La Comisaría General de Extranjería y Fronteras mantiene abierta una investigación para desarticular una mafia de inmigración, muy sofisticada y con conexiones en varios países, que introduce a menores turcos en España a través de Brasil y Colombia. El hecho de que los jóvenes hagan ese larguísimo periplo desde su país hasta Latinoamérica antes de embarcar en avión hacia Madrid sugiere que la organización cuenta con conexiones en esos lugares, donde provee a los inmigrantes de la documentación falsa necesaria para poder hacer el viaje.
Fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC explican que las alarmas saltaron hace un mes en el aeropuerto de Barajas, donde los policías destinados en esa comisaría comenzaron a detectar la llegada de
menores turcos no acompañados. Lo que más sorprendía es que no llegaban en vuelos procedentes de su país, sino que habían hecho el viaje primero desde Brasil, en concreto Sao Paulo, y después desde Colombia, en lugar de partir de su país, que está a poco más de cuatro horas de avión.
Viernes y sábados
Embarcaban en Air Europa, en Iberia y en Latam, una compañía chilena que vuela a España desde Brasil. Para subir a un avión que hacía un vuelo internacional tuvieron que presentar la correspondiente documentación.
Si esto ocurre en un solo caso, o de forma muy ocasional, se puede pensar que detrás de estas entradas podría haber circunstancias especiales de los menores, ya fuesen familiares o de otro tipo. El problema es que pronto se comprobó no solo que no se trataba de casos aislados, sino que además tenían días concretos de llegada: viernes y sábados.
Al tomar tierra en Madrid los menores presentaban un pasaporte, unas simples fotocopias o directamente iban indocumentados, lo que pone en evidencia que se habían desprendido de la documentación utilizada para poder embarcar a lo largo del vuelo, que además no era detectada por el personal de las compañías aéreas ni en los controles policiales de los aeropuertos de origen, lo que es más extraño.
Los que presentaron pasaporte en el puesto fronterizo, solo unos pocos, lo llevaban falsificado. Pero además no era una falsificación de un documento cualquiera, sino el de un pasaporte especial que emiten las autoridades turcas a determinadas personas que no precisa de visado para poder entrar. Según las fuentes consultadas, Turquía emite este tipo de documento a antiguos miembros de la Asamblea Nacional, servidores públicos de primer, segundo o tercer grado; servidores públicos jubilados de primer, segundo o tercer grado; alcaldes; cónyuges de titulares de pasaportes especiales e hijos solteros y desempleados de titulares de pasaportes especiales que viven con sus padres hasta que cumplen 25 años.
Un segundo grupo, como se ha señalado, presentó al llegar a España fotocopias, a pesar de que sabían que sin duda serían interceptados por los agentes, aunque quizá pensaban que podía serles útil una vez dentro. El resto dijo estar indocumentado, lo que no cuadra con un vuelo internacional.
No ha trascendido si tenían un certificado de haberse hecho una prueba negativa de Covid-19, que es requisito indispensable para el acceso a nuestro país. Una vez que la Policía comprobó que no cumplían los requisitos para entrar en España, los menores solicitaron en todos los casos asilo, en lo que parece una estrategia de la organización encargada de traerlos.
Posibles «mordidas»
Por el momento se desconoce cuánto pagan los menores a la red de tráfico de seres humanos, pero sin duda tiene que ser una cantidad importante. Primero, por el propio coste de los billetes, pero también porque la calidad de la falsificación de los documentos debe ser suficientemente buena como para no ser detectada por las aerolíneas ni por las policías brasileña y colombiana.
Eso, claro, sin contar con que cada uno tendría que pagar la parte proporcional de los posibles pagos a funcionarios por hacer la vista gorda, una de las posibles claves de esta investigación que realiza la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif).
Al menos dos de los jóvenes llegados no eran menores y llevan casi un mes en la sala de inadmitidos del aeropuerto. También la Policía tiene dudas sobre la edad de alguno de los que ha entrado. Se hacen comprobaciones.
Vuelo Las Palmas-Madrid: cinco senegaleses detenidos con pasaportes falsos
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, admitió el lunes, por fin, las dificultades que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar la llegada de casi 20.000 inmigrantes a Canarias, aunque no se pronunció sobre las evidentes desavenencias con el Ministerio del Interior. Tan evidentes que ni cuadran las cifras ni hay coincidencias plenas entre la forma de dar respuesta a la crisis migratoria. El último ejemplo se produjo el pasado viernes. Ese día llegaron al aeropuerto de Madrid varios vuelos con migrantes procedentes de Canarias. Tres cupos, según ha podido saber ABC.
El departamento de Escrivá se ocupó de dos vuelos en los que viajaban un total de 24 personas acogidas
al sistema de protección, que fueron atendidas por ONG y trasladadas a distintos centros próximos a la capital, según confirmó la Secretaría de Estado de Migraciones. Procedentes de Mali, Burkina Faso y Gambia cumplían «con creces» los criterios de especial vulnerabilidad.
Control policial
Pero también hubo otro grupo ajeno en principio a dichos criterios. Estaba formado por 22 varones, marroquíes y senegaleses, a los que la Policía Nacional sometió a un exhaustivo filtro tras aterrizar el vuelo. De ellos solo cuatro se atenían a los criterios que están permitiendo los traslados a la Península. Cinco senegaleses fueron detenidos por usurpación de identidad, ya que portaban documentación falsa (se instruyeron diligencias) y a otros trece varones, la mayoría marroquíes, se les trasladó a la Brigada de Extranjería de Madrid por infringir algún precepto de la ley de Extranjería. Algunos tenían orden de expulsión (que no expediente) en vigor u otra cuenta pendiente en relación a sus documentos.
Las fuentes consultadas explican que es «imposible» un control exhaustivo en Canarias, donde los recursos policiales están al límite, y aun así, insisten, se está frenando la salida de las islas de inmigrantes que no cumplen los criterios e intentan colarse. Ese mismo día, viernes 11, se impidió la salida de las islas de 191 individuos que pretendían embarcar en vuelos a la Península o en un barco, según datos oficiales.
En ese caso se aplicaron las restricciones frente al Covid-19; es decir, no podían acreditar que viajaran por motivos laborales, familiares, etc. y tampoco humanitarios. Además otros quince migrantes fueron ingresados esa misma jornada en el CIE de Las Palmas, tras ser detectados, y uno más fue detenido por suplantación de identidad, es decir, con pasaporte falso.
La detención de los cinco senegaleses en Barajas y las otras trece personas que infringían la ley de Extranjería demuestra que se están aplicando controles policiales en origen y en destino, una circunstancia que han denunciado algunos sindicatos policiales como Jusapol porque, según sostienen, «es una medida arbitraria, que podría acarrear consecuencias judiciales contra los propios policías». Interior alega que estos filtros son imprescindibles y los encajan en el control de la pandemia.
Filtros en aeropuertos
El de Madrid no ha sido el único caso. Como informó ABC, se han llevado a cabo esos controles, con apoyo de las Brigadas de Extranjería, en vuelos procedentes de Canarias que han aterrizado en los últimos días en Granada, Málaga y Valencia, por ejemplo. En Málaga también se produjo una detención por un pasaporte falso.
Hay que destacar que estos inmigrantes no están englobados en el sistema de acogida. Aunque llegaran de forma irregular a Canarias, una vez identificados, se les abre expediente de expulsión, pero si no tienen orden de que se proceda a la misma ni se dan otras circunstancias cuentan con libertad deambulatoria.
Una más de las dificultades que se están encontrado los agentes especializados en las islas (algunos llegados desde la Comisaría General de Extranjería y Documentación) es poder distinguir entre pasaportes auténticos que han sido modificados (la fotografía u otro dato) y soportes directamente falsificados con mayor o menor acierto. Nadie duda de que mafias de todo tipo estén intentando hacer su agosto y aprovisionando de documentos falsos a todo aquel que pueda pagarlos. Tampoco se sabe si algunas de estas falsificaciones han podido producirse en origen. La misma organización que dispone el viaje, la patera o cayuco y los víveres, suministra los papeles, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Pese a que el Gobierno mantiene discursos contradictorios, la evidencia es que se sigue apostando por el sistema de protección y acogida mientras se negocia para poder repatriar y devolver cuantos más «sin papeles» mejor. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer otra partida de 53 millones de euros para mejorar la atención de los solicitantes de protección internacional que residen en España. Se concederán además 30 millones de euros a Cruz Roja para su labor asistencial.
