Los medios de comunicación social han recogido con notable complacencia la iniciativa de la Casa Real de publicar los sueldos asignados de forma individual a cada uno de sus miembros (orden y concierto, por tanto, para la nómina oficial del Rey, de Doña Sofía, del Príncipe Felipe y de Doña Letizia), junto a otros detalles del presupuesto de libre disposición que le asignan las Cortes Generales. Una noticia aplaudida de forma general por la clase política (la opinión del conjunto de la sociedad como tal es distinta y menos contrastada).
Nosotros también nos congratulamos de este ejercicio de transparencia que sin duda alguna mejora la deteriorada imagen de la Institución Monárquica. Pero esa decisión, indiscutiblemente positiva, comporta en sí misma el reproche de no haberse tomado hace tiempo, durante los muchos lustros transcurridos desde la instauración de la nueva monarquía borbónica (1975) o, al menos, desde que se constitucionalizó en 1978.
Buena cosa, pues, aunque llegue tarde y, por consiguiente, llegue mal, o no tan bien como podía haber llegado. Porque lo cierto es que no se trata de algo sobrevenido exactamente por “iniciativa” de la Corona, como se ha dicho, sino de una decisión forzada por los acontecimientos y en el marco del deplorable ‘caso Nóos’: un último escándalo -esa es la palabra precisa- que no ha dejado de pesar en contra de la Corona (esperemos que sea el último).
Lo que pasa es que algunos comentaristas palaciegos han llevado sus aplausos y parabienes ante la iniciativa, que debieron haber sido algo más comedidos, hasta el punto de presentar la Casa del Rey (o la Jefatura del Estado) como la más modesta o la peor pagada de los países homologables a España. Cosa absolutamente incierta y con la que tales personajes siguen en las andadas del innecesario panegírico baboso que tanto daño hace a la Monarquía; es decir, que tanto provoca su rechazo y tanto promociona la República a nivel social.
Para poner las cosas en su sitio, alguien debería aclarar cuál es, de verdad, la ingente aportación extra del Estado al funcionamiento o mantenimiento de la Casa Real. Porque ¿el Regimiento de la Guardia Real, por poner un ejemplo, que es de auténtico súper lujo, acaso no comporta un gasto diez veces superior a los 7.775.040 euros asignados a la Institución en 2014 según los Presupuestos Generales del Estado, y que se presentan como el ‘costo total’ de la misma…?
En la página web de la Casa Real se explica sin detalles concretos que, con esa cantidad anual, se hace frente a numerosas obligaciones económicas: retribuciones, cuotas y prestaciones sociales del personal de alta dirección, dirección y laboral adscrito; gastos de funcionamiento y determinado tipo de suministros; gastos de protocolo y de representación (como almuerzos, cenas y recepciones); dietas y gastos de transporte; compra de material diverso para el funcionamiento de los servicios, etc.
Sin embargo, esa es una descripción justificativa del presupuesto anual que poco o nada tiene que ver con la realidad, ya que ni por asomo contempla todos los gastos de la Institución Monárquica que soporta el erario público y que van cargados a las cuentas de diferentes instituciones. Por poner otro ejemplo, ese es el caso de las nóminas de la mayoría de los empleados al servicio de la Corona (un pequeño ejército), que, a excepción de once altos cargos cuyos sueldos rondan los 700.000 euros, se asumen íntegramente por la Administración General del Estado.
Del mismo modo, tampoco se conoce la cuantía de otros gastos que no se incluyen en los presupuestos de la Casa Real, pero que se derivan de todas y cada una de sus actividades. Así, el parque de vehículos en los que se mueven sus miembros se computa como partida de gastos del Ministerio de Hacienda; el mantenimiento de las instalaciones y viviendas adscritas al uso de S.M. el Rey y de la Familia Real (de titularidad estatal incorporada al Patrimonio Nacional), entre ellas los palacetes de Marivent y El Pardo con todos sus gastos, es responsabilidad del Ministerio de Presidencia; el coste de los viajes oficiales lo asume el de Asuntos Exteriores y la seguridad que se despliega en ellos se carga a la cuenta de Interior…
El propio jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, advirtió en su momento que el uso de los aviones VIPs por parte de Zarzuela estaba “abierto a debate”, dejando la pelota en el tejado del Gobierno al alegar: “Los dueños de los aviones tendrán algo que decir”.
En definitiva, la inmensa mayoría de los gastos en relación directa con la Corona no se corresponden con la asignación específica de los Presupuestos Generales del Estado a la Casa Real. Su monto total, presumiblemente de gran dimensión, se desconoce por la dificultad de localizarlos y concretarlos dentro de las arcas públicas, disgregados entre varios organismos públicos y camuflados incluso en sus gastos reservados o protegidos por el ‘secreto oficial’.
Bienvenida sea la ‘gotita’ de transparencia emanada del delicado tarro de las esencias regias. Pero seamos prudentes, no hagamos comparaciones (que pueden volverse fácilmente contra la Institución) y dejémoslo en lo que es: una gotita y no en el diluvio universal.
