España tardó cuatro décadas en establecer relaciones con el Estado de Israel, creado en 1948. Ahora se ha demorado casi seis años en poner fin a un prolongado distanciamiento diplomático tras la última guerra en Gaza y la posición de Benjamín Netanyahu sobre Cataluña. Arancha González Laya se convierte en la primera titular de Asuntos Exteriores en visitar el Estado sionista después de José Manuel García-Margallo, quien efectuó un viaje oficial en los primeros días de 2015, aunque ella ya acompañó ceremonialmente al Rey en Jerusalén el pasado enero en un foro internacional sobre el Holocausto.
Ambos países –que intercambiaron embajadas en 1986, coincidiendo con el ingreso de España en la entonces Comunidad Europea, en lo que fue una condición impuesta–, parecen apostar ahora por “tender puentes”.
El “reencuentro” con Israel, sin embargo, no estará completo. Al contrario que a García- Margallo, a la actual ministra no tiene previsto recibirla Netanyahu, quien ha alegado razones de agenda derivadas de la gestión de la covid-19. Hace apenas seis semanas, sin embargo, el jefe de la diplomacia italiana, Luigi di Maio, se entrevistó con el primer ministro después de que hubiera prometido “entregar” a Israel un parte de las vacunas de la UE que deberían ir al pueblo italiano.
Ni Alfonso Dastis, canciller en el Gabinete de Mariano Rajoy, ni Josep Borrell, en el de Pedro Sánchez, encontraron tiempo ni ocasión en más de tres años de mandatos acumulados para visitar el Estado hebreo. El primero tuvo que lidiar además con las repercusiones del procès en el exterior, que en Israel se tradujeron en una prolongada y “ambigua” posiciñon del Gobierno de Netanyahu. Los portavoces diplomáticos en Jerusalén definían la crisis en Cataluña en el otoño de 2017 como “un asunto interno que debía ser resuelto por la vía del diálogo”. Ya en un acto en la Universidad de Tel Aviv en 2013, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, había reivindicado el apoyo de Israel como “compañero de viaje elegido por Cataluña en un momento (histórico) único”.
Fuentes diplomáticas en Tierra Santa destacan que en los últimos meses las relaciones bilaterales han “reverdecido” tras haberse marchitado a partir de 2015, cuando se produjo la visita oficial de los últimos ministros españoles. Por ejemplo, España ha girado hacia una “posición equilibrada” en la UE, entre los países que defienden a ultranza a Israel a pesar a la expansión de los asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado y quienes plantean sanciones en el marco del Acuerdo de Asociación con la UE, que lleva 20 años en vigor.
Pasos unilaterales como el que dio Suecia en 2014 al reconocer al Estado palestino al margen de Bruselas no han sido seguidos por otros socios de la Unión. El consenso político español a favor del reconocimiento de la independencia palestina, dentro de la solución de los dos Estados, fue también hace seis años casi unánime en una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados.
La diplomacia israelí parece agradecer el “tono distinto” del Gobierno de Podemos y Sánchez, en una velada alusión a gestos recientes. El pasado julio, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, condenó el antisemitismo ante la Federación de Comunidades Judías de España, que representa a unas 45.000 personas. Calvo también refrendó la definición operativa de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto en 2016, a pesar de que ha llegado a ser interpretada como un escudo protector frente a la crítica a la política de Israel. España la valora como una “herramienta útil de orientación en la educación”, pero no la considera “jurídicamente vinculante”, según un comunicado oficial.
Giro en Naciones Unidas
En un paso menos publicitado, España se abstuvo el pasado verano en una votación de condena a Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dos años antes, había sido el único país de la UE en votar en contra de Israel al impulsar una investigación internacional por la muerte de dos centenares de manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza por disparos de francotiradores del Ejército. En mayo de 2018, cuando la decisión se refrendó en el mismo foro de Naciones Unidas en Ginebra, el embajador español en Tel Aviv, Manuel Gómez Acebo, fue convocado ante el Ministerio de Exteriores israelí para recibir una protesta formal. La entonces directora general de Asuntos Europeos, Rodica Radian-Gordon, fue la encargada de amonestar al jefe de la legación española.
Radian-Gordon es en la actualidad la embajadora sionista en España. En julio del año pasado, el Gobierno de Israel vetó la entrada en el país de la activista española Ana Sánchez Mera, que coordinaba una visita a Palestina de 11 cargos políticos municipales y autonómicos agrupados en torno a Unidas Podemos. Al ser preguntada si la relación con el Ejecutivo central incluía a las dos fuerzas que integran la coalición gubernamental que preside Sánchez, la diplomática matizó: “Nosotros vemos un único Gobierno en España”. El apoyo del partido del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la campaña propalestina de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en decenas de votaciones en ayuntamientos, parlamentos autónomos y otras instituciones locales es visto en Israel como si fuera casus belli.
