"Conduciremos directos hacia el precipicio, el que primero salte es el ‘gallina’". Esta es la frase con la que Corey Allen explica a James Dean cómo funciona el juego del ‘gallina’ en la película ‘Rebelde sin causa’. Una escena adrenalínica que fue rememorada en estas páginas hace un año, cuando el ‘procés’ se encaramaba hacia su punto álgido, hacia el día en que se declaró la independencia y en el que se suspendió la autonomía. Pasados 12 meses, echar mano de la escena de James Dean sigue siendo más que pertinente a la luz de los nuevos detalles que se pueden ir conociendo.
Después de que Carles Puigdemont suspendiese la declaración de independencia del 10 de octubre y de que el Gobierno de Mariano Rajoy iniciara los trámites para la aplicación del artículo 155, el 25 de octubre tuvo lugar una reunión clave en el Palau de la Generalitat. Se citaron los ‘consellers’ del Govern y los representantes de las entidades civiles. En ese cónclave, que finalizó pasadas las dos de la madrugada ya del jueves, se perfiló que Puigdemont convocaría elecciones y no se declararía la independencia. Es decir, pese a lo que se había dicho en esos 25 días desde el 1-O, el Executiu reconocería que ese referendo no generó ningún mandato democrático.
En esa decisión cuenta sobre todo la voluntad de Puigdemont. Junqueras asumió la convocatoria electoral y otros agentes se opusieron firmemente. Se convocó para la mañana siguente, el jueves 26, al grupo parlamentario de Junts pel Sí, que integraba a PDECat y ERC. Fue una reunión muy tensa. El alcalde de Molins, Joan Ramon Casals, se erigió como portavoz de los que abogaban por seguir adelante con la DUI. Hubo lágrimas por parte de algunos diputados al ver que no se seguía adelante con la independencia.
Puigdemont explicó a los miembros del grupo parlamentario que iba a disolver el Parlament e ir a elecciones y que contaba con el compromiso tácito de Mariano Rajoy de no aplicar el 155. Un compromiso que se había logrado , en parte, gracias al PNV, pieza clave en la mediación de aquellos días. Pero en el aire pesaba la sensación de que Rajoy, pasara lo que pasara, iba a aplicar la restricción del autogobierno de cualquier modo.
Interrogado de forma contundente, confesó el ‘president’ que la causa no tenía apoyo internacional, ni el de los Mossos, ni las estructuras de Estado estaban a punto, ni contaba con una Agència Tributaria: "No tenemos nada". Uno de los diputados exigió a Puigdemont y Junqueras que renunciaran a sus cargos ante la imposibilidad de tirar adelante el plan del 1-0.
También se le preguntó si en ese pacto alcanzado se prevé la situación de los, por entonces, únicos presos, los ‘Jordis’. La respuesta es negativa.
A vueltas con las garantías
En esa reunión, Marta Rovira se levantó y preguntó: "Si no hay garantías de que no se aplicará el 155, seguiremos adelante, ¿verdad?" La pregunta recoge los aplausos de los presentes y es cuando Puigdemont se compromete a buscar la garantía por escrito. El empresario Emilio Cuatrecasas, el exjefe de Gabinete de Rajoy, Jordi Moragas, y el lendakari Iñigo Urkullu, los interlocutores entre gobiernos, porfiaron en un acuerdo que no llegó.
Entre los intentos de mediación, durante los días previos al de la DUI, también se encuentra el que intentaron varios nombres de prestigio del mundo empresarial catalán, como Joaquim Coello y Mariano Puig. Ellos pugnaron por conseguir que la Casa Real propiciara un encuentro entre Rajoy y Puigdemont. La respuesta de la monarquía fue de rechazo claro a emprender tal mediación.
Puigdemont afirmó: “No hay un solo catalán dispuesto a poner en riesgo la convivencia”, y que tenía bien fundamentado, merced a testimonios directos, que habría "violencia extrema" por parte del Estado. Según el ‘president’ se había ido muy allá y tocaba, en ese momento, empoderar la DUI con las urnas. Fue tildado de traidor y de cobarde. Puigdemont se mostró abatido, con las manos en la cara y las gafas sobre la mesa. "La gente pide un líder, no un padre", se oyó en la sala, en referencia al celo de Puigdemont por evitar daños mayores.
Rufián y las 155 monedas
También fuera de la sala arreciaban los ataques al ‘president’, como atestigua ese mordaz tuit del republicano Gabriel Rufián en que insinuaba que Puigdemont se había vendido por 155 monedas, unas pocas más de las que recibió Judas por hacer lo propio con Jesús, según la tradición cristiana. En la misma línea, Jordi Cuminal, exlíder de las juventudes de Convergencia y hombre de confianza de Artur Mas dimite vía Twitter en disconformidad con la convocatoria electoral de Puigdemont. Otro tanto hace el barón territorial Albert Batalla, que rompe el carné del PDEcat.
Siempre en la misma reunión de JxCat, Junqueras se desmarcó un poco más de Puigdemont de lo que había hecho la noche anterior. "Respeto pero no comparto la decisión", apuntó el republicano. Poco después, ERC amenazó con el trámite formal de salir del Govern si se convocaban elecciones. Fue más o menos a la hora en que, tras el cónclave de JxSí, Jordi Turull y Josep Rull se vieron a solas los tres con Puigdemont. Ahí, los ‘consellers’ le hicieron ver de la gran inconveniencia que supondría para el PDECat acudir a unas elecciones y, además, presentarse como ‘traidor al 1-O’ por no haber llevado la DUI hasta el final. La sensación de que ERC les dejaba ‘tirados’ a los pies de los caballos hiperventilados fue también clave para que esa misma tarde, en una comparecencia televisiva, Puigdemont comunicara que no iba a adelantar las elecciones.
El papel de Albiol
A esa sensación hay que sumar la comparecencia ante los medios del presidente del PPC, Xavier García Albiol, en los pasillos del Senado. Ahí, el popular dijo que el 155 se iba aplicar igual. Puigdemont y sus colaboradores vieron la comparecencia en una sala del Palau de la Generalitat. Los ‘fontaneros’ de la Moncloa trasladaron de inmediato al Govern que Albiol hacía su papel (que no era ni mucho menos central) e insistieron en que si se convocaban elecciones no se aplicaría el 155. Pero Puigdemont y los suyos se inquietan y deciden ir hacia la declaración de independencia segunda parte. La suerte estaba echada.
Poco antes del inicio de la sesión parlamentaria decisiva, Puigdemont llegó a sugerir a los miembros de su Govern que dimitiesen antes de proclamar la independencia en el Parlament para evitar efectos legales. "A estas alturas, President, no hagamos el ridículo" le espetaron ‘consellers’ del PDEcat y de ERC.
El pleno se desarrolló sin que el ‘president’ terciara en el debate ni dirigiera palabra alguna. Se dejó en manos de la presidenta del Parlament la lectura de la declaración de independencia.
La bandera española no se arrió
El guion previsto incluía, por la tarde, la firma de una treintena de decretos para poner en marcha la república, así como acometer algún acto simbólico de mucho calado, como arriar la bandera española del Palau de la Generalitat. Nada de eso ocurrió. Lo de la bandera, para lo que había incluso voluntarios, se desestimó porque Puigdemont alegó que “podía ofender a los unionistas” que se iban a manifestar el domingo en Barcelona.
En ninguna de las piezas que este diario ha ofrecido a sus lectores trazando un paralelismo entre el ‘procés’ y el ‘chicken run’ de 'Rebelde sin causa’ se ha contado cómo termina la escena. A riesgo de caer en el ‘spoiler’, aunque el film cuente con 63 años de vida, y transcurrido un año, cabe recordar que, en el film, los dos coches en litigio caen por el acantilado. James Dean salta antes del impacto y salva su vida. Corey Allen, no.
(…)
Puigdemont desoyó el último intento de mediación de Urkullu el día de la DUI
La carta que el lendakari Iñigo Urkullu envió a Carles Puigdemont a las 9.46 horas del viernes 27 de octubre del 2017 supone el último intento, a la desesperada, por impedir el choque de trenes que sucedió a la DUI y al 155. Urkullu había llegado ya a un acuerdo con Puigdemont, un par de días antes, pero con un punto débil: no había constancia escrita del compromiso de Mariano Rajoy de no aplicar el 155 si no se activaba la DUI.
El azaroso jueves 26, Puigdemont acabó con todas las elucubraciones de futuro con una comparecencia en la que descartó convocar elecciones. Ese es el motivo de la misiva, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del presidente vasco a Puigdemont, pero también a Rajoy. Un mensaje que llega, asimismo, a los buzones de Pedro Sánchez, Marta Pascal y del presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
“Con el debido respeto”, abre la carta Urkullu: “No podemos, ni debemos desistir”. “Intento abrir un resquicio a la esperanza que evite el agravamiento de la situación…”. El tono demuestra la gravedad del momento.
Lo que propone Urkullu es introducir en el debate en el Senado sobre el 155 una enmienda en tres partes, siempre que hubiera un acuerdo previo entre el Gobierno español y el catalán.
El primer punto afirmaba que la “ejecución” del 155 se suspendería “en tanto en cuanto el Parlament, el Govern o el ‘president’ no declaren la independencia de Catalunya”. El segundo apartado proponía que ambos ejecutivos “atendiendo a la voluntad social mayoritaria de búsqueda de entendimiento, son instados a iniciar sin demora un proceso de diálogo encaminado a la consecución de un pacto de convivencia que ponga fin al desencuentro presente”.
Finalmente, Urkullu proponía “la inmediata celebración de unas elecciones autonómicas, en la medida en que sus resultados permitirán conocer el sentir mayoritario de la sociedad catalana, así como su voluntad en torno a su futuro político”.
El tono de la misiva, en general, es bastante empático con la Generalitat. Así, el lendakari advierte de que aplicar el 155, tal y como lo estaba diseñando la Moncloa, podía derivar en “una grave conculcación de derechos fundamentales”. No en vano se iba a aprobar la medida atendiendo a una ilegalidad (la DUI) que aún no había acontecido.
Movido por la convivencia
Con todo, no son los motivos legales los que empujan al del PNV a insistir en la mediación, sino “la convivencia”. “El recurso al 155 representa el fracaso de la política y su aplicación no solo no va a resolver nada, sino que va agravar aún más la situación de desencuentro y ruptura”. Urkullu “apela” explícitamente a Puigdemont y Rajoy a que “por el bien de la concordia no invoquen ni apliquen las medidas planteadas”. Se trata, prosigue, de “no dejar en vía muerta la opción por el diálogo y la solución negociada”.
El texto finaliza con un ruego: “Abramos un momento de distensión”. Y prosigue: “Acordar no es claudicar, es un ejercicio de responsabilidad compartida. Finalmente, Urkullu señala que en ese momento, a escasas dos horas del inicio de la sesión que debía conducir a la DUI se estaba a tiempo “de abrir una oportunidad legal y democrática a la distensión y el diálogo”.
Con todo, el texto tenía el mismo problema que las propuestas anteriores y es que no generaba una garantía por escrito de que no se iba a aplicar el 155. Esa era la condición que Puigdemont había aceptado en el transcurso de la reunión del grupo parlamentario de JxCat para no acudir a la DUI.
La suerte estaba echada. No hubo ni tiempo de considerar la propuesta de Urkullu. Poco antes del inicio de la sesión parlamentaria decisiva, Puigdemont llegó a sugerir a los miembros de su Govern que dimitiesen antes de proclamar la independencia en el Parlament para evitar consecuencias legales. "A estas alturas, President, no hagamos el ridículo" le espetaron ‘consellers’ del PDEcat y de ERC.
Fuente: El Periódico: Xabi Barrena / Fidel Masreal
Análisis: Indepes.cat nunca jamás
Ernest Milá
Me quejo de que lo peor que podría ocurrir es que remitiera la crisis independentista catalana y todo quedara como si aquí no hubiera pasado nada. Y claro que ha pasado: ha pasado que una banda de irresponsables, arrastrados por la irracionalidad y la locura, han roto a la sociedad catalana en dos, tienen paralizadas a las instituciones catalanas desde hace más de una década y se niegan a reconocer la realidad: que se han quedado solos, que el proyecto ha embarrancado y que, mientras ha durado esa fiebre, Cataluña se ha empobrecido, su sociedad se ha debilitado y, paradójicamente, ha terminado siendo “menos catalana”. Como para que ahora venga el “negociador” de turno y todo concluya con unos millones de euracos de más para compensar la sensación de fracaso de los indepes.cat y se ponga de nuevo en contador a cero. Tal es la salida por la que opta, inequívocamente, Pedro Sánchez y por la que los indepes.cat menos enloquecidos firmarían también.
Pues bien, de todas las salidas posibles a la crisis indepe, esta es la más onerosa: pan para hoy y hambre para mañana. Un Estado moderno, debe tender a la estabilidad e impedir, ante todo, los sobresaltos que suponen el que cualquier banda de indigentes mentales, generen. En España, tenemos una amplia experiencia. El tema ETA no se trató de manera conveniente... por tanto, su resolución se demoró medio siglo. Y todavía colea. Otro tanto puede decirse de la crisis indepe.cat que jamás hubiera existido si en 1978 la ponencia constitucional hubiera colocado como irrenunciable e irreversible la “unidad del Estado”, por más que les molestara, especialmente a nacionalistas catalanes y vascos. ¡Hacía falta ser irresponsable para confiar el papel moderador en el régimen de bipartidismo imperfecto creado entonces, a nacionalistas catalanes y vascos! Era un simple suicidio cuyas consecuencias estamos pagando.
Bien ¿y ahora qué? Sánchez es partidario de declarar la partida en tablas y cambalachear uno o dos años de congelación del “procés” a cambio de unos milloncejos de nada a repartir en Cataluña. Error. Hace falta tener el valor de adoptar medidas correctivas para que esta situación -en donde, finalmente, es el vecino el que termina enfrentado con el vecino y la familia o el grupo de amigos el que se rompe- no se vuelva a repetir nunca más. Y, para ello, hace falta tener claro, como hemos llegado hasta este extremo y apuntar soluciones concretas:
1) El “nacionalismo moderado” ni existe, ni puede existir. Como máximo puede existir el “regionalismo” (enfatizar los rasgos e proximidad), pero, o nos situamos ahí o nos situamos en el independentismo. La Lliga de Cambó no era la CDC de Pujol. Una era “regionalista” y la otra “nacionalista”. Sí, los dos eran “moderados”, pero el “nacionalismo” opinando que, Cataluña es una “nación”, lleva directamente a la exigencia de dotarla de un “Estado” (una nación sin Estado es una nación oprimida, por tanto, la exigencia de construcción de un Estado Nacional es inseparable de la de nacionalismo). Así que lo que ha ocurrido ahora, era previsible desde 1978. Así pues, lo primero que una “reforma constitucional” debe de realizar es introducir de manera clara e inequívoca la afirmación de unidad del Estado y no basta con el eufemismo de decir que la “soberanía corresponde al pueblo español”, sino que hay que ser más precisos, precisamente, para evitar la ambigüedad. La palabra “unidad del Estado” acompañado del adjetivo “irreversible” parece mucho más retunda y corta cualquier discusión.
2) La Generalitat ha fracasado en su intento de “nacionalizar” a toda la población catalana. Hoy, solamente habla catalán como lengua vehicular el 35%, apenas un poco más que en 1975. Se enseña en las escuelas y es la única lengua utilizada en las oficinas de la gencat. Pero no prospera a pesar de que se trata de una lengua subvencionada. La cuestión lingüística es clave porque desde el siglo XIX los primeros catalanistas reconocían que el único “factor diferencial” en Cataluña era la lengua (diferencia muy relativa porque el catalán como el castellano son lenguas hispano-romances). Parece natural que en Cataluña se enseñe en lengua catalana… a los que estén interesados en ello. Pero también parece lógico que en una parte del Estado exista enseñanza en la lengua vehicular de ese mismo Estado. Especialmente, cuando el castellano tiene una indudable mayor proyección mundial y hoy es ya una de las tres lenguas más habladas del mundo (junto al inglés y al mandarín). Así pues, en esta materia, lo normal hubiera sido la enseñanza, preferentemente en catalán o en castellano, pero en absoluto esa odiosa inmersión lingüística que ha operado la salvajada de que muchos padres y abuelos no puedan ayudar a sus hijos o nietos en sus estudios. Así pues, aquí y ahora, tenemos dos opciones:
- la “moderada” consiste en establecer una “línea de enseñanza en castellano” en las escuelas catalanas. En las escuelas privadas que cada centro elija su “línea”, en las escuelas públicas, o bien la gencat acepta que en cada barrio el 50% de los centros ofrezcan una “línea en castellano” o bien el Estado crea en Cataluña una red de escuelas propias en lengua castellana.
- la “radical” que consistiría en que el Estado, a la vista de los problemas creados, no solamente en Cataluña, sino de las desigualdades en materia de enseñanza entre las distintas regiones (ayer se publicaba que en Andalucía los niños de 10 años saben lo que en Castilla corresponde a niños de 8 años), recuperara íntegramente las competencias en materia de educación y el sistema de enseñanza pasara al Ministerio de Educación.
Sea cual sea la opción: lo que está claro es que no se puede seguir enseñando en Cataluña una historieta “nacional” de ficción, que desemboca en la creación de una mentalidad nacionalista e independentista.
3) Hoy, cuando se ven los informativos de TV3 o se escucha Catalunya Radio, se entiende el porqué las cosas han llegado hasta el extremo límite actual: simplemente, las emisoras de titularidad pública -al igual que las propias instituciones de la Generalitat- se han convertido en portavoces partidarios de una opción política concreta: el independentismo. Y pueden hacerlo, simplemente, porque son medios subvencionados. Ahora bien, si se apoyan en el dinero de todos… es evidente que deberían de responder a la realidad de la sociedad catalana:
- esta sociedad no es ni siquiera mayoritariamente independentista, sino que, además, del independentismo, existen otras opciones que nunca en 40 años han tenido acogida en los medios de comunicación de la gencat.
- lingüísticamente, estos medios se han expresado solamente en catalán, cuando hay una masa de población que se expresa en Cataluña en otra lengua.
Lo sorprendente es que la actitud de la gencat ha consistido en decir: “subvencionamos a lo que se escribe y dice en catalán porque es la lengua oficial de Cataluña”… Eso está bien y estaría mucho mejor si no se vehiculizara -tal como se hace hoy- el nacionalismo ayer y el independentismo en la lengua. Pero, por lo mismo, los medios de comunicación del Estado estarían obligados a emitir en la lengua vehicular de ese Estado en lugar de hacer que TVE tenga espacios en catalán… en donde la presencia independentista es notable.
¿Medidas en este terreno?:
- La primera medida sería declarar inconstitucional la política de cuotas lingüísticas que estableció la gencat a mediados de los años 80 y que obligaba a las radios a emitir programación en catalán, reforzado con el reparto de licencias de radiodifusión “a los amigos”.
- La segunda medida saludable sería que los medios de comunicación, no solamente de Cataluña, sino de todo el Estado, dejaran de estar subvencionados. Medios de comunicación subvencionados, implica, medios de comunicación sometidos. Inaceptable. ¿Qué se hundirían algunos medios de comunicación? Evidentemente… es lo que tiene el “mercado” que hace falta ser competitivo y quien está subvencionado juega con ventaja.
- -la tercera medida, la exigencia a la gencat de que los medios de comunicación catalanes estuvieran al servicio de la totalidad de Cataluña y de su población, no al servicio de una opción partidaria.
4) El déficit cero. Si el régimen autonómico no existiera en el Estado Español, en estos momentos, nuestro país dispondría, no de una deuda de algo más de un billón de euros, sino, probablemente, de un superávit equivalente a esa cantidad. Las autonomías no son el régimen más recomendable para un país en el que la economía no pasa por su mejor momento. Son indeseables cuando todas ellas, por afanes electoralistas, han caído en el faraonismo y han permitido la aparición de clases políticas regionales parasitarias que viven a la sombra del dinero público y que hacen del comisionismo su principal atractivo. Tanto ingresas, tanto debes pagar al Estado por infraestructuras y servicios, tanto te queda para gastar. Resultado del balance: cero. Lo que no se puede tolerar son unas autonomías, un ayuntamiento y un Estado que viven por encima de sus posibilidades. La prudencia y el control presupuestario es la garantía de que el ciudadano no va a ser permanentemente crujido por cargas fiscales cada vez mayores. En esto del despilfarro autonómico y de la corrupción, Cataluña y Andalucía están hermanos y demuestran cuál es el camino que debe evitarse: nunca presupuestos autonómicos con gastos superiores a los ingresos.
5) Reconsideración del papel de las autonomías. En 1975 era frecuente aludir al “centralismo”. En la transición se vendieron los regímenes autonómicos como formas de “descentralización”. Bien, era una opción aceptable: pero las administraciones de “proximidad”, infectadas por el nacionalismo, se convirtieron pronto en taifas autonómicas impulsadas por clases políticas parasitarias. Hoy, en 2018, no basta con proponer -como hace Vox- un irreal e inviable “supresión de todas las autonomías”, sino más bien, retornar al concepto inicial: las autonomías son entidades colaboradoras del Estado en la administración de las regiones que componen la Nación. Y esto es lo que debería figurar explícitamente en la constitución. Porque, el examen de las reivindicaciones independentistas desde los años 20 demuestran que, cuando los indepes.cat hablan de “Estatuto de Autonomía” lo consideran como una especie de “pre-constitución” cuyo único sentido es allanar el camino para la independencia. Y esto ha vuelto a ocurrir nuevamente, como ocurrió ya con el Estatuto de 1932 que fue percibido por Macià como el paso previo a la independencia o como una especie de independencia atenuada.
Estas son algunas de las medidas que impedirían que de aquí a unos años volvieran a repetirse crisis como la que arrastramos en la última década. Actualmente, Cataluña está gobernada por obtusos que todavía no han advertido la envergadura y la naturaleza de su fracaso. Pero es cuestión de tiempo el que caiga la venda y alguien en el medio indepe acepte la realidad de los hechos: han jugado, se han lanzado a la partida basados en una mala interpretación de la situación, pensando que tendrían más apoyos internacionales y más soporte de la población… y han perdido. O se despiertan de su fantasía o -como ha ocurrido en Québec- el electorado lo hará. Pero, en cualquier caso, el Estado tiene la responsabilidad de que no vuelvan a producirse crisis similares y para ello, las medidas apuntadas contribuirían a evitarlo, pero mucho más, a clarificar la situación. Porque, esta crisis ha enseñado la necesidad de hablar claro y de no tener miedo a tomar decisiones enérgicas.
