MONTEVIDEO (Sputnik) — Amnistía Internacional (AI) solicitó al Gobierno de Uruguay que continúe su condena contra la violencia de Nicaragua, dijo a Sputnik la directora de la ONG Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas.
"Hemos tenido reuniones con autoridades, incluido el canciller (Rodolfo Nin Novoa), al que no solo le hemos hecho una presentación del informe (de AI sobre Nicaragua) sino un pedido de que el Gobierno uruguayo continúe no solo con su posicionamiento contundente frente a la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua sino que, además, pueda continuar con un liderazgo sostenido para activar diferentes mecanismos tanto de la OEA como de otros mecanismos internacionales", indicó Guevara-Rosas.
La activista dijo que Nin respondió con la afirmación del "compromiso que tiene el Gobierno uruguayo de continuar generando presión política para que se pueda ir fortaleciendo el proceso de diálogo en Nicaragua, que verdaderamente se busque soluciones pacíficas".
Añadió que Uruguay "ha estado bastante activo en el seno de la OEA (Organización de los Estados Americanos), ha apoyado un par de declaraciones que han emitido en lo colectivo varios países denunciando la situación y pidiendo un fortalecimiento del diálogo" en Nicaragua.
Además de Guevara- Rosas, la delegación de AI en Uruguay incluye a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y a Graciela Martínez, representante del Movimiento de Madres de Abril, que reúne a familiares de víctimas de la violencia en Nicaragua.
La ONG también se reunió en el país con la Institución Nacional de Derechos Humanos por la "legitimidad que tiene para seguir manteniendo un monitoreo del posicionamiento uruguayo" sobre Nicaragua, añadió.
Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Amnistía en el parlamento
El 1 de augusto de tarde, AI presentará su informe "Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua" en el parlamento uruguayo que fuera publicado el 29 de mayo en Nicaragua.
Guevara-Rosas sostuvo que "la idea fundamental no es solo buscar la solidaridad de la sociedad uruguaya, sino también generar mecanismos bilaterales, incluido el parlamento, para poder ir resolviendo esta grave crisis".
AI culminó el 31 de julio una misión de 10 días donde recopiló datos para actualizar la información del primer trabajo.
En el parlamento uruguayo, van "a dar una actualización de nuestro informe porque ya resulta un poco obsoleto porque cuando lo presentamos en Nicaragua estábamos hablando de 104 muertos y hoy ha superado la cifra de 300 personas que han perdido la vida en este contexto", aseguró la directora de AI para las Américas.
Sin embargo, las cifras sobre fallecidos varían dependiendo de la fuente.
La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó el 26 de julio que 448 personas fallecieron en el país desde que comenzaron las protestas.
Por otra parte, el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, informó el 24 de julio, a través de la red social Twitter, que 295 personas fallecieron desde abril por los enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos oficialistas.
Sin embargo, el presidente de Nicaragua negó esas cifras y dijo esta semana a la cadena de noticias CNN que en su país murieron 195 personas desde abril pasado.
Al respecto, Guevara-Rosas dijo que Ortega ha iniciado en los últimos días "una estrategia mediática con medios de comunicación internacionales, dando entrevistas a Fox News, CNN o Euronews con declaraciones contradictorias, por un lado a Euronews le decía que había 54 muertos y en CNN le dijo 195, pero ya es muy difícil que pueda negar una realidad que ha cruzado las fronteras por la magnitud porque se conoce con evidencia la violación a los derechos humanos".
El Gobierno atribuye el derramamiento de sangre en su país a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando" en su contra, mientras los detractores de Ortega afirman que se debe a la represión de fuerzas oficialistas.
Guevara-Rosas afirmó que "es muy preocupante" que el Gobierno "siga con el discurso de negación porque negligentemente al negar la crisis tampoco se están atendiendo las causas de raíz que es precisamente un descontento social generalizado que le está demandando al Gobierno de Ortega Justicia y una serie de peticiones en materia de derechos humanos".
La solución a la crisis en Nicaragua, según Guevara-Rosas, se tiene que buscar a través del diálogo y la Justicia.
Ortega dijo a CNN que prevé "incluir a otros actores en el diálogo para fortalecer lo que viene haciendo la iglesia", sin precisar de quiénes se trata.
El diálogo nacional entre representantes del Gobierno y de la Alianza Cívica, opositores a la administración de Ortega, comenzó el 16 de mayo pasado, pero fue suspendido poco después por la Comisión de Mediación y Testigo de la Conferencia Episcopal, mediadora en esta instancia, por falta de consenso entre las partes.
Sin embargo, el diálogo fue retomado el 15 de junio pasado luego de que la Conferencia Episcopal recibiera una respuesta del Gobierno a la propuesta de democratización que le había hecho.
Amnistía afirma que la "violencia institucional" se agravó en Nicaragua en los últimos dos meses
MONTEVIDEO (Sputnik) — Nicaragua ha sufrido un agravamiento de la violencia institucional desde el informe sobre Nicaragua que presentó Amnistía Internacional (AI) el 29 de mayo pasado, dijo a Sputnik la directora de la ONG internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas.
"Desde el momento que lanzamos este informe (en mayo pasado) hemos visto un agravamiento en el nivel de violencia institucional, una violencia ya mucho más selectiva con ataque a población civil, han desmovilizado los tranques (barricadas y bloqueos de vías realizados por la oposición) de manera brutal en manos de la policía y, sobre todo, de grupos paraestatales que operan en colusión con las autoridades", dijo Guevara-Rosas quien se encuentra de visita en Montevideo para presentar el informe "Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua".
Esa información brindada por Guevara-Rosas a esta agencia se trata de datos preliminares de la misión de investigación de 10 días en Nicaragua que culminó AI el 31 de julio "en varios puntos del país en donde se han cometido graves ataques en contra de la población civil", indicó.
Con los últimos datos, la organización actualizará el informe "Disparar a matar" que se basó en una misión de investigación de AI en ese país centroamericano entre los días 4 y 13 de mayo.
Guevara-Rosas añade que en la última misión de julio, AI ha visto "un número importante de personas que han sido detenidas arbitrariamente, vemos una persecución y una criminalización en contra de las personas defensoras de los derechos humanos y de líderes que representan diferentes sectores ante el diálogo, una Alianza (Cívica) que se ha creado de distintos sectores de la sociedad".
Además de la activista, la delegación de AI en Uruguay incluye a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y a Graciela Martínez, representante del Movimiento de Madres de Abril, que reúne a familiares de víctimas de la violencia en Nicaragua.
El 1 de augusto de tarde, AI presentará su informe en el parlamento uruguayo, donde también hablará de los datos preliminares de la misión de julio.
Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Guevara-Rosas dijo que los fallecidos en el país por la crisis son más de 300, sin embargo la cifra de víctimas fatales varía de acuerdo a las fuentes que la proporcione.
La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó el 26 de julio en conferencia de prensa que, según sus datos, 448 personas fallecieron en el país desde que comenzaron las protestas.
Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abr?o, informó el 24 de julio pasado, a través de la red social Twitter, que 295 personas fallecieron desde abril por los enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos oficialistas.
Sin embargo, el presidente de Nicaragua negó esas cifras y dijo esta semana a la cadena de noticias CNN que en su país murieron 195 personas desde abril pasado.
El Gobierno atribuye el derramamiento de sangre en su país a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando" en su contra, mientras los detractores de Ortega afirman que se debe a la represión de fuerzas oficialistas.
A raíz de la situación que vive Nicaragua, en los últimos meses "ha aumentado exponencialmente" el número de solicitudes de asilo de habitantes de ese país en Costa Rica, informó en un comunicado la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Desde abril Costa Rica ha registrado alrededor de 8.000 solicitudes de la condición de refugiados de nicaragüenses y alrededor de 15.000 más recibieron citas para su posterior registro debido a que las capacidades nacionales de procesamiento se vieron desbordadas, según autoridades costarricenses, consigna Acnur en el texto de prensa.
Nicaragua denuncia injerencia de OEA en sus asuntos internos
El Gobierno de Nicaragua rechaza enérgicamente los intentos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para “inmiscuirse” en sus asuntos internos.
A través de un comunicado emitido el lunes, el Gobierno nicaragüense elevó su “más enérgica protesta” a la OEA por un proyecto que promueven ocho países —EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y Perú— para crear una “comisión especial” que dé seguimiento a la crisis en el país centroamericano, pero, que a juicio de Managua, pretende “inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua”.
La nota “rechaza enérgicamente y denuncia esa maniobra política e injerencista, que, sin el consentimiento de Nicaragua, se está tratando de llevar al plenario del Consejo Permanente de la OEA, en un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado y de violación a nuestra soberanía nacional, lo cual rechazamos”, precisa el texto.
En el comunicado —dirigido a la representante permanente de Costa Rica ante la OEA, Rita Hernández, en su calidad de presidente temporal del organismo— Managua enfatiza que no acepta a dicha comisión para abordar sus asuntos y desconoce todo reunión del Consejo Permanente de esta organización que se realice sin la autorización del Ejecutivo nicaragüense.
A continuación, Nicaragua solicitó la traducción, circulación y distribución del comunicado para ofrecerlo a las misiones permanentes del organismo hemisférico.
Nicaragua enfrenta una ola de violencia desde mediados de abril que ha causado más de 300 muertos. El presidente del país, Daniel Ortega, argumenta que detrás de los enfrentamientos violentos existe una “conspiración”, impulsada por grupos apoyados por Washington y el narcotráfico.
Las protestas violentas contra el Ejecutivo comenzaron en rechazo a un proyecto de ley de seguridad social. Aunque esa ley fue derogada, continuaron los disturbios, desoyendo los llamamientos al diálogo del Gobierno.
