El tremendo escándalo generado con el indulto concedido por el rey Mohamed VI al pederasta de nacionalidad española Daniel Galván Viña, condenado en 2011 por el Tribunal Penal de Kenitra a 30 años de prisión por abusos sexuales a 11 niños de entre 3 y 15 años, acompañado de gran repercusión mediática a nivel internacional, exige que el Gobierno de en el Congreso de los Diputados las explicaciones oportunas sobre el caso nada más reiniciarse el curso legislativo.
Dicha comparecencia debe corresponder al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, directamente responsable del procedimiento que se haya podido seguir en el traslado a España de los 48 presos españoles indultados con motivo de la denominada Fiesta del Trono. Porque a efectos políticos nada tiene que ver la posible vinculación del pederasta español con el CNI ni con cualquier otro Servicio de Inteligencia, prevaleciendo su condición criminal y la naturaleza del delito cometido.
Tampoco es de recibo achacar al rey Juan Carlos la torpeza activa de incluir en la lista de los reos indultados al pederasta Daniel Galván, ni la pasiva de no haber evitado dicha inclusión por parte de quien hubiera podido tener especial interés en ella.
De hecho, según la nota emitida en Rabat por el Palacio Real, el monarca español se limitó a pedir protocolariamente al monarca alauí, durante su reciente visita a Rabat -en la que estuvo acompañado por varios ministros españoles, entre ellos el propio de Justicia- que concediese “su gracia a 48 ciudadanos españoles condenados por diferentes tribunales del Reino”, incluidos en una amplia medida de indultos parciales o totales que afectaba a un total de 1.044 presos. Tras el indulto, y como se informó desde el Palacio de La Zarzuela, el rey Juan Carlos llamó al soberano marroquí para agradecerle “profundamente” su gesto.
Cosa distinta es el resultado que tengan las pesquisas obligadas por parte del Ministerio de Justicia español sobre las circunstancias habidas en el particular y lamentable indulto del pederasta español, implicando o no al CNI o a cualquier otro organismo público. Y, por supuesto, aclarando el criterio y las posibles recomendaciones con que se ha establecido y aceptado la relación concreta de los indultados españoles.
De todo ello es de lo que debe responder Ruiz-Gallardón ante los grupos políticos que ejercen el control del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El tremendo escándalo generado con el indulto concedido por el rey Mohamed VI al pederasta de nacionalidad española Daniel Galván Viña, condenado en 2011 por el Tribunal Penal de Kenitra a 30 años de prisión por abusos sexuales a 11 niños de entre 3 y 15 años, acompañado de gran repercusión mediática a nivel internacional, exige que el Gobierno de en el Congreso de los Diputados las explicaciones oportunas sobre el caso nada más reiniciarse el curso legislativo.
