Con la primera respuesta ciudadana real y cuantificable sobre su acción de gobierno, justo la de los resultados de los comicios europeos del próximo 25 de mayo, el presidente Rajoy va a poder comprobar, consumidos ya dos años y medio de la actual legislatura, hasta dónde llegan las consecuencias de sus incumplimientos electorales, sus mentiras, sus políticas tentativas y sus enfrentamientos con las bases sociales y los estamentos profesionales del país.
Sobre el desprecio esencial del programa electoral con el que accedió a la Presidencia del Gobierno, acompañado de un permanente ejercicio de la mentira, que es el refugio de los políticos más mezquinos y también de los más tontos (y que suelen ser los que más mienten), poco se puede añadir a los ríos de tinta vertidos al respecto (baste leer ‘Rajoy y el Gobierno de la política mentirosa’). Y poco o nada le queda ya por aducir en su descargo con la manida historieta de ‘la herencia recibida’; ciertamente lejana y que en todo caso sólo se justificaba en parte, siendo la otra parte una culpa propia del PP en función de las responsabilidades políticas alternadas o combinadas con las del PSOE en otras legislaturas nacionales o en los gobiernos municipales y autonómicos, aunque como buen mentiroso no lo quiera reconocer.
En un oportuno artículo de opinión titulado ‘Hacia la Gran Regresión’ (El País 07/04/2014), y a propósito de lo vacua que se muestra la campaña del PP para los comicios europeos, Joaquín Estefanía señalaba que nada está planteando el partido gobernante sobre la recuperación de las condiciones cotidianas de los ciudadanos en el bienestar ni sobre la regeneración de la vida política, aunque el Ejecutivo insista retóricamente en un supuesto final de la crisis. En él, podían leerse un par de párrafos bien significativos:
(…) Para avalar al PP sólo disponemos del programa electoral con el que ganó las elecciones generales de 2011, y ya sabemos lo que ha dado que sí. Un programa que decía que era “un programa contra la resignación. Un programa para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores y para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción”; un programa en el que se escribía que “nos preocupan los jóvenes, su futuro, su educación, sus oportunidades de empleo”, en el que se afirmaba que “el diálogo sincero y el respeto son siempre esenciales para que los cambios y las reformas sean estables y fecundos”. Un programa en el que uno de sus seis ejes fundamentales era “el fortalecimiento institucional y la regeneración política. Necesitamos instituciones fiables, previsibles, la vuelta al respeto de la ley y a la seguridad jurídica”.
Los ciudadanos necesitan saber qué van a hacer los representantes de su Gobierno en las instituciones europeas. Qué ocurre con sus demandas en una coyuntura determinada por su volumen de desempleo (26 millones de europeos en paro, de los cuales casi seis corresponden a nuestro país, y en el que sobresalen dos colectivos, los jóvenes y los parados de larga duración, en permanente crecimiento) y, ahora mismo, por las posibilidades de una deflación que es especialmente dañina en países como España, Portugal, Grecia, Chipre o Eslovaquia. En estos países, las tasas negativas en la variación de los precios de consumo están motivadas en buena parte por la bajada continua de salarios, lo que conduce a un mayor empobrecimiento de sus sociedades…
Y claro está que Estefanía se refería a exigencias sociales ciertas y verdaderas. Y por supuesto decisivas en la conformación de las opiniones y actitudes políticas de los electores, aunque sigan siendo desoídas desde la ensoberbecida prepotencia gubernamental.
A pesar de su desmemoria política y su galleguismo, Mariano Rajoy habría de tener en cuenta que el conocido refrán del “prometer hasta meter y, una vez metido, no cumplir lo prometido”, ya no alcanza más allá de su función preventiva para las jóvenes casaderas, advertidas por sus atentas abuelitas de no sucumbir ante el requerimiento sexual de los hombres que, para ello, antaño solían prometer casamiento sin la menor intención de cumplirlo. Su traslación a la actual vida política es otra cosa, de muy corto recorrido y con respuesta tasada a muy corto plazo: lo mejor para quienes así obran ya les llegó con su propio pecado y lo único que les queda es pagar por su culpa con la penitencia del voto perdido.
Las encuestas insisten: el mensaje de la recuperación no cala
Centrados en la realidad del momento, mientras los electores esperan la celebración de nuevos comicios, lo único que pueden hacer es no olvidar los incumplimientos políticos y seguir emitiendo, sin más, su valoración de la labor que viene realizando el equipo ministerial de Rajoy, y de la forma en la que el Gobierno afronta -o no afronta- la crisis económica y política, que es el punto de interés para la ciudadanía. Y, desde luego, pronunciarse cuando se les recabe opinión sobre su intención de voto.
Y si seguimos con atención la evolución de todos estos pronunciamientos pre electorales, recogidos periódicamente por distintos institutos dedicados a la demoscopia política (el CIS, Sigma Dos, Metroscopia…), vemos que las opiniones derivadas son especialmente consistentes, marcando en cada caso una tendencia en la valoración general del Gobierno de claro signo negativo y además creciente hacia la reprobación absoluta. Eso es lo que, sin ir más lejos, ratifica el último sondeo de Metroscopia -por citar uno de los más recientes- con el trabajo de campo realizado entre el 25 de marzo y el 1 de abril.
En él, nada más y nada menos que un 90% de los encuestados califica la situación económica actual de España de ‘mala o muy mala’, un 7% de ‘regular’ y sólo un 3% de ‘buena o muy buena’. Al mismo tiempo, un amplio 76% considera que el Gobierno ‘no sabe’ hacer frente de forma adecuada a la situación económica y un 20% considera que ‘sí sabe’ hacerlo, mientras un 4% se agrupa en el ‘no sabe / no contesta’.
También conforman una amplia mayoría la suma de encuestados (el 69%) que considera que la situación económica de España seguirá ‘igual’ a lo largo de los próximos meses (un 50%) o que incluso será ‘peor’ (un 19%), con valores más pesimistas que los recogidos por el mismo instituto demoscópico en el pasado mes de febrero. Con la salvedad de que cuando la misma pregunta se extiende a la economía familiar, las respuestas todavía son más preocupantes: un 69% cree que su situación seguirá ‘igual’ y un 16% que aún será ‘peor’, alcanzando el conjunto de personas descreídas de cualquier posibilidad de mejora a un 75% de los encuestados (en febrero era el 71%).
Además, la evaluación de la actuación de los trece ministros del Gobierno realizada periódicamente por Metroscopia, continúa arrojando un resultado cada vez más negativo (como sucede también en otros estudios similares). Todos ellos siguen suspendiendo de forma estrepitosa y sin el menor precedente en ningún gobierno anterior, alcanzando una valoración media de -44, considerando el valor cero igual a un equilibrio entre la aprobación y la desaprobación y el -100 a la máxima desaprobación o al ‘cero patatero’; es decir, una valoración próxima al 2 trasladada al sistema convencional con notas del cero al diez. Y esto, cuente lo que cuente el Gobierno, es lo que piensa la gente, y hay que suponer que lo piensa con razón.
Con todo, ya se suceden cuatro estimaciones mensuales consecutivas de intención de voto ante unas eventuales elecciones generales en las que, a partir del pasado enero, el PSOE supera ligeramente al PP en el favor de los votantes: un 32,3% frente al 31,8%. Con la observación más significativa de que el PSOE recuperaría en 3,6 puntos sus resultados del 20-N mientras que el PP perdería 12,8 puntos sobre la misma referencia, y sin olvidar que el crecimiento de IU en lo que va de legislatura sería de 4,8 puntos (un 11,7% sobre el 6,9% previo) y el de UPyD de 2,1 puntos (un 6,8% sobre el 4,7% anterior)…
Paréntesis: Por ir metiendo un poco de miedo a los indolentes estrategas del PP (que parecen estar instalados en las Batueca o en el reino de Babia), ténganse en cuenta la teórica proyección de estas estimaciones de votos para los comicios europeos ante una eventual coalición bipartita PSOE-IU (con un respaldo electoral del 44,0%) o incluso tripartita PSOE-IU-UPyD (50,8%) y estímese entonces en qué tipo de catacumba política se puede ver el ‘marianismo’ antes de finalizar 2015.
Por otra parte, el sondeo que Sigma Dos realiza periódicamente para El Mundo (21/04/2014), continúa revelando que el 67,2% de los encuestados entre el 10 y el 15 de abril opina que ‘la política económica del Gobierno No está dando resultados’, frente a un 27,6% que cree que SÍ está dando resultados; rectificando de forma repentina las respuestas obtenidas a la misma pregunta justo el mes anterior, cuando un más abultado 75,4% respondía que No y un menor 21,8% que SÍ, sin que para ello se hayan conocido suficientes novedades justificativas. Claro está que desde que Pedro J. Ramírez dejó la dirección del periódico, es bien perceptible que su línea editorial va entrando de forma progresiva en el redil gubernamental (atentos a la maniobra porque la nueva dirección puede terminar poniendo a Rajoy por las nubes).
Pero es que, en cualquier caso, el descrédito de la economía y de la política sigue creciendo a sus anchas. De hecho, ambas percepciones sociales, que en definitiva suponen una mala praxis política, se mantienen con pésimas expectativas de futuro según el Barómetro del propio CIS (el Centro de Investigaciones Sociológicas dependiente del Ministerio de la Presidencia).
La multi-respuesta a la identificación de los principales problemas que en estos momentos existen en España, continúa generando una clasificación ciertamente sintomática en la medición del pasado mes de marzo (Estudio 3.013), cuyos resultados se han dado a conocer a primeros del mes de abril. Así, el 82,3% de los encuestados señaló como problema capital el paro (con un crecimiento de 1,2 puntos sobre el mes anterior, aun cuando el Gobierno viene destacando machaconamente desde finales del 2013 que ahora hay menos paro que hace un año; el 41% consideran como mayor problema la corrupción y el fraude; el 28,2% la situación económica y el 26% a los políticos en general, los partidos y la política.
Y, todavía más, un 46,5% de los encuestados considera que la actual situación económica es ‘igual’ que la de hace un año y un 42,5% que es ‘peor’, mientras sólo un 9,1% cree que es ‘mejor’. Y, proyectada esa misma pregunta sobre lo esperado para el próximo año (2015), un 45,1% de los encuestados cree que la situación económica será ‘igual’; un 23,6% que será ‘peor’ y un 21,1% que será ‘mejor’.
Es decir, que los electores siguen percibiendo la economía nacional con expectativas extremadamente preocupantes, tanto para este año como para el próximo en el que concluye la legislatura, y ello a pesar de que Moncloa anuncie con insistencia una recuperación económica que los ciudadanos niegan con rotundidad, porque choca con su realidad vivencial del día a día. Un abrumador 89% de los encuestados estima que la situación económica de 2014 será ‘igual o peor’ que la de 2013 y otro mayoritario 68,7% proyecta esta misma valoración sobre el 2015.
En lo referente a la evolución de la situación política, la opinión ciudadana es todavía peor. Dato no baladí, a tenor de cómo el Gobierno de Rajoy antepone sus errados criterios políticos y partidistas a la reforma real de las elefantiásicas Administraciones Públicas y a la necesaria potenciación de la economía productiva, en sentido contrario a lo que se hace, por ejemplo, en países como Francia e Italia con mayor población y menos problemas que España.
Según el mismo Barómetro del CIS, un 55,7% de los encuestados considera que la actual situación política del país es ‘igual’ que la de hace un año; un 36,4% que es ‘peor’ y un 4% que es ‘mejor’. Opinión que proyectada sobre el próximo año (2015), lleva a un 53,2% de los encuestados a manifestar que, para ellos, la situación política seguirá siendo ‘igual’; a un 25,5% que será ‘peor’ y a un 10,3% que será ‘mejor’…
El poderoso IEF también cuestiona la reactivación económica
Pero si el paro y la corrupción se mantienen como máximas preocupaciones del cuerpo electoral, junto con su percepción de que básicamente la mala situación económica y política se mantendrá en 2014 y 2015, pudiendo incluso ir a peor antes que a mejor, otros medidores de la realidad más cualificados y reveladores apuntan en la misma dirección pesimista, de muy difícil reconducción sin golpes de timón ni reorientaciones mejor informadas y más decisivas. Uno de ellos es el que Rajoy conoció de primera mano el pasado 7 de abril, durante el acto de clausura de la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF) presidido por él mismo.
El periodista Carlos Segovia, resumió la percepción del IEF (cuyo centenar de empresas asociadas directamente representan el 17,5% del PIB de España y el 27,5% si se incluyen las entidades territoriales vinculadas al Instituto que engloban a 1.100 compañías) sobre la situación real del país, versus la opinión gubernamental, en una crónica (El Mundo 08/04/2014) verdaderamente descriptiva:
Suspenso, señor presidente
Las palabras de bienvenida del nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar, Javier Moll, fueron cordiales: “Nos sentimos honrados”. Pero acto seguido, el invitado de honor, Mariano Rajoy, tuvo que tragar en pantalla grande y ante todo el auditorio el suspenso casi general propinado por los socios de esta influyente asociación que agrupa a algunas de las principales empresas del país. Con ilustres empresarios presentes como el de Acciona, José Manuel Entrecanales, de Mercadona, Juan Roig, de Osborne, Ignacio Osborne, de Barceló, Simón Pedro Barceló, entre otros, Moll fue mostrando a Rajoy el resultado de la votación que, previamente a la llegada del gallego, habían realizado los socios del IEF. La situación política de España mereció un 2,33 sobre nueve, que es un suspenso clamoroso y peor que el aprobado (4,8) votado en 2012 cuando Rajoy llegó al poder con mayoría absoluta. Es una nota aún peor que la que les merecía en 2011 el Gobierno de Zapatero. “El suspenso es sobre todo por la crisis con Cataluña, que no se está gestionando bien”, coincidieron en señalar algunos empresarios presentes. Un alto porcentaje de miembros del Instituto son catalanes o afincados en Cataluña como el propio nuevo presidente, el editor Javier Moll. En cuanto a la situación económica, la percepción de los socios mejora, pero continúa con suspenso. La puntúan con 4,09 frente a 2,22 en el pasado año. La razón es la falta de brío que aprecian en la salida de la crisis. Un 68% de los socios considera que “la recuperación será moderada con lenta creación de empleo”, frente al apenas 2% que la ve “rápida con intensa creación de empleo”. De hecho, sólo un 21% pronosticó que aumentará plantilla, frente al 55% que espera mantenerla. Mientras que en 2013 un 64% apostaba por invertir más en España, este año es el 59%.
Los miembros del IEF suspendieron también el informe del comité de expertos de la reforma fiscal, la presión tributaria de Montoro sobre los salarios en especie y sólo aprobaron con claridad (6,18 puntos sobre nueve) la llamada tarifa plana en las cotizaciones a la Seguridad Social recientemente aprobada.
Rajoy puso la mejor cara que pudo ante la cascada de votaciones, pero reivindicó con vigor su gestión y confió tanto en la recuperación que, pese al aún elevado nivel de déficit, proclamó el fin de las subidas de impuestos y de los recortes. Eso sí, dijo al auditorio que la rebaja del Impuesto de Sociedades “no va a ser como a ustedes les gustaría”, porque dijo que las empresas deben contribuir más a la recaudación con tipos efectivos y no nominales. El presidente saliente, Entrecanales, evitó gesticular cuando Rajoy mencionó la reforma energética y el director general, Andrés Tejero, pareció sorprender al gallego con esta pregunta: “¿Será Luis de Guindos presidente del Eurogrupo?”. Rajoy no dijo que no, pero afirmó que era prematuro aún hablar de ello. El IEF también ve prematuro hablar de reactivación.
Y esta es la cera que arde en el país al nivel informado del empresariado, verdadero conocedor de la economía real, en oposición a lo que el Gobierno afirma en su machacona propaganda. Cierto es que las aves pueden volar (algunas lo hacen con mucho brío y gran majestuosidad), pero no todas; y cuando Rajoy presenta el triunfal resultado de sus reformas y medidas políticas sin la menor argumentación, parece confundir el paso corto de los pingüinos o el vuelo rasante de las gallináceas con el ágil remontar del águila imperial ibérica (aquila adalberti), por cierto en peligro de extinción…
El error ‘marianista’ de las políticas tentativas
Sobre las políticas tentativas o frustradas de Rajoy, que son cosa distinta y con peores consecuencias que sus cálculos o su pasividad personales, hay que recordar -para valorarlas como se merecen- el sentido jurídico de los términos.
En Derecho, se dice que la ‘tentativa’ está presente cuando, con el objetivo de cometer un delito (es decir una acción u omisión tipificada y penada por la ley) alguien ha comenzado su ejecución por medios apropiados pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Y la ‘frustración’ (o el delito frustrado) se presenta cuando alguien ha realizado, también con el objeto de cometer un delito, ‘todo lo que es necesario para consumarlo’, y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias igualmente independientes de su voluntad.
Este no hacer o sí hacer ‘todo lo necesario’ para consumar un hecho delictivo, es lo que diferencia fundamentalmente la ‘tentativa’ de la ‘frustración’, de forma que el delito frustrado se da cuando el autor hace todo lo necesario para la consumación del mismo pero no llega a consumarse sólo por causas que le son ajenas, y no porque de su parte exista falta de todo lo necesario para realizarlo.
Salvando toda la distancia que puede existir entre la acción política y la delictiva (grande por supuesto… o no, como diría Rajoy), lo innegable es que en el ejercicio de la gobernanza se practica con frecuencia la política tentativa o la política frustrada. A veces incluso como ‘globo sonda’ para evaluar la reacción ciudadana o de los adversarios políticos ante iniciativas cuyo desarrollo práctico se prevé contraproducente, polémico o sujeto a la controversia ciudadana, y siempre como una práctica marrullera que desacredita a sus autores.
Y este desarrollo insolvente de políticas tentativas, es una de las prácticas más notorias del presidente Rajoy y su Gobierno. En ese nivel de ejercicios prácticos poco meditados y poco elaborados, de iniciativas inconsistentes y mal trabadas por muchas y diversas razones, habría que contabilizar la mayoría de sus propuestas de reformas políticas y legislativas.
Entre ellas, destacarían el llamado ‘Plan CORA’ (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), con propuestas de ‘chicha y nabo’ que para nada atajan la ineficiencia endémica del sistema administrativo español ni sus absurdas duplicidades o triplicidades y la pretendida nueva reforma tributaria diseñada por una ‘comisión de sabios’ afines al Gobierno, que pasan de promover la necesaria economía productiva y que además contradicen la política consumada del Ministerio de Hacienda. Junto con otras muchas reformas todavía más controvertidas: la de la Ley del Aborto, que no responde a otra demanda social que la del catolicismo más radical empeñado en imponer su ideología en un Estado declarado aconfesional en su Carta Magna; la de modificación del Código Penal, que entre otras cosas prevé la vileza del encierro preventivo perpetuo de enfermos mentales (que se ‘crea’ que ‘puedan’ delinquir), en lugar de aplicarles un tratamiento rehabilitador, mientras crece escandalosamente el número de presumibles delincuentes políticos aforados y de indultos para los que ya han sido sentenciados; la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que pretende traspasar a los fiscales (dependientes del Gobierno) la instrucción de los sumarios penales…
Y, por supuesto el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, contundentemente censurado por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Eurocámara y hasta por el Consejo de Europa, que es la institución encargada de velar por el respeto de los derechos humanos en la UE. O el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que nada más conocerse ha desatado también un gran rechazo dentro de la carrera judicial y fiscal.
Sin poder dejar de incluir en este mismo paquete de imposiciones políticas no consensuadas y enfrentadas a los principios constitucionales, una gran parte de las normas legales y reglamentarias más importantes desarrolladas por el PP en la actual legislatura, de auténtico ‘rodillo parlamentario’: desde las relativas a las reformas educativa y sanitaria hasta a Ley de Tasas, pasando por la Ley de Seguridad Privada, también fuertemente criticada por la oposición y que terminó siendo aprobada con los votos del PP y apoyos restringidos de CiU y el PNV, pero con el rechazo frontal de todas los demás grupos con representación parlamentaria…
Es decir, todo un record de iniciativas del PP (un partido autoritario y autista que se considera el ombligo de la política, cosa que no deja de enfrentarle a la misma sociedad a la que debería servir), sin pactar ni negociar nada con los estamentos profesionales más afectados en cada caso ni con otras fuerzas parlamentarias, incluida la que suele alternarse en el Gobierno y que en su momento derogará -así lo ha advertido- toda la normativa legal impuesta ‘contra corriente’ de las demandas sociales.
La desastrosa práctica del frentismo político
En su concepción más pura y altruista, el sentido de la política no es otro que el de buscar el bien común de los gobernados, en términos obviamente democráticos, dialogados y consensuados. Cosa muy distinta, por tanto, de la búsqueda del poder -o de su permanencia en él cuando ya se ha conseguido- de forma interesada grupalmente, utilizando para ello todo tipo de medios, incluido el frentismo, además del incumplimiento electoral, las mentiras y las políticas tentativas.
Los frentistas de la política quizás estén influenciados por aquella opinión de Carl von Clausewitz, el genial teórico del arte militar, de que “la guerra no es sino la continuación de la política, con la intervención de otros medios”. Pero quienes de verdad se interesan por la política (y Clausewitz no fue, ni mucho menos, un hombre político), saben que la realidad es justamente la contraria: la política no es, o no debería ser, sino la continuación de la guerra con otros medios más civilizados.
Por eso, cuando en la vida política se utilizan conceptos o prácticas militares conviene estar atentos y dispuestos a no permitir que interfieran en la praxis democrática, salvo que se esté ante situaciones de emergencia nacional identificadas prácticamente con las de guerra o de una beligerancia armada. Y esto viene a colación, porque Rajoy ya lleva unos cuantos años abiertamente instalado en el frentismo político, incluso durante los que actuaba como líder de la oposición; un frentismo ejercido contra todos y contra todo lo que no le represente a él mismo o a su particular concepción de lo que debe ser el PP, cosa que, dada la mayoría parlamentaria absoluta en la que se apoya su Gobierno, marca en efecto el sistema de convivencia de forma tendenciosa.
En España es muy socorrido acudir al frentismo antes que al consenso para el desarrollo de la política. Entendido precisamente en los términos militares que tanto prostituyen el sistema de convivencia: como ‘tropa organizada frente al enemigo común’, identificada, por ejemplo, con el ‘Front Populaire’ que, uniendo a todos los partidos de la clase obrera francesa para afrontar conjuntamente la amenaza del fascismo, gano el poder del país vecino en 1935. Una solución radical copiada en España para establecer las medidas revolucionarias que provocaron el inmediato golpe de Estado militar y la sangrienta guerra civil de 1936-1939.
Y una experiencia que también apareció más tarde con signo contrario en diversos países, es decir como un frentismo de derechas para combatir de forma agresiva a los partidos y las políticas izquierdistas. Pero está claro que ninguno de estos movimientos de corte paramilitar favorece el valor superior de la convivencia pacífica, que debería ser el objetivo esencial de cualquier partido político.
Cierto es que, en un régimen parlamentario, gobierna quien ha ganado las elecciones o quien ha sido capaz de aglutinar alrededor de un programa el número suficiente de escaños para poder desarrollar una política común de todos ellos, al margen de todas las merecidas críticas que se puedan hacer al sistema electoral vigente que prima injustamente a las mayorías en contra de las minorías.
Pero, aun así, quien haya podido alcanzar la investidura presidencial debe ser fiel a su programa y a sus compromisos con quienes le han otorgado su confianza política (votantes directos o de apoyo coyuntural). Y sin que en democracia eso suponga en modo alguno gobernar ‘contra’ la oposición o ‘contra’ los grupos sociales menos representativos, es decir sin gobernar instalado en un ‘frentismo’ a ultranza, con el autoritarismo y las revanchas que caracterizan a un ‘Frente Nacional’ o a un ‘Frente Popular’.
Y la cuestión, hoy trascendente por la gravedad de los problemas políticos, económicos y sociales eclosionados en los últimos años, es que Rajoy no practica el frentismo sólo en contra de los partidos de la oposición. También lo ejerce de forma ciega y absurda contra las bases sociales más desprotegidas del país, contra los sectores profesionales que conforman su clase media y contra la propia militancia del PP, incluyendo hasta territorios singulares enteros, que ya es decir (ahí está su incapacidad siquiera para ‘enfriar’ el independentismo de Cataluña), convirtiendo su impagable mayoría parlamentaria absoluta en un desperdicio sin precedentes en la historia del nuevo régimen democrático.
De hecho, esa desastrosa práctica puede tener unas consecuencias sin duda inconvenientes para el PP a partir de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Porque ya no tendrá mayorías absolutas ni socios de gobierno plausibles: si Rajoy entiende la política en contra de todos, todos le pagarán con la misma moneda y le devolverán la misma política frentista.
El PP y su presidente, Mariano Rajoy, deberían no olvidar este viejo proverbio marroquí: “El sultán lleva corona, pero puede necesitar ayuda”. Otro más expresivo y próximo afirma que “si no comes ajo, no olerás a él”. Pues eso.
Fernando J. Muniesa
