En sus tácticas propagandistas, el Gobierno de Rajoy ha venido manejando los datos exclusivos del paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -el INEM desapareció nominalmente en diciembre de 2003- y sus fluctuaciones estacionales, con preferencia sobre la información general de la Encuesta de Población Activa (EPA), presumiendo con ellos de logros falsos, o cuando menos pírricos, en su lucha contra el brutal desempleo que está asolando el país. Actitud que, por otra parte, no deja de evidenciar la desconfianza gubernamental en su propia lucha contra el desempleo y la absoluta ineficacia de la política económica con la que se está afrontando la crisis.

La EPA es una investigación sistemática de periodicidad trimestral que se realiza desde 1964, aplicada a la unidad familiar con la finalidad principal de obtener datos sobre la fuerza y el mercado nacional de trabajo y de sus diversas categorías: ocupados, activos, parados e inactivos.

Su continuidad y la muestra aplicada (65.000 familias entrevistadas al trimestre, es decir 260.000 encuestas/año) proporcionan una fiabilidad y un seguimiento temporal del mercado laboral ciertamente notables. Además, desde 2005 la metodología de la EPA está adecuada a la normativa común europea, incorporando las condiciones establecidas por Eurostat, incluidas las mejoras en el método de recogida de la información

Así, desde 2005 la EPA incluye seis nuevas variables:

Además, también se incluye una pregunta opcional sobre la cuantía del salario en el caso de los trabajadores por cuenta ajena.

Por otra parte, la distinción de cuatro grupos de sujetos que hace la EPA dentro del marco de trabajo (población de 16 años o más), se corresponde con las siguientes definiciones:

Población Activa: Son aquellas personas que, durante la semana de referencia (la anterior a la de la fecha en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Por tanto, en la categoría se incluyen de forma conjunta todas las personas ocupadas y en situación de paro.

Ocupados: Son las personas que durante la semana de referencia han estado trabajando al menos durante una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, huelgas o vacaciones. Los ocupados se subdividen a su vez en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la duración de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual semanal inferior a 35 horas).

Parados o Desempleados: Son las personas que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente. Se considera que una persona busca empleo de forma activa si:

También se consideran ‘parados’ a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.

Población Inactiva: Esta categoría comprende a la población adulta (de 16 años o más) que está estudiando, realiza tareas domésticas, jubilada, demasiado enferma para trabajar o que simplemente no está buscando trabajo. En definitiva, es la población no incluida en las tres categorías anteriores

La Tasa de Desempleo se corresponde con el número de desempleados dividido por la población activa y se expresa en forma de porcentaje. Es decir, no es una proporción entre el total de la gente desempleada o en situación de paro laboral y el total de la población, sino sólo la que relaciona aquella con la denomina ‘económicamente activa’.

LA NECEDAD DE TERGIVERSAR EL DRAMA DEL PARO

Con esta base descriptiva, hablar sólo de ‘parados’ o de ‘desempleo’ y de su variación en el tiempo, distorsiona la realidad del mercado de trabajo al no poner en relación a la población ‘activa’ con la ‘inactiva’ e incluso a la suma de ambas con los parados y/o los ocupados, lo que señalaría su verdadera incidencia en la economía real del país, dando pistas también sobre el nivel o dimensión de la llamada ‘economía sumergida’ (al final de 2013 podría situarse muy por encima del 25% del PIB).

Dicho de otra forma, la disminución del paro no significa forzosamente una creación de empleo neto, ya que puede verse acompañada en paralelo de una disminución de los ‘ocupados’ y de un trasvase entre población ‘activa’ e ‘inactiva’. Y, por eso, la leve reducción del número de parados registrada en 2013 respecto a 2012 (-69.000), ha podido aparejar una destrucción de 198.900 empleos por reducción de la población activa en el mismo periodo de tiempo.

De esta forma, frente a la persistente demagogia del Gobierno (los ‘brotes verdes’, el incremento de las exportaciones, la disminución de la prima de riesgo y otras zarandajas sin nada que ver con la solución real de la crisis), lo que ha hecho el cierre de la EPA en 2013 es lanzar un jarro de agua fría (más bien helada) sobre las pantomimas políticas y económicas centradas en seguir los dictados de las autoridades europeas, en la salvaguarda de los intereses de la banca y los grandes capitales y en esperar soluciones exógenas de la crisis o venidas milagrosamente del exterior.

Lo comprobado al 31 de diciembre de 2013 es, sencillamente, que sobre el cierre de 2012 el número total de ‘ocupados’ han descendido más que el de ‘parados’ (198.900 y 69.000 respectivamente), con variaciones sobre las tasas del mismo periodo del año precedente de un 1,17% y un 1,16% en cada caso, porcentajes similares pero aplicados sobre bases numéricas muy distintas. Además, a lo largo de 2013 la ‘población activa’ ha caído en otras 267.000 personas.

Está muy claro que con una menor ‘fuerza de trabajo’ será muy difícil, por no decir imposible, hacer crecer la economía, es decir incrementar -como proclama el Gobierno- el Producto Interior Bruto (PIB). Máxime cuando esa misma fuerza nominal decrece también en su capacidad productiva por el aumento de los contratos a tiempo parcial frente a los de tiempo completo (menos horas de trabajo equivalen a menos capacidad de producción), y con independencia de que la EPA compute los ‘medio parados’ (trabajadores a tiempo parcial o de media jornada) como totalmente ‘empleados’ y no como ‘medio empleados), inflando de nuevo las cifras de disminución del paro y de crecimiento del empleo.

Todo ello sin considerar la fuerte caída del consumo, precisamente derivada de la alta Tasa de Desempleo; lo que a su vez incrementa de forma incuestionable el paro (que a corto plazo ya se castiga con la retirada de prestaciones sociales), limitando el consumo todavía más y reduciendo la recaudación fiscal. Una espiral de auténtico empobrecimiento, convertida en el nudo gordiano de la nefasta política económica de Rajoy, que sólo podrá deshacerse con un cambio real del modelo económico y de las estructuras productivas.

Nada más conocerse los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2013, el economista independiente José Carlos Díez lanzaba en El País (24/01/2014) un análisis de urgencia destacando la incapacidad de la reforma laboral (uno de los pilares estratégicos de la política económica del Gobierno) para evitar la destrucción de empleo, señalando al tiempo la preocupación que provoca el optimismo exuberante de Rajoy:

Depresión y mercado laboral

La historia y la teoría económica nos enseñan que las depresiones tienen efectos devastadores sobre la actividad económica y que la variable de ajuste es el desempleo. España no es una excepción. Desde 2007 han desaparecido el 15% de empresas y el 20% del empleo. Pero donde España si es una excepción, al igual que el resto de Europa, es en la segunda recesión de 2012 que ha prolongado la destrucción de empleo durante cinco años.

Cuando el presidente Rajoy llegó a La Moncloa ya teníamos un grave problema de empleo. Pero desde entonces se han destruido más de un millón de empleos. Sus políticas, las mismas que defendía Merkel, de ajuste fiscal combinado con una reforma laboral que acababa con la negociación colectiva y rompía el contrato social que había permitido a la sociedad española salir del subdesarrollo de los años cincuenta han tenido efectos desastrosos. En primer lugar, la reforma laboral no ha permitido taponar la hemorragia de la destrucción de empleo, sino que la ha amplificado. El PIB cayó en 2013 1,2% y la destrucción de empleo estuvo próxima al 3%. Tenemos la elasticidad de la Ley de Okun más elevada del planeta.

Como me enseñó mi maestro Luis Toharia “los efectos de una reforma laboral siempre son inesperados”. La reforma de 2012 ha cumplido fielmente la regla. En 2008 la hemorragia del empleo se concentró en el sector de la construcción que gracias a los contratos de obra y servicio destruyó empleo como una trituradora de carne picada. Es falso que nuestro mercado de trabajo no fuera flexible. El problema es que la excesiva flexibilidad en la contratación y a la vez la excesiva rigidez en el despido provocaban elevada inestabilidad en las recesiones y favorecía un modelo de crecimiento orientado a empleos de baja productividad que favoreció la burbuja inmobiliaria.

Era evidente que nuestro mercado de trabajo necesitaba reformas. Pero liquidar la negociación colectiva ha aumentado la flexibilidad a costa de generar más inestabilidad y fortalecer el modelo de crecimiento castizo español basado en empleos precarios, temporales y de baja cualificación. Esto complica la solución de la crisis de deuda y tendrá efectos muy negativos sobre nuestro potencial de crecimiento y nuestra renta por habitante de la próxima década.

En el cuarto trimestre, las empresas españolas han destruido 218.100 empleos a tiempo completo y en buena medida han sido sustituidos a tiempo parcial. De ellos 54.100 tenían contrato indefinido. La destrucción de empleo se concentró en los menores de 35 años. Por tanto, españoles entre 35 y 65 años están aceptando cualquier tipo de contrato y salario con tal de volver al mercado laboral.

La causa principal es la desesperación: 1.832.100 hogares, unos 6 millones de españoles, tienen a todos sus miembros en paro y están en pobreza severa y ha vuelto aumentar en el cuarto trimestre. Y medio de millón de personas que perdieron su empleo en 2012 van a perder su prestación en 2013. Eliminando el empleo agrícola se destruyeron 150.000 empleos el pasado trimestre. Un total de 10 comunidades autónomas finalizaron 2013 con una destrucción de empleo superior al 1,5% y siguen en depresión. Hay una dispersión regional brutal. Hemos tenido un excepcional año turístico y las islas y las regiones del Mediterráneo han tenido un mejor comportamiento en el empleo. Pero el resto de regiones siguen en depresión. Aragón acabó 2013 con una caída del empleo del 6% con respecto a finales de 2012. Galicia, -3,8%; Castilla y León, -3,4%; Madrid, -3,3%; etcétera.

Lo peor no es que estemos mal, lo más preocupante es comprobar el optimismo exuberante del presidente Rajoy. El comisario Rehn, brazo ejecutor de Merkel en Bruselas, nos ha dicho en EL PAÍS que tenemos que profundizar en los ajustes y las reformas y que nos quedan 10 años para cerrar las cicatrices de la depresión. Las exportaciones españolas cayeron en noviembre un 2% anual y en una recuperación sin empleo y sin crédito apoyar todo el crecimiento en consumo privado no es sostenible.

Aún hay margen para actuar, pero el tiempo se va agotando. EE UU y Obama confirman que hay vida después de la crisis. Aprendamos y actuemos con urgencia y determinación.

EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL COMO SUICIDIO ECONÓMICO

Mientras el Gobierno se empeña de forma contumaz en seguir vendiendo a la opinión pública milimétricas caídas coyunturales del paro (8.400 personas en el último trimestre sobre casi seis millones de parados), ficticias como hemos visto por incluir a las que no trabajan a tiempo completo, y por tanto ocultando una caída del empleo (personas ocupadas) notoriamente más significativa, lo cierto e indiscutible es que, con todo, a final de 2013 la Tasa de Desempleo ha vuelto a repuntar hasta el 26,03%.

Con ello, se consolida una situación de paro estructural insostenible. Desde la crisis económica y financiera de la década de 1980, dicha tasa nunca ha bajado en España del 8%, siendo prácticamente el país de la OCDE con mayor porcentaje de desempleo (por delante de Irlanda y Grecia, que son los otros dos países con paro también muy destacado) y doblando en los últimos treinta años la media de los países desarrollados, tanto en épocas de crecimiento como en las de crisis.

A raíz de la salida de la crisis de los años 1990, el desempleo descendió desde los 3,6 millones de personas hasta, más o menos, los dos millones, pero estancándose en esa cifra durante toda la época de bonanza y hasta el inicio de la crisis actual. En el año 2003 la tasa de paro era del 11,5%, lo que se consideraba una buena cifra para España, pese a que se trataba de una tasa de desempleo a la que la mayoría de países industrializados sólo llega en épocas de crisis económica. En el año 2007, en el que se alcanzó la tasa más baja en treinta años, se contabilizaban 1,8 millones de parados.

Después de la eclosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de deuda soberana del 2011, tras el acceso de Rajoy a la Presidencia del Gobierno y con su política económica ciertamente discutida y contraria a las propuestas previamente defendidas en su programa electoral, el desempleo del país se  disparó de forma inédita hasta alcanzar en el primer trimestre de 2013 una tasa del 27,16%, acompañada con el récord histórico de más de 6.200.000 parados. Hoy, al 31 de diciembre de 2013, España continúa con una tasa de paro por encima del 26% y con 5.896.300 desempleados, y ello a pesar de las manipulaciones contables comentadas…

Pero eso no es todo, porque hay otros datos y circunstancias socio-laborales que todavía son mucho más preocupantes. De hecho, son los que, por sí mismos, están marcando el agotamiento y la destrucción -sin repuesto- del actual sistema económico.

Por un lado, la disminución de la población ‘ocupada’ (destrucción neta de empleo), ha llevado a que la relación entre las personas con empleo y el total de la población española, cifrado en 46.704.314 individuos, suponga que de cada tres ciudadanos sólo trabaje uno; es decir, que con el esfuerzo de cada español empleado, con retribuciones a la baja, tengan que vivir tres. Siendo además muy constatable que no todos los ‘empleados’ están integrados en el circuito de la ‘economía productiva’ (una gran parte del empleo público desarrolla funciones que, aun sin discutir su necesidad social, no dejan de ser ‘improductivas’ por naturaleza).

Y, por otro, hay que tener en cuenta que, tras seis años con destrucción de empleo continuada y hasta límites sin precedentes históricos, el desempleo de ‘larga duración’ (más de un año) ha desplazado de forma vertiginosa al de ‘corta duración’ (menos de un año), correspondiendo más del 60% del paro a la primera categoría y menos del 40% a la segunda. Mientras el empleo a ‘tiempo completo’ ha decrecido en favor del ‘temporal’ y el de ‘media jornada’.

Además, también se han disparado los hogares que carecen de cualquier tipo de ingresos, pasando de 500.000 en 2010 a casi 700.000 en 2013, así como la población infantil que vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, que hoy alcanza a 2.826.549 niños y niñas (un 33,8% del total) según la ONG ‘Save the children’, lo que supone un serio obstáculo para que puedan disfrutar de la protección reconocida en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas. Dos dramas que, diga lo que diga el Gobierno, van a seguir creciendo en 2014 de forma irremediable…

El desempleo, que el Gobierno no sabe o no quiere combatir de forma eficaz con instrumentos bien conocidos de política económica, fiscal y laboral, está reduciendo los ingresos de las familias de forma drástica. Incidiendo por tanto negativamente no sólo en el consumo interno, sino también en la calidad de vida de la clase trabajadora y en su salud mental, alargando el período de  emancipación juvenil y haciendo caer de forma peligrosa -por la imposibilidad de formar una familia con mínimas garantías económicas- el índice de natalidad.

Así, se disparará el fenómeno de la exclusión social; aumentará el impago de los servicios más elementales; crecerá la llamada ‘pobreza energética’, que impide pagar las facturas de suministros básicos como el agua, la luz y el gas, y seguirán los desahucios por impago de las deudas hipotecarias… De hecho, según los datos oficiales publicados recientemente por el Banco de España, en la primera mitad de 2013 (último balance disponible) los desahucios ejecutados desde enero a junio alcanzaron a 35.098 viviendas (casi los mismos que en todo 2012), apuntando así a un fuerte “crecimiento en comparación con 2012” a pesar de la presión social y del ‘código de buenas prácticas’ impuesto a la banca por el Gobierno en 2012.

Todo ello sin el menor atisbo de que la banca, directamente saneada por los contribuyentes, promueva créditos al consumo ni capital circulante para el normal funcionamiento de las empresas, entre otras razones porque le es mucho más cómodo y rentable prestar dinero al Estado para financiar la deuda pública. Un panorama de sequía crediticia complementario del paro estructural, que sólo puede augurar un mayor empobrecimiento de la renta disponible para el consumo, lo que sin duda alguna conllevará una mayor caída en la producción industrial y en la prestación de servicios, aún más desempleo y menos ingresos fiscales y, desde luego, un pernicioso aumento de la ‘economía sumergida’.

Paréntesis. En relación con éste grave problema de destrucción del sistema económico, GESTHA (el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) acaba de presentar el informe ‘La economía sumergida pasa factura - El avance del fraude en España durante la crisis’, elaborado bajo la dirección del profesor Jordi Sardá, de la Universitat Rovira i Virgili. En él se advierte que el crecimiento de la economía sumergida ha evolucionado desde una tasa del 17,8% sobre el PIB (193.626 millones de euros) registrada en 2008, hasta otra del 24,6% en 2012, equivalente a 253.135 millones de euros, ciertamente brutal, sin llegar a contemplar partidas incontrolables vinculadas, por ejemplo, a la prostitución yo al consumo de estupefacientes.

EL PARO, DETONANTE DEL ESTALLIDO SOCIAL

¿Y cómo, con esta terrible situación, el Gobierno de Rajoy puede atreverse a hablar de un ‘crecimiento económico’ inminente…? ¿Es que acaso algún economista serio, no los adoctrinados por el poder, ha descubierto una fórmula hasta ahora inédita para crear empleo sin capacidad de consumo y sin crecimiento económico, o de impulsarlo gracias al paro…? Y, a contrario sensu, ¿es posible crear empleo (y millones de empleos) sin un crecimiento económico por encima del 1%…?

Porque, claro está que con decisiones ‘alumbradas’ como la de reducir el IVA cultural en el comercio de obras de arte (del 21 al 10%), difícilmente saldremos de la crisis. Aunque los millonarios sí que podrán decorar sus mansiones un 11% más barato, o atesorar bienes tangibles (adecuados de forma especial para jugar al despiste fiscal), gracias a que el contribuyente de a pie seguirá pagando un IVA general del 21% con independencia de cuál sea su poder adquisitivo, en un sistema tributario de marcado carácter regresivo que sigue presionando más a quien menos tiene.

La derecha política española (con su empresariado) ha venido considerando que el desempleo estructural se debía a los altos costes laborales unitarios (impuestos y cotizaciones sociales), afirmando que su reducción fomentaría la contratación. Sin embargo, cuando esa misma derecha llegó al Gobierno, José María Aznar (1996-2004) no rebajó las cotizaciones sociales ni los impuestos a las rentas más bajas, logrando, no obstante, crear millones de puestos de trabajo gracias a la ‘burbuja inmobiliaria’ y al efecto inductor de la economía prestado por el sector de la construcción.

Por su parte, Rajoy no dejó de criticar el paro registrado cuando estaba en la oposición, mucho menor que el soportado bajo su mandato. Incluso llegó a posar ante una oficina de empleo, junto a una larga cola de gente que lo buscaba, para ilustrar la portada de El Mundo (10/01/2010)  afirmando a su entrevistador: “No le quepa duda de que cuando yo gobierne bajará el paro”. Pero en el primer trimestre de 2013, ya en su segundo año como presidente de Gobierno, el paro se disparó hasta alcanzar una inédita tasa del 27,16%, batiendo el récord de más de 6.200.000 desempleados…

Hoy, esa tasa apenas se ha reducido una décima (estamos en el 26,03%). Y si sobre esa versión ‘oficial’ del paro proyectamos una realidad más cierta del mercado y la fuerza laboral ‘real’, computando -por ejemplo- unidades de horas/trabajo en vez de ‘desempleados’, o a los ‘medio parados’ como tales -es decir como ‘medio empleados’-, objetivamente no puede verse otra cosa que una situación de desempleo estructural insostenible.

Ignorarla, tergiversarla o maquillarla ante la opinión pública, en modo alguno supone combatirla, ni mucho menos superarla: sólo ayudar a su consolidación y enquistamiento, con consecuencias que, no por verse contenidas, dejen de apuntar hacia el estallido social. El gravísimo problema del paro en España, realimentado de forma suicida por una política económica errada, inútil y perniciosa, está sobrecargando con explosivos de muy alta temperatura y gran velocidad de expansión la santabárbara del sistema económico y de convivencia social.

Mientras tanto, Rajoy, políticamente casi tan irresponsable como lo fue en su momento Rodríguez Zapatero, sigue fumándose un puro junto a la carga detonadora. Así está la cosa.