BOGOTÁ (Sputnik) — Casi 700 dirigentes sociales, integrantes de Juntas de Acción Comunal y campesinos fueron asesinados en 2018 en Colombia, mientras que 1.151 fueron amenazados y 22 desaparecidos, reveló el jesuita Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en un informe.
"La violencia política en 2018 dejó —por lo menos— 648 muertos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 243 detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales)", señaló el Cinep en su informe "Violencia camuflada, la base social en riesgo".
La mayor violación de derechos humanos en lo que va del año se dio en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), con 224 víctimas, seguido del Cauca (suroeste), con 182, y Santander (nordeste), con 180 casos.
"El principal método de victimización fue la amenaza, con 122 víctimas en Valle del Cauca y 117 en Cauca", agregó el informe.
En 2018, a diferencia de años anteriores, buena parte los responsables de los asesinatos y amenazas no se identificaron como procedentes de miembros de algún grupo armado ilegal.
Este hecho, señaló Cinep, conlleva la vinculación de las muertes con "robos, atracos (…) líos pasionales o problemas de vecindario" con el objetivo de desviar las investigaciones y así ocultar la situación real de violación de derechos humanos que afronta el país.
La organización también destacó el alto nivel de impunidad de las muertes violentas.
Los casos contabilizados por el Cinep contrastan con los registros de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, que denunció 157 asesinatos de líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.
ElliotAbrams encubrió masacre de El Mozote en El Salvador
En El Salvador defensores de derechos humanos cuestionan el papel de ElliotAbrams como enviado especial del presidente de EE.UU. Donald Trump para Venezuela.
ElliotAbrams es un viejo conocido en Latinoamérica, su papel dentro de la Diplomacia estadounidense no puede ser menos que controvertido por su cuestionable historial de derechos humanos.
Abrams es un veterano de la Administración Reagan y es acusado de ocultar al Congreso norteamericano la masacre de El Mozote ocurrida en 1981 en el marco de la guerra civil salvadoreña y en donde unas mil personas fueron asesinadas a manos de soldados que habían sido entrenados por los Estados Unidos.
Su controversial participación en la región también incluyó el apoyo a la “Contra” nicaraguense y al dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Hoy en día Abrams está de vuelta en Latinoamérica tras ser nombrado por Trump como su enviado especial para Venezuela.
Conocido por ser uno de los cerebros de las políticas de injerencia estadounidense durante los años 80, no es extraño que su nuevo rol sea intentar acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Abrams dice tener la misión de promover y restaurar la democracia en Venezuela, algo paradójico, pues como deja ver su trayectoria, su trabajo ha consistido en hacer todo lo contrario.
