Hace apenas dos semanas, advertíamos que el presidente Rajoy iniciaba sus vacaciones veraniegas ‘decretando’ en tomo magistral, poco menos que emulando al Papa cuando define ex cathedra verdades pertenecientes a la fe o a las costumbres, que “la recuperación ha venido para quedarse” y que éste es un “pronóstico inapelable”, tratando de eliminar cualquier sombra de duda sobre lo bien que gobierna el país. Así que más o menos cogía el camino de sus lares gallegos y aquí paz y después gloria…
Lo que pasa es que, acaso sin haber podido llegar a celebrar la ‘percebada’ propia de tan aparente éxito político, los medios informativos nos mostraron de nuevo la realidad de una economía más o menos estancada y sin perspectivas claras de futuro.
El record de la deuda pública y el crecimiento económico
Para empezar, el viernes 15 de agosto nos desayunábamos con la noticia de que, al cierre del primer semestre del año, la deuda pública alcanzaba un umbral histórico al superar el billón de euros, según los datos facilitados el día anterior por el Banco de España. Un endeudamiento record situado ya en el 98,4% del PIB pero no sorpresivo, porque el Gobierno tiene admitido que llegará al 100% en 2015, aunque otras previsiones van más allá -como la del Fondo Monetario Internacional- y proyectan que el pasivo del Estado, la deuda soberana, alcanzará un máximo del 104% del PIB en 2017 y que sólo a partir de entonces empezará a poder descender levemente, hasta situarse en el 102,4% en el 2019…
El salto dado en el último año desde los 943.872 millones de euros hasta superar este simbólico billón de euros, alcanza una diferencia de 63.447 millones y supone que la partida de 2014 prevista para los gastos financieros del endeudamiento puede ascender a 36.662 millones de euros; cantidad que, de confirmarse, superará en un 10% la de 2013, pese a la reducción registrada en los tipos de interés (que ya no pueden bajar más). Y justo ese crecimiento simultáneo del coste de la financiación, es el problema esencial en una situación de economía estancada, sin crecimiento del PIB y sin una reducción significada del déficit público, cuestión desde luego despreciada por una política económica oficial de plazo corto.
El brutal crecimiento del dinero que el Estado español debe a bancos e inversores de todo el mundo, prácticamente se ha triplicado a lo largo de esta larga crisis que los gobiernos de Zapatero y de Rajoy no han sabido afrontar eficazmente, con las reformas estructurales e institucionales necesarias. En 2007 el pasivo se situaba en 382.307 millones de euros y seis años y medio después, con dos recesiones a la espalda, casi seis millones de parados y un rescate a la banca, el lastre ya alcanza los 1.007.319 millones de euros; eso supone una deuda pública de 21.898 euros por cada uno de los 46,7 millones de españoles censados.
Nuestro endeudamiento ha engordado en más de 600.000 millones de euros contantes y sonantes desde 2007. Y si la cifra se las trae en términos absolutos, también es tremenda en su relación con la economía del país: de corresponderse con el 36,7% del PIB de 2007, ha pasado hasta el 98,2% del PIB estimado para los cuatro últimos trimestres. Cuando Rajoy comenzó a gobernar, a finales de 2011, la deuda era de 737.406 millones de euros equivalentes el 70,4% del PIB, lo que quiere decir que, en esencia, ha cambiado déficit por deuda pública…
La financiación del déficit, la factura por el salvamento del sistema bancario (manipulada informativamente por el Gobierno) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como apoyo a las comunidades con problemas, han ido recargando el total del pasivo, incrementándolo en 10.336 millones sólo entre mayo y junio, lo que supone un crecimiento de más de 300 millones por día.
Cuando comenzó la crisis, el endeudamiento de España se situaba por debajo de la media registrada en la zona euro, pero la escalada la ha llevado a equipararse ahora con las economías más endeudadas. En la última comparación posible a nivel eurozona, correspondiente al primer trimestre del año, la deuda pública española en relación con el PIB solo queda superada por Grecia (174,1%), Italia (135,6%), Portugal (132,9%), Irlanda (123,7%), Chipre (112,2%) y Bélgica (105,1%).
Desde el punto de vista de las expectativas, hay que tener en cuenta que, en realidad, el crecimiento de la deuda pública corre en paralelo con el aumento del déficit público. De forma que, si se gasta más de lo que se ingresa, la Administración debe cubrir el diferencial pidiendo dinero a los mercados emitiendo deuda a corto, medio o largo plazo (que en el caso de España se corresponden, respectivamente, con las letras del Tesoro, los bonos del Estado y las obligaciones del Estado).
El problema de la elevación o nivel máximo de la deuda, torpemente minimizado por el Gobierno y sus satélites económicos, preocupa a muchos especialistas ortodoxos porque lo consideran -y llevan razón- un factor que aminora la capacidad de crecimiento de un país. Esto, unido a una baja inflación -caso de España-, genera un círculo vicioso, porque a más deuda se requiere indefectiblemente más crecimiento económico para poder atender su liquidación.
Por eso, en una situación como la que se está dando en España, los requisitos de crecimiento deben ser mayores. La economía debe crecer lo suficiente como para poder hacer frente al pago del principal de la deuda y de los intereses financieros.
Ese mayor crecimiento, al generar una mayor recaudación fiscal, permitiría también una reducción directa del déficit público. Así, el PIB debería crecer ahora a un ritmo superior al del interés real, restando al tipo nominal que paga el Estado por su deuda en promedio, el correspondiente nivel de inflación. Dicho de otra forma, la baja inflación actual complica la reducción del déficit, porque aumenta la deuda: poniendo un ejemplo, si el tipo de interés se sitúa en el 3% y la inflación es negativa en un punto, los tipos reales aumentarían hasta el 4%.
Llevaba razón, pues, el ministro Montoro al afirmar que el control del déficit es aún prioritario y que el crecimiento económico permitiría reducirlo (El País 12/07/2014). Lo que pasa es que ese crecimiento no es un crecimiento consolidado, ni mucho menos, como acaba de hacernos creer el presidente Rajoy…
La ciencia económica tiene aspectos complicados para el gran público y hasta puede ofrecer teorías contrapuestas y muy discutibles en algunos desarrollos políticos y estratégicos, pero en otros es meridianamente clara. Esa razón, hace que, a menudo, las complicadas y retorcidas declaraciones gubernamentales sobre aspectos en esa materia absolutamente palpables, sorprendan al común de los mortales.
Así, leyendo las respuestas que estos dan a tales manifestaciones en los medios informativos, no nos resistimos a reproducir una breve Carta al Director publicada en El País (15/08/2014) sobre el tema en cuestión, firmada por Sebastián Navarrete Molina:
La deuda pública bate un nuevo récord
Leo que a día de hoy la deuda pública española supera el billón de euros, exactamente 1.007.319 millones de euros, lo que significa el 98,4% del PIB. Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, a finales de 2011, recibió la herencia de 737.406 millones de euros, un 70,4% del PIB. Me pregunto, como creo lo harán muchos otros ciudadanos, cómo se puede vender la idea de que “esto va bien” cuando en menos de tres años esta sangría ha aumentado en 269.913 millones de euros, batiendo récords históricos mes tras mes, y lo peor, con muy pocas esperanzas de que la tendencia cambie.
El optimismo sin fundamento, tan pronto como se vislumbran unas elecciones, parece ser habitual en La Moncloa, gobierne quien gobierne. Esta historia ya la hemos vivido.
Algo más extenso y armado que este comentario, y cuestionando también de forma indirecta la taxativa aseveración de que “la recuperación ha venido para quedarse” (un “pronóstico inapelable” del presidente Rajoy), es el artículo de John Müller publicado en El Mundo (15/08/2014) a tenor del mismo record alcanzado por la deuda pública española:
Una revisión inevitable
La deuda pública ha pasado del billón de euros y equivale a un 98,4% del PIB. Esto significa que el Estado debe toda la riqueza que España produce en un año. Según el Gobierno, cuando acabe el año la deuda llegará al 99,5% del PIB y en 2015 al 101,7%. El ritmo de endeudamiento público se va desacelerando, lo cual no libra a Rajoy de ser uno de los presidentes que más rápido ha hipotecado al país: 29 puntos porcentuales del PIB en sólo tres años (2012-2014). Zapatero acumuló 34,2 puntos entre 2007 y 2011, pero en vez de rescatar a la banca hizo planes E, aunque tampoco drenó tantos recursos del sector privado como ha hecho Rajoy vía impuestos.
El problema son los niveles en que nos movemos. La deuda pública con Zapatero llegó al 70,5% del PIB. Pero con Rajoy rondamos el 100%. Reinhardt y Rogoff, a pesar de la pifia de su hoja de Excel [*], mantienen que por encima del 90% un país lastra su crecimiento porque se complican los procesos de acumulación de capital público y privado. Si crecemos poco, la deuda pública también pesa.
¿Es sostenible esta deuda? Es decir, ¿podemos pagarla? La sostenibilidad se basa en dos conceptos: la solvencia y la liquidez. Llevamos muchos años preocupados por la segunda porque los mercados nos cobraban una prima muy alta por dejarnos dinero. Desde que Alemania dejó de intentar echar a los griegos del euro el asunto se ha relajado muchísimo. Además, el mundo dejó de vernos como griegos.
Pero ahora el problema empieza a ser la solvencia y esta se mide calculando si en el futuro el Gobierno generará unos excedentes fiscales que sean al menos iguales a nuestra deuda. Si consideramos que hemos tenido superávit en sólo tres años de nuestra historia reciente es muy difícil ser optimistas.
Montoro dijo en marzo que España tuvo en 2013 un «superávit estructural primario» y lo cifró en un 1,1%. Este indicador es polémico. Antes se hablaba de superávit o déficit primario, que son los ingresos fiscales menos el gasto excluidos los intereses de la deuda. Este déficit primario fue en 2013 del -3,7%. Al añadir «estructural», Montoro deja fuera del cálculo todos los efectos sobre ingresos y gastos que tiene el ciclo económico. Se descuenta, por ejemplo, el mayor gasto por desempleo y los menores ingresos por la caída de la actividad económica.
¿Por qué usa este término? Porque ese es el concepto fijado en el acuerdo político que acompañó a la reforma constitucional de agosto de 2011 y que fija un techo de déficit y deuda. Según esta norma, la deuda pública debería estar en 2020 en el 60% del PIB, lo cual parece imposible a la vista de las cifras actuales. De acuerdo con este pacto, el PP o el PSOE tienen dos oportunidades, en 2015 y en 2018, de solicitar la revisión de estos límites, lo cual parece totalmente inevitable.
[*] Enlace con el artículo de Paul Krugman ‘La depresión del Excel’: http://economia.elpais.com/economia/2013/04/19/actualidad/1366398440_370422.html
Las dependencias externas de nuestra política económica
Y ese mismo cuestionamiento del optimismo gubernamental, es el que hay que aplicar a las alharacas con las que se ha venido manifestando el Gobierno al hablar del positivo comportamiento del sector exterior. Porque ahora, cuando se consolida el balance del último semestre, vemos cómo se ha retraído el dinamismo de las exportaciones, duplicándose de golpe y porrazo el déficit comercial hasta los 11.882 millones de euros, lo que, de nuevo, vuelve a ser una dificultad para el crecimiento económico…
Ahora, reaparece el temor de que al concluir el ejercicio de 2014, y lejos de que las exportaciones contribuyan al crecimiento de la economía, el saldo neto de la balanza de pagos por cuenta corriente se acabe convirtiendo en un freno. Y ello a pesar del aparente excelente año turístico, que es la principal fuente de ingresos de la balanza de servicios, aunque puede no crecer directamente aun con un mayor número de turistas.
Las causas del deterioro del saldo comercial se pueden encontrar en el aumento de las importaciones, dado que a poco que se activa la demanda interna se activan también las compras al exterior, y más si se ven favorecidas por la excesiva apreciación del euro. Ello, al margen de la dependencia española de las importaciones energéticas y de la insuficiencia para sustituir bienes y equipamiento importados por los de fabricación nacional.
Además, hay que considerar el enfriamiento general de la economía europea (y en particular el de la alemana), basado en las emergentes tensiones y riesgos geopolíticos, según ha advertido recientemente el propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Una advertencia hecha también por otros organismos dedicado a la investigación de la economía europea, como el prestigioso instituto alemán ZEW, al señalar que “el empeoramiento del clima económico está vinculado a las actuales tensiones geopolíticas internacionales”.
Así, si las políticas en la eurozona no toman una dirección más expansiva, nuestra débil demanda interna se retraerá, y con ello las posibilidades de revisar al alza las previsiones de crecimiento como pretendía el Gobierno. Un Ejecutivo que en todo caso fía en demasía la bonanza económica a causas exógenas o, dicho con otras palabras, que sostiene una política económica extremadamente débil para resolver la crisis económica y sin plantearse ni de lejos las profundas reformas necesarias, presupuestarias y estructurales.
Entonces, ¿la recuperación económica ha venido “para quedarse”, como acaba de afirmar imperialmente nuestro avispado presidente del Gobierno…? Más bien parece que sólo ha asomado la patita y que volverá a guardarla tras el habitual repunte veraniego, acrecentando la caída electoral del PP de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, confirmada por los estudios demoscópicos al uso un día sí y otro también.
Crisis económica, encuestas y elección directa de alcaldes
Otra cosa es que Rajoy y su partido se empeñen en proyectar una imagen triunfalista de su acción de gobierno. Pero sus resultados están por verse.
De ahí que el PP ande verdaderamente tan agobiado como revuelto tratando de imponer a base de rodillo parlamentario una reforma del sistema electoral que palié la catástrofe que le anuncian las encuestas para los comicios del próximo mes de mayo, a ocho meses vista, por su incapacidad de mantener la posición con la que actualmente gobierna en la mayoría de las capitales de provincia, diputaciones y comunidades autónomas.
Por eso, el vicesecretario de Política Local y Autonómica del partido en el Gobierno, Javier Arenas, aseguró durante su intervención en la Escuela de Verano del PP de Punta Umbría (Huelva), que “tras cumplir con los españoles para salir de la crisis, ha llegado el momento de cumplir nuestro programa electoral”, pero refiriéndose básicamente a la reforma para que los alcaldes más votados gobiernen directamente. Algo que, según él, “tiene el amplísimo respaldo de la opinión pública española”, porque “nadie puede estar tranquilo si gobierna por un acuerdo en un despacho”.
Y, confirmada tal propuesta por Rajoy el pasado 20 de agosto, uno puede preguntarse cómo el PP no se ha planteado hasta ahora cambiar un sistema tan aberrante, incluyendo las dos legislaturas presididas por Aznar. El mismo Javier Arenas ya había confirmado de modo tajante en el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga celebrado el 11 de mayo de 2013: “Tenemos tiempo para aplicar nuestro programa, para reconciliarnos con sectores que viven con preocupación algunas decisiones que hemos tomado y tenemos tiempo de recoger los frutos”.
En aquellas fechas, todavía sin haber pasado el ecuador de la legislatura, aseguró que ya se tenía superada la primera etapa de la legislatura (la de “apagar fuegos, afrontar la herencia y corregir los grandes desequilibrios que recibimos del Gobierno anterior”) y que “más bien pronto que tarde vamos a recoger esos frutos”. Pero ahora parece que los frutos no maduran y que para salvar la cosecha hay que recurrir a artificios electorales poco presentables sobre todo en las formas.
Claro está que en otras ocasiones tanto el PP como el PSOE han planteado la conveniencia de revisar el sistema electoral español, cuestión que parece poco discutible. Lo que pasa es que, siendo esa una materia ‘sensible’, ordenada por una ley orgánica, a nadie le cabe en la cabeza que se pueda reformar a base del ‘ordeno y mando’ popular, sin contar con el consenso de las demás fuerzas parlamentarias, o al menos con el del PSOE que ya lo ha rechazado en los términos puntuales planteados por el PP, es decir por puro oportunismo y a medida de su exclusivo interés
En relación con la elección directa de los alcaldes que el PP quiere imponer ‘sí o sí’ y por la vía de apremio, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, advirtió inmediatamente en la red social Twitter que la única elección directa que busca el PP con su reforma de la ley electoral antes de las próximas municipales es la del propio partido: “El PP sólo busca una elección directa: la del PP”. Y claro está que acertaba.
Entre otras cosas porque, sin que nadie discuta la necesidad de una reforma profunda de la vigente ley electoral, su ‘oportunidad’ es cosa distinta. Y ahora es muy evidente que la propuesta concreta del PP es en tiempo y forma un traje cortado a su estricta medida, en defensa de un nuevo sistema que en la presente coyuntura les favorece de forma llamativa y sin la menor altura política; sistema que, de hecho, pondría en manos de los partidos independentistas los principales ayuntamientos y diputaciones de Cataluña y el País Vasco, en contra por supuesto de una mayoría absoluta no independentista en la que lógicamente se incluye el PP (sorprende que Alicia Sánchez-Camacho y Arantxa Quiroga apoyen la medida a pesar de que en sus respectivas comunidades beneficie a ERC y a Bildu).
La elección, ahora, de los alcaldes en base al criterio de ser los más votados directamente, no por vía ‘representativa’, es, dicho llanamente, una dura y pura tabla de salvación del PP frente a los malos datos que le anuncian los sondeos de opinión. La ley electoral es sin duda alguna perfectible en muchos aspectos, pero no sólo en ese, que tampoco es el más importante: el PP no se plantea, por ejemplo, las listas abiertas ni cambiar el porcentaje de exclusión en la adjudicación de escaños o el propio sistema d’Hont que refuerzan la representación de las mayorías en detrimento del de las minorías. Y tampoco habla de racionalizar los entes de la administración territorial (exceso de ayuntamientos; reiteraciones competenciales de éstos con comarcas, diputaciones, cabildos insulares…) o de profesionalizar su gestión.
Pero es que al margen de la oposición del PSOE, la iniciativa del PP he llevado a que José Luis Centella, diputado de IU, advirtiera inmediatamente que los plenos municipales deben representar a los vecinos y que, por tanto, el alcalde debe ser “aquella persona que sea capaz de recabar la mayoría social para gobernar”, cosa bien distinta de ser el partido más votado. Por su parte, Rosa Díez, líder de UPyD, partido que defiende la elección directa de alcaldes pero en ‘segunda vuelta, calificó la propuesta del PP de “atentado a la pluralidad”.
Y lo curioso del caso, como demuestra un vídeo que circula por la Red, el propio presidente Rajoy aseguró en febrero de 2013 que “todos los sistemas electorales son opinables y discutibles, y por supuesto que se puede modificar la ley electoral española, pero lo más importante es que cualquier modificación se haga con un gran consenso”. Y precisó: “Yo nunca modificaré la ley electoral por mayoría”.
Con todo, y tras un aluvión de comentarios y artículos de opinión críticos con la reforma maniobrera que plantea el PP para la elección de alcaldes, merece destacarse la aguda argumentación en contra que plantea Jorge de Esteban, prestigioso catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, en el siguiente artículo de opinión (El Mundo 21/08/2014):
Una reforma inaceptable
El propósito del PP, asumido por el propio presidente del Gobierno, de reformar la ley electoral para elegir directamente a los alcaldes a través de la lista más votada es completamente inaceptable por las siguientes razones.
En primer lugar, por motivos éticos, puesto que no se pueden modificar las normas electorales cuando faltan unos meses para los próximos comicios. Además, abusando de su mayoría absoluta, el Gobierno está dispuesto a realizar esa reforma en contra del PSOE, que ya ha avanzado que no está por la labor. Pero hay más, puesto que sería la primera vez que se modificase la ley electoral sin el consenso de los dos grandes partidos nacionales. Precisamente, el gran fracaso del Estatut de Cataluña se debió a que no se contó para su elaboración y aprobación con el PP y, ahora, éste quiere hacer lo mismo con el PSOE, con las consecuencias que se pueden presumir. Por lo demás, es inquietante que el PP, motivado por su pánico a perder su posición de poder, trate de engañar a los ciudadanos, encubriendo sus propios intereses partidistas mediante la afirmación de que es una medida de regeneración democrática, destinada a acercar las decisiones al pueblo.
En segundo lugar, es una reforma de dudosa constitucionalidad, pues el artículo 140 de la Constitución señala que «los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos». Lo que viene a decir es que el régimen normal de elegir a los ediles es a través del voto de los concejales y, sólo en algunos casos excepcionales, por los vecinos en aquellos pequeños municipios en donde ni siquiera puede haber listas de partidos. Lo cual es lógico, porque nuestra democracia es parlamentaria y representativa, y eso significa que en todos los niveles, desde el presidente del Gobierno a los alcaldes, la elección de los mismos no es directa, sino por medio de representantes elegidos directamente por el pueblo, que a continuación eligen las personas concretas. Nuestro sistema no es presidencialista, por eso lo que realmente cuenta para el nombramiento de los cargos ejecutivos de gobierno son los escaños y no los votos.
De este modo, ya se ha dado el caso en Cataluña de que un partido que obtuvo más votos, pero menos escaños que otro, no alcanzó el poder. En este sentido, el alcalde representa al ayuntamiento, más que a los ciudadanos, aunque si el alcalde es concejal representaría tanto a unos como a otros. Y digo que «si es concejal», porque el artículo 140 citado no establece la necesidad de que el alcalde sea obligatoriamente concejal, por lo cual no es posible admitir que el número uno de la lista más votada sea automáticamente alcalde, tanto por la razón que acabo de apuntar como por la necesidad de que cuente con una mayoría para gobernar. Por otro lado, de adoptarse el sistema presidencialista de voto directo al alcalde, no habría control sobre el mismo, ya que tendría que suprimirse la moción de censura.
En tercer lugar, esta reforma es inaceptable también porque produciría una doble confusión. Por ejemplo, una de las modalidades que se presentan es el supuesto de que si la lista con más votos no tiene la mayoría absoluta, se podría establecer una segunda vuelta para las listas más votadas. Pero eso sólo es posible de forma clara en los sistemas mayoritarios uninominales, pero no en los sistemas de lista y proporcionales. Algunos inciden en esta confusión alegando que el artículo 9 de la Constitución de 1931 decía que «los alcaldes serán designados siempre por elecciones directas del pueblo o por el ayuntamiento». Lo cual evidencia una clara empanada constitucional en donde no se distinguen las churras de las merinas. Lo mismo se podría afirmar de ejemplos de otros países en donde se establece que para poder gobernar la lista más votada se le podría asignar una prima, en el sentido de disponer de una mayoría para poder gobernar. Se puede recurrir evidentemente a otras modalidades en lo que se refiere a la elección de los alcaldes, pero como ya he señalado, mientras que no se reforme la Constitución el alcalde tiene que ser elegido por los concejales y no por el pueblo mediante el voto directo.
Finalmente, esta reforma es ineficaz y hasta contraproducente, puesto que se parte de los resultados de las elecciones europeas para extrapolarlos y hacer las proyecciones pertinentes. Pero es erróneo, porque, por un lado, las elecciones europeas se basan en una circunscripción única para toda España y, por otro, las motivaciones de voto son completamente diferentes respecto de las generales, autonómicas o municipales. Por lo tanto, los resultados son muy difíciles de prever, cuando además el sistema de partidos está cambiando rápidamente. Si acaso, lo que sí se puede aventurar es que esta reforma, de beneficiar a alguien, sería más bien a los partidos nacionalistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña.
En definitiva, espero que se pase esta calentura veraniega y que no se lleve a cabo una reforma electoral en contra de todos los demás partidos, pues lo que pone de manifiesto es que las medidas que necesita nuestra democracia urgentemente son precisamente las que no quiere el Gobierno.
Es decir, al margen de que se intente sacar adelante sin consenso político, también hay quien cuestiona la propuesta del PP desde la perspectiva constitucionalidad, lo que acarrearía reformar también la Carta Magna, cosa por otra parte necesaria por otros muchos motivos. Y ello lleva a reafirmar que la revisión del gobierno municipal, no es ni mucho menos la principal ni más urgente reforma que necesita nuestro sistema institucional, como muy bien sabe Mariano Rajoy.
Pero hay analistas que critican algo más que la posible inconstitucionalidad del proyecto falsamente reformista del Gobierno, convertido en una enorme e intolerable ‘alcaldada’. A propósito del caso, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y comentarista político habitual, advertía en El País (22/08/2014) -y advertía bien- sobre la grave insistencia con la que el PP está arremetiendo contra el principio de legitimación democrática del poder:
Basta ya
Formalmente, la reforma de la elección de los alcaldes se va a tramitar como una reforma de una ley orgánica, pero materialmente es un decreto ley aprobado por el Gobierno. El contenido de la norma está decidido en su núcleo esencial, así como la fecha de su entrada en vigor. En mayo de 2015 los alcaldes serán designados con la fórmula que el Gobierno tiene decidida. Nadie puede llamarse a engaño.
Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. La primera fue la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, mediante la cual se introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez en la historia constitucional española el aforamiento del rey tras su abdicación. De contrabando, a través de una “chapuza”, como se le escapó al presidente del Congreso, el PP resolvió este asunto, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución.
Con la pretensión de reformar el sistema de elección de alcaldes, el PP está a las puertas de repetir la operación. Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la fórmula para la designación del órgano de gobierno ha sido la misma en los tres niveles en que se articula nuestro sistema político. Los ciudadanos eligen directamente a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma y a los concejales en los municipios, y estos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto excepcionada en su vigencia en ningún momento.
Estatuto jurídico del rey tras su abdicación. Fórmula de expresión del principio de legitimación democrática en la renovación del poder municipal. Son dos materias de relevancia constitucional indiscutible, que, por su propia naturaleza, no pueden quedar fuera de lo que se entiende como consenso constitucional. La primera quedó fuera el 11 de julio. La segunda está a punto de quedar fuera en los próximos meses. Piezas importantes de nuestro ordenamiento constitucional van a ser el resultado de la decisión de un único partido.
En mi opinión, el asunto tiene tal gravedad que exigiría que los partidos de la oposición se negaran a participar en el simulacro de negociación que está ofertando el Gobierno. Los partidos deberían anunciar que renuncian a participar en la tramitación parlamentaria de la reforma. Rechazo frontal al proyecto o proposición de ley en el momento en que se deposite en el Registro del Congreso. Y nada más. Ni presentación de enmiendas, ni participación en el debate en comisión y en pleno, así como en la votación. Los partidos de la oposición no deben dar cobertura parlamentaria a lo que es una quiebra del consenso constitucional.
Lo que está en juego es la expresión del principio de legitimación democrática del poder, que se pretende alterar por primera vez desde la recuperación de la democracia tras la muerte del general Franco. Es un momento para decir BASTA YA.
Así, sólo cabe recordar al presidente del Gobierno por enésima vez consecutiva que, en contra de lo que dice y por lo que hace (y es seguro que como mentiroso e incumplidor manifiesto no cree en la mitad de lo que dice y de lo que hace), España no va bien. Ni en lo económico, ni en lo político; y mucho menos en lo social, que es por donde el PP pierde su crédito y votos a mansalva.
Al margen de cualquier afinidad o disparidad partidista, parece que, en efecto, está llegando el momento de darles, a Rajoy y a su banda ‘marianista’, una buena lección sobre lo que se puede y no se puede hacer en democracia.
Fernando J. Muniesa
