Mariano Rajoy sorprendió este viernes a todos con su primera decisión como ‘presidente’ interino de la Generalitat de Cataluña: convocar elecciones en esa comunidad el 21 de diciembre para acabar con cualquier sensación de interinidad.Un espectacular golpe de mano cuando todo el mundo esperaba que la "normalización" de la autonomía, tras la traumática declaración unilateral de Independencia (DUI) a cargo del Parlamento Catalán, durara meses. Hasta seis meses de margen tenía, según el acuerdo aprobado por el Senado facultando al Ejecutivo para aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Eran muchos en su partido y en otros que pronosticaban "meses" para hacer olvidar al independentismo el cese de Carles Puigdemont y todo su gobierno. Un cese al que le acompañan los 141 altos cargos interinos de las consejerías, y la desaparición de todo el entramado administrativo que ha dado cobertura al secesionismo; desde el Consell de Transición Nacional hasta Diplocat, pasando por los delegados de la Generalitat en Madrid y Bruselas.El Presidente del Gobierno ha sorprendido, incluso, a Pedro Sánchez y Albert Rivera, sus socios en esta intervención de la Generalitat. Les llamo al final del consejo de Ministros Extraordinario, minutos antes de comparecer ante los medios de comunicación, para explicarles que las elecciones serian, no el 28 de enero, como había pactado con ellos en privado, sino antes: el 20 de diciembre.
Cinco decretos
El decreto de disolución del Parlamento Catalán es el único de los cinco aprobados anoche por el Ejecutivo que se publica esta mañana en el BOE. Los ceses de Puigdemont y el Govern están ya en vigor desde anoche y esta mañana ya no podrán estar en los despachos del Palacio de la Plaza de Sant Jaume.Si se resisten o actúan como si no hubieran sido cesados, advierten fuentes gubernamentales, se arriesgan a añadir otro delito a la ya larga causa penal pendiente: el de usurpación de funciones. Sus funciones las asume desde hoy cada ministerio respectivo y, dada la interinidad del proceso -54 días hasta los comicios- no ha hecho falta nombrar un "ministro para Cataluña", como se especuló.Es significativo que la Fiscalía y el Tribunal Constitucional se vayan a tomar con calma el encausamiento por “rebelión” de la Generalitat saliente -hasta el lunes nada- y ello tiene que ver con el hecho de que se pretenden evitar imágenes de desalojos por la fuerza.
Rajoy explicó este viernes que ha decidido convocar a las urnas a todos los catalanes el 20-D porque "no creemos que sea bueno prolongar esta situación". A su juicio, los españoles han vivido "una jornada triste en la que la sinrazón se impuso a la ley" en el Parlament de Cataluña.
Apeló a la "serenidad" de la población, especialmente en Cataluña, "en estas horas de ánimos exaltados" y pidió confianza en el Estado de Derecho.
De hecho, la primera decisión del Consejo, antes del cese de Puigdemont y los suyos, fue plantear un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para anular la Declaración de Independencia formulada ayer.
Puigdemont y los miembros del Govern podrán presentarse a las elecciones del 21 de diciembre
Una de las paradojas de esta aplicación del artículo 155 de la Constitución es que no puede inhabilitar ni a Carles Puigdemont ni a los miembros del Govern de forma inmediata. Su destitución puede ser recurrida ante los tribunales, que por tratarse de un delito de rebelión o sedición iría a la Audiencia Nacional. Pero en cualquier caso, su caso podría tardar más tiempo de lo esperado en dirimirse.
Por otra parte, al contrario de lo que algunos han entendido de las palabras del presidente del Gobierno, el Ejecutivo no ha destituido a Josep Lluís Trapero, major de los Mossos d'Esquadra. Trapero, por tratarse de un cargo de confianza, no puede ser destituido ahora, pero sí podría hacerlo el Ministerio de Interior a través de su máximo responsable, Juan Ignacio Zoido, o de alguno de su equipo.
Por otra parte, aunque se tratara de una situación hipotética, podría darse que tanto Carme Forcadell, en calidad de expresidenta del Parlament, como el propio Puigdemont podrían solicitar la paga de la Generalitat por ex alto cargo.
En total, son 141 cargos de todas las consejerías los que tienen que abandonar el Govern. Forman parte de Diplocat, del Consell Executiu, de las consellerias y de otros organismos. Son cargos de confianza o asesores muchos de ellos y cesan con el cese de su jefe.
Las 10 claves de la declaración de independencia de Cataluña
Mario Vidal
Junts pel Sí y la CUP han registrado en el Parlament de Cataluña una propuesta de resolución para la proclamación de la "República catalana, como Estado independiente y soberano, de dercho, democrático y social".
La propuesta soberanista contempla la expedición inmediata de los "documentos acreditativos de la nacionalidad catalana", así como la negociación con el Estado español de un "tratado de doble nacionalidad" para los ciudadanos catalanes.
El texto insta al Parlament a poner en marcha la ley de transitoriedad y fundacional de la república que ya fue declarada inconstitucional por parte del TC. De la misma manera, pide que se anulen "los ordenamientos jurídicos que el Constitucional había anulado o suspendido".
La resolución exige al Govern de la Generalitat a "promocionar ante todos los estados e instituciones el reconocimiento de la República catalana" y el inicio de los trámites necesarios para mantener los tratados internacionales que actualmente están vigentes.
Funcionarios
El texto que se pretende votar de forma secreta en el Parlament prevé la integración de los funcionarios del Estado español en el nuevo Estado catalán y la creación de una Hacienda catalana que actúe como "autoridad fiscal y aduanera".
En cuanto al sistema financiero, anima a "promover las actuaciones y medidas legislativas necesarias para la creación del Banco de Cataluña, con las funciones de banco central, que ha de velar por la estabilidad del sistema financiero", afirma.
El independentismo propone abrir un periodo de negociación con el estado español para repartir los bienes del estado español así como los activos y pasivos del "Reino de España y la República de Cataluña".
Por último, la resolución concluye en la necesidad de convocar elecciones constituyentes una vez finalicen todas las fases del proceso de independencia.
Las 10 claves de la DUI
1. DNI catalán
Expedición de los documentos "acreditativos de la nacionalidad catalana"
2. Doble nacionalidad
Acordar con el Estado español la doble nacionalidad española y catalana de los ciudadanos de la actual autonomía
3. Ley de transitoriedad
Insta al Parlament a poner en marcha la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República Catalana
4. Anular las resoluciones del Constitucional
Anular todas los acuerdos y sentencias del Tribunal Constitucional que han suspendido normas catalanas
5. Reconocimiento internacional
Proclamación e internacionalización de la República Catalana para su reconocimiento por parte de otros países
6. Incorporación de los funcionarios del Estado
Incorporar al cuerpo de funcionarios de la Generalitat a los profesionales que actualmente trabajan para la Administración del Estado.
7. Banco de Cataluña
Creación de un banco central catalán para dar estabilidad al sistema financiero
8. Hacienda Catalana
Activar una autoridad fiscal y aduanera
9. Reparto de bienes, activos y pasivos
Acordar con el Estado español qué bienes le corresponden a este y cuáles serían del nuevo Estado catalán
10. Elecciones constituyentes
Al finalizar todo el proceso, convocar elecciones en Cataluña: las primeras de la República
El Tribunal Constitucional no suspende la DUI y se da tres días para decidir
El Tribunal Constitucional no ha suspendido este viernes los efectos de la votación del Pleno del Parlament de Cataluña sobre la Declaración Unilateral de Independencia. Tres magistrados de una Sección del Tribunal de Garantías han decidido abrir una pieza separada sobre la aprobación en el Parlament, a propuesta de JxS y la CUP y por 70 votos a favor, de la proclamación de la república catalana, y dar tres días al fiscal y demás partes para que se pronuncien.
Tras admitir a trámite el recurso de amparo presentado en el día de hoy por el PSC contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar la propuesta de resolución, desestima la medida cautelarísima en lo referente a la suspensión de la celebración del Pleno del Parlamento catalán por carecer sobrevenidamente de objeto, en la medida en que el Pleno ya había tenido lugar en el momento de dictarse la providencia, informan fuentes jurídicas.
El recurso de la formación liderada por Miquel Iceta reclamaba que se anulara la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlament de la resolución de las formaciones independentistas, cursada a pesar del dictamen de sus servicios jurídicos. Los socialistas catalanes avisaban de la "urgencia excepcional" de su solicitud e indicaban que si se llevaba a cabo la votación "quedaría producido un perjuicio irreparable", ya que el texto supone un "radical quebrantamiento" de la Constitución y el Estatuto.
Por ello, pedían al Tribunal de Garantías que acordara "la suspensión de los efectos" del Pleno por atentar contra los derechos de los diputados constitucionalistas. El PSC solicitó a la Mesa reconsiderar su decisión y su solicitud fue desestimada. "Pedimos la declaración de que no procede la tramitación impugnada y que se anule cualquier actuación posterior relacionada con la misma y, en particular, una declaración formal de independencia".
Tres magistrados han estudiado el recurso, que fue registrado un minuto antes de las dos de la tarde. Se han reunido pese a estar todos ellos presentes desde ayer en Sevilla con ocasión del I encuentro de los tribunales constitucionales de España, Italia y Portugal y del Consejo constitucional de Francia.
El 'derecho a decidir' del Valle de Arán: "Si hay independencia, nos vamos con España"
Cataluña tiene su propia Cataluña. A escala, en pequeñito, en una esquina, el Valle de Arán mimetiza quejas, agravios y resquemor respecto al Gobierno autonómico de Barcelona. Esgrimen lengua propia, el occitano, instituciones centenarias e identidad diferenciada. Pero desde la Generalitat reciben lo que los partidos aranistas interpretan como desdén. La situación lleva décadas así, pero con el referéndum del 1-O ha dado un giro inesperado. Ante una eventual independencia de Cataluña, los araneses se plantean qué pasaría con ellos. "Si hay independencia, nos vamos con Huesca. O mejor con un estatus propio con España. Y si no puede ser, pues como Andorra", razona un vecino en Vielha. El valle sigue con atención especial el referéndum.
Para ir en coche de Barcelona a Vielha, la capital del Valle de Arán, uno puede pasar por Aragón o viajar por el tiempo a una carretera de los años ochenta, con curvas cerradas de montaña en las que la velocidad recomendada es de 30 kilómetros por hora, lo que permite disfrutar de la preciosa vista del Pirineo (eso sí). La geografía es tozuda y el Valle de Arán (10.000 habitantes en nueve municipios de Lleida) es la única comarca atlántica del Pirineo catalán. El río Garona nace aquí y desemboca en Burdeos. En Vielha no se ven apenas pancartas ni esteladas. El letrero que cruza la calle principal como si fuese una meta volante no pide democracia, como en muchos otros pueblos de Cataluña, sino que anuncia una ruta micológica. Hace frío y llovizna.
Francisco Boya es el líder de Unidad de Arán-Partido Nacionalista Aranés, aliado del PSC. A su lado, en la terraza del café, están el alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, y la teniente de alcalde, María Vergés. Unidad de Arán gobierna cinco de los nueve ayuntamientos y tiene cinco de los 13 concejales del Conselh de Arán. Y sus miembros siguen con atención el 'procés'. "Estamos muy preocupados. Pedimos sentido común y moderación a las dos partes, porque estamos en una estrategia en la que todos vamos a salir trasquilados. Solo con la ley no hay camino, pero fuera de allá tampoco. Romper algo es muy fácil, coserlo es muy difícil", comienza Boya, que fue síndico de Arán (presidente del 'conselh') entre 2007 y 2011. Pero inmediatamente aclara: "La realidad en el valle es otra. La pulsión independentista aquí es minoritaria".
Los responsables de Unidad de Arán sostiene que el Gobierno de la Generalitat se olvida del valle. "Desde 2011 tenemos el autogobierno congelado, nos deben ocho millones de euros, el presupuesto del 'conselh' ha bajado un 10% desde 2011, mientras que el de la Generalitat subió un 4% este año. La partida para fomentar el aranés es de solo 60.000 euros, y es una lengua cooficial que usa habitualmente solo el 17% de la población. La Generalitat gasta más en fomentar el catán en Valencia y da millones a la prensa catalana. Hay leyes para Arán aprobadas, pero en un cajón. Satisfechos no estamos".
Unidad de Arán es un partido importante aunque desde 2011 no gobierna el 'conselh'. Desde entonces, está en manos de CiU (hoy PDeCAT), cuyo 'síndic' no ha querido hablar para este reportaje. En Vielha lo achacan a que no está cómodo con este asunto. Por un lado, su partido en Barcelona promueve el referéndum pero su territorio no quiere la independencia. En la consulta del 9-N, el Valle de Arán fue la comarca con participación más baja (20,4%) mientras que la participación media fue del 36%, si se tiene en cuenta la población mayor de 16 años. De los que fueron a votar en Arán, solo el 62,59% lo hizo por la independencia (la media en Cataluña fue del 81%).
Así que es comprensible la inquietud ante una posible independencia. El turismo hacia la estación de esquí de Baqueira-Beret y el comercio son su principal fuente de ingresos. El pueblo está lleno de tiendas de ropa de montaña. "Aquí vivimos del turismo. Vienen a esquiar madrileños, valencianos y vascos, pero apenas catalanes, porque está muy mal comunicado. ¿Qué hacemos en una Cataluña independiente?", se pregunta la dueña de una tienda. Esta, sin embargo, añade su malestar ante las imágenes de la Guardia Civil entrando en sedes de la Generalitat. En toda Cataluña, la reacción del Gobierno ha generado apoyos al independentismo. Mucha gente sostiene que hace nada no apoyaba el referéndum pero que ahora sí lo haría. Y también en Arán, aunque no parecen ser mayoría.
Paco Boya pone un ejemplo práctico de lo que supondría. "Cuando a alguien le da un ictus, la ambulancia lo lleva al hospital de Toulouse, que es el más cercano, no a Lleida ni a Huesca. No podemos tener una frontera con Francia. Estamos intentando reducirla lo más posible y nos ha costado tener ese acuerdo sanitario. Salir de la UE sería un desastre descomunal. La carretera para salir de aquí entra y sale siete veces de Aragón. ¿Quién la va a arreglar en una independencia? Son asuntos que a alguien le pueden parecer menores, pero para nosotros son muy importantes". Hay unos 100 niños de Arán estudiando en Toulouse, que además es el aeropuerto más cercano. E insiste: "Somos una realidad política diferente". Por eso advierte: "Llegado el caso, Cataluña debe decidir. Pero el Valle de Arán, también".
El valle fue tradicionalmente un lugar cerrado. Hasta el siglo XX, quedaba aislado en invierno, y algo de eso pervive en su forma de ser. Si se pregunta a la gente por la calle, es fácil que alguien te diga que es de fuera aunque lleve décadas viviendo allí. "Yo soy de Aragón, aunque lleve viviendo aquí más de 20 años y mis hijos hayan nacido aquí", responde el dueño de una tienda de fotografía, que advierte: "Aquí no escucharás ni caceroladas ni hostias. Los araneses están esperando cualquier momento para pedir lo mismo que consiga Cataluña".
Por eso, estos días vuelve a rular un vídeo de 2009 en el que Pilar Rahola, musa del independentismo catalán, ridiculiza las reivindicaciones del Valle de Arán y le dice a un joven del valle que si quiere independizarse, que vayan devolviendo las ayudas públicas que reciben. José Luis y Aurelio pasean por la calle principal de Vielha comentando la situación política. "¿El derecho a decidir de Cataluña? Pues nosotros, o con Aragón o con Francia. O como los andorranos, a mitad entre Francia y España. Lo ideal sería con un estatus especial en España".
Teresa, la dueña de una inmobiliaria, dice estar tranquila porque al frente del Gobierno está Mariano Rajoy: "Suerte que tenemos a Rajoy, que tiene la cabeza sobre los hombros. Es moderado, brillante y aguanta el timón de España, porque de PSOE y Podemos no se puede esperar nada. Lo único bueno del PSOE lo está haciendo Borrell, con el que no me iría a tomar un café, pero que ahora está de 10".
El Valle de Arán tiene reconocido sobre el papel su "derecho a decidir". La ley de régimen especial del Valle de Arán de 2015 establece en una disposición adicional que "el Parlamento de Cataluña reconoce el derecho del pueblo aranés a decidir su futuro". Sin embargo, para el referéndum del 1-O no hay ninguna especificidad prevista, ninguna cláusula que dé al Valle de Arán el derecho a decidir. Si Puigdemont declara la independencia de Cataluña, lo haría incluyendo al Valle de Arán. Y veremos.
Análisis: Frívolos e irresponsables
Lluís Bassets
También la épica ha fallado. Un gol del Barça produce mayor conmoción que esta falsa declaración de independencia. La ciudad ha seguido su vida como un día cualquiera. Algún que otro cohete perdido. Una bocina que no consigue eco en la Diagonal abarrotada. Todo se fía a las celebraciones orquestadas por la gran organizadora de eventos que es la ANC.
No hay alegría. Quien no está triste, está cansado, harto. Es una auténtica república independiente pero de Ikea, encapsulada en la casa independentista, que recoge abrazos y euforias impostadas solo en el edificio del Parlament y en la concentración ante sus puertas.
Es el inconveniente de las repúblicas virtuales. La anterior, el 10 de octubre, duró ocho segundos y aún hay discusión sobre si hubo proclamación y quién la hizo. La de hoy durará unas horas, pero mientras exista no tendrá repercusión alguna en la realidad. No la ha tenido en el control del territorio ni en la actuación de un Gobierno desaparecido, sin nada que decir en el Parlament y nada que hacer en las consejerías, fuera de organizar la desbandada para evitar los efectos del 155.
La república de hoy ni siquiera ha sido proclamada, sino que es fruto de una resolución y un método de votación aconsejados por los abogados penalistas. Son los inconvenientes del poder sin responsabilidad. Romper la legalidad y a la vez aprovecharse de la legalidad obliga a rarezas de difícil explicación. Por ejemplo, el voto secreto de los diputados secesionistas para evitar responsabilidades personales. Y luego el papelón de Puigdemont y de Junqueras. El primero con su desconcertante declaración, en la que se desdijo de las elecciones anticipadas y endosó al Parlament la decisión sobre la independencia. Ambos con sus silencios y su desprecio por las instituciones: ni un discurso, ni un mínimo debate parlamentario en el día más señalado de la legislatura.
Se entiende que el independentismo se agarre como a un clavo ardiendo a la denuncia del 155 e incluso que desee su aplicación drástica e inmediata, de forma que sus numerosos y graves pecados queden inmediatamente ocultos por la severidad del castigo que se les imponga desde el denostado Madrid.
Al margen de las responsabilidades, que se les van a exigir, lo que es seguro es que no les absolverá la historia. Es difícil imaginar un daño mayor con una expectativa de ganancias tan escasa, si no nula. La exhibición de irresponsabilidad y de frivolidad que han hecho Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras es impropia de los dirigentes de un país tan serio y civilizado como había demostrado ser Cataluña hasta ahora.
Fuente: El País, Vozpopuli, El Confidencial, El Español
