El PP de Mariano Rajoy no ha desaprovechado otra nueva ocasión para renegar de la clara promesa recogida en el punto 5.11 de su programa electoral: “Promoveremos al reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Así ha vuelto a consensuar con el PSOE (partido de la alternancia) y con CiU y PNV (las ‘bisagras’ nacionalistas) el reparto de los ocho ‘juristas’ que han de renovar parcialmente el órgano de gobierno de la alta institución del Estado (los socialistas han cedido a IU uno de sus puestos debido al pacto que mantienen para derrocar conjuntamente al PP).
Por su parte, el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba todavía ha tardado menos en desdecir su voluntad de “independizar de los restantes poderes públicos” el órgano que gestiona el estatuto judicial, “sustrayéndolo del poder ejecutivo, léase Ministerio de Justicia”, conforme a lo establecido en la propuesta 1.582 de la ponencia marco aprobada en la Conferencia Política Socialista 2013, celebrada hace pocos días (8 al 10 de noviembre). En ella se defiende, además, el principio democrático de elección de los vocales y el fortalecimiento de su papel constitucional para “garantizar la independencia de los miembros de la carrera judicial”.
Claro está que esa propuesta socialista no dejaba de ser compatible con la 1.585 (una de cal y otra de arena) para que los miembros del CGPJ sigan siendo elegidos por mayorías reforzadas del Parlamento, “en un proceso transparente y objetivado, que garantice la excelencia profesional de los candidatos propuestos”. ¿Y es que esa exigencia de “excelencia profesional” se corresponde acaso con el perfil de ‘juristas de prestigio’ de los candidatos socialistas Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda…? Sólo hay que leer sus biografías profesionales, al igual que las de los otros seis nuevos miembros del CGPJ designados políticamente (María Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Mercè Pigem y Concepción Sáez), para darse cuenta del bajo nivel nominal, además de conceptual, con el que se nutre la actual clase política, porque sencillamente ninguno de ellos es, ni por asomo, ‘jurista de prestigio’.
Lo más lamentable de esta nueva reafirmación de que nuestra democracia ha llegado a límites de mediocridad y de irreversible desprecio a la dignidad política, sin separación efectiva de los tres poderes del Estado, es que Cayo Lara haya metido de hoz y coz a IU en el mismo reparto de las prebendas institucionales que ahora convierten a su partido en otro cómplice más del asesinato intelectual de Montesquieu, cerrado el pasado 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados.
El presidente Rajoy, incapaz de gestionar con realismo y eficacia la crisis económica, se destaca además por agravar gratuitamente la crisis política e institucional del país, ayudado en este caso por un acólito, Alberto Ruiz Gallardón, que sin duda a la historia como el peor ministro de Justicia posible. Juntos, y de la mano de la mayoría de sus compañeros del Consejo de Ministros, están dejando en mantillas las torpezas del nefasto Gobierno de Rodríguez Zapatero.
El PP de Mariano Rajoy no ha desaprovechado otra nueva ocasión para renegar de la clara promesa recogida en el punto 5.11 de su programa electoral: “Promoveremos al reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Así ha vuelto a consensuar con el PSOE (partido de la alternancia) y con CiU y PNV (las ‘bisagras’ nacionalistas) el reparto de los ocho ‘juristas’ que han de renovar parcialmente el órgano de gobierno de la alta institución del Estado (los socialistas han cedido a IU uno de sus puestos debido al pacto que mantienen para derrocar conjuntamente al PP).
