La mejor prueba de que el modelo político bipartidista ha caído, es el hecho de que tras las elecciones del 20-D ninguno de los dos partidos más votados (PP y PSOE) tiene fácil formar un Gobierno sin consensos con otras fuerzas políticas. Ya era hora de que vayan aprendiendo.
Cierto es que, como partido más votado, corresponde al PP intentar alcanzar ese objetivo, con independencia de que, además, Rajoy se plantee la investidura presidencial como empeño personal, aunque ya veremos si rectificando o no sus máximas exclusivistas y si terminando de hundir a su partido en ese empeño, antes que para procurar levantarlo. Pero ni la distribución de escaños ni las diferencias ideológicas y programáticas en liza, se lo van a poner fácil.
De hecho, y si bien el bloque nacional-conservador de PP y Ciudadanos totaliza 163 escaños (123 + 60), con un 42,65% de los votos, el bloque nacional-progresista del PSOE, Podemos e IU, con sólo dos escaños menos (90 + 69 + 2), le supera en votos obtenidos (un 46,34%). De ahí que la situación esté prácticamente en tablas y que los escaños ‘periféricos’ tengan en este sentido verdadera importancia (ya veremos si vuelven o no a sacar tajada política).
Vista la imposibilidad aritmética de conformar una mayoría parlamentaria absoluta de 176 escaños con coherencia ideológica en una primera votación de investidura, tampoco parece fácil que Mariano Rajoy pueda concitar suficientes apoyos y/o abstenciones como para formar en segunda votación un Gobierno en minoría de 123 diputados, para lo que necesitaría cuando menos la abstención conjunta de Ciudadanos y del PSOE al objeto de poder soportar un máximo posible de 97 votos negativos del resto de las fuerzas con representación parlamentaria. De otra forma, y aun contando con el voto positivo de Ciudadanos y hasta con el del PNV (partido al que en estos momentos le convendría mantener un gobierno conservador débil), es decir con el apoyo de 169 escaños, tampoco podría conjurar los restantes 181votos negativos del Congreso de los Diputados.
Esa investidura de Rajoy, sólo con sus votos o sumando incluso los de Ciudadanos y el PNV, tendría que pasar, pues, por la necesaria abstención del PSOE. Cosa que en términos de interés o estrategia socialista tampoco sería ningún absurdo: día a día, el PP podría terminar asado en su propio jugo, quizás abrasando también a Ciudadanos, mientras se releva a Pedro Sánchez para poder levantar cabeza en unas elecciones anticipadas no más allá del 2017.
Partiendo del deseo de Rajoy por volver a presidir el Consejo de Ministros (aunque fuera a plazo tasado esa nominación le valdría para salvar su prurito personal repitiendo legislatura por corta que fuese), ésta abstención del PSOE es la única forma de conseguirlo; pero, claro está , a costa de que su actual secretario general concluya su vida política como candidato circunstancial de ‘usar y tirar’. Porque, así como el apoyo del PNV a la investidura presidencial de Rajoy no es impensable (con las contrapartidas convenientes), sí que lo es el de los independentistas catalanes.
Por más vueltas que le demos, la única posibilidad de que el PP gobierne exclusivamente con sus 123 escaños, con el voto afirmativo o la abstención de Ciudadanos, sería la de contar, además, con la abstención del PSOE. Ahí queda eso; y lo más probable es que los grandes gerifaltes socialistas terminen forzando a Pedro Sánchez a pasar por el aro y a comulgar con esa penitente rueda de molino, rascando -eso sí- lo que se pueda rascar.
Esa fórmula, buena o menos mala para las expectativas post electorales de Ciudadanos, y también conveniente para que el PSOE pueda recomponerse del batacazo del 20-D, frenaría al menos momentáneamente la vertiginosa ascensión de Podemos, que siempre sacaría mayor rédito electoral con los demás posibles desenlaces de la situación. Mientras el partido de Rivera está obligado a afinar su confusa política general de alianzas y a fijar un posicionamiento con cierto recorrido electoral, el de Iglesias tiene muy claro su objetivo de conquistar el espacio socialista.
Ciudadanos sólo puede progresar con un Rajoy dependiente y gobernando contra corriente. Mientras Podemos, que prácticamente ya ha dejado a IU donde le convenía (en su izquierda marginal), necesita terminar de varear al debilitado PSOE de Sánchez, que, vistos los resultados del 20-D, debería asumir con dócil humildad lo que sea dictado y ordenado desde la reserva fáctica socialista (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha…).
Por otra parte, si Pedro Sánchez tomara el relevo de Mariano Rajoy para intentar formar un gobierno alternativo -de corte oportunista y desde luego lastrado por su innegable fracaso personal en las urnas-, necesitaría al menos el voto positivo de tres partidos más (entre ellos necesariamente Podemos), o bien la abstención común del PP y de Podemos. Una posibilidad alternativa todavía más difícil de implementar, si cabe, que ‘un gobierno del partido más votado’, que ha sido la propuesta mantenida por Rajoy durante la campaña electoral y, hoy por hoy, la menos inconveniente.
Pero, con todo, de una u otra forma, y obviando el imposible categórico de un gran pacto PP-PSOE que realimentara la aversión social contra ambos partidos (otra cosa sería simplemente dejar gobernar a Rajoy), el nuevo ejecutivo que se pueda nuclear tanto en torno a Mariano Rajoy como a Pedro Sánchez, nacería con una fragilidad extrema y muy limitado para afrontar los grandes retos políticos todavía pendientes. Destacando entre ellos la creación de empleo, las reformas institucionales básicas (ley electoral, independencia del poder judicial…) y la vertebración territorial y política del Estado, que requeriría nada más y nada menos que modificar la Constitución.
El lío resultante del 20-D es, pues, mayúsculo, con pocas y malas salidas, debido sobre todo a la renuencia conjunta del PP y del PSOE para reformar el sistema electoral vigente, que, entre otros muchos defectos, carece de una conveniente ‘segunda vuelta’ a la francesa para evitar este tipo de situaciones envenenadas. El PP de Rajoy no ha querido hacerlo con su mayoría parlamentaria absoluta, y ahora paga las consecuencias.
Porque ahora, antes de la investidura presidencial y de la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Nación -si es que ésta se produce sin nuevas elecciones generales-, tampoco es posible pactar de verdad la reforma constitucional, modificar o derogar la normativa legal o establecer cambios en el tramado institucional del Estado, como propone Podemos, con la capacidad legislativa bloqueada. Además, una vez constituidas las nuevas cámaras parlamentarias, ya se verá cómo se forma la Mesa del Congreso y si esta institución puede desarrollar o no sus funciones legisladora y de control al poder ejecutivo con la eficacia debida.
Por tanto, todo apunta a una obligada abstención final del PSOE para que Rajoy pueda gobernar a trancas y barrancas y con finiquito a muy corto plazo, posiblemente -como decimos- para apuntillar a su partido. De otra forma, y antes que ver al PSOE enfangado en nuevas peripecias sin futuro, esperemos como alternativa una convocatoria urgente de elecciones para resolverlas en una especie de ‘segunda vuelta’, con presunta ventaja para el PP.
Con todo, tampoco tenemos claro que el fin del bipartidismo no termine derivando en un cambio convulsivo del sistema político. Porque, como ha advertido Salvador Pániker, ingeniero y filósofo notable que huyó de la política renunciando de forma prematura al escaño de diputado que en 1977 obtuvo con UCD, “el defecto nacional es que nadie escucha ni cambia sus paradigmas”.
Tomemos nota de la situación. Y veamos si el PP y el PSOE son capaces de entender la necesidad del consenso político y si los partidos emergentes se traen o no esa lección aprendida.
Fernando J. Muniesa
