Es de sobra conocida la fijación que el general Franco (ergo el régimen franquista) tenía en contra de judíos, masones y comunistas, metiendo de paso en el mismo saco a los ateos (incluso si fueran apolíticos). Los creía detrás de todos los males que aquejaban al país; desde el mismo momento de iniciarse la sublevación militar de 1936 y siempre que se necesitaba encontrar causa exculpatoria de cualquier problema político, económico o social derivado de la propia dictadura o de la gestión de sus gobiernos.

Tras el Alzamiento Nacional contra la II República, Franco no dudó en proclamar rápidamente que su razón esencial era la de liberar a España del comunismo y la masonería. Lo dejó muy claro en una declaración recogida por el diario El defensor de Córdoba el 24 de julio de 1936, cuando todavía muchos pensaban que la sublevación militar no pasaría de ser un intento de asonada sin futuro alguno: “Luchamos para formar un solo frente nacional contra los judíos y las logias de masones, contra Moscú y las sociedades obreras de tipo marxista”. Y, de hecho, a las pocas semanas, el inmediato 15 de septiembre, ya publicó el primer edicto antimasónico de la España franquista, declarando tajantemente a la francmasonería fuera de la ley y culpando curiosamente a sus miembros de “crimen de rebelión”.

Terminada la contienda con la victoria de las fuerzas sublevadas, el 1 de marzo de 1940 se aprobó la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creándose el Tribunal Especial del mismo nombre encargado de su aplicación, a veces desorbitada y brutal (estuvo en vigor hasta que en 1963 comenzó a actuar el Tribunal de Orden Público). Aquella ley castigaba a masones y simpatizantes con penas que alcanzaban los 30 años de cárcel para los grados más altos, representando dicha condición un pecado tan grave que, por ejemplo, nadie podía ser miembro de un Tribunal de Honor militar si tenía algún pariente, hasta segundo grado de consanguinidad, que hubiera sido masón.

El general Franco convirtió su manía antimasónica y anticomunista (y por extensión ‘catolicista’) en uno de los pilares ideológicos del régimen, de forma que en sus discursos -y en el de sus ministros y altos cargos más fieles- siempre aparecía la consabida coletilla sobre la “confabulación judeo-masónica” unida a su connivencia con el “comunismo internacional”. Así, masones, judíos, comunistas y ateos eran la permanente amenaza del “enemigo que acecha en la sombra” y la causa de todos los desastres históricos de España, desde la pérdida de Gibraltar o de Filipinas a la de los territorios de América.

Incluso hubo quienes, dentro del régimen, consideraron a la II República Española, en bloque, como una “operación masónica”, dada la afirmación histórica de que todos sus presidentes de Gobierno, con excepción de dos (Niceto Alcalá Zamora y Joaquín Chapaprieta) pertenecieron a la masonería: Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Ricardo Samper, Manuel Portela Valladares, Augusto Barcia Trilles, Santiago Casares Quiroga, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín.

Y lo cierto es que la presencia de masones en el Gobierno Provisional de la República (1931) y su entorno de poder no dejaba de ser bien llamativa: ocho de sus once miembros militaban en la francmasonería (más tarde también lo haría Manuel Azaña, que en aquel Gobierno fue ministro de la Guerra), no menos de 21 generales y gran cantidad de subsecretarios, directores generales, embajadores y otros altos cargos políticos. Además, en su libro titulado ‘La masonería y la Constitución de 1931’ (Fundación Universitaria Española, 1980), José Antonio Ferrer Benimeli, uno de los más reputados ‘masólogos’ del mundo, registraba una larga lista de 183 masones con escaño en las Cortes Constituyentes de 1931, del total de los 458 existentes, por lo que la representación masónica alcanzaba en la Cámara la espectacular proporción del 39,08 por 100, perteneciendo a todos los partidos con representación parlamentaria, tanto de la izquierda como del centro y la derecha…

Y de esta forma, con aquellos antecedentes de activismo político, cierto pero poco reprobable, continuó la injustificada cantinela antimasónica (y anticomunista) hasta los estertores del franquismo. Incluso en su último discurso público del 1 de octubre de 1975, pronunciado desde un balcón del Palacio de Oriente y flanqueado por el Gobierno en pleno y por los príncipes de España (Don Juan Carlos y Doña Sofía), poco antes de su muerte acaecida el 20 de noviembre, Franco no se resistió a iniciarlo con estas atribuladas y casi agónicas palabras: ”Todas las protestas habidas obedecen a una conspiración masónica-izquierdista, de la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra a ellos les envilece…”.

Paréntesis. El texto precedente se corresponde con la versión oficial del discurso, pero el inicio real del mismo fue el siguiente: “Todo lo que en España y Europa se ha ‘armao’ obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece…”.

Lo cierto es que las protestas a las que entonces se refería Franco (que incluyeron una huelga general, la quema de embajadas españolas en el extranjero, manifestaciones y críticas en medio mundo contra el régimen como jamás se habían visto, peticiones de clemencia por parte de muchos mandatarios y organismos internacionales, tensiones increíbles con la jerarquía eclesiástica…) nada tenían que ver con la francmasonería ni con ningún contubernio comunista o de otra naturaleza. Eran la consecuencia directa del fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975, de cinco terroristas (tres miembros de los GRAPO y dos de ETA) condenados a muerte en Consejo de Guerra sumarísimo…

LOS NUEVOS ‘ENEMIGOS INVISIBLES’ DE ESPAÑA

Pero la obsesión casi patológica del régimen franquista contra los ‘enemigos invisibles’ de España, que llegó a niveles verdaderamente  surrealistas, tiene hoy, en plena democracia y bajo el mandato presidencial de Mariano Rajoy, una correspondencia sin duda más inconsecuente y preocupante.

Ahora ya no se proclaman ataques judaicos, masónicos o comunistas -viles y encubiertos- contra el poder político establecido, seguramente porque tales condiciones fueron redimidas por la Constitución de 1978. Pero sí que se sigue esgrimiendo el ateísmo, por ejemplo, para anatemizar a las mujeres que, en el ejercicio de su propia moralidad y libertad, quieren o se ven en la necesidad de optar por el aborto, sin tampoco imponérselo a las que, con la misma libertad, tomen otras opciones.

Y, por supuesto, siempre que interesa a ese mismo establishment también se señalan por doquier “anarquistas” y “grupos antisistema” o de cualquier otra naturaleza violenta, incluida la terrorista, en sustitución de los antiguos ‘fantasmas’ del franquismo. Claro está, especialmente cuando -al igual que sucedía entonces- a los gobernantes les interesa enmascarar o combatir las protestas ciudadanas en contra de la corrupción pública y de sus errores o abusos en la gestión política.

Una labor que, inmediatamente, suele contar con la caja de resonancia de los medios de comunicación públicos y los acogidos al favor del Gobierno, como el grupo llamado la “Brunete” mediática y los columnistas del tea-party popular, con los neocons celtibéricos vistiendo el muñeco. Tropa de furibundos capaz de desertizar la selva más exuberante o de reducir a escombros su propio partido en una sola legislatura aunque estén en el Gobierno (y en eso están), como en su momento hicieron, respectivamente, las termitas del film ‘Cuando ruge la marabunta’ (en la versión original ‘The naked jungle’ o ‘La jungla desnuda’, dirigida por Byron Haskin y estrenada en 1954), y los democristianos de la extinta UCD.

Otro paréntesis. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la misma de aquel inefable “A relaxing cup of café con leche en la plaza Mayor”, llegó a calificar las protestas vecinales de Gamonal nada menos que como ‘atentados’ (“Yo desde luego condeno los atentados de Burgos”, dixit). Antes, por supuesto, de que su propio partido (el PP), que gobierna en el Ayuntamiento de la ciudad, claudicara ante dichos supuestos terroristas…

El nuevo latiguillo político en contra de los ‘antisistema’, recurrente como arma arrojadiza contra toda manifestación de malestar social, comenzó con el ‘Movimiento del 15-M’ (también conocido como ‘Movimiento de los indignados’), formado tras la manifestación del 15 de mayo de 2011 convocada por diversos colectivos ciudadanos sin especial significación política, y cuando 40 personas decidieron de forma espontánea acampar esa noche en la madrileña Puerta del Sol. El movimiento nació con el socialista Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, pero las acusaciones de estar inspirado por los consabidos anarquistas no partieron de la izquierda política sino de la derecha que gobernaba en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid.

No obstante, los medios informativos de medio mundo pudieron trasladar una percepción objetiva del carácter pacífico de las protestas ciudadanas, derivadas exclusivamente de la corrupción y la incompetencia de la clase política, tratando de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo representado por el PP y el PSOE y del dominio de la banca y las corporaciones financieras, así como una auténtica ‘división de poderes’ y otras reformas políticas para mejorar el sistema democrático. Sus lemas convergían en torno a las ideas-fuerza que encabezaban la manifestación del 15-M: “No somos marionetas ni mercancía en manos de políticos y banqueros”, “Democracia real YA” y la más sencilla y finalmente más extendida de “Indignados” (en el barrio de Gamonal también surgió con no poca adecuación la de “La calle es nuestra”).

Y esa forma de tergiversar y combatir equivocada y cínicamente cualquier protesta de los ciudadanos, conculcando así su libertad constitucional de opinión y manifestación, se acrecentó de forma muy visible cuando Rajoy se convirtió en presidente del Gobierno con mayoría parlamentaria absoluta.

Entonces, el PP arremetió contra los ‘escraches’ promovidos por quienes protestaban contra la banca, reclamaban la ‘dación en pago’ de sus deudas hipotecarias o se defendía de sus brutales desahucios (que generaron una terrible oleada de suicidios), mientras esos mismos manifestantes veían como el erario público subvencionaba su desastrosa gestión financiera, a menudo delictiva. Y hasta criminalizó a los ‘yayoflautas’ estafados con las ‘participaciones preferentes’, un producto financiero ideado específicamente por los banqueros para estafar a sus clientes-inversores más modestos con la connivencia gubernamental; contra cualquier tipo de protesta pública ante las cámaras parlamentarias, que son la sede de la soberanía popular y dónde residen sus representantes políticos, aduciendo que con ellas se atentaba contra su libertad e inviolabilidad; contra quienes rechazan la reforma sanitaria o la educativa o contras quienes protestan por las tasas judiciales, la subida de la luz o por cualquier abuso político… hasta llegar finalmente a los disturbios eclosionados el pasado 10 de enero en el barrio burgalés de Gamonal.

LOS DISTURBIOS DE GAMONAL, ENTRE MENTIRAS Y VERDADES

De acuerdo, pues, con el guion gubernamental establecido, al iniciarse la protesta de los vecinos afectados por las obras y reformas de la calle Vitoria (el principal eje viario del barrio), cuya disconformidad previa fue ignorada por el gobierno municipal del PP con el argumento de que la actuación estaba incluida en su programa electoral, aparecieron rápidamente las primeras acusaciones descalificadoras tanto desde el partido como desde el Ministerio del Interior.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se lanzó de hoz y coz al ruedo mediático afirmando que en las protestas de Gamonal (que estallaron de forma espontánea al comenzar las obras y sin planificación alguna) se habían “infiltrado” grupos violentos “itinerantes”, cuyo único interés no era la reivindicación de los vecinos, sino “el ejercicio de la violencia” por la violencia, subrayando de paso la necesidad de la futura Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno.

Ante los medios informativos, el ‘número dos’ de Interior aseguró que en las protestas se parapetaban “grupos violentos, algunos bien conocidos” (sin concretarlos) y “tremendamente violentos” que ya habían participado en manifestaciones en Madrid y también en Castilla y León. Y acto seguido defendió que ante esta situación había que dar una “respuesta firme”, que “en ocasiones la da el Código Penal” aunque para otras era necesario “buscar un marco jurídico preciso”.

En el caso de Gamonal, apuntó que entre los 40 detenidos inicialmente había 11 menores y que “alguien debe hacerse responsable de los destrozos provocados, sus padres o tutores”, que es lo que persigue precisamente la reforma. “Los 40 detenidos pertenecen a grupos de violencia antisistema, extrema, que ya habíamos visto en otros lugares; son clásicos en los incidentes de seguridad ciudadana que hemos visto en Madrid en las manifestaciones ante el Congreso y en otras”, explicó poniéndose la venda sobre una herida inexistente...

No es este el momento de criticar la nueva ley de seguridad ciudadana pretendida por el Gobierno, pero sí que conviene dejar en evidencia, de nuevo, el autoritarismo y las mentiras oficiales sobre los fantasmagóricos enemigos del sistema. Porque la realidad objetiva y demostrada es que los detenidos por los disturbios de Gamonal tienen acreditado su domicilio en Burgos y sólo dos de ellos fuera de la ciudad, aunque vivan allí, sin tener por tanto nada que ver con ‘grupos violentos itinerantes’ ni cosa parecida; lo que no justifica ni mucho menos el que los jóvenes más agresivos o inmaduros se dediquen a quemar contenedores, destrozar escaparates de oficinas bancarias o apedrear a la fuerza policial (dentro por supuesto de un contexto de enfrentamiento mutuo).

Por ello, no termina de entenderse el descaro con el que el Gobierno del PP pretende ‘criminalizar’ las protestas ciudadanas de forma sistemática, y en particular las del barrio burgalés de Gamonal que, al final, se han tenido que saldar atendiendo las demandas vecinales. Un juego democráticamente perverso y generalizado por el PP como táctica política, en el que cada dos por tres se niega el derecho de la ciudadanía a no dejarse mangonear por la clase política y a exigirla un comportamiento honesto y acorde con las necesidades y requerimientos sociales reales.

Porque, por esa vía del desencuentro permanente con los administrados, a nadie ha de extrañar que terminen aflorando, primero su indignación y después -tras la denuncia inútil-, la violencia, tan lamentablemente útil como peligrosa. Y que, como se ha demostrado en el caso de Gamonal y con otras reacciones ciudadanas no menos agresivas (sin que tampoco pretendamos estimularlas), es sin duda alguna más eficaz y más rápida.

Sobran, pues, a nuestro entender, campañas y consignas mediáticas ‘contra los violentos’ y muestras de autoritarismo absolutamente fuera de lugar en el Estado democrático, al margen de su condición inconstitucional. Con ellas, el PP sólo consigue exacerbar al ciudadano medio, desmarcarse del centrismo político y, a la postre, perder electores.

Porque, ¿qué se puede cosechar social y políticamente con artículos tan rabiosos como el publicado, por poner un ejemplo, por Jaime González en ABC (21/01/2014) demonizando a los vecinos burgaleses de Gamonal y proclamando una democracia dictatorial…? Aquí lo tienen para que cada cual formule su respuesta:

La democracia arrodillada

No ha sido la sociedad civil quien ha ganado en el barrio burgalés de Gamonal, sino los elementos más perversos e incívicos de un sistema que pretenden reventar a patadas. El mensaje político es demoledor: lo que no se consigue pacíficamente se logra prendiendo fuego a la calle. De manera que, a partir de ahora, habrá quienes decidan cambiar de estrategia: en lugar de dotarse de pancartas y bocinas como instrumentos de protesta, mejor sustituirlas por piedras y botellas incendiarias, pues ejercen un poder de persuasión en nuestros representantes públicos muy superior al de las clásicas manifestaciones callejeras. Sin pretenderlo, el alcalde de Burgos ha legitimado la violencia de unos pocos, erigiéndolos en actores principales de un conflicto que no se ha solucionado con la negociación, sino a pedradas. La claudicación de la democracia tiene consecuencias tan perversas como el propio objetivo de los muchachotes del pasamontañas. Si los que sembraron el caos han logrado poner de rodillas a los responsables políticos, los que se han puesto de rodillas ante los muchachotes del pasamontañas han provocado un sentimiento general de indefensión. Así que los cafres pueden exhibir una doble victoria: han paralizado unas obras y, lo que es peor, denigrado el concepto mismo de democracia, sustituyéndolo por el clásico «el fin justifica los medios». Lo ocurrido es un fracaso colectivo, porque quienes llevan tiempo tratando de cambiar la fuerza de las urnas por la fuerza de las barricadas habrán encontrado en Burgos un estímulo para seguir adelante.

El temor a un estallido social -mantra exhibido como un siniestro espantajo por la izquierda radical- ha llevado a un alcalde del PP a tomar la peor de las decisiones posibles, pues mucho me temo que lo peor empiece ahora. Creo tanto en la sociedad civil que me niego a aceptar que lo ocurrido pueda ser considerado un triunfo. Si las asociaciones de vecinos tuvieran tiempo para reflexionar, se darían cuenta de que también ellas han salido derrotadas. Tantos meses peleando para que, al final, sus legítimas protestas hayan ardido pasto de las llamas. ¿Han ganado? No. Hemos perdido -salvo unos pocos- todos, incluidos los que ayer celebraban que el barrio de Gamonal volviera a ser «normal». ¿Normal?

Respetemos las opiniones de todo el mundo sin entrar en más acusaciones de normalidad, anormalidad y subnormalidad, tan vigentes en el periodismo político. Pero, puestos a poner ejemplos que permitan clarificar la realidad y facilitar un análisis objetivo del tema, también creemos conveniente traer a colación otro artículo de opinión sobre el tema publicado en Republica.Com (13/01/2014) por Fernando González Urbaneja, periodista nacido en Burgos y conocido por su crédito profesional y su distanciamiento de los partidos políticos, bien diferente del anterior y bastante más explicativo a pesar de ser también columnista habitual del diario ABC:

Gamonal como síntoma  

El estallido violento y la protesta social que ha ocurrido este fin de semana en Burgos es síntoma de no pocos males. Un barrio que se levanta contra la construcción de un bulevar en su calle principal no es algo que se pueda vincular solo a grupos violentos profesionales que se desplazan allí donde puede haber follón. Hay muchos otros factores e incluso esa afirmación, sostenida por el ministerio del Interior requiere pruebas que, por ahora, no se han facilitado; todo lo contrario, la información de la Audiencia dice que los detenidos por la policía son residentes en la ciudad que carecen de antecedentes por violencia urbana.

El barrio de Gamonal es el más populoso de Burgos con 60.000 residentes (un tercio de la población de la ciudad) amontonados en poco espacio, con una urbanización deplorable desplegada hace cincuenta años con torres de viviendas con pocos servicios y mínima calidad. Gamonal es el barrio populoso de Burgos, que ha protagonizado un desarrollo a su aire, donde el aparcamiento está autorregulado por los vecinos que dejan los coches en triple fila, en punto muerto para facilitar los movimientos.

Resolver el aparcamiento ha sido caballa de batalla de varios ayuntamientos que no han conseguido superar el problema, ni llevar adelante el proyecto de aparcamientos licenciados. El problema sigue abierto y los residentes en el barrio acumulan sentimientos de agravio y desatención.

El Ayuntamiento ha reiterado el proyecto de aparcamiento subterráneo para ofrecerlo a los residentes con una concesión a 40 ó 50 años e incluso en propiedad. Y añadió además la mejora de la arteria principal (calle Vitoria) que de ser la antigua carreta general N-I, que soportaba mucho tráfico nacional, se ha convertido en una avenida local con dos carriles en cada sentido con ocupación decreciente. El proyecto de convertir la calle en bulevar (un carril por sentido, carril bici y aceras más amplias) no ha interesado a muchos vecinos que sostienen que ese bulevar no les interesa, que no responde a las necesidades prioritarias del barrio, muy castigado por el paro, los recortes y la crisis.

La protesta contra el bulevar se materializó al comienzo de la obra el pasado viernes con enfrentamientos que alcanzaron un nivel inusitado de violencia a lo largo del fin de semana. La confrontación ha llevado a un conflicto social que trasciende a la ciudad y al bulevar. La sociedad española ha soportado la crisis, a lo largo de estos seis años, con protestas, marchas de todos los colores, pero sin incidentes violentos como los ocurridos en Grecia.

¿Cómo es posible que con un 26% de tasa de paro el orden se mantenga en las calles? ¿Cómo es posible que los españoles asimilen a lo largo de la década la llegada de casi cinco millones de emigrantes, muchos de ellos sin permiso de residencia y de trabajo, sin incidentes? El caso Gamonal indica que el conflicto social es posible y probable a poco que se encienda una cerilla inoportuna.

No parecía que en una ciudad como Burgos pudiera ocurrir algo semejante, pero ha ocurrido por acumulación de circunstancias y factores, por el juego del azar y la necesidad. La cuestión ahora es como se sale del conflicto, ¿se construirá el bulevar y el aparcamiento?, ¿abordarán otros proyectos y políticas para mitigar los problemas de los vecinos del Gamonal?

Si el conflicto supone un aviso, un síntoma, la salida del mismo no va a ser menos. Las primeras respuestas de las autoridades no contribuyen a gestionar el conflicto. ¿Advierte de lo que nos espera en otros lugares castigados por la crisis?

LA POLICÍA DE BURGOS DESCOLOCA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

En cualquier caso, y después de que el pasado 17 de enero el Ayuntamiento de Burgos anunciara la paralización definitiva de las obras de reforma de la calle Vitoria en el barrio de Gamonal, rectificando de forma repentina su intransigente posición previa (horas antes el Pleno Municipal había decidido continuar con el proyecto urbanístico), el inmediato lunes día 20 diversos medios informativos recogieron el contenido de un informe confidencial de la comisaría de Burgos, fechado el 17 de enero, que aclaraba en buena medida el desarrollo de los acontecimientos. Y no sin dejar en evidencia las apresuradas acusaciones del propio Ministerio del Interior que sólo veía en los mismos la oscura mano del anarquismo antisistema, como en el régimen franquista se achacaban sucesos similares al contubernio judeo-masónico y al comunismo internacional.

La policía consideraba que los incidentes ocurridos en el barrio burgalés de Gamonal durante las protestas que han logrado parar las obras pretendidas por la corporación municipal, no constituyen en modo alguno “un ensayo revolucionario exportable al resto del territorio nacional”. Y consideraba que los disturbios violentos desencadenados después de las manifestaciones pacíficas de los vecinos, fueron provocados fundamentalmente por algunos “integrantes del colectivo anarquista burgalés”, mientras los representantes vecinales intentaban en todo momento evitar los altercados.

Tras analizar la génesis del caso, se concluía que, además de no tratarse de un “ensayo revolucionario”, los hechos tampoco respondían “a un patrón de lucha ya empleado en otros conflictos” que “estuviese destinado a ser extrapolado a otras circunstancias o lugares”.

El informe explicaba que la extensión de las protestas a otras ciudades españolas se debía, sobre todo, “a la presencia importante de la Asamblea Gamonal 15-M en las movilizaciones, que ha buscado apoyo a través de su propia estructura ya creada y consolidada en años anteriores”. De esta forma, los expertos policías burgaleses entendían que el 15-M podía haber intentado que “una movilización por un problema casero y técnico” se convirtiese “en un movimiento social a nivel nacional en contra de la clase política, la banca y, en general, con los mismos objetivos del movimiento, manteniendo el estado de tensión para que el movimiento iniciado no muera por sí mismo”.

El documento policial detallaba la génesis que tuvo en 2013 la llamada ‘Plataforma Ciudadana Contra el Bulevar de la calle Vitoria’ y cómo en sus asambleas se fue colando un número creciente de “elementos anarquistas de la ciudad, una de cuyas sedes o lugares de reunión se encuentra, precisamente, en el barrio de Gamonal”. Los agentes concretaban las fechas de las asambleas así como sus asistentes, precisando, por ejemplo, que en la primera, celebrada el pasado 6 de noviembre en la Casa de la Cultura de Gamonal, estuvieron presentes “un total aproximado de 800 personas”.

Además, se destacaba que todas las manifestaciones de finales de 2013 fueron comunicadas puntualmente a la Subdelegación del Gobierno en Burgos y que siempre se desarrollaron “sin que se produjeran incidentes”. Aunque, “a medida que se aproximaba el inicio de las obras”, en varias asambleas convocadas ya en la parroquia vecinal de la Inmaculada se “radicalizando las posturas” (cosa lógica) al tiempo que “fueron tomando protagonismo personas vinculadas al partido Izquierda Anticapitalista, anarquistas y militantes de la Asamblea Gamonal 15-M”. Esta presencia se hizo mayor con la disolución de la plataforma, desvinculada así de los actos violentos que finalmente provocaron 46 detenciones.

La policía burgalesa achacaba a los anarquistas locales “el dirigismo en los desórdenes públicos”, subrayando que acudieron a las asambleas de forma “importante y planificada” y que tras las manifestaciones “impulsaban y daban origen a los incidentes”, desapareciendo inmediatamente de la zona. Y se añadía que también se había observado la presencia, “si bien de forma no destacada”, de algunos miembros de Resaca Castellana y del Colectivo de Jóvenes Comunistas.

Finalmente, el informe, redactado con un toque sociopolítico, que es el que en definitiva enmendaba la plana a los portavoces gubernamentales y del PP, insistía en que en las protestas no se había detectado la presencia de elementos radicales de fuera de Burgos. Y afirmaba que el hecho de que entre los detenidos hubiera “algunas personas no originarias del barrio” (en concreto dos ciudadanos marroquíes, dos colombianos, un boliviano y un ecuatoriano), se debía a la propia “extracción del barrio”, con un notable acogimiento de personas de esos países que tienen una fuerte “implicación personal” en todo lo que atañe a la vida vecinal en Gamonal.

EL LAMENTABLE VALOR POLÍTICO DE LA VIOLENCIA

Sin necesidad de aclarar más -sobre todo al buen entendedor- cuáles han sido las causas ciertas del estallido social de Gamonal y a qué intereses obedecen las distintas interpretaciones políticas del caso, lo que más puede preocupar al Gobierno, y en general al conjunto de la sociedad española, es la respuesta a la pregunta con la que González Urbaneja concluía su artículo ‘Gamonal como síntoma’ ya comentado (“¿Advierte de lo que nos espera en otros lugares castigados por la crisis?”).

Porque, viendo a los pacíficos burgaleses en pie de guerra para parar la construcción de un aparcamiento propio de gente acomodada promovido con la excusa de convertir una calle obrera ‘de toda la vida’ en un bulevar con carril-bici (violencia y beneficios de unos y otros aparte), la cuestión política de fondo sería explicar la razón de que el dinero público se meta precisamente ahí y no en otros proyectos de interés social bastante más necesarios en los difíciles tiempos que corren. Y en ese meollo, en ese simple entendimiento de la racionalidad, la honestidad y la lealtad debida a los administrados, frente a la farsa y al despotismo de los dirigentes políticos, es en el que, con la que está cayendo, aún siguen inmersos muchos pueblos y ciudades españolas prácticamente de todas las comunidades autónomas.

Y cierta es también la dificultad de contener la violencia de los jóvenes sin futuro laboral cuando ven que las denuncias o las manifestaciones pacíficas nada pueden contra la férrea mala voluntad de los políticos, incluso cuando ésta se muestra a todas luces errada y en contra de la mayoría social a la que todos ellos, sean del signo ideológico que sean, deben servir. Porque a veces cuesta mucho no responderles que llevan razón cuando afirman que “o la lías en la calle o al final las manifestaciones no sirven para nada”, sobre todo si la dejadez de los adultos, tragando con ruedas de molino ante la continuada corrupción e ineptitud política es la que, en el fondo, nos ha llevado a esa situación.

Si repasamos las hemerotecas, las únicas reivindicaciones sociales que han llegado a buen puerto en el nuevo régimen democrático (como es lógico en la dictadura no llegaba ninguna), han sido las violentas, mientras que los políticos se han pasado directamente por la faja todas las reclamadas en manifestaciones pacíficas o por vías administrativas y judiciales. Afirmación que en modo alguno supone defender la violencia, sino sólo constatar la realidad de que lo más asusta a los políticos es la violencia callejera o, dicho de otra forma, que ese es el único lenguaje que verdaderamente entienden.

De hecho, en ellas -en las hemerotecas- quedó archivada para siempre la imagen icónica del ‘Cojo Manteca’ (Jon Manteca Cabanes) en la madrileña calle de Alcalá, rompiendo a muletazos el 23 de enero de 1987, en medio de unos violentos disturbios estudiantiles (en los que participó casualmente porque ‘pasaba por allí’), una cabina telefónica junto al Ministerio de Educación, el letrero del metro de Banco de España y varias farolas de alumbrado público. Las fotografías del caso, bien aireadas en los medios informativos por lo pintoresco del personaje, consiguieron más que todas las manifestaciones del momento: acabar con el futuro del ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, y con la reforma de la enseñanza universitaria que pretendía…

Claro está que, al margen de la violencia social, hay otra forma, en buena medida correlacionada, de conducir y hasta doblegar a la clase política: la ira de los poderosos, con la banca a la cabeza. Si los Botín de turno (abstracción que obviamente no se refiere sólo al presidente del Santander) se hubieran opuesto, ni Aznar nos habría metido en la guerra de Irak ni Rodríguez Zapatero habría negado la crisis económica en 2007-2008, por ejemplo. Aunque todavía está mucho más claro por cuenta de quienes hace el Gobierno de Rajoy la política económica y social que está haciendo.

Quizás por ello, la protesta ciudadana ‘violenta’, que sin duda convulsiona el mercado bursátil y condiciona seriamente la cotización de las grandes empresas con accionariado atomizado (no tanto por la propia violencia como por su repercusión mediática y su efecto sobre los inversionistas), y que también afecta a niveles más modestos del empresariado nacional, tanto y tanto asusta al Gobierno. Una razón de peso que le lleva de forma inexorable a combatirla a sangre y fuego y, si fuera posible, a ahogarla en su asomo o expresión más prematura, tratando de controlar en paralelo los medios informativos como caja de resonancia, bien promoviendo los de titularidad pública o controlando a los privados a través de la publicidad y los créditos bancarios.

Volviendo al caso de Gamonal, no en vano parece que el repentino cambio de actitud del alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle, pasando en cuestión de muy pocas horas de no ceder un ápice en el desarrollo de su reforma urbanística a darla por cancelada de forma definitiva, tuvo mucho que ver con el temor de que, de entrada, la proyección mediática de la revuelta se cargara el sector turístico de la ciudad, afectando también a otros intereses del conocido empresario que estaba detrás del proyecto, Antonio Miguel (Michel) Méndez Pozo.

En relación con toda esta interdependencia entre la protesta social y el gran poder económico, son conocidos muchos estudios específicos desarrollados sobre todo en Estados Unidos. Uno de ellos es el que llevó a cabo en 2007 la prestigiosa Cornell University (Ithaca, Nueva York) bajo la dirección de la socióloga Sarah Soule, asistida por Brayden King, de la Brigham Young University (Provo, Utah), en el que se analizaba cómo las protestas públicas organizadas afectan “anormalmente a los precios de retorno de los valores”, es decir como un indicador de la reacción de los inversores a un evento focalizado.

Grandes corporaciones internacionales (como Dow Chemical, Cracker Barrel o Kodak) han aprendido del modo más doloroso que las protestas sociales concretas pueden hacer caer de forma estrepitosa sus valores bursátiles, por muy robustos que éstos se hayan mostrado, sobre todo cuando el tema de la protesta afecta a grupos de accionistas o cuando ha tenido una gran cobertura por parte de los medios de comunicación. Así, las que más perjudican a las empresas que cotizan en bolsa y sus accionistas son las relacionadas con reivindicaciones laborales o con asuntos que afectan a los consumidores, porque esas son las que tradicionalmente consiguen una mayor atención por parte de los medios informativos.

Y una cosa lleva a la otra. De forma que una gran cobertura mediática trae consigo que la reacción negativa de los inversores sea mucho mayor, mientras que esas mismas reacciones negativas y de miedo por parte de los inversores están directamente relacionadas con la atención que los medios prestan a las protestas y no necesariamente con la dimensión de la protesta en sí.

Por poner algún ejemplo, las protestas llevadas a cabo por el Sindicato Nacional de Gays y Lesbianas en Estados Unidos en 1991 contra la cadena de restaurantes Cracker Barrel cuando la empresa tomó la decisión de no incluir en su plantilla trabajadores homosexuales, generó un boicot a nivel nacional verdaderamente desastroso. En un mes, el valor de sus acciones cayó un 26% por debajo de lo esperado, incluso con su volumen de ventas estabilizado, de forma que el staff directivo se vio forzado por los inversores a dar marcha atrás en su política de recursos humanos y dejar muy clara la no discriminación de sus trabajadores por razones de orientación sexual…

LA PROTESTA SOCIAL COMO CONTRAPESO DEL ABUSO POLÍTICO

Pero, excluido de la protesta ciudadana su eventual componente violento, el fenómeno psicosocial en sí mismo no deja de mostrarse como un eficaz instrumento de contrapeso frente al abuso político. Sobre todo en contextos de crisis mal resueltas o excesivamente prolongadas.

Por ello, y sin más ánimo que el divulgativo, creemos que merece la pena reproducir a continuación el resumen de la Comunicación que sobre ese preciso tema presentó Antonio Antón, profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, en el XI Congreso Español de Sociología, que con el lema ‘Crisis y cambio: Propuestas desde la Sociología’, se celebró los días 10 al 12 de julio de 2013 en la Universidad Complutense de Madrid.

Protesta social

La protesta social progresista ha adquirido una nueva dimensión y tiene un nuevo carácter respecto a los movimientos sociales anteriores. Se han conformado corrientes sociales amplias, de fuerte contenido social y democrático, de indignación y rechazo a la austeridad y al déficit democrático de las instituciones y la clase política gobernante, demostrando la persistencia en la sociedad, y particularmente entre los jóvenes, de una amplia cultura democrática y de justicia social.

Frente a la prolongación de la crisis socioeconómica y la gestión antisocial del bloque dominante de poder europeo, se ha producido, especialmente en los países europeos meridionales, una fuerte contestación popular. En España se han ampliado las protestas sociales y resistencias colectivas, configurándose una ciudadanía activa, de fuerte contenido social, con un carácter sociopolítico progresista y democrático; se puede cifrar entre cuatro y cinco millones de personas participantes en los procesos huelguísticos y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en torno a un millón de participantes en las redes sociales vinculadas a estas protestas); se ha encauzado, fundamentalmente, a través del movimiento 15-M (y derivados) y el movimiento sindical (con fórmulas mixtas como las mareas ciudadanas), conformando una representación social doble, no exenta de tensiones, con sus respectivos representantes o grupos de activistas.

El movimiento 15-M sigue contando con una gran legitimidad social. Se pueden distinguir tres niveles de intensidad en la vinculación cívica: un primer nivel de unos pocos miles de activistas más comprometidos y persistentes; un segundo nivel de una ciudadanía activa, personas participantes, sobre todo, en las masivas formas colectivas de expresión popular, que se puede cifrar en varios centenares de miles; un tercer nivel, ciudadanía indignada o descontenta, en torno a dos tercios de la población que simpatiza de alguna manera con objetivos y acciones de ese movimiento.

Persisten motivos y condiciones para la continuidad de estos movimientos de  protesta colectiva. Existen debilidades y limitaciones para encarar la complejidad y la dimensión de estos problemas y oportunidades. Los riesgos de su fragmentación, desorientación o debilitamiento son evidentes. No obstante, son acertadas las ideas clave que conforman el núcleo de su orientación: 1) la democratización del sistema político y la más amplia participación ciudadana en los asuntos públicos; 2) el rechazo a la política de austeridad, el reparto injusto de las consecuencias de la crisis (paro, desahucios, desigualdad…) y la exigencia de un cambio de la política socioeconómica hacia mayor justicia social. Y mantienen una amplia legitimidad en la sociedad.

La respuesta popular masiva de este periodo no ha sido sólo emocional o superficial, destinada a su evaporación inmediata. Ha estado y está enraizada en una profunda y persistente conciencia ciudadana indignada y de denuncia de la injusticia social. Es, sobre todo, una respuesta colectiva, con gran fundamentación ética igualitaria y solidaria, e incrustada en la realidad de las graves condiciones de vida y las aspiraciones de mejora de millones de personas. Se incardina en los mejores valores democráticos e igualitarios de los movimientos sociales progresistas o la izquierda social europea de las últimas décadas.

Un aspecto que conviene clarificar es la relación entre gestión política del poder institucional y acción sociopolítica de la ciudadanía en los asuntos públicos, entre clase política dominante  con componentes oligárquicos y movilizaciones sociales progresistas, expresivas del descontento popular y la participación ciudadana. En ese sentido: a) la deslegitimación de ‘esta’ clase política gobernante, en lo fundamental, está justificada y es merecida y, por tanto, hay que ampliarla, no debilitarla, para promover su renovación y la democratización del sistema político; b) la solución viene de la mano de la más profunda, firme y consistente participación ciudadana, de una activación de los sectores progresistas. Por tanto, la alternativa principal está en el refuerzo de las resistencias ciudadanas, en avanzar hacia una democracia más participativa y más social.

Cuando la ciudadanía critica a la política o rechaza a los políticos se está refiriendo no a todos los políticos, sino a la gestión institucional actual de la clase política gestora o gobernante, fundamentalmente, a las élites o aparatos de los grandes partidos con responsabilidades gubernamentales en los recientes planes de ajuste y austeridad, con incumplimiento de sus compromisos con sus electorados e involucrados en graves casos de corrupción (caso Bárcenas…).

La crítica ciudadana a ‘ese’ tipo de política es una posición (política) más democrática, realista y progresista que la justificación (política) de esas medidas de austeridad, el embellecimiento o disculpa de ‘esos’ políticos mayoritarios que aplican políticas antisociales o el intento persistente de relegitimación de la actual élite política gestora que, fundamentalmente la derecha, sigue sin reorientar sus estrategias económicas de austeridad ni respetar las opiniones mayoritarias de la sociedad. Supone un juicio ético y ‘político’ progresista e igualitario frente a unas decisiones de las clases corporativas (gobernante y gestora de los mercados financieros) regresivas e injustas. Constituye un proceso cívico globalmente positivo (con distintas sombras e insuficiencias), un factor relevante para promover un cambio social progresista, el fortalecimiento de la democracia y los valores igualitarios y una renovación de las izquierdas.

El nuevo ciclo sociopolítico, iniciado en el año 2010, tiene varias fases y presenta diversas enseñanzas. El hecho social más significativo, en este periodo, es la consolidación de una corriente social indignada, una ciudadanía activa y una doble representación social, el sindicalismo y los grupos de activistas del 15-M.

El nuevo escenario sociopolítico, con un emergente campo social autónomo y diferenciado de las instituciones políticas, tiene la particularidad de que cristaliza frente a la gestión antisocial del gobierno socialista y luego se desarrolla contra la derecha.

La especificidad del actual proceso de resistencias colectivas es que señala su rechazo a componentes ‘sistémicos’ de la realidad socioeconómica y política y apunta a reformas profundas de carácter social y democrático.

El descontento ciudadano con esa gestión institucional y la desconfianza en sus líderes políticos, incluido el aparato socialista en la medida que no corrige claramente su orientación ni renueva su liderazgo, está fundamentado, es justo y conveniente. Supone un valor positivo y democrático para regenerar el sistema político y reorientar la acción socioeconómica y laboral. Tiene insuficiencias y una débil y fragmentada representación social. Esa corriente indignada está relativamente huérfana de representación política y gran parte de ella sigue votando a los mismos partidos mayoritarios, por más que ya ha tenido un significativo efecto en el apoyo electoral a otros partidos minoritarios y de izquierda, aunque esté por ver su repercusión posterior en el campo electoral e institucional.

Su evolución depende, sobre todo, de la consolidación de una dinámica creíble para derrotar la estrategia de austeridad, abrir un horizonte más justo en la salida de la crisis y una mayor democratización del sistema político. El bloqueo de esa expectativa colectiva, progresista, solidaria y democrática, podría generar otras dinámicas contraproducentes, adaptativas individualmente y segmentadas o, entre ciertos sectores, de carácter populista, xenófobo o exclusivista.

En definitiva, la indignación ciudadana es una corriente social a impulsar, encauzar y madurar, no a debilitar, desprestigiar o minusvalorar. La apuesta progresista debe ser frenar o impedir la actual deriva regresiva y promover un giro más social en la política socioeconómica y la democratización del sistema político, con una mayor activación de la ciudadanía.

Lo expuesto en la ponencia congresual del profesor Antón podrá matizarse todo lo que se quiera. Y también discutir su apuesta sobre la conveniencia de militar en la indignación ciudadana o practicar la protesta social como vía adecuada para democratizar la política actual, que muchos están viendo caminar hacia el autoritarismo e incluso hacia la ‘dictadura legal’.

Pero lo cierto es que en 2013 se alcanzó la cifra record de más de 6.000 manifestaciones callejeras, sobre las que el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, afirmó (ABC, 17/12/2013):“Nunca en España ha habido un mayor número de manifestaciones y nunca una menor necesidad del uso de la fuerza policial”. Y aclaró que con ese altísimo número de manifestaciones, sólo se registraron incidentes en 84, siendo necesario el uso de la fuerza por parte de los agentes de la Unidad de Intervención Policial en 18, destacando que en estos momentos existe un “sentido de la responsabilidad” y de respeto por la convivencia de los ciudadanos, que, en su opinión, se ve acompañado por la “proporcionalidad” en las actuaciones de las fuerzas antidisturbios…

Con todo, lo indiscutible es que el fenómeno de la protesta social ya está aquí, con una expresión bien sintomática de desgaste político que han supuesto los sucesos de Gamonal, y parece que para permanecer. Por tanto, el presidente Rajoy, sus ministros más reaccionarios y el PP como partido político mayoritario, deberían tener el fenómeno muy en cuenta y rectificar algunas de sus declaraciones y actitudes más excéntricas.