Ha pedido que el Gobierno alemán abra una investigación e identifique a los directivos que se reunieron con la Generalitat para crear el “DNI catalán”
La colaboración con el independentismo catalán de la multinacional T-Systems -participada por el Estado alemán-, ofreciendo sus servicios para la creación de soportes informáticos y plataformas tecnológicas para que el procés alcanzara el éxito, ha molestado profundamente al Gobierno.
Por el momento, la cancillería alemana guarda silencio ante el escándalo. Sin embargo, las últimas informaciones publicadas por varios medios han revelado que la Generalitat ha adjudicado a la multinacional contratos plurianuales superiores a los 400 millones de euros a cambio de su colaboración.
En los últimos días, se han revelado correos intervenidos por la Guardia Civil que muestran cómo, además de trabajar para la web del pacto para el referéndum, la estatal alemana se puso a disposición del Govern para construir las “estructuras de país”.
España pide que se depuren responsabilidades
Ante la magnitud del escándalo, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes diplomáticas conocedoras de los contactos, España ha reclamado al Gobierno alemán que abra una investigación para depurar posibles responsabilidades.
No se pasa por alto la implicación de altos ejecutivos de la empresa estatal alemana en la renovación de contratos que estaban a punto de vencer, en vísperas del referéndum del 1-O. Destaca una reunión del presidente mundial de T-Systems, Reinhard Clemens, con Puigdemont y Junqueras para validar su cooperación.
Un “coqueteo” con el independentismo que, a juicio de altos cargos del Gobierno español, resulta extraño que no conociera ningún responsable de la cancillería alemana.
Por su parte, T-Systems Iberia ha afirmado este lunes que no ha cometido infracción alguna y ha rechazado totalmente las acusaciones publicadas en base al informe de la Guardia Civil.
Crear un DNI para la República catalana
En cambio, la Guardia Civil asegura, en uno de sus últimos informes entregados en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que la empresa estatal alemana habría participado en los trabajos para dar soporte digital a la futura república catalana si Cataluña se independizaba.
En el citado informe se detallan reuniones de un equipo de Mossos d'Esquadra con la empresa para crear un DNI para el futuro Estado independiente, así como un software de inteligencia.
Además, se exponen reuniones del ex consejero Josep Rull con la compañía, y se afirma que ésta quería optar a desarrollar las estructuras de Estado y propuso algunas de ellas, entre otras, tener un operador de telefonía propio y un satélite.
Así lo reflejan los correos electrónicos que ha hallado la Guardia Civil en el ordenador de Ignacio Martí Fernández, uno de los directivos de T-Systems que participó en las gestiones que habría encargado la Generalitat a la empresa alemana para dar soporte digital a las estructuras de Estado para la República catalana.
Independentistas catalanes amenazaron con violar a la secretaria judicial que declaró por el 1-O
La secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que declaró este miércoles en el Tribunal Supremo sin mostrar su imagen en televisión durante el juicio por el 1-O, se ha convertido en la principal pieza de caza de los extremistas independentistas. A pesar de la preservación de su imagen, el Moviment Republicà Català (MRC), un grupo extremista independentista, ha publicado su fotografía a través de su página de Facebook.
La foto va acompañada por un texto que dice que la funcionaria es “seguidora de Unidad Nacional Española, asociación partidaria de utilizar el Ejército contra los catalanes”. También dice que “quiere mantener el anonimato” y, bajo la fotografía, aparece una frase sarcástica: “Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor”.
Lo malo, no obstante, son los mensajes que acompañan la denuncia. “¡Boicot! Nada más que decir. Que la vida le sea un infierno”, lanza una activista. La más escandalosa, no obstante, es la respuesta de otro activista que se hace llamar Antoni Pau Llobera. De los desagradables calificativos que le dedica a la funcionaria se salvan muy pocos. “Esperamos de todo corazón que te rajen de arriba abajo, tocina nazi malfollada” es una de las pocas frases publicables.
Las demás frases sobrepasan los estándares del mal gusto y se internan en un terreno en el que bordean el delito: en resumidas cuentas, viene a explicar el ‘hiperventilado’ independentista cómo le gustaría que violasen y por dónde a la secretaria judicial con “una caña astillada” para acabar lanzándola “al arcén de la carretera cual vulgar mierda de perro que eres”. Manel Acosta se mostraba también grosero. “Parece de barra americana”, lanzaba en la cuenta de MRC. Otros activistas se muestran contundentes pero más respetuosos. “Si no estás bien en Cataluña, márchate. Encontrarás trabajo en muchos juzgados de fuera, no te sacrifiques quedándote aquí. Lástima que te llames Montserrat, más catalán no puede ser”, le atiza Maria Cinta Juan.
Alerta de delito
A primera hora de la tarde, un lector avisaba: “Acabáis de cometer un delito: difundir el aspecto físico de un testigo de un juicio del cual no se ha revelado su aspecto. Seréis responsables de las agresiones, insultos y amenazas que reciba”, alertaba Sebastián Madrigal, a lo que Pietat Taberner respondía con sorna: “Como la gente no la conoce, así la ven en la foto y la pueden saludar”.
Las tres ofertas a Montserrat del Toro para salir de la Conselleria de Economía el 20-S
Del Toro era la secretaria judicial que acompañó a los agentes de la Guardia Civil a la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat el día 21 de septiembre de 2017 y que, tras el llamamiento de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, se vio recluida durante todo el día y parte de la noche en la sede del Govern. Al final, fue evacuada pasadas las 12 de la noche por la terraza del edificio hasta un teatro cercano, de donde salió camuflada entre los actores del espectáculo.
El demoledor informe que escribió tras el suceso sirvió para apuntalar la acusación contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, 'los Jordis', que eran entonces los máximos mandatarios de las dos entidades independentistas que llamaron a los ciudadanos a concentrarse ante la Vicepresidencia para impedir el registro judicial. Como ella misma relató en el juicio, aquel día sufrió “estrés, ansiedad y, al final, miedo”. Como consecuencia de este asunto, Del Toro cogió la baja unos días más tarde.
No es la única amenazada. Al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo le lanzan también toda clase de improperios, entre ellos “cabrón”, “hijo de la gran puta” o “chaquetero”. “Lo más repugnante de todo es que se llame Enric, cuando se tendría que llamar Enrique o subnormal directamente”, escribe Anna Cas. Y Lidia Masferrer apostilla: “Eres un puto cerdo. Espero que te mueras solo y lejos de esta tierra, que no merece una mierda como tú”. Griselda Fontseré, por su parte, escribe: “¿Y este señor podrá salir a la calle? Porque si me lo encuentro, le escupo en la cara”.
Así activó Interior el ‘código rojo’ que autorizó a la policía intervenir el 1-O
Desplegaron agentes de paisano para observar a los Mossos y a las 7.15 una llamada alertó a Pérez de los Cobos de su inacción
“Yo lo ordené”. La frase, inequívoca, la pronunció el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ante el Tribunal Supremo. Lo hizo apenas unas horas después de que su jefe, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se desvinculara del dispositivo policial que acabó con los enfrentamientos que dieron la vuelta al mundo el 1-O.
Su número dosse arrogó así la responsabilidad de haber dado la orden de que que la Policía y la Guardia Civil pasasen a la acción ese día en lugar de aguardar a que los Mossos solicitasen ayuda. Este jueves, los interrogatorios a los mandos policiales en el juicio del 'procés' permiten reconstruir el cruce de informaciones y circunstancias que fraguaron aquella decisión.
El detonante fue una llamada de teléfono a las 7.15 de la mañana desde el número 43 de la Vía Laietana, sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Cataluña. La hizo su entonces responsable, el comisario principal ya jubilado Sebastián Trapote. Desde primeras horas de ese domingo crítico le empezaron a llegar de sus subordinados noticias desde la calle. Confirmaban sus sospechas: los Mossos no iban a colaborar en la tarea de impedir el referéndum.
La llamada
Al otro lado de la línea telefónica y a poco más de un kilómetro y medio, en la sede de la Delegación de Gobierno en Cataluña, estaba el coronel Diego Pérez de los Cobos, nombrado por la Justicia como coordinador único de los tres cuerpos policiales para dar respuesta al desafío. El de Pérez de los Cobos era uno de los testimonios más esperados en el Tribunal Supremo.
En su declaración admitió que sus sospechas de que los Mossos les iban a traicionar llevaba ya tiempo larvándose y, en previsión, activaron una serie medidas. En concreto, lo que dijo el coronel es que habían “dispuesto una serie de sensores” para tratar de detectarlo lo antes posible.
Trapote ha explicado este jueves qué eran esos sensores: una red de agentes de la Brigada de Información de la Policía desplegados por diferentes colegios. Vestidos de paisano para no llamar la atención, detectaron que de madrugada los colegios ya empezaron a ocuparse. Algunos lo estuvieron todo el fin de semana.
También comprobaron que la única respuesta a eso por parte de los Mossos, iniciada a las 6 de la mañana, eran apenas de una pareja de agentes de seguridad ciudadana -no antidisturbios- en cada uno de los más de 2.300 centros de votación como si fuesen unas elecciones normales.
Desconfianza mutua
Esos trabajos a pie de campo ponen de relieve la desconfianza mutua que existía en esos momentos entre los cuerpos policiales. Posteriormente, los informes de la Policía también relatan cómo, en dirección contraria, los Mossos también controlaron los movimientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Este escenario alrededor de los colegios es lo que le transmitió Trapote a Pérez de los Cobos en esa llamada de teléfono: “Lo que hago es a primera hora de la mañana, 7.15, llamó al coordinador y le informo de los datos que yo poseo, le comento la situación, se lo explico y me dice que tiene que hablar con el secretario de Estado (José Antonio Nieto) y me dice que teníamos dos planes el A y el B, centrado en sustituirlos (a los Mossos) y hacer nosotros la intervención. Y en ese momento ponemos en marcha el plan B”.
Si bien la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no forma parte del procedimiento (las denuncias a los agentes se instruyen en un Juzgado de Barcelona), aquella actuación en decenas de colegios ha sido tachada como un error del Estado que tardará en cicatrizar en una parte de la sociedad catalana. En contra, hay quienes la defienden como el ejemplo de que el Estado de Derecho no se quedó de brazos cruzados ante el incumplimiento del mandato judicial que había ordenado impedir el referéndum.
Un jefe de Mossos, testigo de cargo letal contra Junqueras y Forn: "Sabían que iba a haber violencia"
Sesión 13 del juicio al 'procés'. Mal número para las defensas, que salieron con cara de preocupación del Tribunal Supremo pasadas las siete de la tarde. Dos horas antes, a las 16:58, el excomisario general de Información de los Mossos d'Esquadra Manel Castellví se sentaba en el asiento de los testigos y contestaba "lo juro" al recordatorio del juez Marchena de que debía decir la verdad. El fiscal Javier Zaragoza le miró de frente y embistió con un interrogatorio rotundo que convirtió a un jefe de los Mossos en uno de los mejores testigos de cargo que ha tenido el Ministerio Público en lo que va de juicio.
Que el coronel Pérez de los Cobos hablara el miércoles de la violencia del 'procés' o que este jueves lo hayan hecho Sebastián Trapote o Ángel Gozalo, exresponsables en Cataluña de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se daba por descontado. Pero no entraba en el guión que un mando de los Mossos 'crucificase' a dos de sus exjefes políticos, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, sentados en el banquillo a solo unos metros de él y acusados de rebelión.
Castellí empezó vacilante, nervioso, sin rematar las frases, afirmando cosas como que los CDR tenían a "gente transversal que hacía chocolatadas y asambleas" o que las unidades antidisturbios de la Policía autonómica no fueron a los centros de votación el 1-O porque "había manifestaciones que nos preocupaban delante de instituciones estatales".
Pero acabó apuntalando la tesis incriminatoria de la Fiscalía en lo más sustancial: que el Gobierno catalán fue informado de que era previsible un "escenario de violencia" el día del referéndum ilegal y que esa votación no podía celebrarse a la vista de las órdenes judiciales. Y, pese a todo, siguieron adelante.
Salvar a Trapero
Fue una declaración muy favorable al exmayor Trapero, que según Castellví hizo un plan para el 1-O "conocido por los otros dos cuerpos", amplió en 800 mossos el número de efectivos a petición de la Fiscalía Superior y avisó en dos ocasiones a Puigdemont -el 26 y el 28 de septiembre- de que los Mossos "acataríamos el mandato judicial". Pero fue demoledora, en particular, para Junqueras y Forn, ambos presentes en una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat que el testigo pudo narrar en primera persona porque estaba allí.
"Juan Carlos Molinero [entonces número tres de los Mossos] me informó el 28 de septiembre de que iríamos a una reunión en el Palau porque había que concienciar al Gobierno de que la posición de los Mossos ante el 1-O era cumplir las órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". El día anterior, Mercedes Armas había dictado un auto que ordenaba impedir el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
"El mayor Trapero había ido ya a una reunión en el Palau el 26 de septiembre para trasladar la grave preocupación que teníamos sobre el orden público el día del referéndum. Porque aunque las llamadas a votar fuera pacíficas podía haber una escalada de la violencia".
Escalada de violencia. La misma expresión que Castellví utilizó en un informe de ocho páginas titulado Posibles escenarios en relación con la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Una prueba documental que el fiscal Zaragoza aprovechó con eficacia. "¿Ratifica ese informe?", preguntó al testigo. "Sí".
Es un informe clave no sólo por lo que dice sino por el momento en que se elaboró y por quiénes lo conocieron. Castellví fue convocado a la reunión del 28 de septiembre con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn precisamente para explicar ese documento, fechado ese mismo día, a 48 horas de la votación independentista ilegal.
"Habrá grandes concentraciones alrededor de los puntos de votación que en algunos casos pueden aglutinar a centenares o miles de personas en un ambiente tenso y crispado", pronosticaba el informe de la Comisaría que dirigía Castellví.
"Los CDR podrían llevar a cabo práctica combativa en el caso de acciones policiales contundentes de alguno de los cuerpos que tienen instrucciones para impedir el referéndum".
"Esta situación, en caso de mantenerse en el tiempo o de producirse en distintos lugares a la vez, podría provocar una escalada de violencia que acabe afectando al pacífico desarrollo de la jornada en toda Cataluña".
Castellví narró con detalle la reunión en el Palau: "Nos sentamos y hay un primer mensaje que nosotros [los mandos de los Mossos Trapero, Molinero, Quevedo y él mismo] trasladamos, que era la misma preocupación que el mayor ya había manifestado el día 26. Luego yo explico el análisis de escenarios y previsiones. Que habrá una gran movilización y que el hecho de que se hagan llamamientos a una participación pacífica no quita que cuando la fuerza vaya a actuar esa actuación pasiva [de la gente] pueda transformarse en activa".
- ¿Y qué les contestaron?, preguntó Zaragoza
- Junqueras dijo que entendía nuestra posición pero efectivamente el Gobierno tenía delante esa iniciativa..., dijo el comisario.
- O sea, que el referéndum iba a celebrarse en todo caso
- Sí. Puigdemont dijo que comprendía la situación, que se ponía en nuestro lugar pero que había un mandato del pueblo para llevarlo a cabo.
"¿Y Forn?", preguntó la abogada del Estado Rosa Seoane. "¿Forn actuó en el sector del Gobierno o con ustedes?". "Ahí estaba sentado el consejero de Interior, un político. Forn sabía cuál era nuestro posicionamiento, seguro. Pero en esa reunión estaba con el presidente y el vicepresidente".
"Salí frustrado de esa reunión", contó el comisario de los Mossos. "Se iba a dar una situación en la que habría personas, con actitud pasiva o no, y cuerpos de seguridad que actuarían y eso era antagónico. Unos [las fuerzas policiales] accederían a los colegios y lo van a hacer. Y otros [los ciudadanos] se opondrán. Y eso es un conflicto, un desorden".
- "¿Les transmitieron ustedes a los miembros del Gobierno que ese referéndum no podía celebrarse dado el mandato judicial?", fue la pregunta final de Javier Zaragoza.
- Efectivamente, contestó Castellví.
Las defensas se precipitaron a anunciar que desean interrogar extensamente al comisario de los Mossos y ello llevó al tribunal a suspender la sesión hasta el lunes. Les salvó la campana: tendrán tiempo para recomponerse y trazar una estrategia que contrarreste el testimonio de Manel Castellví. Pero lo dicho, dicho está.
Fuentes: El Confidencial, El Español, Vozpopuli, El Mundo
