El poder amparando la coacción, tal como se puede ver en la imagen. La hoja de ruta hacia la independencia descubierta por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la vivienda del ex secretario general de la Vicepresidencia de Economi?a y Hacienda, Josep Maria Jové Lladó, muestra la importancia que la Generalitat daba a un departamento como es el Centro de Seguridad de la Informacio?n de Catalun?a (Cesicat), pero también del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
Esta hoja de ruta preveía, tras proclamar la república catalana, "aprovechar las estructuras ya existentes, adaptarlas y redimensionarlas: fundamentalmente el CTTI y el Cesicat, pero también los Mossos d'Esquadra, que se convertiría en la polici?a del nuevo estado catala?n, compuesto por unos 17.000 agentes.
De hecho, la Guardia Civil intervino el teléfono de Joan Manel Gómez Sanz, te?cnico en Tecnologi?as de la Comunicacio?n y de la Informacio?n en el Consorci Administració Oberta de Catalunya, que anteriormente había sido empleado del Cesicat.
¿Y por qué tiene tanta importancia para la Generalitat de Carles Puigdemont el Cesicat? Pues según consta en un informe del ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza que está incluido en el sumario que investiga el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, porque en la práctica los independentistas lo utilizaban a modo de CNI catalán: para controlar las comunicaciones interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles.
Y por eso el Cesicat es uno de los principales departamentos que deberá controlar el Gobierno de Mariano Rajoy, y que fue objetivo de la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que a las ocho de la mañana había inhabilitado el sistema informático preparado para el referéndum del 1 de octubre.
El documento de la Fiscalía, cuyo contenido ha adelantado la Agencia Efe, explica que la Generalitat llevaba a cabo actividades irregulares con el Cesicat, un organismo, dice el fiscal, puesto en marcha por la Generalitat para apoyar el "proceso unilateral de independencia" en contra de los preceptos del Tribunal Constitucional.
En 2016, el Cesicat pasó a depender del Departamento de Presidencia de la Generalitat, explica el fiscal, y se convirtió en una "pieza fundamental" del "catálogo de estructuras de Estado" que implantó la Generalitat de cara a la independencia.
Así, sus actividades alcanzan, según la Fiscalía, "a la ejecución de actividades de censura (mediante la eliminación de páginas web), al control de las comunicaciones (mediante la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus)" y al acceso a bases de datos ajenas.
Informes sobre empresarios
Asimismo, se dedica "al encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat e incluso a la creación de bases de datos de ciudadanos para diversos fines" y carentes de control.
"Todos los datos objetivos mencionados -prosigue- conforman una base indiciaria suficiente para sostener con carácter presuntivo que el Cesicat desarrolla funciones que claramente exceden de su marco legal regulador y que en la práctica está ejecutando actividades más propias de un servicio de inteligencia que son competencia exclusiva del Estado".
"La preparación y puesta en funcionamiento de esas estructuras administrativas del Estado, sin amparo ni cobertura legal, ha sido ejecutada por la Generalitat mediante la contratación de las obras y servicios necesarios con diversas empresas, y destinando para tales fines recursos económicos públicos, lo que puede conducir a una aplicación indebida de fondos y caudales públicos", afirma Zaragoza en su decreto, que califica los hechos de delitos de sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Pere Soler
Además, la investigación llevada a cabo por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, especialmente gracias a las grabaciones, muestran que el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, destituido por Mariano Rajoy, reconoce que las "contravigilancias" habían aumentado en relación a los que habían estado "ma?s expuestos" a las investigaciones judiciales.
En este sentido, los propios guardias que realizaron el informe sobre el posible delito de sedición en la Audiencia Nacional destacaron que el 1 de octubre los separatistas "habían montado un sistema de informaciónque cubría los movimientos que realizaban tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía".
Con esta información, continúa el informe, los responsables del referéndum que se encontraban en cada colegio organizaban "la resistencia adecuada para evitar la entrada en el mismo y que se pudieran intervenir las urnas, en ocasiones montando barricadas, en otras colocando a ancianos y a niños en primera línea para disuadir a los agentes".
Estas son las medidas de boicot que prepara el independentismo contra el Gobierno
Despejadas las incógnitas de la política catalana, la atención se centra ahora en la reacción del independentismo a la nueva hoja de ruta impuesta por el presidente español, Mariano Rajoy, que desemboca en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. “No nos quedaremos con los brazos cruzados”, advierten a El Confidencial desde fuentes independentistas. De momento, ha sido desconvocada la huelga general de diez días que se había previsto para el día 30 de octubre. Pero eso estaba concebido como solo una “medida de protección”, según afirman las citadas fuentes.
“La huelga general no se va a aplicar. Como está ahí y los permisos están concedidos, puede ser utilizada en cualquier momento para movilizar a la gente en la calle. Con motivo de esa convocatoria, cualquier trabajador se puede acoger a ella y faltar al trabajo si es necesario realizar concentraciones o manifestaciones. Así, no podrá tener represalias laborales y su ausencia está justificada. Se había previsto la huelga general por si hubiera detenciones de cargos de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 y hubiera que sacar la gente a la calle”, añaden las citadas fuentes.
De momento, sin embargo, no habrá detenciones. De hecho, ni siquiera hay acusaciones, hasta que la próxima semana la Fiscalía desgrane los supuestos delitos que hayan podido cometer miembros del Gobierno de la Generalitat o de la Mesa del Parlament y comience un proceso judicial. Mientras, el soberanismo espera reponer fuerzas y hacer un receso para encarar el futuro. Es un impás de 15 días, antes de tomar decisiones definitivas.
En los círculos radicales han comenzado ya a asomar las posibles líneas de actuación técnicas y tácticas para boicotear la aplicación del 155, incluyendo los comicios de diciembre. La primera medida que se ha solicitado, genéricamente, es una huelga de celo a los funcionarios de la Generalitat ante los nuevos ‘jefes’ del Gobierno español, aunque también se estudian otras medidas colaterales.
Entre estas medidas estará el sabotaje de las propias elecciones autonómicas. ¿Cómo? “Es muy fácil que un señor pueda meter dos o tres sobres en una urna y que luego lo diga públicamente para anular los resultados de esa urna”, explican fuentes independentistas a este diario. “O que una urna se caiga o se abra. O que el presidente de una mesa electoral haga mal a propósito el recuento de los resultados… son cosas que se irán estudiando las próximas semanas”, admiten las fuentes consultadas.
Las estrategias ante las elecciones
Al margen de estas medidas drásticas, el independentismo está obligado a reflexionar ante la maniobra de Mariano Rajoy. Por ello, tanto ERC como el PDeCAT estudian ahora cómo afrontar la nueva etapa preelectoral. La CUP abre también un periodo de reflexión para decidir si se presenta a las autonómicas o vuelve a su antigua estrategia de presentarse solo a las municipales.
En algunos círculos –minoritarios, eso sí-, se apuesta por la retirada de los partidos independentistas de la contienda. “Un boicot activo que dejase la participación en un 40% sería un éxito total”, arguyen fuentes de la CUP a este diario. Pero nadie se cree una participación tan baja. Entre otras cosas, porque el porcentaje de votantes de los partidos no estrictamente independentistas roza casi el 50%. Y con eso, la convocatoria saldría airosa.
La cuestión está, pues, en conocer ahora cómo van a encarar las elecciones. En alguna reunión ya se han puesto sobre la mesa varias alternativas: la primera es la de que cada fuerza política concurra por separado. Es la apuesta preferida por ERC, que sabe que tiene la victoria en sus manos. Otra cosa será si puede formar luego Gobierno, ya que se necesitará un tripartito para gobernar, según todos los sondeos.
La segunda alternativa es la reedición de Junts pel Sí, es decir, la plataforma que agrupa a PDeCAT y ERC. Esta opción es la preferida por los antiguos convergentes, ya que, de esta manera, camuflarían su debacle electoral. No en vano todas las encuestas sitúan al PDeCAT en cuarta posición, mientras que desde los años 80 su antecesora, Convergència, había sido la fuerza ganadora en unas autonómicas (y solo en una ocasión, en 1999, perdió en votos pero ganó en escaños debido a la Ley d'Hondt).
La última opción sería el plantear las elecciones del 21-D como unas constituyentes a las que concurriesen todas las fuerzas independentistas en una lista única, encabezada por prohombres de la ‘sociedad civil’ y con un único punto en el programa: la proclamación de la independencia. “De este modo, se afrontarían las elecciones como si fuese el referéndum que no nos dejaron hacer. Esta opción se ha llegado a comentar, pero, a día de hoy, tiene muy pocas posibilidades”, admiten fuentes independentistas.
Las 6 infraestructuras críticas que vigila Interior para frenar su asalto
El Parlament de Cataluña ha declarado de forma unilateral la independencia y el fin de semana se prevé delicado en las calles. Pese a que hasta el momento el corte de las manifestaciones vinculadas al procés ha sido pacífico salvo en casos aislados, el Ministerio del Interior mantiene un dispositivo con miles de agentes desplazados a la zona para hacer frente a posibles disturbios o acciones que dificulten la convivencia.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, hace meses que los grupos más radicales intentan coordinar desde grupos de mensajería privados, acciones de desobediencia activa para frenar la acción de los efectivos policiales llegados a este momento. Acciones como el intento de colapsar con vehículos de grandes dimensiones las vías de acceso al Puerto de Barcelona, donde se aglutina parte del contingente de la Unidad de Intervención Policial desplazado a Barcelona.
En varias ocasiones, organizaciones como Òmnium o la Asamblea Nacional Catalana, con sus dos máximos responsables en prisión preventiva e investigados por un presunto delito de sedición, han llamado a sus militantes a tomar las calles. Siempre de forma pacífica según sus mensajes. Algunos incluso crearon un censo para garantizar la asistencia de manifestantes independentistas a distintos puntos estratégicos distribuidos por mensaje. Lugares como el acceso a aeropuertos, las sedes de los principales organismos de la administración central o las supuestas fronteras del pretendido estado catalán.
Es por ello que, pese a que la presencia en las calles estos últimos días corresponde de forma mayoritaria a los Mossos d’Esquadra, Interior mantiene activo un plan de acción con dos pilares: por un lado, los servicios de inteligencia de CNI, Guardia Civil y Policía Nacional trabajan sobre el terreno para detectar posibles amenazas y por otro, un importante contingente de efectivos especializados en control de masas se encuentra desplazado a Cataluña desde el pasado mes de septiembre. Su trabajo será proteger las sedes de los principales edificios estatales en Cataluña, además de dar cobertura a cualquier intervención necesaria o solicitada por la policía autonómica.
“Está claro que la república no nacerá si no es por la gente”, rezaba un mensaje trasmitido por las organizaciones independentistas hace una semana y que llamaba a a paralizar Cataluña durante una semana. Aspiraban a movilizar a un millón de personas en una serie de puntos estratégicos que incluyen carreteras, aeropuertos e incluso la sede de TV3. No surtió efecto. Tampoco tuvo especial repercusión el llamamiento a retirar los depósitos ingresados en las entidades bancarias que han anunciado su marcha de Cataluña. Sin embargo, estas comunicaciones dejan un rastro de intenciones. Un mapa de las principales zonas a custodiar por las Fuerzas de Seguridad del Estado y los más pretendidos por los más radicales para extender el conflicto a las calles.
Aunque la mayor parte de estos puntos están bajo la competencia de los Mossos d’Esquadra (encargados de mantener el orden público en la calle), la aplicación del artículo 155 permitiría al Ministerio del Interior sustituir a los agentes autonómicos por los miles de policías y guardias civiles desplazados desde hace semanas a Cataluña. Estos son los objetivos fijados por los independentistas, según el mensaje al que ha tenido acceso este periódico.
1. Parlament, Palau de la Generalitat, Tribunal Superior de Justicia
Los radicales pretenden cercar las sedes más importantes de la Administración catalana. En concreto planeaban según sus mensajes reunir a 200.000 personas en torno al edificio de la Generalitat y a 300.000 ante el Parlament. Por el momento, la congregación de personas en estos lugares es sensiblemente menor a lo solicitado por Omnium y la ANC, pero se prevé una afluencia distinta este sábado, día no laborable para la mayoría de la población catalana.
Según la normativa de Seguridad en Cataluña, las competencias para la protección de estos edificios recae sobre los Mossos d’Esquadra, que han creado varios perímetros de seguridad sobre estas instituciones.
Un caso similar sucede con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que durante la convocatoria del 1-O solicitó que su seguridad fuera reforzada por efectivos de la Policía Nacional.
2. Aeropuertos
El objetivo de los independentistas más radicales es bloquear también el acceso a los principales aeropuertos de la zona, empezando por el de El Prat en Barcelona. La pasada semana pedían la presencia de 30.000 personas para conseguir que el principal centro de distribución de turistas y viajeros de Cataluña se colapsara por completo. Las competencias sobre el control de las principales vías de acceso a las instalaciones dependen también de los Mossos d’Esquadra. Dentro de las instalaciones, es la Guardia Civil quien tiene las competencias, pero sobre todo en los controles de acceso y desplazamiento de personas.
Una situación similar sucede en los aeropuertos de Reus, Girona o l’Alguaire, donde los planes independentistas de la pasada semana planeaban concentrar a 5.000 personas y bloquear las principales carreretas de acceso. Algo que no sucedió.
3. Telecomunicaciones y el CTTI
El control de la televisión pública catalana es otro de los objetivos prioritarios que el Gobierno de Mariano Rajoy ha expresado en público. Eso ha hecho que los independentistas más radicales pidan también concentraciones ciudadanas frente a la sede de los medios de comunicación pública catalana para intentar proteger su línea editorial. Como ejemplo, estos medios son los únicos que se escuchan por la megafonía oficial de las concentraciones convocadas por Òmnium y la ANC. Y sus análisis sobre la situación política son aplaudidos a brazo partido,.
Otro punto nucleares la sede del CTTI, el Centro de Telecomunicaciones desde donde se controlan elementos tan sensibles como la red de correos electrónicos de la Generalitat o las principales bases de datos que gestiona la Administración catalana. El lugar ha sido registrado en sendas ocasiones durante las últimas semanas por la Guardia Civil, buscando las comunicaciones de varios mossos durante el referéndum ilegal del 1-O. Desde allí se controlaban por ejemplo las aplicaciones informáticas que el Govern contrató para intentar que el censo electoral fuera global y se pudiera consultar de forma informática desde todas las mesas del 1-O. Algo que tampoco funcionó. Aun así, la consulta ilegal se produjo.
4. Corte de carreteras
No se trata solo de ser independientes, sino de escenificarlo también de una forma perimetral. Por eso los mensajes independentistas llaman también a la concentración ciudadana en las principales carreteras que unen Cataluña con el resto de España. El primer lugar en el punto de mira es el acceso de la Autopista A7 que une Cataluña con la Comunidad Valenciana. Los mensajes de los últimos días hablan de bloqueos en el paso de La Junquera, en la A2 que une Cataluña con Aragón y en otras vías menores de la geografía catalana que supondrían bloquear el tráfico de personas o al menos entorpecerlo gravemente.
5. Acceso al puerto de Barcelona.
El puerto de Barcelona se ha convertido desde hace semanas en otro de los puntos más delicados por los independentistas. No por la importante afluencia de cruceros de recreo, que ya había sido cuestionada por las juventudes de las CUP contrarias al turismo en la Ciudad Condal, sino por la estancia en varios de ellos de efectivos de la Policía Nacional que forman parte de la Unidad de Intervención Policial.
Cortar la salida del puerto para frenar su presencia en las calles es otra de las maniobras que ha sido debatida en los foros más radicales, sin haberse llevado a cabo con éxito de momento. Algo similar sucede en el Puerto de Tarragona, donde los estibadores amenazaron incluso con bloquear el acceso o negarse a dejar pasar la comida de los agentes a los barcos,
6. Accesos a la Ciudad Condal
Pese a que las protestas de los independentistas más radicales están previstas por toda Cataluña, Barcelona es el centro de poder más importante para unos y otros. Por eso los grupos más radicales han planteado también cortes de carreteras que supongan el colapso de la circulación y el acceso a la Ciudad Condal. En este punto, serán también los mossos quienes tienen las competencias, pero Interior analiza con detalle los movimientos de los grupos más radicales para que estos cortes no se produzcan.
Fuentes: El Confidencial, Vozpopuli, El Español
