Las aplicaciones de móvil que geolocalizan al usuario son una de las líneas de actuación que tiene sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez para vigilar que la desescalada se realice cumpliendo las normas establecidas. Algunas de estas ‘apps’ estatales ya están en circulación, como la denominada ‘AsistenciaCOVID-19’.
Pese a que el Gobierno defiende que cumplen con todos los requisitos de protección de datos, un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos Defensa (IEEE), que depende del Ministerio de Defensa, advierte que pueden convertirse en instrumentos de «vigilancia y control social» si no se extrema el celo en su diseño y uso.
El IEEE publicó el pasado 23 de abril un informe, elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Lorenzo Cotino Hueso, en el que profundiza sobre los riesgos que entraña la «vigilancia digital» en tiempos del coronavirus.
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Este centro de estudios, que forma parte de la estructura organizativa del Ministerio que dirige Margarita Robles, advierte que los informes incluidos en el aparatado ‘Documentos de opinión’ son «responsabilidad de sus autores».
En dicho texto, titulado ‘Inteligencia Artificial y vigilancia digital contra el Covid-19 y contra la privacidad. El diablo está en los detalles’, el catedrático Cotino anuncia que «de China no sólo ha venido la COVID-19, sino el riesgo de la vigilancia digital masiva».
Datos «apetitosos»
Tras un completo y profundo análisis de la legislación española y europea al respecto de la protección de datos, el autor reflexiona que «hay que ser especialmente cautos para que nuestros «apetitosos» datos sensibles y los perfilados ni fluyan al sector privado ni sirvan para el control social asiático«.
«Más amenazante si cabe para la privacidad puede ser el desarrollo de apps, pasaportes biológicos electrónicos, el uso masivo de sistemas de geolocalización, trazabilidad, metadatos y el rastreo monitoreo de toda la población como medida frente a la COVID-19, especialmente si se sigue el modelo asiático», advierte.
«En España, las Comunidades Autónomas en cascada han lanzado webs y aplicaciones, y el Gobierno encomendó a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SGAD) una app, así como el cruce de datos estadísticos con los operadores de telecomunicaciones a través del INE», recuerda en referencia a la app ‘AsistenciaCOVID-19’ y el proyecto estatal de control de la movilidad ‘DataCOVID’.
Indica el autor que este tipo de apps o pasaportes biomédicos que se están desarrollando en muchos países del mundo, incluida España, «también pueden suponer barreras de acceso a servicios sociales, médicos, de transporte, pueden condicionar nuestra movilidad y circulación o el mismo acceso al trabajo y a establecimientos y actividades. Incluso pueden emplearse para el control administrativo, policial e incluso penal. En definitiva, pueden decidir nuestra vida».
«Evitar tentaciones»
En cuanto al uso de datos personales, el catedrático Cotino recuerda que «se trata de que estos sistemas y apps solo traten los datos exactamente para las finalidades concretas y no más». El protocolo europeo para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, al que está suscrito España, contempla que «para evitar ‘tentaciones‘, resulta clave que el servidor central solo tenga identificadores anónimos de personas infectadas».
Este tipo de control de los datos ‘centralizado’ «tendría el potencial de convertirse en infraestructura de vigilancia y control social».
«Esperemos que los desarrollos que sean necesarios y eficaces en esta situación excepcional sigan esta línea que combine eficacia, privacidad y transparencia. Y que no haya que acudir a desarrollos tecnológicos privados como los que anuncian Apple y Google. Los mismos, posiblemente garantizarán mejor la eficacia, pero muy dudosamente la privacidad y la transparencia», advierte el autor para finalizar.
Geolocalización gubernamental
El artículo del catedrático Cotino difundido por este centro integrado en el organigrama del Ministerio de Defensa se publica en un momento en el que este tipo de herramientas se convierten en claves para el Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo que incluso valora la posibilidad de hacer obligatoria la descarga de este tipo de aplicaciones en las 53,4 millones de líneas telefónicas móviles que hay en España.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció a principios de abril que se «está estudiando» el marco legal para implantar un «sistema de vigilancia» mediante el uso de una aplicación móvil.
Se trataría de impulsar en España un sistema muy parecido al que utiliza Corea del Sur, que ha obligado a todos sus ciudadanos a descargarse una aplicación que les geolocaliza en todo momento. El software realiza a diario una evaluación de los criterios clínicos del usuario (si tiene tos, fiebre u otro síntoma) y le califica con un ‘semáforo‘: verde, sano; naranja, precaución; rojo, contagiado. De tal forma, si un usuario verde entra en contacto con uno naranja o especialmente con uno rojo, será advertido mediante un SMS y las autoridades podrán tomar medidas al respecto.
En España, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial está explorando un camino muy similar. Al menos así quedó reflejado en la instrucción ministerial que publicó el BOE el pasado 28 de marzo, que permitía el desarrollo de aplicaciones con «geolocalización del usuario a efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar».
Sánchez contrata a la empresa de Roures por 1,2 millones para difundir la señal de sus viajes oficiales
El Gobierno de Pedro Sánchez ha contratado en pleno estado de alarma por 1,2 millones de euros a la empresa proveedora de servicios audiovisuales Overon, perteneciente al grupo Mediapro que controla Jaume Roures, para la difusión de los viajes oficiales del jefe del Ejecutivo y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
Así consta en la adjudicación del expediente, consultada por OKDIARIO, que acaba de realizar el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la propia Calvo. En concreto, como objeto del contrato figura el servicio de «captura, difusión, transmisión y videostreaming de señal audiovisual de comparecencias públicas del presidente y vicepresidenta del Gobierno fuera de territorio español y servicios relacionados».
La adjudicación ha tenido lugar por la cantidad de 1.210.000 euros, IVA incluido, para un plazo de ejecución de dos años. Según el Gobierno, se presentaron dos ofertas a esta contrato y fue elegida la firma de Jaume Roures, próximo a Podemos y al independentismo catalán, por ser la «económicamente más ventajosa que cumple los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas».
El contrato en cuestión está dividido en dos lotes: uno por importe de 121.000 euros, impuestos incluidos, para el servicio de difusión de señal audiovisual y transmisión por videostreaming de las comparecencias del «presidente del Gobierno y la vicepresidenta» en Bruselas, esto es, en los «Consejos Europeos»; y otro, por 1.089.000 euros para el mismo servicio pero en los viajes oficiales por el resto del mundo.
En concreto y respecto a los eventos a retransmitir, el pliego de contratación especifica que en el lote número uno se encuadran «las comparecencias ante los medios de comunicación del presidente del Gobierno celebradas con motivo de los Consejos Europeos en Bruselas». «El número de comparecencias es variable y depende exclusivamente de la celebración de los Consejos Europeos, que se estima anualmente serán 4 ordinarios más aquellos extraordinarios que se celebren en Bruselas», detalla el contrato.
En cuanto al segundo lote, destinado a cubrir los eventos que se desarrollen fuera del territorio español como resultado de un viaje oficial (o en Bruselas sin relación con los Consejos Europeos), el pliego indica que el número es variable en función de la agenda de Sánchez y Calvo, pero «estima que la previsión anual de viajes a realizar serán entre 40 y 50? desplazamientos.
«Imprescindible»
Así mismo, llama la atención que Moncloa no haya suspendido la tramitación de este expediente en base al decreto de estado de alarma por el coronavirus, como ocurre con la mayoría de contratos de la Administración General del Estado. La Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis del Covid-19 establece «la regla general de suspensión de términos y de interrupción de los plazos en los procedimientos que se estén tramitando por las entidades del sector público».
No obstante, como excepción, el mismo texto contempla aquellos procedimientos que «vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios». De este modo, el Gobierno se ha acogido a esta excepción y ha acordado «continuar con la tramitación» y adjudicación del expediente a la empresa de Jaume Roures para cuando Sánchez retome su agenda internacional.
«La prestación de dicho servicio es imprescindible para asegurar en su momento la correcta transmisión de las comparecencias del presidente del Gobierno fuera de territorio español. Al tratarse de un contrato basado en precios unitarios, la falta de actividad internacional no afecta a la ejecución del mismo pero es preciso tenerlo aprobado ya que la agenda internacional se puede retomar en cualquier momento y es necesario contar con un contrato vigente», sostiene Moncloa en su justificación.
Fuente: OKDiario
