Ignacio Cembrero. "Teníamos relaciones muy sólidas con el Estado español, pero el jefe del Gobierno [Pedro Sánchez] lo ha roto todo", declaró el sábado por la noche el presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune. Lo que hizo en el Sáhara Occidental es "ética e históricamente inadmisible", añadió. "Exigimos la aplicación [por España] del derecho internacional para que nuestras relaciones vuelvan a ser normales". "España no debe renunciar a su responsabilidad histórica y debe revisar su posición", concluyó.
Tebboune, de 76 años, dio el sábado por la noche una entrevista en la televisión pública argelina en la que, por primera vez, habló de la crisis con España desatada por la carta que el presidente Pedro Sánchez envió el 14 de marzo al rey Mohamed VI -este la hizo pública en 18 de marzo- en la que se alinea con la solución propuesta por Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Consiste en conceder una autonomía a esa antigua colonia española, que quedaría bajo soberanía marroquí, prescindiendo del referéndum de autodeterminación de los saharauis.
Argelia llamó a consultas a su embajador en España, Said Moussi, el 19 de marzo para protestar por ese cambio en la política exterior española. Moussi "está en su casa, está cómodo aquí", respondió Tebboune a una pregunta sobre la reincorporación a su puesto del embajador, dando así a entender que la crisis será larga. Para que regrese "exigimos la aplicación del derecho internacional para que las relaciones vuelvan a la normalidad con España".
Tebboune formuló así con España una exigencia que no esgrimió con Francia o Alemania cuando dieron pasos parecidos a los que dio Sánchez. En los ministerios de Asuntos Exteriores de París o en Berlín nunca escribieron un texto tan ensalzador, como el del presidente español, con la oferta de autonomía marroquí. Sánchez la describió como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el contencioso.
España, potencia administradora
Si Tebboune es más severo con el Gobierno español que con otros, es porque "España no debe olvidar que sigue teniendo una responsabilidad en el Sáhara Occidental, por su condición de potencia administradora del territorio, según el derecho internacional, hasta que se encuentre una solución, de la naturaleza que sea, a la cuestión del Sáhara Occidental". Es una "responsabilidad que Madrid parece ignorar", se lamentó. Argelia, por su parte, "no renunciará [a defender] al Sáhara Occidental ni a Palestina, porque ambas son cuestiones de descolonizaciones pendientes".
En definitiva, el presidente argelino ha supeditado la reconciliación con España a que esta "revise su posición" y vuelva a la neutralidad aparente que observó hasta que Sánchez la quebró remitiendo su carta al monarca alauí. Diecinueve días después de que se hiciera pública, Sánchez pudo, por fin, viajar a Rabat, pero a día de hoy solo un punto del comunicado conjunto hispano-marroquí del 7 de abril se ha puesto en práctica: la reanudación del tráfico marítimo de pasajeros a través del Estrecho.
"El Gobierno español no escuchó las opiniones de los demás sobre la cuestión saharaui, a pesar de que han sido planteadas en el Parlamento español y por la opinión pública española", prosiguió Tebboune, recordando que el 7 de abril el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría una moción -solo el PSOE votó en contra- propugnando la celebración de un referéndum en el Sáhara.
"No vamos a interferir en los asuntos internos de España, pero Argelia, como país observador en la cuestión del Sáhara Occidental, así como las Naciones Unidas, consideran que España es la potencia administradora del territorio mientras no se encuentre una solución a este conflicto", insistió Tebboune. El Gobierno español rechaza ostentar ese papel, aunque sigue, por ejemplo, ejerciendo el control del espacio aéreo del Sáhara, que se efectúa desde la torre de control del aeropuerto de Las Palmas.
En el dictamen que redactó en 2002 Hans Corell, entonces jefe de la asesoría jurídica de Naciones Unidas, sí recalca que España es la potencia administradora de iure del territorio. El Pleno de la Sala Penal, presidido entonces por el hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también declaró, en julio de 2014, el principio de territorialidad al considerar a España "potencia administradora" de su antigua colonia.
Sin ser preguntado, Tebboune lanzó al final de su intervención un mensaje apaciguador sobre la relación energética con España. "Argelia no renunciará a su compromiso de abastecer a España en gas cualesquiera que sean las circunstancias" por las que atraviesa su relación bilateral. No habló de la subida del precio del gas que suministra, pero Toufik Hakkar, el presidente de Sonatrach, la empresa pública argelina de hidrocarburos, dejó caer el 1 de abril que entre los clientes de Argelia, España sería al que más se subiría el precio.
Al margen del anuncio del incremento del precio, formulado públicamente el 1 de abril por Toufik Hakkar, presidente de Sonatrach (empresa pública de hidrocarburos), Argelia ha adoptado otras medidas: el 29 de marzo, el Ministerio de Transportes argelino denegó a Iberia incrementar sus frecuencias entre Madrid y Argel; el 2 de abril, tuvo lugar la última repatriación por barco de inmigrantes irregulares argelinos llegados a España y Argel no expedirá ya más salvoconductos para facilitar devoluciones; el 13 de abril los ganaderos españoles constataron una súbita suspensión de las licencias de importación de animales vivos, sobre todo vacuno, por Argelia. En 2021, ese país fue el primer cliente de España al adquirir 20.090 toneladas de animales vivos por importe de 47 millones de euros, a los que hay que añadir otros 8,4 millones por las compras de carne de vacuno despiezada.
Fuente: El Confidencial
