No deseamos dar más pábulo al vergonzoso affaire de los e-mails sexuales de Iñaki Urdangarin, ya tratados en otro Confidencial publicado el pasado 7 de julio. Sin embargo, su contumaz torpeza en la gestión del ‘caso Nóos’ le ha llevado a desvelar la sorprendente implicación del Centro Nacional de Inteligencia como palanganero de su tinglado delictivo, dejando al director del Centro, Félix Sanz, y a la secretaria general, Beatriz Méndez Vigo, en una posición indeseable no como servidores del Estado sino como funcionarios públicos al servicio de intereses personales, siguiendo las prácticas espurias de épocas anteriores que tanto daño hicieron a la imagen del Servicio de Inteligencia.
Como ha comentado la Cadena SER (16/07/2013) en una información elaborada por el periodista Pedro Jiménez, el duque de Palma reconoció, durante su declaración de esa misma fecha en la demanda presentada contra varios medios de comunicación por la difusión de sus correos electrónicos, que el CNI hacía una copia de seguridad semanal del servidor del Instituto Nóos, sin que se conozca la justificación real de tal servicio, que además conllevaba el conocimiento de todas los indicios delictivos que han terminado con el caso en instrucción judicial, pero que, como es obvio, el Servicio de Inteligencia nunca puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
Según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER, el yerno del Rey ha precisado que, por cuestiones de seguridad (¿?), miembros del CNI acudían una vez a la semana al Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro, a hacer una copia del servidor, pero que era su ex socio, Diego Torres, el que seleccionaba los contenidos que se tenían que llevar. Extremo negado de forma expresa por Torres, quien subrayó en su declaración que él no seleccionaba el material y que se volcaba todo (que era lo que se llevaba el CNI).
Las “cuestiones de seguridad” esgrimidas para justificar la intervención del CNI, se enredan y enturbian considerablemente dado que, según consta en la investigación del caso, los empleados de la entidad conocían las claves de acceso al correo electrónico de sus compañeros…
¿De qué seguridad se está hablando entonces…? ¿Es que, teniendo el CNI en su poder los e-mails del caso, no se han podido filtrar a la prensa desde dicho organismo…? ¿Qué pintan los agentes del CNI ejerciendo de técnicos informáticos al servicio de una organización privada que, además, era una plataforma para delinquir de forma sistemática…? ¿A quién informaba el CNI sobre las prácticas ilegales del Instituto Nóos…?
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de quien depende política y funcionalmente el CNI, debería aclarar esta situación. Y, de no hacerlo, los grupos de la oposición parlamentaria, como controladores de la acción del Gobierno, deberían exigirlo con toda contundencia, porque la legalidad vigente no comporta este tipo de actuaciones por parte del CNI.
