El análisis del actual espectro de fuerzas políticas y de la dinámica de la demoscopia electoral a lo largo de la actual legislatura, muestran la ruptura del bipartidismo, que algunos anticipamos antes incluso de que el fenómeno comenzara a mostrarse en los comicios europeos de mayo del 2014, y un juego en la política nacional a cuatro bandas, en el que sólo tienen plaza segura PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos.
Si damos por acertada o aproximativa la última medición pre electoral de Metroscopia (El País 26/07/2015), en los próximos comicios legislativos el PSOE alcanzaría el 23,5% de los votos, el PP el 23,1%, Podemos el 18,1% y Ciudadanos el 16,0%. Pero con la salvedad de que el porcentaje residual de IU (un 5,6%) plantea la incógnita de si al final habrá o no una marea del voto útil de la izquierda a favor de Podemos, al margen de otros trasvases entre los demás partidos fruto de los últimos in-puts ciudadanos.
Y si consideramos la encuesta realizada en paralelo por Sigma Dos para el grupo Mediaset, veremos que, aun cambiando el porcentaje de votos de cada uno de los partidos nacionales, el reflejo esencial del termómetro electoral no sería muy distinto. Según esta encuesta, el PP ganaría las próximas elecciones generales con el 27 % de los votos, seguido muy de cerca por el PSOE con el 26,1%, de Podemos con el 20,2 %, de Ciudadanos con el 10,3 % y de IU con el 4,1 %.
Claro está que es importante quién termina ganado las elecciones, pero en este nuevo escenario de fragmentación política, también es necesario poner de relieve algunas circunstancias de cara al hito de conformar el próximo gobierno de la nación, trascendental porque todo indica que se inaugurará una nueva forma de acceso al poder ejecutivo y de ejercerlo. Entonces ya estaremos situados en un teatro de operaciones en el que los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas (y los que se produzcan el 27-S en Cataluña), junto con la gestión en los primeros meses de esos nuevos mandatos de gobierno con apoyos ‘concertados’, marcarán la posición última de los votantes.
La primera y más evidente advertencia es que, tras el fracaso de Rajoy en los tres principales desafíos de legislatura (gestión social de la crisis, lucha contra la corrupción y reformas institucionales), es imposible que el PP pueda conservar su actual mayoría absoluta (tampoco la alcanzará ninguna otra fuerza política). A partir de esa realidad, que además obligará a cualquier ganador a buscar apoyos post electorales sólidos (no apoyos ‘mínimos’), el posicionamiento geométrico de cada partido es decisivo en el ámbito de las oportunidades de gobierno.
Admitiendo que entre las cuatro opciones en liza electoral el PP se sitúa claramente en el espacio de la derecha, desde la derecha-derecha y hasta el límite del centro-derecha (pero no más allá), pocas son las posibilidades de llegar a acuerdos con el PSOE y con Podemos, pudiéndolo hacer, en su caso, sólo con Ciudadanos, partido situado en el centro-derecha (de momento tampoco está claro que juntos puedan sumar la mayoría absoluta). Y eso mismo le pasa a Podemos en el otro extremo del eje ideológico-posicional: como izquierda-izquierda y habiéndose engullido prácticamente a IU, su única posibilidad de pacto es con el PSOE, con más visos de poder alcanzar la mayoría absoluta.
Y esto significa que quienes tienen más capacidad de maniobra post electoral son Ciudadanos (centro-derecha) y PSOE (centro-izquierda). Ambos partidos pueden entenderse perfectamente entre ellos, satisfaciendo a la gran masa electoral que se mueve naturalmente en el espacio de la moderación política (el llamado ‘centrismo’) y también con los partidos que tengan respectivamente a su derecha y a su izquierda.
Ese ha sido un modelo ensayado ya en la nueva formación de los principales gobiernos municipales y autonómicos, en los que se han dado alternativas de afinidad como las comentadas pero ningún acuerdo entre PP y PSOE, entre Ciudadanos y Podemos ni, menos aún, entre PP y Podemos. La proximidad ideológica determinará las posibilidades de entendimiento a partir de la aritmética parlamentaria.
Otro dato a tener en cuenta es que tanto en la última encuesta de Metroscopia como en la de Sigma Dos, la suma del bloque más conservador (PP + Ciudadanos) sería inferior a la de la suma del bloque de izquierdas o progresista (PSOE + Podemos), y esta, a su vez, superior a las sumas de un posible acuerdo ‘centrista’ (Ciudadanos + PSOE). Con la circunstancia añadida de que 5-4 puntos asignados en cada caso a IU podrían engrosar también los resultados de Podemos o incluso del PSOE…
Pero está claro que, a pesar de este balanceo electoral a favor de la izquierda, es en el medio-centro del campo político donde puede jugarse primero el éxito electoral del PP, el PSOE y Ciudadanos, y después la batalla final de los pactos, con clara ventaja para estos dos últimos partidos, entre otras cosas porque acto seguido desplazarían respectivamente al PP y a Podemos, atrayendo nuevos seguidores que no se sintiesen cómodos militando en las formaciones más extremistas. Un escenario de libro que en las próximas elecciones generales sólo se vería afectado por una clara mayoría parlamentaria conjunta del PSOE y Podemos, en la que el mayor de los sumandos llevaría la voz cantante.
La mayoría absoluta PP-Ciudadanos es aritméticamente más improbable y, sin la menor duda muy inconveniente para el futuro de Ciudadanos. La capacidad del PP para tratar de abducir o destruir a sus socios de gobierno (marcas redundantes de la derecha), ha sido bien palpable a lo largo de la historia. Y por ello, el acuerdo entre las formaciones lideradas por Albert Rivera y Pedro Sánchez, si aritméticamente dieran para ello, incluso con una opción no de mayoría absoluta, sería quizás la alternativa de gobierno más asumible.
Lo que tampoco parece probable es que los partidos autonómicos vuelvan a ser bisagra en la política nacional. Es más, una reforma inteligente de la Ley Electoral debería limitar su acceso al Congreso de los Diputados, primando en éste a los partidos de ámbito nacional del mismo modo que en el Senado se prima la representación autonómica. Zapatero a tus zapatos y que cada formación política actúe en el ámbito territorial en el que se constituye.
Dicho de otra forma, si un partido regional quiere jugar a la política nacional, para empezar tendría que inscribirse a nivel estatal como hacen los demás, y con un reglamento que obligue a tener implantación en un número mínimo de Comunidades Autónomas. Aunque sólo sea para tomar clara conciencia del sistema de convivencia y del propio Estado en el que se integran.
Nadie duda que el problema de la reforma general del sistema electoral, al igual que el de la independencia efectiva del Poder Judicial, la duplicidad y triplicidad de unas mismas funciones administrativas, el del mogollón de empresas públicas existentes sin justificación alguna (ahora enmascaradas unas dentro de otras para engañar a la ciudadanía con unas falsas cifras de reducción), las diputaciones provinciales y otros entes comarcales…, es algo que el Gobierno de Rajoy se ha pasado por la faja con su mayoría parlamentaria absoluta. Al final más de lo mismo, para lo cual no era necesario otorgar a nadie ninguna mayoría absoluta, susceptible de entenderse como una ‘dictadura democrática’, que en gran medida es como la ha entendido Rajoy.
Ahí quedan el rescate de la banca pagado por todos los españoles, los recortes sociales, el hundimiento de las clases medias, las privatizaciones del sistema público de salud, el ‘tasazo’, el reforzamiento de la politización del Poder Judicial, la reforma del Código Penal con la ‘cadena perpetua’ enmascarada, la ‘ley mordaza’, la reforma de la ley del aborto a medida de una minoría extremadamente reaccionaria…
Pero junto a todo lo que se ha hecho por activa en contra de lo esperado por la inmensa mayoría de la sociedad española y de sus propios votantes, también queda, siendo todavía mucho más grave, todo lo que Rajoy no ha hecho bajo ningún concepto y sin tener además coste económico alguno: asumir y erradicar de verdad el fenómeno de la corrupción política (pagando su cuota de culpa), reformar la ley de partidos y el sistema electoral para perfeccionar la democracia, sanear las Administraciones Públicas, reformar la fiscalidad del país con criterios más sociales, perseguir con firmeza a los defraudadores y evasores tributarios, promover la economía productiva, crear empleo digno…
Lo que nos han dado Rajoy y el Gobierno del PP en la presente legislatura ha sido más de lo mismo. Y en algunos aspectos hasta peor, porque ha tenido el instrumento de la mayoría absoluta que no tuvo Zapatero para realizar las reformas institucionales y estructurales que de verdad necesita el país.
¿Y para eso quieren ahora Rajoy y el PP otra mayoría parlamentaria absoluta…? ¿Para repetir faena y dejar bien asegurados los intereses de su camarilla de amiguetes y terminar de hundir al resto de los españoles…?
Sinceramente, creo que tal aspiración es hasta indecente y que, de una u otra forma, lo van a tener difícil. Por eso, ahora pretenden modificar la Ley Electoral deprisa y corriendo para que pueda gobernar el partido más votado si alcanza un determinado porcentaje minoritario, laminando a la gran mayoría restante y pensando por supuesto que en un escenario de cuatro partidos nacionales el suyo todavía sería el más votado.
La solución de una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida, el ballotage francés, mucho más sensato y representativo, no les interesa. Saben que la mayoría social de progreso les llevaría a la oposición.
Si insisten en retorcer la democracia, tendrán una caída más dura. Harían bien en rectificar, aunque siempre hay tontos que se pasan de listos.
Fernando J. Muniesa
