Pretendía trasladar su parte de la recaudación por IRPF, IVA, Sucesiones y Donaciones. El Gobierno ha bloqueado la maniobra recurriendo a BBVA y CaixaBank
El Govern de Carles Puigdemont venía trabajando en un plan para depositar en cuentas bancarias en el extranjero la recaudación de los impuestos propios y cedidos a la Generalitat. El objetivo era financiar una Administración paralela. Hacienda ha conseguido bloquear las transferencias de dinero con una alerta a BBVA y CaixaBank.
La investigación sobre el referéndum del 1-O y la creación de las llamadas estructuras de Estado, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, acaba de destapar que la Generalitat desvió fondos de partidas presupuestarias para financiar la construcción de una Hacienda catalana.
Una parte del dinero salió de los fondos que el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat debía haber destinado a políticas activas de empleo, inclusión social, refugiados o inmigración.
El hallazgo resulta de una gran trascendencia. Apuntala la imputación por malversación de caudales públicos de la veintena de los altos cargos del Govern involucrados en el proceso independentista. Pero esta operativa del Departamento de Trabajo para costear el montaje de una administración paralela no es un caso aislado.
Desvío de dinero a cuentas fuera de España
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los movimientos de estos días en algunas consellerias catalanas, el Gobierno ha descubierto un plan del Govern para depositar la recaudación de los impuestos propios y cedidos a la Generalitat en cuentas bancarias propias fuera de España.
Este escenario ha hecho saltar las alarmas en Hacienda. Se ha dado orden de estrechar el cerco sobre cualquier ingreso en la administración catalana. En aplicación del 155, una de las primeras medidas tomadas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha sido el control de la recaudación de los impuestos propios y cedidos a la Generalitat.
Pretende escapar de la fiscalización del Tesoro
Hacienda no sólo pretende, como hasta ahora, que ningún gasto se destine a fines secesionistas. Según las fuentes consultadas por ECD, tras la declaración de independencia, el objetivo es que ninguna partida consiga ser depositada en una cuenta distinta a la del Tesoro para escapar de la fiscalización de la Agencia Tributaria.
De entrada, argumentan en el Gobierno, es totalmente legal tener dinero en el extranjero. Si la suma de las cuentas y depósitos, en su conjunto, no llega a 50.000 euros, no hay obligación de informar a Hacienda.
Pero si, por el contrario, la suma de los bienes supera esta cifra, habría que comunicarlo. Para ello, se debe presentar el modelo 720. Este documento se presenta entre enero y marzo de cada año. Además, si el volumen de los activos o pasivos supera el millón de euros, también se debe informar al Banco de Españamediante la presentación de la Encuesta sobre Transacciones Exteriores (ETE).
Los impuestos propios y cedidos a la Generalitat
Actualmente, existen una serie de impuestos estatales cuya gestión y recaudación ya está cedida por completo a la Generalitat.
Es el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, sobre las Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos y sobre el Juego.
Después se encuentran los tributos cuya gestión corresponde al Estado pero que cede un porcentaje determinado de la recaudación.
Entre esos impuestos destacan: la fracción autonómica del IRPF, una parte del IVA, de los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre el Tabaco, Hidrocarburos, y el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Electricidad.
Orden a BBVA y CaixaBank de bloquear el plan
Ante este escenario, Hacienda ha dado instrucciones urgentes a los bancos para abortar el plan del Govern. Se tiene en cuenta que los contribuyentes pagan la mayoría de los impuestos a través de las sucursales bancarias.
Por ello, ha recurrido a la colaboración inmediata de las entidades financieras que gestionan la tesorería de la Generalitat: BBVA y CaixaBank. Cuenta con que los empleados bancarios garanticen que no se realizan transferencias fuera de España para crear esta administración paralela.
Los bancos respaldan sin fisuras el plan gubernamental, según ha podido confirmar ECD a través de fuentes financieras. Pero también ponen de manifiesto la dificultad de controlar todos y cada uno de los movimientos de la Generalitat. Y la complejidad de certificar que ninguno de ellos se destinará a financiar la Hacienda catalana.
La ‘guardia pretoriana’ de Puigdemont se disuelve
El Govern cesado se queda sin escolta. El proces ya no tiene protección pública, a excepción de Puigdemont que aún conserva un muy reducido equipo de seguridad. Entre ellos ya no queda ningún agente del Grup Especial d'Intervenció, los ‘GEO’ de los Mossos, que ya han vuelto a sus labores habituales.
Una de las primeras consecuencias que ha tenido el cese de los miembros del Govern por la aplicación del artículo 155 ha sido el fin de la escolta de seguridad que los protegía. Los consellers han dejado de ir acompañados por miembros de los Mossos d’Escuadra.
Puigdemont, sin embargo, aún conserva una parte de su escolta –de hecho, algunos de sus guardaespaldas incluso le han acompañado a Bruselas- pero el número se ha visto reducido considerablemente.
El grueso de la denominada ‘guardia pretoriana’ de Carles Puigdemont ha sido disuelta. Y entre ellos, los miembros del Grup Especial d'Intervenció que habían sido destinados a la protección del president. Según fuentes próximas al operativo, ya no queda ninguno de estos agentes adscritos a esta misión.
Una incómoda ‘guardia pretoriana’
Los planes del entorno del president previos al 1-O pasaban por la creación de un amplio equipo de seguridad, organizado en diversos niveles. El círculo más próximo al presidente estaría formado directamente por agentes de los ‘GEO’ de los Mossos.
Este equipo, experto en el manejo de armamento y con amplios conocimientos en protección de VIPs y misiones de contraseguimiento. Las dos últimas características encajan perfectamente con los objetivos de la misión diseñada por el equipo próximo al president.
Sin embargo, en el seno del GEI no sentó nada bien la noticia de que el Govern quería recurrir a la unidad para blindar a Puigdemont. Consideraban, explican las fuentes consultadas a ECD, que se trataba de una misión puramente “política”.
Y es que en ese plan no solo se blindaba a cargos del Govern, sino a las principales figuras periféricas del proces. Concretamente, a Jordi Sànchez (ANC) y a Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), que posteriormente fueron detenidos. El objetivo era precisamente evitar que una detención prematura pusiera en peligro la estratégicasoberanista antes de completarla con la declaración unilateral de independencia.
Misión "comprometedora"
Sin embargo, entre el GEI se entendía que su labor no encajaba en ese esquema. No hay nada que la unidad pueda hacer si la justicia reclama la detención de una de estas personas. Prácticamente ningún agente, a excepción de varios –“un par”, dicen algunas fuentes-, estaban dispuestos a arriesgar su trabajo por una misión tan comprometedora y “poco clara”.
Finalmente, la aplicación del 155 ha provocado la disolución de este cuerpo de escolta formado por Mossos ‘leales’ a las vías más independentistas. Desde el entorno del GEI aseguran que, por fin, han vuelto a su verdadera misión: “la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada”
Diputados y senadores de PDCat y ERC reciben 4 millones de euros al año
Los 33 representantes del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDCat) y Esquerra Republicana (ERC) en las Cortes Generales (Congreso y Senado) reciben 4 millones de euros al año en concepto de sueldos, subvenciones parlamentarias y ayudas estatales para gastos ordinario de funcionamiento y de seguridad. Sin embargo, estos diputados y senadores ya han avanzado que no tienen la más mínima intención de dejar sus escaños en dichas Cámaras pese a que sus formaciones han proclamado unilateral e ilegalmente la "República catalana" y la independencia del resto de España.
En lo referente a remuneraciones, estos parlamentarios de PDCat (8 diputados y 4 senadores) y ERC (9 diputados y 12 senadores) suman ingresos por un valor total de más de 200.000 euros al año. Se incluyen aquí tanto el salario base de cada uno (2.842,01 euros brutos al mes en el Congreso y 2.842,05 en el Senado), como las indemnizaciones para alojamiento y manutención (1.842,10 euros y 1.840,60 respectivamente) y los gastos de representación en los órganos de dirección de ambas Cámaras y en sus comisiones.
Aquí se computan los complementos por portavocías y portavocías adjuntas y aquellos que cobran los miembros de las Mesas de las comisiones (presidentes, vicepresidentes y secretarios). Por ejemplo, el diputado del PDCat Xordi Xuclá es el presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, cargo que tiene asignado un plus de 1.445,62 euros mensuales. En esa misma comisión, a la diputada de ERC Ester Capella también le corresponden 704,63 euros al mes como secretaria segunda de la Mesa.
A instancia de Ciudadanos, la Mesa del Congreso ha encargado un informea los servicios jurídicos de la Cámara para estudiar si se puede retirar el sueldo y las subvenciones a los diputados de PDCat y ERC por sus reiteradas ausencias en las últimas semanas a raíz del agravamiento de la crisis política catalana. También el PSOE ha pedido a los diputados y senadores de las formaciones independentistas que dejen sus escaños "por coherencia" tras la DUI proclamada el pasado 27 de octubre.
Esas subvenciones parlamentarias que recoge Ciudadanos en su escrito superan los 870.000 euros en el caso de los grupos de ERC en Congreso y Senado y alcanza los 300.000 por la representación del PDCat en ambas Cámaras. Por ejemplo, Esquerra recibe como grupo parlamentario en la Cámara baja una "subvención fija" de 28.597,08 euros al mes y una "subvención variable", que se otorga en función del número de diputados, de 1.645,49 euros mensuales por escaño.
Vía presupuesto de Interior
Por otro lado, también están las ayudas estatales que otorga el Ministerio del Interior, con cargo a su presupuesto, a los partidos con representación parlamentaria en el Congreso para sufragar gastos ordinarios de funcionamiento y de seguridad. El Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero autorizó una concesión anual de 1.405.973,82 euros a Esquerra por este concepto y otra de 1.131.278,64 euros al PDCat. Las subvenciones se distribuyen entre las diferentes formaciones del hemiciclo en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones generales.
Respecto a las asignaciones para cubrir gastos de seguridad, el Portal de Transparencia del Gobierno recoge que la formación republicana de Joan Tardà y Gabriel Rufián percibió 72.176,08 euros en 2016, mientras que la antigua Convergència obtuvo 62.296,59 euros.
Fuente: ECD, Vozpopuli
