Isidoro Tapia
Los partidos independentistas están a punto de cerrar un acuerdo electoral para presentarse bajo una lista unitaria a las elecciones del 21-D. Es posible que el auto de la jueza Lamela haya servido para “engrasar” estas discusiones. Pero el verdadero motivo de la lista unitaria es otro: si se presentan por separado, los partidos independentistas corren el riesgo de perder la mayoría absoluta en el Parlamento catalán, incluso si consiguen mantener su apoyo electoral. Es una de las consecuencias del sistema electoral catalán. Mejor dicho, del español (el previsto en la LOREG), ya que Cataluña es una de las pocas comunidades autónomas que no cuenta con una ley electoral propia.
La singularidad catalana es doble: por un lado, Cataluña sufre las consecuencias propias del sistema electoral español, bien conocidas (Ley d’Hondt, circunscripciones provinciales, mínimo de votos válidos por provincia para entrar en el reparto de escaños); pero en el caso catalán estas consecuencias se agravan debido a que el reparto de escaños por provincia no se ha modificado desde que Josep Tarradellas convocara las primeras elecciones autonómicas en 1980: 85 escaños en Barcelona, 18 en Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida. Un reparto provincial inalterado en cuarenta años pese a que la población de Girona y Tarragona ha crecido cerca de un 60% y la de Barcelona y Lleida apenas un 20%. No es la única anomalía: tal vez parezca que los escaños de Barcelona son muchos, pero apenas representan el 63% cuando el censo de Barcelona asciende al 75% del total.
Estos desajustes han favorecido históricamente al nacionalismo: en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003, Pasqual Maragall ganó en votos pero CiU lo hizo en escaños. La razón principal fue que en las provincias menos pobladas (Girona y Lleida), las más favorecidas por el reparto de escaños, los nacionalistas obtuvieron una clara victoria.
Curiosamente, las tornas podrían ahora cambiar si los independentistas se presentan por separado. La razón es que el PDeCAT se convertiría en un partido minoritario (el tercer o incluso el cuarto partido, según la circunscripción). Y como tal sufre los rigores de nuestro sistema electoral con los partidos minoritarios.
Así se observa simulando tres escenarios con los datos del último CEO de octubre (el CIS catalán): en el escenario 1, los partidos independentistas se presentan por separado (ERC, PDeCAT y CUP); en el escenario 2, se reedita la coalición de JxSí mientras la CUP se presenta por su lado; en el escenario 3, todas las fuerzas independentistas se agrupan en una sola candidatura.
En el primer caso (candidaturas separadas), los independentistas obtendrían en su conjunto 66 diputados. En los otros dos, alcanzarían 71 diputados. La mayoría absoluta se encuentra justo en medio, en 68 diputados. La decisión de concurrir juntos o separados es, por tanto, decisiva para el resultado de la cita electoral.
Si los independentistas se presentan por separado, todos los demás partidos saldrían beneficiados, pero especialmente lo sería el PSC, que obteniendo los mismos votos podría conseguir hasta tres diputados más (uno en cada una de las circunscripciones más pequeñas).
Dos advertencias cabe hacer sobre esta conclusión: en primer lugar, algunos diputados se mueven de un partido a otro por miles o incluso centenares de votos. La clave está en que al presentarse por separado, ERC y PDeCAT desperdician votos por duplicado (los famosos “restos” de la Ley d’Hondt), mientras que si se presentan juntos estos restos se reducen significativamente.
La segunda advertencia es que las coaliciones electorales casi nunca son una sencilla suma, en la que uno más uno sea igual a dos. El ejemplo más reciente es el “pacto de los botellines” entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en las elecciones de junio de 2016. Ambos creyeron que una coalición electoral garantizaría el 'sorpasso' al PSOE, pero al unirse perdieron más de un millón de votos, en comparación con obtenidos por separado apenas seis meses antes. A menudo se cita también el pacto entre Joaquin Almunia y Francisco Frutos en las elecciones generales del año 2000, aunque en realidad en estas elecciones no hubo una coalición electoral, salvo en algunas circunscripciones en el Senado.
Son muchas las razones que explican este comportamiento: entre los votantes del socio minoritario, puede generar rechazo que la lista la encabece un representante de otro partido; por su parte, los votantes del partido mayoritario pueden preferir una política de alianzas distinta (por ejemplo, con un tercero). A su vez, la confección de una lista única genera tensiones entre ambos partidos. En general, históricamente en las coaliciones electorales uno más uno suele dar un resultado menor que dos.
No obstante, es probable que en el caso catalán uno más uno esté cerca de sumar dos: en las elecciones autonómicas de 2015, la retención del voto independentista fue altísima: cerca de un 90% de los antiguos votantes de CiU votaron a JxSí, aunque solo lo hicieron el 75% de los antiguos votantes de ERC (el resto lo hizo por la CUP), presumiblemente debido a las reticencias de apoyar una lista que, aunque formalmente encabezaba Raúl Romeva, en la práctica conducía a la investidura de Artur Mas. En cambio, estas reticencias ahora serían mucho menores, aunque lógicamente depende del cabeza de cartel. A priori, Junqueras despertaría menos recelos entre los antiguos votantes convergentes de lo que provocaba Mas entre los republicanos.
El CEO de Cataluña deja algunos otros datos que evidencian la fractura de la sociedad catalana: seguramente dan para otro artículo, pero aquí van algunos a modo de titular: el 80% de los votantes independentistas sigue habitualmente los informativos de TV3, frente a apenas el 10% de Ciudadanos o el PP, pero también solo el 20% entre los votantes del PSC y (ojo) los de Podem. Algo parecido ocurre con las emisoras de radio. El dato más curioso es que no hay ni un solo votante de la CUP que reconozca escuchar una radio que no sea RAC 1 o Catalunya Ràdio. La imagen de los políticos independentistas entre los votantes constitucionalistas está por los suelos (Puigdemont, por ejemplo, obtiene una nota de 1 sobre 10 entre los votantes de Ciudadanos y de 2 entre los del PSC). Al revés, es incluso peor: Arrimadas obtiene una nota del 0,87 entre los votantes de JxSí. Solo algunos representantes políticos del PSC o de Podem, como Iceta, Meritxell Batet o Domènech, consiguen despertar alguna simpatía transversal. Definitivamente, y con todo el dolor que acarrean estas palabras, parece confirmarse que hay dos Cataluñas, que viven en dos círculos separados: una y otra han dejado de comunicarse.
El auto de Lamela ha irrumpido como un elefante en la campaña electoral del 21-D. Lo más difícil de explicar, en mi opinión, es el diferente criterio utilizado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo respecto a una misma causa, especialmente cuando los indicios de comportamientos delictivos individuales son mayores entre los miembros de la Mesa del Parlament (ignoraron resoluciones del Tribunal Constitucional dirigidas a ellos específicamente) que entre los miembros del Govern. No creo que el auto de Lamela tuviese ninguna motivación política, pero es evidente que tiene consecuencias políticas. Entre otras, da una coartada perfecta a los independentistas para hacer de la necesidad virtud, y vestir de resistencia heroica unas listas unitarias que, en realidad, tienen una razón de ser muy distinta: la necesidad de ocultar su debilidad electoral y el riesgo de perder la mayoría absoluta.
Junqueras puso en marcha la operación ‘Rufián 2’ para captar al líder de Podem
Antonio Fernández
A río revuelto, ganancia de pescadores. El refranero popular es pródigo en máximas que reflejan situaciones de actualidad. Y, en esta ocasión, es perfectamente aplicable a la política catalana, porque el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, se ha convertido en todo un ‘pescador’: antes de entrar en prisión, ya había comenzado una delicada operación política para fichar al líder de Podem (la marca catalana de Podemos) para su formación, Albano Dante Fachin. Se trataría de realizar una ‘operación Rufián 2’: si en las últimas legislativas fichó a Gabriel Rufián como supuesto castellanohablante para atraer a un votante no estrictamente catalán, ahora quiere repetir jugada con Fachin. “Con Rufián, los resultados no fueron los esperados, por lo que ERC vuelve a la carga para captar el voto castellano que ensanche la base de la independencia”, señalan fuentes solventes a El Confidencial.
El podemista Albano Dante Fachin se encuentra en la actualidad en una difícil situación, enfrentado a la dirección nacional. Y tiene al gallinero alborotado: este viernes, la plataforma Podem amb Futur, que ampara a varios círculos del partido en Cataluña, pidió al Consejo de Coordinación Estatal la convocatoria de una asamblea ciudadana extraordinaria en Podem para decidir “libremente el futuro político de nuestra organización respetando la línea política y principios fundamentales de Podemos”.
Un manifiesto de esta corriente acusa a Podem de estar “a la deriva políticamente”, habla de “escasa transparencia” y de la “negativa de la actual dirección a que las personas inscritas en Podem decidamos de forma definitiva y clara cómo afrontaremos estas elecciones”, lo que generó un gran malestar entre la militancia. También acusan a Fachin de rodearse “de un consejo de ciento” de su confianza, vetando a otros militantes, de tomar decisiones arbitrarias, como no activar algunos círculos, y de no rendir cuentas. “No ha habido ni un informe ni rendición de cuentas de las casi 30 personas que actualmente cobran de Podem Cataluña. Tampoco están disponibles los informes de las cuentas anuales desde 2015, no se ha realizado a auditoría económica prometida y los gastos en personal se han disparado”.
Los círculos denuncian también el viraje político hacia el independentismo de su líder catalán, mientras que desde Madrid se ha convocado una consulta para saber qué clase de coalición quieren las bases. La próxima semana se conocerá el resultado y, según señalan fuentes de Podemos a este diario, “Fachin tendrá que dimitir si los militantes no apuestan por su estrategia”.
De hecho, el viernes por la noche, la dirección de la formación morada acordaba convocar una Asamblea Ciudadana en Cataluña para renovar la dirección de Podem, aunque supeditaba al resultado de la consulta a las bases el cese de Fachin. Decidía no cesar inmediatamente a Fachin y dejar su futuro en el aire por unos días, pero sin dejar de advertirle de que si las bases se decantaban por ir en coalición con el partido de Ada Colau, debería dimitir o será el Consejo Ciudadanos el que ejecutara el mandato de los escritos.
La doble jugada de Junqueras
La cosa, pues, pinta muy mal. De hecho, este martes Fachin convocó una rueda de prensa para denunciar que Pablo Iglesias aplicó su particular artículo 155 contra la rama catalana de Podemos. También está enfrentado a los comunes de Ada Colau, con quien Iglesias quiere concurrir en las próximas elecciones. Fachín, no obstante, desobedeció las directrices de la dirección nacional y abrió conversaciones con el bloque independentista para tratar de encontrar un acuerdo electoral.
En esta coyuntura, Junqueras vio hace ya tiempo una puerta abierta para debilitar a sus principales rivales. De hecho, fuentes de los podemistas explican a El Confidencial que el líder de ERC “quiere hacer una nueva ‘operación Rufián’. Esto quiere decir que necesita abrir su partido a nuevos caladeros de votos. Con Rufián no consiguió llegar al electorado castellanohablante, por lo que el diputado en el Congreso se da casi por amortizado. Y se busca repetir operación con Albano Dante Fachin”.
Desde las filas de los comunes se añade que el cortejo de Junqueras tenía también como objetivo una segunda meta, además de captar a una figura política: “Crear ruido alrededor nuestro y debilitarnos”. Fuentes de Esquerra Republicana, por su parte, explican a este diario que la formación independentista y los comunes mantienen un duro pulso en la política catalana “para ver quién es el que domina finalmente la izquierda progresista de Cataluña. El PSC está en horas bajas y el voto a la izquierda alternativa se ha disparado.
Pero desde la formación de Colau se responde que “en este campo, ERC quiere trascender el tema del independentismo y proyectar un mensaje netamente de izquierdas hacia un sector que, actualmente, está en un limbo y que se decanta hacia los comunes. La prueba de ese tirón está en la victoria inapelable de En Comú Podem en las últimas dos elecciones legislativas”. Estas fuentes se muestran convencidas de que, al final, Podemos repetirá coalición con los comunes y con ICV.
Análisis: ¿Y si vuelve a ganar el independentismo?
Lluís Bassets
Como en la ducha turca pasamos del agua hirviendo a la helada. No es extraño que el estrés y la angustia aumenten entre la ciudadanía. Una semana pensamos que ya entramos en una nueva normalidad y a la siguiente regresamos a la máxima tensión. Ahora se dibuja de nuevo el escenario de una nueva victoria del independentismo en las elecciones del 21-D, por encima de la retahíla de desastres sin paliativos que ofrece la mayoría parlamentaria ahora suspendida tras sus 20 meses de desgobierno más que de gobierno. De nuevo pesa más la política de las emociones, impulsada por el encarcelamiento de medio gobierno y la huida de la otra mitad, con el expresidente a la cabeza.
A nadie le gusta en Cataluña este paréntesis sin gobierno, con encarcelamientos y con una incertidumbre creciente como horizonte, y por eso hay pocas dudas de que muchos votantes decepcionados por el proceso, candidatos a cambiar de voto o aumentar la abstención, volverán a alinearse con el independentismo como reacción a la dureza de la justicia y que otros votantes que nunca se habían adherido a la independencia se verán impelidos a hacerlo ahora. Esto si no se produce un nuevo giro, lo que no sería extraño, que volviera a descolocar al independentismo como lo hizo la aplicación corta y con elecciones inmediatas del artículo 155.
Así, la cuestión que se plantea y que hay que discutir es qué sucedería si ganara con mayoría absoluta una coalición o un conjunto de listas electorales formadas por los partidos que han protagonizado el Proceso. Y más aún, ¿qué sucedería si esta coalición o estas formaciones estuvieran encabezadas por los presos y por los huidos, con la explícita intención de convertir la elección en una absolución por las urnas de los presuntos delitos por los que se les quiere juzgar, a imitación del que sucedió en 1936 con Lluís Companys? Partimos del principio, sobre el que se necesitarían aclaraciones bien explícitas por parte de Moncloa, del levantamiento del artículo 155 al día siguiente de las elecciones, una vez hay un nuevo parlamento y un nuevo gobierno.
A primera vista, hay que decir que es difícil volver a repetir la historia. La aplicación que ya se ha hecho del 155, concebido como una herramienta de disolución de un gobierno y de un parlamento que se han situado fuera de la ley, permite pensar que se puede volver a aplicar cuantas veces sea necesario si se dan unas circunstancias similares. Parece bastante claro que esta experiencia ha introducido ya una mutación en el Estado autonómico, de forma que la falta de lealtad federal, cuando llega a un grado tan notable como es la abolición de la vigencia de la Constitución -que tal ha sido el caso de las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento los días 6 y 7 y septiembre- puede ser castigada inmediatamente con el uso del 155 para enviar el gobierno y el parlamento a su casa y convocar nuevas elecciones.
Que se vuelva a aplicar no significa que se tenga que aplicar necesariamente si ganan las elecciones los independentistas. Sería dar la razón a Puigdemont cuando aseguró desde Bruselas que habría dos tipos de electores, quienes sabían que su voto serviría y los que sabían que su voto no podría llevar a la aplicación del resultado electoral, y se preguntó si se pretendía prohibir la idea independentista. Llevar la independencia en el programa electoral es legítimo pero no lo es pretender aplicar el programa a toda costa, incluida la utilización de medios ilegales. Sólo se volvería a aplicar si la mayoría independentista quisiera otra vez prescindir de la legislación constitucional española y declarar la independencia, fuera inmediatamente o fuera en un plazo más lejano de la legislatura.
Esto ya no es posible. El programa de este partidos puede incluir la amnistía para los presos, la anulación del 155 y la reforma del Estatuto y de la Constitución para obtener la independencia, y nadie les puede prohibir que gobiernen dentro de la legalidad para aplicar este programa, pero lo que no pueden pretender ni tendrá ninguna credibilidad entre sus propios electores es que pretendan repetir simplemente la jugada.
Que todo el mundo se tranquilice. Gane quien gane las elecciones, nada tiene que pasar en este capítulo. Las elecciones no pueden servir ni servirán de referéndum sobre la república catalana, ni siquiera si se pretendiera contabilizar los votos a favor de la república. Serán unas elecciones autonómicas. No habrá que elegir entre dos únicas opciones, como si fuera entre sí y no, porque no habrá dos únicas opciones, como a algunos les gustaría. Al margen de lo que hagan los tribunales, la salida al conflicto deberá ser, ahora sí, a partir de las cuentas de votos que den las urnas y del diálogo político que se deduzca. Y aquí sí que se la juega Rajoy, que es quien las ha convocado, por cierto, sin mucha comprensión dentro de su partido.
Análisis: ¿Ha estallado el régimen de 1978?
Marta Rovira no puede contener las lágrimas tras la decisión de la juez de decretar prisión para Oriol Junqueras y siete ex consejeros de la Generalitat de Cataluña. Llora porque no puede creer lo que está ocurriendo. Y no está sola en esa sensación. Hay millones de españoles, especialmente algunos que lo son a su pesar, que no habían contado con que, al igual que el sol sale por el este y se pone por el oeste, los dirigentes nacionalistas que han subvertido el orden constitucional podrían acabar en la trena. Y sin embargo, de todo lo que pudiéramos imaginar que ocurriese, era con diferencia lo más probable. Es más, cualquier otro resultado entra dentro de lo impensable. ¿Una justicia tomando la decisión de no actuar? ¿Una secesión de Cataluña que expulsase esa parte de España del ordenamiento jurídico? En serio, ¿qué han pensado que podría ocurrir que no fuera lo que estamos viendo?
Y, sin embargo, no sólo quienes se inoculan TV3 sino incluso los mismos protagonistas del secuestro de nuestras instituciones y del intento de rebelión, tenían razones para pensar que les iba a salir gratis. Las instituciones llevan décadas siendo rehenes del proyecto nacionalista. La educación es su principal víctima, pero realmente han ocupado todo el espacio público. Se han saltado las leyes, pero la única respuesta que han recibido son unas cuantas sentencias melancólicas.
El modelo de Jordi Pujol de construcción nacional, que consiste en robar sin mesura y autolegitimarse por medio del nacionalismo, se ha contemplado con impasibilidad desde Madrit. Es más, desde la villa y corte se ha tapado la boca de la justicia para que no pronunciara términos como apropiación indebida, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y casi todo delito económico recogido en el código penal, en una atención a todas luces excesiva con su familia, con sus amigos, y con él mismo.
Todo estaba a la vista y todo se ha permitido. Hasta ahora
Los nacionalistas han ido ampliando su poder, entendiendo que el poder siempre va a ser suyo, y con él han ampliado los medios para su chantaje y la base social que les ampara. Era una maquinaria con una eficacia invencible. Todo estaba a la vista y todo se ha permitido. Hasta ahora.
Hemos llamado tabúes de la democracia a un conjunto de sobreentendidos, a unos pactos vergonzantes. No se firman ante una cámara, no se visten con grandes discursos, no son carne de titulares, sino que se musitan en la complicidad de un despacho. Esos sobreentendidos han mojado la pólvora del Estado, han frenado sus automatismos, han creado cercos de impunidad. Y si las palabras atrapan son incapaces de controlar todos sus posibles significados, los silencios cómplices son un feraz terreno para los malentendidos. Y los nacionalistas han creído que nunca se encontrarían una oposición eficaz, que podrían seguir adelante, hasta dar el último y definitivo paso hacia el poder y la corrupción totales. Pero había otro sobreentendido, el de que todo lo que se les ha permitido hasta el momento había que pagarlo con lealtad; una lealtad a la que, en última instancia, han faltado.
Mariano Rajoy, que lleva décadas en la política española al más alto nivel, es el oso en la oscura cueva de los sobreentendidos. Él no ha logrado entender el último embate nacionalista, porque iba a hacer saltar por los aires el statu quo. Y entendía que la vieja política, la de los acuerdos vergonzantes, podría triunfar una vez más. Él, lo ha dicho con claridad, no quería aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque ha hecho saltar por los aires esos pactos sin caballeros.
Esto es lo que hay de cierto en las palabras de Pablo Iglesias de que ha estallado el régimen del 78. Y estamos ante una buena noticia.
Fuente: Vozpopuli
