Las elecciones generales en España no han arreglado nada. La fragmentación del voto sigue haciendo muy difícil formar Gobierno. La campaña del miedo (poco efectiva ya) y los errores de los demás, parecen haber dado resultado al PP, que recupera votos y escaños a costa de Ciudadanos. El PSOE sigue su camino descendente, pero sus pérdidas no las recoge Podemos, que en su estrategia de frente de izquierdas recogiendo a una Izquierda Unida que ya no aporta nada, ha alejado a un voto más populista y transversal, que pedía más audacia en las propuestas políticas al estilo de otros movimientos europeos. Para socialdemócratas, ya estaba el PSOE…
El PP mejora su mayoría en el Congreso al pasar de 123 a 137 escaños en las elecciones celebradas hoy, mientras el PSOE pierde cinco, hasta los 85, Unidos Podemos repite los 71 diputados que en los anteriores comicios sumaban Podemos e IU, y Ciudadanos baja desde 40 hasta 32 representantes.
Con el 98 por ciento de los votos escrutados, el resto del hemiciclo queda conformado con nueve escaños de ERC -los mismos que los republicanos catalanes obtuvieron el 20 de diciembre-, ocho de CDC, que también repite resultados; cinco del PNV, que pierde uno; y dos EH-Bildu y uno de Coalición Canaria, que no varían resultados, informa EFE.
Con una participación del 69,66 por ciento, y a falta de computar el voto exterior, el partido liderado por Mariano Rajoy sube en número de escaños y también en porcentaje de votos, que alcanza el 33 por ciento de los sufragios emitidos.
En número de papeletas, logra unas 530.000 más que en diciembre, cuando recibió 7.236.000 votos, y es el partido que más asciende.
A gran distancia, el PSOE pierde cinco escaños en el Congreso pese a haber subido ligeramente el porcentaje de voto, al pasar del 22 por ciento de diciembre al 22,7 por ciento; eso sí, en número de sufragios baja de 5.545.000 a 5.340.000, esto es, 200.000 menos.
En cuanto a Unidos Podemos, se lleva el 21 por ciento de los sufragios y reúne 71 diputados al sumar 45 de su coalición con IU y Equo, 12 de En Comú Podem; 9 de Compromís y 5 de En Marea-Anova-Eu, que se deja un parlamentario respecto a los que anteriormente tenía.
En porcentajes, Ciudadanos pasa del 13,9 por ciento de los sufragios a un 13 por ciento, y se deja ocho escaños en la repetición de los comicios, al bajar a 32 puestos parlamentarios que en votos suponen un coste de 445.000 papeletas.
Los republicanos catalanes de ERC tuvieron el 2,39 por ciento de los sufragios y ahora logran el 2,6 que les permite repetir representación, esto es, nueve diputados, gracias a 620.000 votos que mejoran en 20.000 los obtenidos en diciembre.
Pese a retroceder del 2,2 por ciento de los votos al 2 por ciento, CDC mantiene sus ocho representantes en el Congreso; baja de 567.253 a 474.000 sufragios.
El PNV, al contrario, baja de seis a cinco escaños pese a haber subido ligeramente su porcentaje del 1,20 al 1,23, aunque en votos sí pierde unos 15.000 desde los 302.316 de los anteriores comicios.
EH-Bildu logra conservar sus dos escaños con un porcentaje menor (del 0,87 por ciento, al 0,79) y Coalición Canaria mantiene igualmente el suyo, con un porcentaje similar del 0,3 por ciento.
Con un porcentaje superior al 1 por ciento de los votos (del 1,19 por ciento) y 275.000 papeletas, el Pacma se queda fuera del Parlamento, al igual que Recortes Cero-Grupo Verde, con 50.000, que supera ligeramente a UPYD, que pasa de 155.000 sufragios a unos 48.000, así como un leve aumento de las candidaturas falangistas.
En las generales del 20 de diciembre, el Partido Popular ganó las elecciones con un 28,72%de los votos y obteniendo 123 escaños. Tras él el PSOE, con un 22,01% de los votos y 90 escaños. El tercer partido más votado fue Podemos, que obtuvo 69 escaños con un 20,66% de los votos. Ciudadanos, con un 13,93% de los votos, alcanzó 40 escaños.
Valoración de los líderes
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, reconoció hoy los malos resultados de la coalición que lidera en las elecciones celebradas en España y expresó su "preocupación" por el aumento del apoyo del conservador Partido Popular (PP), que quedó primero. "Los resultados no son satisfactorios. Teníamos unas expectativas diferentes", dijo el politólogo, de 37 años, en una comparecencia junto a otros miembros de la coalición de izquierdas.
El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que a pesar de que los socialistas siguen siendo la primera fuerza de la izquierda, "no está satisfecho" con el resultado de las urnas y ha culpado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de haber permitido al PP aumentar su número de escaños.
"Espero que Iglesias reflexione sobre estos resultados. Tuvo la posibilidad de votar a un gobierno progresista y poner fin al gobierno de Rajoy, pero la intransigencia y el interés personal por encima del interés general ha permitido mejorar los resultados del PP", ha dicho Sánchez en su comparecencia ante los medios en la sede de Ferraz.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que el primer objetivo en esta legislatura será la reforma de la ley electoral y ha asegurado que "el centro viene a quedarse". También ha exigido "regeneración" de la clase política.
Análisis: ¿Qué se puede hacer si no hay pacto tras el 26-J?
Hoy deciden los españoles. Y a partir de mañana, los políticos. Si como indican las encuestas España queda en manos de la negociación, habrá que cruzar los dedos para que las líneas rojas y los vetos se difuminen.
Si el pacto resulta de nuevo imposible, el bloqueo del país adquirirá tintes muy preocupantes tras siete meses sin que ningún proyecto de ley vea la luz, sin posibilidad de sacar adelante unos nuevos presupuestos, con la inversión pública en estado de parálisis y con la amenaza de nuevas turbulencias financieras en Europa.
Mañana comenzará una nueva etapa de tiras y aflojas, reuniones, declaraciones y contactos cruzados entre Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera. Se trata de tejer los hilos de un acuerdo base que permita que uno de los cuatro candidatos opte a la investidura una vez que se constituyan las nuevas Cámaras, algo que está previsto, de acuerdo con el decreto de convocatoria electoral, para el próximo 19 de julio.
A continuación el Rey, sin demoras, abrirá una ronda de contactos con los representantes de las fuerzas parlamentarias, de menor a mayor, y designará un aspirante a recabar la confianza del Congreso.
Lo lógico es que el señalado sea el líder del partido que ha conseguido más votos en las elecciones, pero no está escrito que tenga que ser así. Fruto de los acuerdos postelectorales, el mejor situado para conseguir la investidura, por contar con más apoyos parlamentarios, puede ser otro.
También puede suceder que el primero de los aspirantes naturales -los sondeos apuntan a Mariano Rajoy- decline el ofrecimiento del Rey por no disponer de apoyos que le garanticen la confianza de la Cámara.
En ese caso, Felipe VI procedería tras una nueva ronda a designar otro aspirante que, de seguir la lógica aritmética, sería quien haya quedado en segunda posición en las urnas: Pablo Iglesias, si se confirma el sorpasso de Unidos Podemos sobre el PSOE, o Pedro Sánchez si el socialismo finalmente conserva la hegemonía de la izquierda.
La Constitución no marca plazos para celebrar la sesión de investidura; se limita a señalar el procedimiento para designar al candidato. Y lo que es más importante, no aclara qué sucedería si ninguno de los líderes aceptara acudir al Congreso para solicitar su confianza por no tener los respaldos suficientes. España estaría abocada a unas terceras elecciones pero, de facto, no podría activarlas.
Dificultades
En ese hipotético caso, el empantanamiento sería total. Si no hay sesión de investidura no corre el reloj que pone en marcha los nuevos comicios. El país quedaría en blanco. El Gobierno del PP seguiría en funciones pero con las manos atadas para impulsar la marcha nacional.
El artículo 99.5 de la Constitución no deja lugar a dudas: "Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso". El problema surge si no hay votación que dé el pistoletazo de salida.
En ese caso, los expertos en Derecho Constitucional contactados sólo encuentran un camino: reformar la Carta Magna.
A fin de desencallar una situación imposible, la única fórmula pasaría porque los grupos parlamentarios con el Congreso ya constituido y, por tanto, en plenitud de sus facultades, alcanzaran un acuerdo para reformar o retocar el artículo 99.5 de la Carta Magna.
La mayoría de los consultados apuesta por introducir un nuevo apartado en el que se contemple la contingencia de que ningún candidato opte a la investidura. En ese caso podría establecerse un plazo a contar desde la fecha de constitución de las propias Cámaras. Si cumplido el mismo no hubiera habido aspirante a la confianza del Congreso, el Rey procedería, como en la fórmula originaria, a disolver el Parlamento con el refrendo del presidente de la Cámara Baja.
La reforma del artículo 99.5 de la Constitución no comportaría mayores problemas que los derivados del propio acuerdo entre los grupos parlamentarios. Al tratarse de un artículo incluido en uno de los capítulos no blindados de la Carta Magna bastaría con el voto favorable de tres quintos de los diputados y de los senadores.
Si no hubiera acuerdo entre las dos cámaras, se intentaría obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado, tal y como establece el artículo 167 de la propia Constitución.
Si pese a todo se mantuviera la falta de acuerdo, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, aprobaría la reforma.
La polémica modificación del artículo 135, el que establece la obligatoriedad del equilibrio presupuestario, se aprobó por este método en un tiempo récord gracias a que contaba con el apoyo del PP y del PSOE que garantizaban de sobra la mayoría suficiente.
Una reforma de este tipo debería ser sometida a referéndum para su ratificación si lo solicita, en un plazo de 15 días a contar desde su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Tras las elecciones del 20-D, cuando ya se barruntaban las enormes dificultades para un acuerdo de investidura entre las distintas fuerzas políticas y, después de que el primero de los candidatos, Mariano Rajoy, declinara la oferta del Rey de solicitar la confianza del Congreso, el Gobierno analizó todas las posibilidades de activar el calendario electoral en la hipótesis de que finalmente no hubiera sesión de investidura desencadenante.
Nunca llegó a solicitarse un informe al Consejo de Estado porque se entendía que el primer paso para explorar los caminos oportunos debía partir de la Casa del Rey. No obstante, el debate jurídico en el seno del Ejecutivo fue "intenso" y se llegó a plantear la posibilidad de que el Congreso, previo acuerdo de las fuerzas parlamentarias, realizara una declaración formal dando la investidura por desierta y fallida y, a partir de ese acto institucional, activar el tic-tac con vistas a la nueva convocatoria de elecciones.
El voto por correo duplica al del 20-D
Un total de 1.357.720 electores censados en España han ejercido su derecho al voto por correo. Esto supone un aumento del 86,5% respecto a los comicios del 20-D. El viernes, Correos tenía en custodia 1.291.131 sobres listos para la entrega hoy en sus colegios electorales. A lo largo de la jornada de ayer e incluso de la de hoy irán llegando a la empresa postal más sobres, todos con fecha máxima en el matasellos de 25 de junio. Además de estos votos emitidos por electores censados en España, llegarán a las mesas los más de 170.000 emitidos por españoles residentes en el extranjero. En estas elecciones pueden participar un total de 36,5 millones de ciudadanos y de ellos 197.245 son jóvenes que estrenan su derecho a voto.
Fuente: El Mundo
