MADRID (Sputnik) — El expresidente catalán, Carles Puigdemont, presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra una denuncia contra España por "vulneración de derechos".
"El reino de España tiene que responder por haber vulnerado derechos humanos", dijo Puigdemont en una rueda de prensa ofrecida desde Ginebra.
Además de Carles Puigdemont, figuran como demandantes otros líderes independentistas como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, que actualmente se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio por su participación en el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
Todos ellos fueron elegidos como diputados para el Parlamento de Cataluña en las últimas elecciones autonómicas, pero el Tribunal Supremo decidió suspender cautelarmente su derecho a la representación política al entender que personas procesadas por "haber desafiado de forma grave el orden de convivencia" no podían continuar en el desempeño de la función pública.
En la rueda de prensa ofrecida desde Ginebra, Puigdemont afirmó que "la decisión de un solo juez ha cambiado la mayoría parlamentaria", ya que varios de los diputados suspendidos decidieron no aceptar la decisión del Tribunal Supremo y rechazaron ser sustituidos.
El abogado internacional que lleva el caso, Nico Krisch, afirmó que la presentación de la demanda pretende "llamar la atención internacional" sobre "la vulneración de derechos humanos" que a su modo de ver sufren estos diputados.
En su opinión, una suspensión de esta índole es algo "inédito en una democracia occidental y europea" y se enmarca dentro de "un ataque escandaloso contra la democracia en España y Cataluña".
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de desviar 8 millones para el 1-O
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra en más de ocho millones de euros el dinero desviado ilícitamente por el gobierno de Carles Puigdemont para el referéndum ilegal del 1 de octubre, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas. El ministerio público ha presentado este jueves un escrito en el que recoge esta cifra, que supera con creces la descubierta por el Ministerio de Hacienda o por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero matiza que se trata de una fase inicial en la que irá reclamando nuevos datos.
El Ministerio de Hacienda denunció en noviembre de 2017 al destituido Govern y a las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por el 1-O, pidiendo en este sentido al ministerio público que calculase "los daños causados al erario público" en la organización del referéndum.
La cantidad calculada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas supera ampliamente la del Ministerio de Hacienda, que el pasado noviembre remitió un informe al juez de Barcelona que investiga el referéndum en el que cifró en 196.906 euros euros el gasto público destinado al 1-O. De hecho, los ocho millones tampoco coinciden con el dinero que se incluye en el escrito presentado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, en el que se apunta a un gasto de 3 millones por el referéndum.
La demanda de la Fiscalía llega después de otro escrito presentado esta semana ante el Tribunal de Cuentas por Societat Civil Catalana y la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución, ambas contrarias a la independencia, que reclaman casi dos millones de euros a los responsables del 1-O y citan como máximos responsables al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al exvicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto de los miembros del cesado gobierno catalán.
En el Tribunal de Cuentas comienza así un procedimiento similar al que ya se llevó a cabo contra Mas por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que terminó con una condena para el expresidente catalán en la que se le obligaba a pagar de forma solidaria con otros nueve miembros del Govern 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable. Además de Mas, también están condenados y deben afrontar partes menores de este pago la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, así como cargos funcionariales de la Generalitat.
Los políticos independentistas presos abandonan el paripé de su huelga de hambre
Los cuatro líderes independentistas presos que iniciaron una huelga de hambre desde la cárcel de Lledoners, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, han decidido poner fin a su protesta 20 días después de que diera comienzo.
La portavoz de los presos, Pilar Calvo, acaba de anunciar esta decisión de sus patrocinados en una rueda de prensa ofrecida en el Colegio de Periodistas de Cataluña. Sucede después de que El expresidente de la GeneralitatCarles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull hayan presentado este mismo jueves en Ginebra (Suiza) una demanda contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU denunciando la presunta "vulneración de los derechos políticos".
La portavoz de los presos considera que estos ya ha conseguido sus objetivos, en la línea de las palabras pronunciadas este miércoles por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alegando que "ya han conseguido el objetivo de remover todas las conciencias que se tenían que remover".
Sànchez y Turull empezaron la huelga de hambre el pasado 1 de diciembre para denunciar que el Constitucional ha dilatado de forma deliberada la resolución sobre sus recursos de amparo para dificultar que accedan a instancias judiciales europeas. Precisamente, esta misma mañana, el Tribunal Constitucional ha respondido al recurso del exlíder de ANC, Jordi Sánchez, decidiendo mantenerle en prisión al rechazar que la reciente condena del Tribunal de Estrasburgo a Turquía por el encarcelamiento de un opositor kurdo, a la que él ha recurrido como argumento, sea una "circunstancia sobrevenida" a tener en cuenta.
