‘Caja B’ paralela desde 1900 a 2008…?
Esta cínica autodefensa del PP, ha llevado de forma inmediata a que el pasado 21 de enero Bárcenas pormenorizase con todo lujo de detalles en una declaración mediante videoconferencia ante la Comisión del Parlamento de las Islas Baleares que entiende del ‘caso Son Espases’ la contabilidad ‘B’ del partido y como se financiaba ilegalmente con expreso conocimiento de Rajoy (luz y taquígrafos). Es decir, que si en el PP no quieren chocolate van a tener que tomar taza y media.
Además, aprovechando la imprudencia con la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le había acusado un día antes de apropiarse del dinero del partido (que en ese caso sería obviamente dinero ‘B’), le retó a interponer contra su persona una querella “por apropiación indebida”. En fin, que el imputado Bárcenas no parece dispuesto a comerse el marrón de su partido, que en otros tiempos tuvo a bien hacerle senador ‘cunero’ por Cantabria, así como así (y puede que no le falten pruebas para complicarle la vida a Rajoy y a sus antiguos conmilitones justo en este decisivo año electoral).
Con todo, el comunicado del partido en el Gobierno sólo puede responder a una ignorancia legal y procesal supina -supuesto ciertamente increíble-, o a una descomunal tomadura de pelo a los ciudadanos, desvergonzada y rayana en la estulticia política, que es por donde últimamente discurre toda su acción propagandista. Pobre cosa.
La actitud numantina del PP, no dando la cara ante las graves acusaciones de corrupción hechas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado (instrumentos de dependencia gubernamental), es tan vergonzosa que aquellos pocos medios informativos que de vez en cuando todavía muestran algún destello de dignidad profesional en su narración de la política nacional (los que la mantienen de forma permanente se cuentan con los dedos de una mano), no han tenido más remedio de dejar constancia de la ‘política del avestruz’ desarrollada por el PP ante la gravedad del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ y de su nefasta proyección sobre nuestra deteriorada democracia. Esta es, sin ir más lejos, la advertencia lanzada por El País (21/01/2015) en una de sus editoriales sobre el tema:
El Partido Popular no ha tenido empacho en definirse como “ajeno” a las gravísimas acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que pide 800 años de cárcel para los 41 procesados en la primera fase del caso Gürtel, entre ellos tres extesoreros de la dirección nacional del partido. En los países serios, los principales responsables de la organización afectada habrían salido de inmediato a dar explicaciones y asumir las consecuencias tras un escrito de cargos de tales características. Sin embargo, el partido que gobierna España se esconde tras un simple comunicado desde el que lanza balones fuera.
No estamos en 2009, cuando Mariano Rajoy y su equipo hablaban del caso Gürtel como de “una trama contra el PP”, sino de un sumario en el que ya se han producido dos pasos capitales hacia el juicio: el cierre de las investigaciones por parte del juez instructor, Pablo Ruz, y la formalización de las acusaciones del ministerio público. Salir ahora con la teoría de que el partido no tiene nada que ver con todo eso es poco más que un chiste.
La fiscalía da por confirmada la existencia de una caja B en el partido, una contabilidad paralela opaca manejada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Y además, el ministerio público incluye al PP como participante a título lucrativo, dato este último que el vicesecretario general, Carlos Floriano, presenta como si el partido fuera ajeno a los hechos delictivos. No puede ser más lamentable la gestión política llevada a cabo respecto al caso más voluminoso en la historia de la Audiencia Nacional, con más de 2.000 tomos, el que más recursos ha consumido y en el que decenas de comisiones rogatorias han tratado de desentrañar la compleja red de blanqueo de dinero que habían montado los principales acusados en países de tres continentes.
En nada disminuye la gravedad del asunto el hecho de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal permita la salida de la cárcel de Luis Bárcenas, tras 19 meses en prisión provisional, con 200.000 euros de fianza. Es una decisión de efectos todavía no precisados, pero la reacción pública de la cúpula popular ha sido la misma que frente a las acusaciones de la fiscalía: Bárcenas ya no está en el partido. Como si haber dejado de ser miembro fuera suficiente para pretender que el PP no tenga nada que ver.
Experta en las tácticas del regate, la dirección de esta organización política practica la huida hacia adelante, al parecer confiada en que el balance de la recuperación económica y la agitación del voto del miedo contra “la inestabilidad”, le ahorrará en las urnas el pago de las facturas de la corrupción. Difícil empeño ante el peso de las evidencias que vinculan al Partido Popular con una trama de corrupción política de enormes dimensiones. En vez de aclarar los excesos cometidos, el partido gobernante prefiere practicar la política del avestruz.
Pero es que, más allá de esta deplorable actitud escapista, la conclusión de la instrucción judicial de esta primera pieza del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ denominada ‘Época I’, sólo es el aperitivo de un escándalo mucho mayor, de proporciones sin precedentes; y al que, además, siguen otros con similar o peor tipificación delictiva. Es decir, que la corrupción ha entrado a saco por las puertas y ventanas del PP, al margen de lo que haya sucedido o pueda suceder en otros partidos también dentro de ese mismo y deplorable ámbito.
La corrupción ha entrado a saco en el PP
Una concatenación de escándalos de corrupción sin solución de continuidad ante la que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, no tiene más respuesta que afirmar en tono huraño y desabrido: “Estamos a lo que digan los tribunales que son los que tienen la última palabra sobre este asunto”. Faltaría más que no lo estuvieran y que pretendieran conculcar la legalidad vigente quien sabe cómo; aunque la cuestión es que en democracia, y por encima del ordenamiento jurídico, es ineludible dar una explicación política del caso y depurar las consiguientes responsabilidades.
Máxime cuando, además de ser un partido político, el PP ostenta la potestad de Gobierno -con mayoría parlamentaria absoluta- y, por tanto, el poder para garantizar el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y en consonancia con los principios y valores constitucionales. Una posición que en modo alguno puede compadecerse con su actitud de pasividad ante la corrupción, con su simple remisión a los tribunales de justicia y, menos aún, con fomentarla o permitirla dentro de su propia organización.
Y esa falta de autocrítica dentro del PP y su nula disposición de enmienda, es la que le ha llevado a despreciar las necesarias barreras de contención del problema -no digamos su erradicación- y a no controlar el daño electoral y de reputación social. Ahora se está sólo en la perversa praxis de presentar la corrupción como práctica generalizada de todos los partidos (que lo es, si bien en muy distintas graduaciones), tratando de evitar así que el fenómeno reste votos a ninguno de ellos o los reste a todos por igual: una vergonzosa enajenación política basada en la idea de que una desgracia es más llevadera cuando se padece generalizadamente (‘mal de muchos consuelo de tontos’).
Con el agravante de que, a pesar de su mayoría parlamentaria absoluta, el PP no ha propiciado ninguna medida legislativa de lucha eficiente contra el fenómeno de la corrupción política. Simplemente ha dado un baño de barniz a los cuestionados mecanismos de financiación de los partidos para que sigan siendo posibles las donaciones ‘contra favores políticos’, guardando un poco más las formas (por ejemplo, limitando las entregas a medio millón de euros, con lo que para donar cantidades superiores sólo hay que trocearlas en varias operaciones distintas); y manteniendo los aforamientos e indultos con los que se protege esta lacra del sistema y a los delincuentes que viven de ella, desprestigiando profundamente la democracia.
Pero si Rajoy está, como dice, “a lo que digan los tribunales”, fíjense en el calvario que, a grandes rasgos, le queda por sufrir sólo con el ‘caso Gürtel-Bárcenas’:
Dejemos, de momento, esta densa lista de espera para enjuiciamientos y sentencias como una inacabada retahíla de casos de corrupción integrados en el escándalo ‘Gürtel-Bárcenas’, con los que el PP dice no tener nada que ver pero que está sentando en el banquillo de los acusados a muchos de sus máximos dirigentes y cargos electos con sus siglas. Por supuesto para vergüenza pública de Mariano Rajoy y sufrimiento de las gentes limpias del partido que han de soportar tantos mangantes entre sus directivos y cargos electos.
La política del avestruz, mala consejera electoral del PP
Aunque, por si todo ello fuera poco, que no lo es, ahí está el estallido más reciente de la red de corrupción política destapada con la ‘Operación Púnica’ en octubre de 2014, afecta básicamente al PP y dedicada a más de lo mismo.
Con ese nombre bautizó la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) el plan desarrollado a instancias del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, para desarticular otro sistema organizado de corrupción política dedicada a adjudicar servicios públicos a cambio de pagos ilegales, que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario. Según la Fiscalía Anticorrupción se trata de una “trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia”.
Entre los arrestados se encuentra Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, ex alcalde de Valdemoro, ex senador y persona que ostentó los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior y de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Y aunque entre los implicados se encuentre José María Fraile, a la sazón alcalde socialista de Parla, esta nueva trama de corrupción tiene también el mismo color popular que la del ‘caso Gürtel-Bárcenas’. Es decir, ya hay que hablar de un arraigamiento profundo de la delincuencia dentro del PP, percibido de forma clara y rotunda por el cuerpo social y diga lo que diga la dirección del partido.
Porque junto a Granados, miembro relevante del PP, y a los alcalde de Parla (PSOE) y de Serranillos del Valle (de la Unión Demócrata Madrileña), nada menos que otros cuatro alcaldes ‘populares’ en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (los actuales de Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, y Collado Villalba) están implicados en la red. A quienes hay que añadir el ex alcalde de Cartagena y el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, ambos del PP, además de otros cargos políticos de menor nivel y los empresarios supuestamente corruptores (de momento hay quince personas imputadas).
Un frangollo de corrupción al que hay que añadir nombres de delincuentes convictos de alto copete dentro del mismo PP, como el de Jaime Matas, todo un ex ministro y ex presidente del Gobierno Balear, o el de Carlos Fabra, que fue concejal del Ayuntamiento de Castellón de la Plana durante 24 años y presidente de la Diputación Provincial durante 16. O los de personajes tan controvertidos como Francisco Camps, Ricardo Costa, Juan Cotino, Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi… Y casos notorios de corrupción como los ‘Brugal’, ‘Pokémon’, ‘Nóos’, ‘Palma Arena’…, y otros menos conocidos pero también indicativos de la amplitud y capilaridad social del problema (los ‘Góndola’, ‘Morelábar’, ‘Ciudad del Golf’…).
En fin, está muy claro con quienes se vienen jugando los españoles desde hace tiempo su apuesta electoral, al menos hasta ahora. Y sobre todo que, con su política del avestruz, el PP no tiene la menor intención de enmienda en materia de corrupción política y regeneración democrática (tampoco la tiene el PSOE que en eso va más o menos a la par).
Es más, todo indica que las numerosas causas de corrupción política en fase de instrucción judicial, como después sucederá con las vistas de los juicios orales correspondientes, seguirán aportando en este decisivo año electoral información clarificadora sobre la baja estofa de nuestro establishment político. Pocas dudas hay de que la torpe estrategia de aguantar el chaparrón, ponerse la gabardina y esperar a que amaine, no vaya a hacer saltar por los aires tanto al PP como al PSOE, y que ambos partidos no se encuentren muy pronto conque sus tradicionales electores se cambian de camiseta para que otros tomen las decisiones que ellos son incapaces de tomar. Eso es lo suyo.
La evolución del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ está siendo bien significativa al respecto, como lo será la ‘Operación Púnica’. Entre otras cosas porque, como apunta José Manuel Romero comentando en El País (24/01/2015) la venganza de Bárcenas una vez concluida su prisión preventiva (“Rajoy conocía la Caja B del PP desde el principio”), quienes se están jugando penas de cárcel de grueso calibre no son precisamente caballeros de rancia estirpe, sino gentuza de pocos escrúpulos y ninguna lealtad. Fíjense por dónde van los tiros de dicho análisis periodístico:
Los que pensaban que la libertad bajo fianza del ex preso preventivo Luis Bárcenas era un pago a cambio de su silencio se han estrellado contra la realidad en apenas tres capítulos. Desde que la Audiencia Nacional aceptó el pasado martes su recurso para quedar libre tras 19 meses preso, el ex tesorero del PP ha tenido tres altavoces y no ha desperdiciado ninguno para airear corruptelas en la formación conservadora. No cabe un silencio más estruendoso, ni una acusación más contundente contra el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
1.- Todavía en la cárcel, Bárcenas compareció el pasado miércoles por videoconferencia ante la comisión creada en el Parlamento de Baleares para investigar un intento de amaño en el contrato para la construcción y explotación de un hospital. El ex tesorero no sabía nada del asunto pero aprovechó la oportunidad para reiterar que el PP se financió ilegalmente durante 15 años y revelar que entre las múltiples operaciones irregulares que conoció estaba el pago en b de la sede del partido en Palma de Mallorca.
2.- Con la prisión de Soto del Real a sus espaldas, ya libre tras abonar la fianza de 200.000 euros, Bárcenas reiteró el jueves a decenas de periodistas su versión sobre la financiación ilegal; se mostró dispuesto a asumir su parte alícuota de responsabilidad y sugirió que el PP no debía temer nada ahora que estaba en la calle. De paso, le recordó a Rajoy que había seguido su consejo de aguantar y ser fuerte.
3.- A mediodía del viernes compareció en la Audiencia Nacional, obligado por el auto judicial que fija las condiciones de su libertad. Tras cumplir con la firma obligada en el juzgado, Bárcenas acudió al corrillo de periodistas que le esperaba en la calle, antes lo había hecho igual al salir de su casa, para disparar contra el presidente: “Rajoy conocía desde el principio la contabilidad b del PP”.
Una andanada mayúscula que no encaja del todo con los hechos conocidos y sugiere más bien un ánimo de venganza que Bárcenas ha podido cultivar durante sus 19 meses de encierro contra Rajoy. al que culpa en parte de su situación. El ex tesorero acusó al presidente del Gobierno de conocer la caja b del PP "desde el principio" pero aseguró que no le constaba que José María Aznar también lo supiera. Los papeles de la caja B escritos de su puño y letra cuentan una historia muy distinta. En 1990, Bárcenas anotó varios pagos en b a dirigentes del PP por “orden de José Mª”. Aznar fue máximo jefe del partido hasta 2003, con Bárcenas de gerente controlando la caja b. Rajoy estuvo en el tercer escalón del aparato hasta 2003 como vicesecretario general. En los papeles de Bárcenas sólo se registran pagos a Rajoy desde mayo de 1997, siete años después de que empezará a funcionar la caja b, y hasta julio de 2008.
De todos los secretarios generales que ha tenido el PP en el periodo investigado, Rajoy es el único que no ha sido citado a declarar por el juez. Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y Dolores de Cospedal acudieron como testigos, y Ángel Acebes llegó a estar imputado. Una de las acusaciones populares ha pedido que Rajoy declare como testigo en el juicio oral. La venganza de Bárcenas persigue al presidente.
En alguna ocasión ya hemos comentado que tanta desidia en la lucha contra la corrupción pública, y tanta confianza en el modelo bipartidista del ‘quítate tú para ponerme yo’, es una de las causas principales del advenimiento de Podemos. Partido nacido en buena medida de esa pasión del alma que mueve a indignación y enojo llamada ‘ira’; la misma -decía Luis Vives- que “muda la naturaleza del hombre en una fiera espantosa”.
PP y PSOE han entendido durante demasiado tiempo y de forma equivocada que el pueblo español aguanta todo lo que los políticos le quieran echar encima, como un atavismo de nuestro caciquismo histórico. Y eso ya no es así. Por lo que vaticinamos, como sugiere nuestro titular, que vamos a tener un año electoral movidito.
A ambas formaciones políticas hasta ahora mayoritarias, les convendría recordar lo que Schiller, siempre empeñado en la educación estética del hombre, escribió poéticamente en relación con la subyugación política: “El mismo buey de labor -ese dulce compañero del hombre que con tanta docilidad doblega el cuello a su yugo- lanza con su potente cuerno al enemigo que le excita hasta las nubes”.
Y que Homero, narrador de grandes epopeyas, afirmaba que la venganza es más dulce que la miel. Quizás por eso se la define como un auténtico manjar y se sostiene que gana cuando se come en frio y no en caliente. Puede que en este año electoral esa venganza ya esté a la temperatura adecuada para los votantes, aunque el decirlo quede mal.
Fernando J. Muniesa