La fuga de empresas que se ha producido en Cataluña desde el pasado 1 de octubre es sólo el preludio de la debacle económica que le espera a esta comunidad autónoma en el caso de que sus políticos mantengan su órdago al Estado. Este mensaje lo ha recibido el consejero de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, de boca de los representantes de la principal organización empresarial catalana, Foment del Treball, que han vaticinado que el derrumbamiento tendría lugar "en cuatro fases" y culminará con un importante aumento del desempleo en la región.
En estas comunicaciones, han pedido al Govern que retorne a la senda de la legalidad cuanto antes. También le han trasladado que la conflictividad que se vive en esta región ha afectado a su imagen y ha provocado que una parte de los inversores encojan la mano.
Fuentes de Foment han asegurado a Vozpópuli que Vila -político en ascensión en el PdeCat- ha sido el principal interlocutor con la organización durante las últimas semanas. En los contactos “informales” que han mantenido, los representantes de la patronal le han dejado claro que si el conflicto político en Cataluña prosigue, la economía de esta comunidad autónoma se deteriorará de forma progresiva. “Las peores consecuencias no serán inmediatas, sino que podrían tardar meses o incluso algunos años en aparecer. Pero lo harán si esto sigue así”, han incidido.
Desde esta organización argumentan que el declive económico de esta región se producirá en cuatro etapas. La primera se puso en marcha hace unas semanas, cuando comenzó la emigración de empresas hacia otras comunidades. A esta diáspora se han sumado ya más de 800 sociedades, entre las que se encuentran algunas de las principales cotizadas del país, como CaixaBank, Abertis, Gas Natural o Banco Sabadell. El ritmo “asusta”, dado que desde el pasado 1 de octubre se produce la marcha de un empresario cada 20 minutos y no parece que esta tendencia se vaya a revertir mientras no se restablezca la normalidad en Cataluña.
En Foment insisten en que las peores consecuencias de este éxodo empresarial todavía no son palpables, entre otras cosas, porque todavía no ha afectado al empleo. No obstante, avisan de que las noticias negativas que se han difundido sobre esta comunidad autónoma -como consecuencia de esta desafío político- han ocasionado un “daño a la reputación” de la región que ha generado dudas entre los inversores. Ahora, como es lógico,temen que la inestabilidad perjudique a sus negocios actuales o futuros.
DEFCON-2
La patronal ha alertado a Vila en estas conversaciones de que todo puede ir a peor en unas semanas o en unos meses. La segunda fase de este declive comenzará cuando las empresas destinen a otros puntos de España -o de otros países- las inversiones que pretendían realizar en Cataluña. Entonces, podría iniciarse la tercera etapa, en la que los territorios que compiten con esta comunidad autónoma ofrezcan ventajas fiscales a los empresarios para evitar que retornen a su lugar de origen o para atraerlos desde allí.
En el caso de que no se restablezca el orden en un período de tiempo razonable, se activará el cuarto nivel de alerta y las grandes empresas de Cataluña comenzarán a mover a sus trabajadores fuera de esta región. Evidentemente, todos estos factores afectarán al consumo y, por tanto, a una buena parte de las pymes, que cuentan con un mucho menor margen de maniobra para remontar el vuelo y no tienen la posibilidad de cambiar de ubicación.
Santi Vila y, por tanto, el Govern son conscientes del análisis de Foment del Treball. Sin embargo, han optado por dar la callada por respuesta y por imponer la agenda política a la lógica económica. Por hacer prevalecer el sueño independentista sobre la seguridad de los empresarios, han lamentado los mismos informantes.
Cabe recordar que el pasado día 9, Foment difundió un duro comunicadoen el que criticó que el Govern traspasara “fronteras de ilegalidad" y llevara “al país hacia el descrédito nacional e internacional, y quién sabe si hacia la insolvencia económica”.
Sobre la fuga de sociedades, se expresó de la siguiente forma: “Foment ha estado, está y estará siempre al servicio de las empresas de Cataluña, con el convencimiento de que sin empresas no hay país, y perderlas nos empobrece”.
Interpretación tramposa
Las fuentes consultadas por este periódico lamentan la interpretación que la Generalitat realizó de los resultados de las últimas elecciones autonómicas, puesto que se consideró legitimada para seguir con el proceso soberanista pese a que los partidos defensores de la independencia no fueron capaces de obtener la mayoría de los votos. “Cataluña no es Eslovenia, pues allí el 94% de los habitantes era partidario del separatismo. Aquí nos encontramos ante un conjunto de gente muy movilizada y que desde hace unos años ha monopolizado el debate político, pero que no han sido capaces de obtener una mayoría tan clara. Y eso es malo para todos los ámbitos de la sociedad, incluido el empresarial”, afirman.
Y añaden: “el problema es que ni la declaración unilateral de independencia ni la aplicación del artículo 155 (de la Constitución española) resolverán esta situación”.
Celsa, el mayor grupo industrial de Cataluña, prepara su mudanza por la independencia
La huida continuada de empresas de Cataluña tiene un nuevo protagonista. Se trata de Celsa, el mayor grupo industrial de la comunidad autónoma presidida por Carles Puigdemont, propiedad de lafamilia Rubiralta. La multinacional siderúrgica, que emplea a 9.000 trabajadores en todo el mundo, tiene todos los trámites burocráticos para trasladar su sede social de Barcelona. La decisión se adoptará en los próximos días por el riesgo que tendría para sus exportaciones una declaración unilateral de independencia (DUI).
La familia Rubiralta, propietario de Celsa Group, analizó ya hace unas semanas en el comité de dirección la posibilidad de cambiar la sede social de Barna Steel, la sociedad domiciliada en Castellbisbal y empresa clave del 'holding'. El equipo gestor dirigido por Francesc Rubiralta encargó a sus abogados preparar todos los trámites legales para la mudanza del cuartel general de la cabecera de Celsa para, en caso de que la Generalitat se decantase por romper con España, el grupo siderúrgico pudiera seguir operando con normalidad.
Dada la paralización de la actividad constructora en el país, cerca del 70% de las ventas de Barna Steel procede del extranjero, por lo que tener un marco jurídico estable es vital para garantizarse el pago de unos aranceles estables. Sobre todo porque el grupo metalúrgico, anteriormente denominado Global Steel Wire, usa el puerto de Barcelona como plataforma de salida de sus productos laminados. La compañía alcanzó una facturación de 3.386 millones en 2016, un 6% menos que en el año anterior, por lo que 2.370 millones los obtiene en el exterior.
Según explican fuentes próximas a la compañía, la decisión de trasladar la sede social la puede adoptar en cualquier momento, puesto que el grupo tiene ya filiales repartidas por España, en ciudades como A Coruña y Vitoria, donde tiene varias plantas (Celsa Atlantic y Celsa Nervacero). No obstante, la compañía fundada ahora hace 50 años por Francisco Rubiralta, fallecido en 2010, podría elegir finalmente Madrid como destino en un momento muy especial para el 'holding', ya que está a punto de firmar la refinanciación de su deuda de 2.564 millones de euros.
Tras varios años con graves problemas financieros —el grupo ha perdido unos 1.500 millones entre 2008 y 2016—, Francesc Rubiralta ha conseguido convencer al 70% de los bancos acreedores para que le alarguen el vencimiento de su pasivo hasta 2022. Santander, el principal prestamista, con 550 millones de riesgo, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankia y Abanca dieron su visto bueno a la reestructuración antes del verano, pero la firma todavía está pendiente de los bancos con menos participación en el sindicado.
La compañía está convencida de que en las próximas semanas rubricará la refinanciación con la mayoría de los acreedores, desglosada en tres tramos. Uno de 500 millones, para cubrir necesidades de circulante. Otro de 900 millones, que deberá amortizar en un plazo único de cinco años. Y un tercero de 1.300 millones, por los que tendrá que pagar intereses desde el primer momento. Su localización actual en Cataluña no ayuda a los bancos más indecisos, especialmente los extranjeros, cuyos comités de riesgo ven con preocupación los acontecimientos en el país.
Pese a que más de 1.000 empresas ya han abandonado Cataluña por la incertidumbre política y el riesgo de un corralito, Rubiralta no ha querido precipitarse, dado el origen catalán de la familia. El aumento de la tensión entre la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy y la cada vez más cercana ruptura obligan al grupo a decantarse para salvaguardar la última gran empresa siderúrgica de Cataluña y España.
Los Grifols, 'los vampiros de Sarrià': los separatistas que viven de la sangre española
Grifols es la empresa que posee el monopolio de la sangre en España. Está compañía catalana es el tercer mayor productor del mundo de plasma sanguíneo y otros hematoderivados. Cualquier hospital español que quiera obtener este tipo de productos, tiene que comprárselo a Grifols. Choca que la empresa que monopoliza la sangre de los españoles quiera irse del país. Esta firma, cuyos fundadores eran conocidos en sus orígenes como “Los vampiros de Sarrià” y que crece gracias en parte a la sangre de los españoles, se ha convertido en el símbolo empresarial independentista por definición.
“Grifols se queda”. Parafraseando a Piqué, los medios afines al independentismo sacaban pecho porque el mayor productor de derivados de sangre de España (y el tercero del mundo), con base en Sant Cugat (Barcelona) no se ha llevado su sede social a otras ciudades españolas. El actual propietario, Víctor Grifols Roura, es un independentista convencido. Jamás lo ha ocultado. Fue el autor de la célebre frase “Tiri endavant, president. No s'arronsi” (“Tire adelante, presidente. No se arrugue”) dirigida a Artur Mas respecto a la declaración de independencia. La Generalitat, por su parte, le respondió reconociéndolo con la Creu de Sant Jordi, el principal galardón que concede el gobierno catalán. Estos detalles, junto a otros como el hecho de ser la única empresa española del IBEX35 que ha mantenido su sede social en Cataluña, han convertido a la marca en una especie de emblema del independentismo.
Pero… ¿es Grifols tan patriota catalana como parece? A efectos prácticos no. Grifols ya se llevó la sede fiscal en 2015 a Irlanda, donde el impuesto de sociedades es del 12,5% y no del 28%, como sucede en España. Cuentan que a Artur Mas le pareció una traición. Pero los negocios son los negocios. "Grifols es una compañía global y realiza sus operaciones donde más le conviene a su negocio", zanjó Víctor Grifols Roura, presidente de la compañía y nieto del fundador Josep Antoni Grífols JR.
Los vampiros de Sarrià
Con Josep Antoni Grífols JR (fallecido en 1958 curiosamente de leucemia, un cáncer en la sangre) empezó todo. Él fue el médico pionero que manipulaba sangre en un pequeño laboratorio de la zona alta de Barcelona después de la Guerra Civil, y al que la prensa de la época llamaba con recelo “El vampiro de Sarrià”.
En 1940, Josep Antoni fundó los laboratorios que llevan su apellido. Desarrolló una innovadora técnica en materia de tratamiento de sangre llamada plasméresis, el primer gran hito de la ahora multinacional. A partir de ahí, la empresa empezó a posicionarse en la vanguardia del sector de la medicina. El fundador murió en 1958 y la empresa pasó a manos de su hijo Víctor Grífols Lucas.
De la mano de Víctor Grífols Lucas llegó la expansión y la internacionalización en los 90, así como la creación de filiales en el extranjero y la pérdida de la tilde del apellido Grífols en la empresa. Victor Grífols Lucas murió en 2015, pero antes de su fallecimiento modificó el consejo de administración de la empresa y puso al frente a su hijo Víctor Grífols Roura (Barcelona, 1950), que sigue al mando junto a su hijo Victor Grífols Deu y su hermano Ramon Grífols Roura.
El negocio está en Estados Unidos
Los vampiros de Sarrià acabaron dominando el mercado de la sangre en España, aunque el 83% de su mercado se encuentra en Estados Unidos; un país donde se paga por donaciones. El 17% restante de su volumen de negocio se reparte entre España y la República Checa. Eso respecto a la sangre que entra. Sobre los productos ya manufacturados que salen rumbo a hospitales, la multinacional llega a países de los cinco continentes. Ahora mismo, Grifols es la empresa española con mayor inversión y plantilla en Estados Unidos.
La salida a bolsa de la empresa se produjo en mayo de 2006. Cada título valía poco más de 4 euros. Ahora, casi 12 años después, la acción de la empresa catalano-irlandesa está por encima de los 32 euros. Además, desde que estalló el conflicto catalán en octubre, sus acciones no se han resentido en bolsa. Sus pérdidas desde el 1 de octubre son del 1,5, un porcentaje que entra dentro de los cálculos previsibles por las fluctuaciones de la bolsa.
El monopolio de la sangre española
¿Cuál es la importancia de Grifols en el mercado español de la sangre? Es absoluta. Grifols tiene el monopolio de este sector. Cualquier hospital español que quiera comprar plasma sanguíneo o hemoderivados tiene que pasar a la fuerza por esta empresa. Aún y así, los cálculos de Grifols están lejos de nuestro país. Recientemente presentó un viabilidad económica hasta 2021 en el que prácticamente se olvida de España y centra su mercado casi en exclusiva en Estados Unidos. Desde Grifols han pedido en numerosas ocasiones que en España también se remunere la donación sanguínea, tal y como pasa en Norteamérica. En nuestro país no es legal. La donación de sangre es un gesto totalmente altruista.
Así, la muy catalana Grifols pide la independencia de Cataluña, mantiene en Barcelona su sede social y algunas de las plantas importantes de manufacturación, pero nada más. La sede fiscal se la llevaron a Irlanda para pagar menos impuestos, el grueso del negocio está en Estados Unidos, donde tienen previsto expandirse aún más, y algunas de sus sociedades de control están en Holanda, donde radica el grupo Rodellar Amsterdam, que posee el 6,15 por ciento de Grifols. La diversificación geográfica del negocio es una de las claves por las que a esta firma no le ha afectado apenas mantener su sede social en Cataluña.
Se quedan... pero ya están fuera
Tras la desbandada de empresas de Cataluña, Grífols se erigió en el gran estandarte del independentismo. La gran esperanza de los separatistas que pretendían demostrar así que el cambio de sede social no es necesario para mantener un escenario de seguridad jurídica. Pero Grifols hace tiempo que se fue, al menos en parte. De Cataluña y de España. Sonadas fueron las declaraciones de Víctor Grífols Roura en 2016, cuando ante la falta de consenso de los políticos españoles que llevó a España a un temporal vacío de poder, proclamó que “no se vive tan mal sin gobierno”.
Aunque los Grífols se definen como independentistas, ya han demostrado un fuerte desapego territorial. De hecho, la semana después del referéndum, la empresa abrió una puerta a marcharse de Cataluña, declarando (en un comunicado oficial, porque no conceden entrevistas a medios de comunicación) que “en el hipotético supuesto de que la actual situación derivase en un nuevo escenario que pudiese afectar el curso normal de los negocios o de la situación financiera de la compañía, el consejo acordaría las medidas necesarias”. Porque al final, la sangre es la sangre… y la pela es la pela.
Las empresas expulsadas de Cataluña ultiman la segunda parte de su mudanza
Desde el pasado 1-O son ya más de 1.300 las empresas que han abandonado Cataluña. Se trata de cambios de domicilio social y fiscal, que permite garantizar la seguridad jurídica del negocio. Sin embargo, si la situación continúa empeorando esas mismas compañías podrían ir avanzando, progresivamente, en una segunda parte de su retirada.
Se trata del traslado de los principales centros de decisión (comités de dirección, juntas directivas, direcciones críticas como la financiera, entre otras) o infraestructuras críticas corporativas, con el objetivo de mitigar riesgos que puedan afectar al negocio. Es el caso, por ejemplo, de los centros de datos de las entidades financieras; o de los servicios administrativos de las grandes compañías.
La seguridad del negocio
De lo que se trata es de reducir la exposición a una Cataluña independiente; pero también de mitigar el impacto de una radicalizacion callejera. En definitiva, se buscaría garantizar los ‘procesos vitales’, evitando riesgos de cambios normativos o un aumento de la violencia callejera.
Banco Sabadell podría ser un ejemplo de ello. Según explican fuentes financieras, el consejo de administración de este jueves podría analizar -además de las cuentas del tercer trimestre- el traslado de la presidencia del banco y de algunos de sus principales directivos a Madrid.
Lo que se pretende, en este caso, es enviar un mensaje a los mercados de que la toma de decisiones -más allá del consejo de administración- también está en una zona en la que no existe ningún tipo de inestabilidad.
Un ejemplo que podría cundir en el resto de grandes compañías, explican fuentes financieras. Especialmente en aquellas empresas que cuentan con grandes centros críticos de procesamiento y almacenamiento de datos. En definitiva, a las partes que están más expuestas a la región. Algo que afectaría a bancos, aseguradoras y empresas de casi todos los sectores.
La calificación
El objetivo de las compañías es mantener la seguridad del negocio, pero también -en el caso de las corporaciones más grandes- de mantener las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias de rating.
Basta con mirar el último informe de Moody’s. En él la agencia de calificación recuerda que cualquier empresa que sea calificada y esté basada en Cataluña, podría ver recortada su nota ya que la región -si hubiera independencia- quedaría con una nota de bono especulativo y sin el respaldo del Gobierno de España.
Lo mismo podría ocurrir, dice Moody’s, “aunque se trasladaran, ya que su exposición a Cataluña podría tener implicaciones negativas”. Especialmente por las tensiones económicas, políticas y regulatorias que se podrían generar si hubiera un proceso de independencia.
Esto, por tanto, afectaría a casi cualquier compañía. Aunque es verdad que de las 34 empresas que cuentan con exposición a la región y que están calificadas, tan sólo cinco generan más del diez por ciento de sus ingresos en Cataluña.
Adif y Aena
Pero la preocupación aumenta cuando se habla de grandes negocios regulados cuya actividad no puede trasladarse. Es el caso, por ejemplo, de las infraestructuras.
Empresas como Adif o AENA se pueden ver muy perjudicadas. Aeropuertos o líneas férreas podrían ser expropiados, o verse sometidos a importantes cambios legislativos, lo que afectaría negativamente a sus matrices.
Asistimos, por tanto, a un proceso que será lento y costoso, pero que podría terminar dejando reducida a la mínima expresión el volumen de negocio de compañías que, hasta ahora, tenían el core en Cataluña.
La empresa Invacare, que dirige una prima de Puigdemont, traslada su sede social a Madrid
La empresa Invacare, proveedora de material ortopédico y que en España dirige Ester Puigdemont, prima del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña "debido a la situación política".
Invacare se suma así a las 1.302 empresas que han abandonado Cataluña desde el 2 de octubre —el día después de que se celebrara el referéndum ilegal de independencia— hasta el pasado viernes 20 de octubre, según los últimos datos actualizados por el Colegio de Registradores. En este mismo periodo, solo se han mudado a Cataluña 54, de modo que el saldo negativo se sitúa en las 1.248 empresas. La mayoría de las compañías que se han ido fuera de la comunidad catalana proceden de la provincia de Barcelona.
La compañía, que hasta ahora tenía su domicilio social en Celrà (Girona), ha enviado un breve comunicado a sus clientes en el que explica que "siempre ha buscado el mejor entorno posible para el desarrollo del negocio" y que debido al actual contexto de incertidumbre política, "en breve, procederá al cambio de su sede social".
Fuentes de la compañía consultadas por Efe han evitado comentar la información, avanzada por el diario ABC, y se han remitido a dicho comunicado, que firma Ester Puigdemont Vila, directora de Invacare en España (country manager). La firma se compromete a "seguir siendo el proveedor de referencia del mercado", y señala que comunicará próximamente su nueva sede social a sus clientes.
Invacare se estableció en España a través de la adquisición en 1994 de la empresa gerundense Rehadap, especializada en distribución de productos para rehabilitación. El grupo ha crecido en estos años y se ha consolidado como proveedor de referencia en equipamiento para personas con movilidad reducida, como sillas de ruedas, muletas, caminadores, elevadores o sillas de ducha.
Por otra parte, la empresa BCNData también ha declarado este lunes que traslada su sede social de Cataluña hacia Madrid. "Ante la actual situación política y social existente en Cataluña y la incertidumbre que de la misma se desprende", ha explicado la compañía en un comunicado en el que asegura que la decisión la ha tomado la Junta General de Accionista por unanimidad. Además, han añadido que lo hacen para "salvaguardar los intereses de clientes, empleados y accionistas".
Sin embargo, como ya han hecho otras empresas al trasladarse fuera de Cataluña, han asegurado que la decisión "no implica por el momento el movimiento de empleados", ya que la entidad tiene sus principales sedes en Barcelona y Madrid, y sus oficinas en Valencia, Sevilla y Coruña. Además, han añadido que en función de la evolución de los acontecimientos "se tomarán las medidas necesarias", y "siempre desde una estricta perspectiva empresarial".
El mundo paralelo del vicepresidente Junqueras
"Ya veremos. Vaticinios de este tipo se han hecho otras veces y de momento no han sucedido nunca". Oriol Junqueras, vicepresidente económico del Ejecutivo catalán, respondía así el pasado día 5 ante la posible marcha de Banco Sabadell. Lo decía minutos después de que la entidad comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esa tarde su consejo iba a decidir su traslado. Apenas cinco horas después, esa realidad se consumaba: el Sabadell no solo se llevaba su sede social, sino también su domicilio fiscal a Alicante. Desde entonces, y pese a la salida masiva de firmas, el discurso de Junqueras ha consistido en minimizar la fuga de empresas, advertir de que regresarán cuando se consume la independencia y culpar al Gobierno central de esas salidas.
Los movimientos empresariales habían empezado ya en septiembre, cuando multitud de multinacionales empezaron a parar inversiones y preparar su salida en función de lo que ocurriera a partir del 1 de octubre. Algunas compañías ni esperaron al referéndum para llevar la sede a Madrid, como la gestora de inversiones GVC Gaesco. Tras el referéndum, la actividad en los despachos de abogados y consultas se multiplicó, y varias empresas decidieron activar el plan B: llevarse su domicilio social y fiscal fuera de Cataluña. Cuando esa fuga ya había empezado, Junqueras negó la mayor. "No va a haber huida empresarial", afirmó pocas horas antes de que los bancos y las empresas del Ibex 35 aprobaran su traslado y otras anunciaran que tenían esa opción sobre la mesa.
Advertencias de fuera
El empresariado trató de convencer al Govern que echara el freno. Lo hizo el Círculo de Economía, en una reunión privada con el presidente Carles Puigdemont dos días antes de su comparecencia ante el Parlament, pero también los más cercanos al soberanismo. Tras su discurso, siguió el reguero de empresas que buscaron la protección de sus clientes y accionistas fuera de Cataluña. Los traslados no se ceñían solo al sector financiero ni al Ibex. Pequeñas y medianas empresas, unas 1.300 según admitió la patronal Pimec, seguían los pasos de las grandes. Las advertencias llegaban también de fuera: del Fondo Monetario Internacional, de las agencias de calificación y de inversores internacionales. Según un informe de la consultora de relaciones públicas Kreab, el 55% de los inversores internacionales "no van a tener en cuenta Cataluña como destino de inversión".
Junqueras aceptó la situación ante la cascada de marchas, pero le quitó hierro. "El movimiento de una sede social no tiene ninguna afectación en la realidad productiva de las empresas", sostuvo el vicepresidente, quien obvió que los traslados también afectan al domicilio fiscal de las compañías. Y eso supone la marcha de cuadros directivos. En el Govern se impuso el relato de que las empresas se iban presionadas por el Gobierno central y que "ya volverían". Pero algunas, como Planeta, anunciaban que la decisión adoptada era "definitiva".
Todas esas ideas fueron plasmadas en el documento elaborado por el departamento de Junqueras que llegó a la mesa de inversores y consultoras. En él se daba cuenta de los buenos datos de crecimiento, inversión extranjera o exportaciones. Pero todos anteriores a la fecha del referéndum. El informe concluía que, dado que las compañías conocían "la voluntad de Cataluña para convertirse en un Estado", el procés no iba a afectar a la economía. Pero varias fuentes explican que a los inversores les inquietó sobremanera la segunda parte del documento, en la que se consideraba "poco probable" que Cataluña quedara fuera de la UE y se anunciaba la intención de crear un Banco de Cataluña. Junqueras tenía previsto el viernes reunirse con multinacionales, pero el encuentro fue suspendido.
Ante la marcha de las empresas y el deterioro de la economía, la diputada del PSC Alícia Romero pidió el pasado día 17 la comparecencia de Junqueras en el Parlament, sin que esta aún se haya producido. El pasado viernes, los socialistas anunciaron que tratarían que el vicepresidente acudiera a la comisión de Empresa, en cuya mesa el bloque independentista está en minoría, junto al consejero Santi Vila. Este último, explican fuentes de la patronal, está lidiando con la situación y reuniéndose con los agentes económicos catalanes. "Él sí es consciente de la gravedad de todo cuanto está sucediendo, pero me temo que el president no lo escucha lo suficiente", explican fuentes de la patronal catalana.
El papel de Vila
Cuando Junqueras descartaba una fuga de empresas, Vila decidió crear un gabinete de crisis que periódicamente analiza todos los indicadores de coyuntura y atiende a patronales, gremios o sindicatos. A ese gabinete han acudido los comerciantes, por ejemplo, para pedir que el Gobierno evite que las movilizaciones se produzcan en días laborables. Según fuentes del Ejecutivo catalán, la realidad que llega a ese órgano es distinta de la que ve Junqueras. "Los números no son los que da a conocer el Gobierno central, pero sí vemos caídas de actividad, como en el turismo", sostienen estas fuentes, que confirman la preocupación de Vila. "Lógico, está en el día a día", añaden.
Vila rechazó el viernes la movilización promovida por Òmnium Cultural, que consistía en llamar a los ciudadanos a que retiraran efectivo de los cajeros. Junqueras, en cambio, no condenó la iniciativa de esa entidad, cuyo portavoz, Marcel Mauri, fue fichado en septiembre como asesor especial del vicepresidente. "Así como respetamos la libertad de empresa, hacemos lo mismo con la de consumo", zanjó Junqueras en una entrevista en Catalunya Radio.
El día anterior, Junqueras había participado en un acto de la Cámara de Comercio de Barcelona. Junto a él, estaba Albert Martínez Lacambra, consejero delegado de Agbar, que ha trasladado su sede a Madrid. Por primera vez, Junqueras admitió que esas marchas no le "satisfacen", pero recordó que "260.000 empresas han decidido quedarse". Ese dato se ha integrado en el discurso del Govern. Aunque, de nuevo, obvió que en esa cifra se incluyen autónomos, que las grandes empresas suponen casi el 40% del PIB catalán y que solo cien compañías concentran la mitad de las exportaciones. En lo que va de mes, 1.300 empresas ya se han ido.
Mentiras y medias verdades en el plan económico de la Generalitat
Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y responsable de Economía, publicó el pasado 15 de octubre La situació de l’economia en un Estat català, un documento en el que desgranaba los motivos por los que una Cataluña independiente sería algo viable y deseable. Las 13 páginas del texto están, sin embargo, plagadas de datos erróneos —como que el PIB catalán sea similar al de Dinamarca: según Eurostat, en 2015 equivalía al 75%—; medias verdades —como que la fuga de empresas no tendrá efectos—; o directamente falsas —como la idea desmentida de que un hipotético Estado catalán tendría asegurado el acceso al mercado único europeo—. EL PAÍS analiza algunos de los principales extractos dudosos del documento.
1. LAS FALSEDADES
Autogobierno
"Es engañoso que Cataluña disfrute de un grado de autogobierno muy elevado", dice el texto.
El grado de autogobierno de Cataluña está entre los más altos del mundo. En su clasificación de autonomía fiscal de administraciones regionales y locales, la OCDE atribuye a las comunidades autónomas un 23,1% de los ingresos impositivos, un porcentaje superior al de los Estados de países federales como Alemania (21,3%) o EE UU (20,9%). El único país donde las entidades regionales ingresan más que en España es Suiza, con una diferencia de solo un punto porcentual. "Es evidente que Cataluña y el resto de comunidades disfrutan de un sistema de descentralización absolutamente equiparable a los modelos federales más importantes del mundo. A partir de ahí, se puede discutir si un Land alemán tiene más o menos competencias que una comunidad autónoma, porque cada uno las tendrá en áreas distintas. Sí es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha favorecido en los últimos 15 o 20 años al Gobierno central frente a los autonómicos", explica el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Eduardo Vírgala.
Encaje en la UE
"Cataluña es una economía competitiva y abierta al mundo y esta situación no va a cambiar. [...] Los intereses económicos y políticos de la Unión hacen evidente que habrá plena voluntad para que Cataluña siga siendo miembro de la UE y de la zona euro".
Los tratados de la UE no dicen expresamente qué ocurriría en caso de secesión en un Estado miembro. Pero en 2004 el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, dijo: "Si un territorio deja de ser parte de ese Estado por convertirse en un Estado independiente, los Tratados no pueden seguir aplicándose a esa parte del territorio. Y la nueva región independiente se convierte en un país tercero". Desde entonces, la doctrina Prodi se ha mantenido invariable. En los últimos días, se han sucedido las declaraciones de líderes europeos que apuntan que habría un portazo a una Cataluña independiente.
Encaje en la EFTA
"[La salida de la UE y de la eurozona] no ocurrirá. Pero si pasara hay mecanismos para asegurar que Cataluña seguiría en el mercado común a través de un acuerdo bilateral con la UE o con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). [...] La continuidad en el Espacio Económico Europeo (EEE) se puede garantizar a través de la EFTA".
La EFTA es una organización de libre comercio que engloba a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y a través de la cual los tres primeros países pertenecen al EEE. Pero el portavoz de la EFTA ha recordado que para entrar en el EEE es necesaria la unanimidad de los 28 miembros de la UE. Así que España, o cualquier otro Estado de la UE, podría vetar su entrada. Así lo establece el artículo 128 del acuerdo. Una Cataluña independiente podría entrar en la EFTA —si sus miembros están de acuerdo—, pero solo podría comerciar libremente con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El peso de CaixaBank
"El 70% del beneficio de la Caixa procede de Cataluña".
CaixaBank tiene un 39% de su crédito y el 37,8% de sus depósitos en Cataluña. Con esa proporción resulta muy difícil que el 70% del beneficio se genere en Cataluña. De hecho, el otro gran banco catalán, Sabadell, ha explicado que solo el 15% de su facturación corresponde al territorio catalán. A preguntas de EL PAÍS, el departamento de Junqueras admite que este dato es un error que después fue corregido en otra versión definitiva.
2. MEDIAS VERDADES
Riqueza
"El PIB de Cataluña es similar al de Finlandia, Dinamarca e Irlanda y su PIB per cápita supera la media europea en un 14,5%".
El PIB catalán, que Eurostat cifraba en 2015 en 204.189 millones de euros, queda bastante lejos del de Dinamarca (271.786 millones) e Irlanda (255.815); aunque sí es próximo al de Finlandia (209.511). De hecho, se acerca más al PIB de países como Grecia (175.697) o Portugal (179.540). Además, el PIB per capita, según Eurostat, supera la media europea en un 7%, no el 14,5%. Fuentes de la Generalitat explican que este porcentaje procede de Idescat, la oficina estadística catalana, y que se refiere al PIB por habitante en paridad de poder de compra.
Sector exterior
"Las exportaciones catalanas miran cada vez más al extranjero. En 2016, representan el 62,7% del total".
La Generalitat omite que las importaciones foráneas de bienes son muy superiores a esas exportaciones. Hasta el punto de que Cataluña presenta un déficit comercial con el extranjero de 12.683 millones en 2016. De los 18.753 millones que España tiene de déficit solo de mercancías, dos tercios corresponden a Cataluña. Ese déficit comercial catalán solo se corrige gracias al comercio con el resto de España, que convierte el saldo negativo en un superávit de 4.895 millones.
El informe sostiene, además, que Cataluña presenta un superávit de bienes y servicios del 12,1% del PIB gracias a su potente sector servicios, incluyendo el turismo. Sin embargo, no hay datos que lo confirmen. Tan solo se trata de una estimación de Idescat que parece minusvalorar mucho el peso de las importaciones catalanas, según apuntan fuentes autorizadas. Mientras que el registro de Aduanas dice que solo en mercancías (sin contar servicios) Cataluña importó 77.825 millones, Idescat afirma que la suma de mercancías y servicios importados por Cataluña fue de 71.767 millones, 6.058 millones por debajo. Esta estimación a la baja de las importaciones permite decir que Cataluña tiene un superávit superior al de Alemania, algo que los expertos ponen en duda.
Fuga de empresas
"No hay ningún motivo para que las empresas se marchen de Cataluña. [...] El traslado de la sede social de estas empresas no tendrá casi efectos económicos".
Obviando el hecho de que en los últimos días ya se han ido más de 1.300 empresas —entre ellas varias de las más grandes —, es cierto que el traslado de sede no implica a corto plazo grandes cambios en el número de trabajadores o en los ingresos fiscales. Pese a que algunas entidades han desplazado también su sede fiscal fuera de Cataluña, este movimiento no afecta de forma inmediata a impuestos como el de Sociedades, que recauda el Gobierno central. Pero la fuga de empresas sí que tiene importantes efectos sobre la economía. En primer lugar, de reputación, que muy posiblemente acabarán afectando a la inversión extranjera. Y el camino de ida de las empresas rara vez tiene marcha atrás, como muestra el ejemplo de lo que ocurrió en Quebec en los años ochenta. El Sabadell ya ha anunciado que, además de trasladar su sede social, también va a llevar a Madrid parte de su cúpula directiva. Este tipo de cambios suele acabar implicando también el traslado de la operativa, como sucedió en Quebec.
3. TERGIVERSACIONES
Sostenibilidad de la deuda
"Un estudio de Morgan Stanley estima que una Cataluña-Estado mejoraría su rating entre tres y seis escalones".
Este informe existe, y lo dice. Sin embargo, se trata de un documento elaborado en 2014 que presupone que Cataluña solo consigue la autonomía fiscal, no una independencia total. Es decir, asume que ninguna otra condición cambia. No contempla ni cambios en los mercados, ni en la deuda, ni en las pensiones, entre otras cosas. El informe, por tanto, solo sería aplicable en el caso de que Cataluña obtuviese una especie de concierto tributario similar al vasco. Todas las valoraciones recientes de agencias de rating sitúan a Cataluña en el bono basura y dejan, de una forma u otra, muy claro que el rating empeoraría todavía más ahora que amenazan con la independencia.
Seguridad Jurídica
"La transición a la independencia se hará de manera ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica".
El problema de esta afirmación radica en que la Generalitat ni siquiera puede garantizar la permanencia en el euro. Las compañías se marchan precisamente por esa falta de seguridad jurídica. "Las empresas e instituciones con amplia exposición a Cataluña se verían directamente afectadas por el riesgo de incertidumbre legal y una mayor regulación", afirma S&P. Muchos expertos coinciden en que no hay mayor inseguridad jurídica que dos agencias tributarias pugnando por los mismos ingresos.
Marco fiscal
"La hacienda de la República catalana ingresaría 24.000 millones más [...], que superarían ampliamente los aproximadamente 10.500 millones de euros de mayor gasto que supondría la asunción de nuevas funciones".
Esta afirmación no tiene en cuenta los costes de crear ex novo un Estado o los beneficios que existen en las economías de escala. Tampoco contempla la pérdida de recaudación que generaría la crisis económica que propiciaría la independencia. Solo con los datos de las balanzas fiscales parece que los desembolsos que tendría que asumir el nuevo Estado serían mayores que esos 10.500 millones. Solo por pensiones y prestaciones de desempleo rondarían los 7.000 millones. Defensa, acción exterior, infraestructuras, subvenciones, servicios generales y muchas otras rúbricas elevarían bastante la factura.
“Los ahorros estarían garantizados”
El documento de la conselleria de Economía explica que la fuga de bancos ha ocurrido porque necesitaban una garantía de depósitos. El fondo español cuenta con 1.032 millones, de los que la Generalitat se atribuye 270. Además, el Govern anuncia la creación del “Fons Català de Garantia de Dipòsits”. E incluso contempla la posibilidad de compartir el fondo con España convirtiéndolo en “el fons de garantia català-espanyol”. Durante la transición, cabría la posibilidad de que España no reconociera la independencia, dice. “Por tanto, con o sin declaración, Cataluña y sus bancos continúan bajo el paraguas de la normativa financiera europea y los depósitos están garantizados”. “No hay ningún riesgo de perder los ahorros”, subraya. Por último, el informe de Oriol Junqueras sostiene que “el acceso al crédito del BCE estaría garantizado a través de cualquier otra filial o sucursal de un banco catalán en la zona euro”. Y mantiene que la banca podría llevar los activos catalanes al BCE para poder asegurarse la liquidez.
Sin embargo, el ordenamiento español solo cubre depósitos españoles. Cualquier uso en Cataluña del Fondo de Garantía de Depósitos (que alimentan los propios bancos) tendría que ser negociado. Un hipotético Estado catalán nacería sin acceso a la liquidez del BCE y, por tanto, tendría dificultades para financiar un rescate o garantizar los depósitos. En la zona euro, los bancos pueden llevar los activos al BCE para conseguir a cambio liquidez y seguir operando. Pero la legislación del eurobanco es inequívoca: los activos catalanes no serían válidos en tanto que Cataluña y sus bancos no pertenezcan a la zona euro. Y eso encarecería mucho el crédito. Sin el colchón del BCE, las entidades reducirían drásticamente su negocio en Cataluña.
Fuente: El País,Vozpopuli, El Confidencial, El Español
