A. Fernández
La Guardia Civil tiene grabaciones del secretario catalán de Hacienda, Lluís Salvadó, uno de los detenidos en la operación judicial de ayer, en las que explica que ya tiene “30.000 millones de euros asegurados para iniciar la independencia”. Salvadó es también secretario general adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). De ahí el enfado de los diputados de esta formación cuando se enteraron, mientras estaban en el pleno del Congreso, de la detención de sus colegas en Barcelona y de los registros en dependencias oficiales de la Generalitat.
Ese dinero, aseguraba el alto cargo del Gobierno catalán, proviene del extranjero. En algunas de sus charlas, Salvadó argumentaba que “para comenzar a andar, el 2 de octubre deberíamos tener encima de la mesa 5.000 millones de euros para cubrir los gastos de ese mes”. Su preocupación es que “el Gobierno catalán necesita 5.000 millones mensuales, o sea, 60.000 millones de euros al año, para que todo siga funcionando, pagando las nóminas de los funcionarios, pagando a los ayuntamientos, pagando a los Mossos, pagando las prestaciones de jubilación y de paro…”.
Golpe judicial al entorno de Junqueras
Con el dinero que afirmaba que ya tenía apalabrado en el extranjero, pues, tendría para ir tirando seis meses. ¿Y cómo conseguiría el resto? Él tiene claro que solo hay tres modos: mediante impuestos, mediante cotizaciones o acudiendo a los mercados internacionales. Pero en sus mensajes aleccionadores organizados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a ciudadanos o colectivos, afirmaba que podía tener acceso a fondos de inversión internacionales que estarían dispuestos a aportar dinero para que Cataluña se independizase. Es más: dejaba entrever que ya había habido contactos con estos fondos y que no sería ningún problema obtener el dinero que Cataluña necesita para sacudirse de encima a España. Todo depende, claro, de lo que se les prometa luego a los fondos que tan ‘desinteresadamente’ apuestan por una secesión de estas características.
Sin embargo, el principal problema que tiene la Generalitat —decía Salvadó en un encuentro en el barrio barcelonés de Gràcia el pasado 11 de mayo— es que la Hacienda catalana recaudó en el año 2016 un total de 1.200 millones de euros. Eso significa que, si comienza su año fiscal el 1 de enero, el día de Reyes ya lo habría gastado todo. Es, pues, una cantidad irrisoria. Tras un gran esfuerzo fiscal en 2017, esperaba que a 1 de septiembre la recaudación de su Hacienda ascendiese a 3.000 millones, lo que alargaría la supervivencia del Estado catalán “hasta el día de San Antonio, el 17 de enero”. Otra cantidad irrisoria.
Pero su teoría tenía trampa: pensaba disminuir la brecha deficitaria con la recuperación de “15.000 o 16.000 millones de euros que corresponden al expolio fiscal”. Se quejaba de que el Gobierno español había creado un sistema fiscal que hacía que las empresas del Ibex pagaban un impuesto de sociedades inferior al 10%, lo que es un agravio comparativo “con nuestro tejido empresarial”.
La guerra de los impuestos
Por eso, afirmaba ante los suyos, “tenemos ya preparada toda la estructura informática para gestionar los impuestos en Cataluña, incluyendo los del Estado”. Lo que no dejaba claro es cómo piensa detraer los impuestos estatales de las cuentas del Reino de España y esconderlas de Cristóbal Montoro. Es cierto que, entre otras cosas, su departamento llegó a acuerdos con las cuatro diputaciones de Cataluña (todas en manos de los independentistas) para que se conviertan en oficinas recaudadoras de la Agencia Tributaria catalana en sus respectivos territorios. Pero eso no es suficiente. Lo que tiene claro es que “cuando vayamos a votar, hemos de estar capacitados para que el día después pasen cosas”.
El secretario de Hacienda se quejaba en una de sus charlas de que “en 2015, éramos 125 trabajadores en la ATC, gestionábamos el 50% de las funciones propias de la autonomía y delegábamos mucha recaudación en los registradores de la propiedad. Y hasta 2016, pagábamos 10 millones a la AEAT para hacer la recaudación ejecutiva”. Ante ello, considera que para desarrollar la Hacienda catalana es necesario “asumir la recaudación ejecutiva, ya que es absolutamente imprescindible para el día en que asumamos la recaudación de la totalidad de los impuestos. Para ello, hemos aumentado personal. Hemos pasado de 324 a 450 personas, y a 1 de septiembre tendremos 750, y en dos o tres meses más, llegaremos a las 800. A esas personas las tendremos que ubicar en algún sitio y pensamos aumentar nuestras oficinas de cinco a 32, habilitando 14 oficinas propias distribuidas por el conjunto del país. Ya hemos firmado contratos con empresas que están habilitando estas oficinas, para tenerlo todo preparado el 1 de septiembre. Luego, tendremos 13 oficinas más dependientes de diputaciones y consejos comarcales”.
Quería gestionar los embargos de tráfico
Todo ello, “ha de ir acompañado por un sistema informático para tratar datos de forma eficiente. Ya gestionamos el impuesto de vehículos contaminantes, con cinco millones de contribuyentes, y estamos preparados para asumir con estos programas aquellos impuestos que gestionan, habitualmente, los estados”. La base de datos, afirmaba, “es muy potente”.
Salvadó esperaba gestionar totalmente la recaudación ejecutiva este mes de septiembre, incluidas las 300.000 sanciones impagadas de Tráfico. “A quien no pague multas, lo embargaremos nosotros y no la AEAT, como ocurre ahora”, aseguraba. Asimismo, asume la gestión de impagados extraterritoriales de varios ayuntamientos, entre ellos Barcelona y Sabadell.
Los servicios de inteligencia buscan las papeletas del referéndum en Israel
El pasado martes la Guardia Civil incautó 10 millones de papeletas impresas para el referéndum de independencia. Una operación que ha supuesto un golpe determinante a la logística del 1-O. Sin embargo, el Gobierno sospecha que la Generalitat tiene un ‘plan B’. Las papeletas se podrían estar imprimiendo en un país fuera de la Unión Europea y serían trasladadas por barco hasta Cataluña en los días previos a la consulta.
Desde que la Fiscalía General del Estado emitió la orden a las fuerzas de seguridad para requisaran papeletas, urnas y material destinado al referéndum, el cerco policial a las imprentas sospechosas de colaborar con la Generalitat no ha cesado.
La operación policial no dio frutos hasta el pasado martes, cuando la Guardia Civil detuvo a dos empresarios tras inspeccionar una nave industrial en el municipio de Bigues i Riells, en Barcelona. Allí se encontraron cerca de 10 millones de papeletas con la pregunta del referéndum y las casillas para el sí y el no.
Un golpe demoledor al 1-O
Fuentes de la seguridad del Estado valoran la incautación como un golpe determinante a la infraestructura del referéndum, ya que el número de papeletas cubría ampliamente el censo total convocado a la consulta.
La Guardia Civil continúa con la vigilancia e inspecciones sorpresa a empresas sospechosas de colaborar con la organización del 1-O. Sin embargo, en el Gobierno existe la sospecha de que el govern de la Generalitat estaría desplegando una estrategia de ‘señuelos’.
Investigación del CNI en el extranjero
Las sospechas no son infundadas. Se basan, según confirman fuentes solventes a ECD, en una línea de investigación abierta en las últimas semanas por los servicios de inteligencia. Las papeletas se están imprimiendo en otro país. Un país de fuera de la Unión Europea, con la presunta complicidad de las autoridades de dicha nación.
El origen de esta pista es desconocido, pero fuentes cercanas a la investigación confirman la existencia de una “búsqueda” por el extranjero en busca de imprentas trabajando por encargo de la Generalitat.
Según estas voces, las pistas de la investigación conducen a varios países, todos extracomunitarios. Uno de ellos es Israel.
Los lazos de Israel con Cataluña
Según informes de la inteligencia española, Israel nunca ha ocultado su simpatía hacia la causa catalana. Jordi Puyol llegó a declararse sionista y fue invitado a dar un discurso ante el parlamento israelí.
El año pasado, Artur Mas aseguró que “como en Israel, en Catalunya también hay un pueblo determinado a ser libre” durante la gala de entrega de un premio por la amistad entre Cataluña e Israel. Durante su presidencia fueron varios los viajes de Mas a Israel.
Las muestras de afecto van en las dos direcciones. Al menos, así lo reconoció Santiago Vidal cuando aseguró que entre los países que se habían mostrado dispuestos a ayudar a una Cataluña recién nacida se encontraba Israel. La ayuda llegaría en forma de préstamo económico, según el ex diputado catalán.
Incluso Puigdemont se ocupó personalmente de varias gestiones diplomáticas con Israel. El embajador israelí en España mantuvo una “cena privada” en el Palacio de Sant Jaume con el presidente de la Generalitat. No se informó oficialmente de los temas que se trataron en dicho encuentro.
Una ‘operación señuelo’
Lo que se sospecha en los servicios de inteligencia es que la Generalitat haya diseñado una operación ‘señuelo’. Esta maniobra consistiría en encargar la elaboración de las papeletas a alguna de las imprentas locales.
Paralelamente, se encargaría a una empresa extranjera la confección de todo el material impreso para la realización de la consulta. Mientras las fuerzas de seguridad se enfocaran en buscar y requisar las papeletas en territorio español, las auténticas permanecían ocultas en un tercer país hasta días antes del referéndum.
Se sospecha que estas podrían llegar hasta Cataluña en barco, a través de uno de los puertos de la región. Otra de las opciones que barajan en los servicios de inteligencia es que ya hayan llegado a suelo catalán y se encuentren ocultas.
En cualquiera de los dos escenarios, el siguiente paso sería distribuirlas discretamente a los centros de votación del 1-O. La operación, en términos logísticos, no resulta demasiado compleja. La Guardia Civil movió los diez millones de papeletas incautadas el martes en siete furgonetas.
Las urnas, el otro misterio: una pista las sitúa en Rusia o Serbia
Otra de las incógnitas que rodea al 1-O y que las fuerzas de seguridad tratan de resolver es el paradero de las más de 6.000 urnas necesarias para realizar el referéndum. En las últimas semanas se ha barajado la posibilidad de que las urnas se encuentren resguardadas en un país extranjero. Incluso en una embajada extranjera en territorio catalán.
El Confidencial Digital ha tenido acceso a fuentes de la dirección de los Mossos d’Escuadra, que desvelan que las sospechas sobre el país de origen de las urnas se centran en Rusia y Serbia, estados donde habrían sido fabricadas por encargo de la Generalitat.
El traslado de las urnas hasta los centros de votación es, al menos en términos logísticos, mucho más complejo que el de las papeletas. Principalmente por la infraestructura necesaria para mover más 6.000 urnas por una Cataluña llena de controles policiales en busca de urnas, papeletas y material relacionado con el 1-O.
Las horas más difíciles de los Mossos: los radicales inician la 'caza al traidor'
A. Fernández
La tensión ha llegado a los Mossos d’Esquadra. En la comisaría de Esplugues, un grupo de agentes autonómicos alineados con el independentismo pidió a sus mandos desobedecer las órdenes de los tribunales y los fiscales españoles, apelando a que solo debían obedecer las órdenes emanadas del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat. El momento de mayor tensión se vivió hace unos días, durante el ‘breafing’ diario que realizan los mandos en las comisarías, ya que había una mayoría de agentes que exigía cumplir “la legalidad vigente”.
En otra comisaría de Barcelona, uno de los mandos tuvo duras palabras para los independentistas. “Aquí no venimos a hacer política. El que quiera política, que se vaya al bar. Nosotros estamos para obedecer las órdenes judiciales que nos transmitan y no podemos ponerlas en duda”, advirtió el superior. Las duras palabras provocaron que varios 'mossos' radicales informasen luego a la cúpula política del cuerpo del posicionamiento del mismo, pidiendo su cese inmediato por antipatriota.
La gota que colmó el vaso de los radicales fue la labor efectuada en la mañana de este miércoles: ante las concentraciones y la tensión generada por los radicales en las sedes del Gobierno catalán registradas por orden judicial, los agentes de la policía autonómica se han tenido que emplear a fondo y proteger a los agentes de la Guardia Civil de las agresiones e insultos de los concentrados. Ello valió a los 'mossos' participantes reproches y acusaciones de españoles, traidores o ‘botiflers’. Pero en los sectores del independentismo radical ya se había puesto en el punto de mira a los Mossos d’Esquadra por su labor manteniendo el orden público. La situación se ha vuelto muy tensa, hasta el punto de que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, convocó en la tarde de este mismo miércoles una cumbre en la central que los Mossos tienen en Sabadell.
Un escrito contra los 'traidores'
Desde hace días, circulaba un escrito (elaborado por un policía que ya ha sido identificado) en el que se acusaba a agentes ‘españolistas’ de “arrancar carteles democráticos a favor del referéndum”, tal y como había ordenado la Fiscalía. Y advertía de que “durante muchos años, miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional han pedido y han ido ingresando dentro de estos cuerpos policiales. Lo hicieron por motivos personales y familiares, para que no los destinasen fuera de Cataluña. Se han casado aquí o tienen ya familia”, decía el texto.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), junto al 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Lo malo es que continuaba: “Son estos miembros dentro de nuestras policías [se refiere a Mossos d’Esquadra y policías locales], en muchos casos mandos, los que están llevando a cabo estos hechos que, según la nueva ley catalana, son ilegales, puesto que van en contra de la libertad de expresión y, por tanto, de la democracia. Estos sujetos subversivos nunca se han integrado ni lo harán. Se cometió un error aceptándolos en nuestros cuerpos policiales”.
Afirma el escrito que “actúan de 'motu proprio', agentes y mandos regidos por las políticas fascistas españolas y valiéndose de unos uniformes que jamás deberían haber vestido”. Así pues, el radical pedía a sus compañeros que “ante cualquier acto que presenciéis de estos policías, les toméis y pidáis el número de agente. No os lo pueden negar y tienen la obligación de llevar el número visible, siempre visible. Los iremos publicando en las redes”.
Recordaba el escrito que no se pueden negar a facilitar su número de identificación y subrayaba que “si podéis aportar grabaciones, mejor. No os pueden intervenir el móvil nunca, sería un acto ilegal”. Y zanjaba: “Hagamos públicos los agentes infiltrados y fascistas que corren por dentro de nuestras policías locales de Cataluña”.
Acoso a CNP y Guardia Civil
Esta ‘caza al traidor’ coincide con una ofensiva en toda regla contra los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil enviados a Cataluña. Entre las acciones de algunos círculos radicales, figuraba el envío de listados de hoteles y residencias donde podían alojarse los agentes desplazados. En Reus, donde se ubicó un destacamento, hubo concentraciones ante el hotel. “¡¡¡Cuidado!!! Son peligrosos”, advertía un tuit entre radicales. Un grupo de policías que ‘cazó’ el mensaje le respondió: “¿Qué tal si nos esperas a la puerta del hotel y charlamos? ¿Tendrás cojones para hacerlo o solo tienes huevos por Twitter?”.
Y no les falta razón. Un mensaje entre radicales de este martes advertía de que “los secretas en Reus huyen al ver tanta gente con papeletas y esteladas. ¿Quién tiene miedo?”. Otro enviaba varias fotos de algunas furgonetas en Calella, señalando que habían llegado 200 guardias civiles a esta localidad. “Así garantiza el Estado español la democracia al estilo 23-F”.
Otro era más drástico: “¡¡¡Pronto tocará tomar las armas!!! Las armas del no tengo miedo y algunas más”. Y minutos después volvía a la carga: “Cuando las avispas salen para picarte, no hay nada como destruir su cuartel… ¿¿¿alguien lo puede entender y actuar???”. Ese mismo comunicante acaba por afirmar un par de horas más tarde: “Es preciso resistir hasta el día 1. ¡¡¡Después, podéis respirar hondo y escupir a la cara a todos los traidores!!!”.
Anulados permisos y compensación económica
El Ministerio del Interior, por su parte, ha establecido medidas extraordinarias para los agentes del CNP y de la Guardia Civil entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, fecha que puede prorrogarse en función de las circunstancias sobrevenidas. Entre las medidas tomadas, suspende la orden sobre jornada laboral y horarios entre esas fechas, por lo que no habrá incentivos al rendimiento o acumulación de días de descanso por superación de la jornada laboral. Sin embargo, habrá “compensaciones económicas” a este “esfuerzo adicional”. Las compensaciones serán iguales para los dos cuerpos y “serán para todos los miembros que presten servicio en Cataluña, independientemente de que estén destinados, comisionados o se encuentren inmovilizados en Cataluña, pendientes de ocupar sus nuevos destinos”. Asimismo, se anulan todos los permisos, licencias y vacaciones entre esas fechas “salvo casos excepcionales”, a no ser que ya estuviesen aprobados con anterioridad.
Fuente: El Confidencial y El Confidencial Digital
