Cambian los protagonistas, pero el Ministerio del Interior sigue ejerciendo como máximo órgano ‘pisacharcos’ del Gobierno. Ahora, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha superado a su propio ministro, Jorge Fernández Díaz, arremetiendo de forma airada, al filo de la histeria, contra las ONGs que han denunciado el drama vivido el pasado 6 de febrero en Ceuta, cuando al menos 15 subsaharianos murieron ahogados al intentar llegar a territorio español de forma irregular, nadando desde la zona adyacente de Marruecos y sin asistencia de rescate.
Antes de dar explicaciones adecuadas sobre el trágico suceso, Fernández de Mesa instó a las ONGs a que se preocupen por los tres agentes de la Guardia Civil heridos en esa actuación y a “preguntar de vez en cuando en qué condiciones realizan su trabajo”, porque “nunca lo han hecho y estamos esperando que alguna vez lo hagan también”. Petición ciertamente curiosa porque es a los mandos de la Benemérita y a sus asociaciones profesionales y sindicatos a quienes incumben ese tipo de preocupaciones.
De hecho, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado en reiteradas ocasiones la ausencia de un “protocolo de actuación” sobre la forma de proceder en las “devoluciones” de inmigrantes ilegales. La petición formal de estas directrices, siempre le ha sido denegada por la dirección general del Cuerpo.
Además, después de que varias ONGs denunciaran ante la Fiscalía la actuación de la Guardia Civil (que posiblemente se limitó a cumplir las órdenes de sus mandos políticos), Fernández de Mesa anunció el pasado 12 de febrero que sus servicios jurídicos presentarán una querella criminal contra “todos” los que con motivo de este suceso injurien a los agentes del Cuerpo con destino en Ceuta.
Lo cierto es que en unas primeras declaraciones a la Cadena SER del 7 de febrero, el director general de la Guardia Civil afirmó con total rotundidad: “La Guardia civil no usa fuego real en ningún caso. No, pelotas de goma en la mar, no. En la mar pelotas no…”. Declaración que, ante la evidencia de los hechos (con imágenes y testimonios de los inmigrantes que pudieron llegar a tierra y ser devueltos ‘en caliente’ a la costa marroquí), el ministro Fernández Díaz tuvo que enmendar, admitiendo en sede parlamentaria el uso de material antidisturbios (disparos de pelotas de goma, botes de humo y balas de fogueo) para “hacer visible una barrera disuasoria”, es decir para repeler desde tierra la llegada de quienes nadaban hacia la playa.
Aun teniendo fines disuasorios, la respuesta activa desde tierra pudo incidir en el trágico final de los 15 subsaharianos que, agotados y asustados (es sabido que son malos nadadores) terminaron ahogándose a pocos metros de la playa sin que en ningún momento se activaran los medios de rescate de Salvamento Marítimo ni de la Guardia Civil, contraviniendo la normativa europea en la gestión de sus fronteras externas. El cinismo del ministro Fernández Díaz, hombre profundamente religioso y miembro destacado del Opus Dei, le ha llevado a declarar sin el menor sonrojo que “no hay ninguna relación causa efecto” entre el fallecimiento de los inmigrantes y los medios antidisturbios utilizados por la Guardia Civil contra ellos, ya que las autopsias han demostrado que murieron ahogados.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha criticado duramente las justificaciones dadas por el ministro Fernández Díaz, asegurando que son “impropias” de un Estado de Derecho, al tiempo que reclamaba una investigación para “depurar responsabilidades”. Algo que también han hecho los partidos de la oposición y el ‘European Council on Refugees and Exile’, organismo que integra a las 81 más importantes ONGs de Europa y Estados Unidos de ayuda a los inmigrantes y refugiados.
Con independencia del fondo de la cuestión, y autoritarismo y petulancias personales aparte, en este trágico suceso, que parece no conmoverle lo más mínimo, Fernández de Mesa se ha revelado como un director general de la Guardia Civil agarrado a la mentira y a la manipulación informativa de los hechos o, de otra forma, como un político inepto y desconocedor de su función y responsabilidades en el cargo. Cualquiera de las dos alternativas es suficiente para cesarle de forma inmediata.
Y bueno sería que el ministro Fernández Díaz tomara esa iniciativa antes de que las investigaciones del caso, españolas y europeas, fueran a más, y de que la amenaza de sanción a España puesta encima de la mesa por Cecilia Malmström, comisaria europea de Interior, se haga realidad. Cosa difícil, dado que el ínclito Fernández de Mesa es uno de los políticos de cuchara directamente protegido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y uno de sus ‘amiguetes’ más íntimos.
