Adormecido durante el último año por la obligada austeridad presupuestaria del Ministerio de Defensa, el escándalo del submarino S-80, el ‘invento netamente español’ de Navantia -que se sumerge perfectamente pero cuyo sobrepeso le impide emerger- acaba de reaparecer para consumar la fechoría de tragarse los 2.135 millones de euros con los que se dotó la totalidad del programa de cuatro unidades, que eran las mínimas e imprescindibles para modernizar la agotada flotilla de la Armada, cuya última puesta a flote (la del S-74 ‘Tramontana’) se remonta nada menos que a noviembre de 1984.
Ahora resulta que el intento de rescatar el S-81 ‘Isaac Peral’ del bochorno industrial y político urdido de consuno por la empresa pública Navantia y el Ministerio de Defensa, con el apoyo de algunos almirantes visionarios, muestra una cara oculta del despilfarro nacional que vuelve a ponernos los pelos de punta. Ahora, todo el presupuesto del Programa S-80 se destinará sólo a intentar salvar la producción de la primera unidad -cosa harto improbable- y no a la obligada construcción de la flotilla completa de cuatro unidades aprobada por el Gobierno de Aznar y corroborada por el de Rodríguez Zapatero: es decir, a intentar que flote un solo submarino y por el precio de cuatro unidades del ‘Scorpène’, que es el submarino de mayor éxito en su clase con el que se debería haber dotado la Armada Española de forma más que razonable (ahí queda eso).
El País, diario en el que se suelen lanzar las primicias informativas del Ministerio de Defensa, acaba de desvelar (27/10/2014) el plan de inversiones en los nuevos programas de armamento, en el que destaca la chapuza de marras. Sobre el del Submarino S-80 se dice literalmente: “No es un programa nuevo sino viejo, pero habrá que refinanciarlo debido a sus problemas de ‘sobrepeso’. El primer submarino, que debía entregarse en 2012, no llegará hasta 2018 y solo la primera unidad agotará el presupuesto total del programa: 2.135 millones. Entonces habrá que decidir si se construyen tres submarinos más y cuánto se paga de sobrecoste”.
Además, las nuevas adquisiciones de armamento por valor de casi 10.000 millones de euros, giran en torno a algunas circunstancias de verdadera vergüenza ajena. La más notable es que el Gobierno se mete en un nuevo berenjenal de gasto sin saber todavía cómo y cuándo se van a poder terminar de pagar las multimillonarias facturas pendientes del notorio exceso de sofisticados sistemas de armas adquiridos en los años 90, que ni iban a servir ni han servido a las necesidades reales de la defensa nacional (generando no obstante los consabidos y jugosos beneficios propios de este oscuro sector industrial).
El periodista Miguel González, experto en el tema, destaca en un apoyo de su crónica general este particular aspecto del problema:
La factura de los proyectos de los noventa se pagará hasta 2030
Defensa prepara un nuevo programa de inversiones cuando aún no ha terminado de pagar la factura del anterior. Los llamados PEAS (Programas Especiales de Armamento) que se contrataron en la última década del siglo pasado y la primera de éste (entre ellos, las fragatas F-100, los carros de combate Leopard o los cazas EF-2000) costaron 30.000 millones de euros. Según el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ya se han pagado 6.000 y faltan por financiar unos 9.000 hasta 2030. La diferencia entre ambas cifras corresponde a los 14.500 millones adelantados por el Ministerio de Industria a las empresas y que estas deberían devolver a medida que vayan cobrando de Defensa. Lo cierto, sin embargo, es que hasta ahora las empresas solo han devuelto 141 millones y en 2015 deberían devolver 117 más.
Es imposible que Defensa reciba en los próximos años una inyección de 23.500 millones para pagar la cuenta pendiente de los PEAS y otros 10.000 para los nuevos programas. Más bien se piensa, aunque no se diga, que los 14.500 millones adelantados por Industria serán condonados; es decir, Defensa no los recibirá y las empresas no deberán devolverlos.
Aun así, el presupuesto de Defensa no alcanza para digerir la abultada factura y cada verano, desde que gobierna el PP, ha recibido un crédito extraordinario: 1.783 millones (2012), 877 (2013) y 884 (2014). Argüelles ha anticipado que en 2015, y ejercicios venideros, pedirá entre 800 y 900 millones anuales más por el mismo procedimiento.
Si se suma el presupuesto del Ministerio más los créditos extraordinarios y las operaciones en el exterior, España gasta en Defensa el 0,9% del PIB, por debajo del 1,4% de media de la OTAN y lejos del 2% que se quiere alcanzar en una década.
Claro está que este gran escándalo presupuestario, en el que los políticos, los técnicos de Navantia y los almirantes responsables se están yendo de rositas, se entiende mucho mejor recurriendo a la hemeroteca, que a la larga es la que mejor muestra sus errores, su poca capacidad profesional e incluso sus acomodaticios intereses personales. El propio Miguel González ya trató al final de la anterior legislatura el oscuro tema de las compras de sistemas de armas para la defensa en un reportaje (El País 13/08/2011) muy preciso y de gran crudeza, que trasladaba a los sufridos contribuyentes una visión ciertamente aberrante de la defensa nacional.
En su resumen del problema, González recordaba una afirmación realizada unos meses antes por el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, al defender los presupuestos de su Departamento en el Congreso de los Diputados, verdaderamente reveladora de la situación que entonces se arrastraba y que se sigue arrastrando: “Compramos armas que no íbamos a usar con dinero que no teníamos”.
Su reportaje, previo al inicio de la presente legislatura, ya advertía de forma bien precisa sobre el carácter escandaloso del caso:
EL DRAMA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Defensa renegocia una deuda de 26.000 millones en armas que no puede pagar
- El plazo para abonar tanques, aviones y fragatas se alargará cinco años hasta 2030
Si el dueño de una casa deja de pagar la hipoteca, el banco no dudará en embargarla. Pero si el Ministerio de Defensa no abona las anualidades de un buque de guerra, un carro de combate o un cazabombardero, ¿quién se atreverá a embargarlos?
La situación puede parecer surrealista, pero es real. Las Fuerzas Armadas españolas han abordado en la última década un proceso de modernización sin precedentes. Aunque tienen algunas carencias clamorosas y parte de su material está obsoleto, disponen de algunos de los armamentos más avanzados del mundo: el caza EF-2000, el tanque Leopardo o la fragata F-100, cuyo sistema de combate es capaz de integrarse en el futuro escudo antimisiles.
Es verdad que muchos de estos proyectos tenían un objetivo más industrial que militar -permitir la privatización de una empresa pública o su integración en un consorcio multinacional- y que nunca existió un planeamiento global que permitiera asignar los recursos en función de las prioridades de los ejércitos. Pero ello fue posible porque se abusó de la compra a crédito, engordando una deuda que toca pagar ahora, en el peor momento.
La factura global de los llamados programas especiales de armamento -19 sistemas de armas que, en su mayoría, incorporan nuevas tecnologías- suma 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español, de los que Defensa ha pagado hasta ahora algo menos de 5.000.
Los restantes 26.000 millones deberían abonarse a las empresas en sucesivas anualidades hasta el año 2025, pero los propios responsables de Defensa reconocen que eso es imposible sin un drástico aumento del presupuesto, lo que resulta impensable cuando España se ha marcado como objetivo prioritario reducir el déficit al 6% al final de este año y al 3% en 2013 (con datos de 2010, el déficit del conjunto de las administraciones es del 9,2% del PIB).
Ya en 2011 el Ministerio de Defensa se ha visto en serios apuros para atender sus obligaciones. La partida que recibió para pagar esos 19 grandes programas fue de 204,5 millones, inferior en 543 a la inicialmente prevista. Gracias a los créditos de Industria logró llegar a los 1.000 millones; y, aun así, faltaron 690 millones para cumplir los compromisos adquiridos con las empresas.
Si se tratara de un problema coyuntural, bastaría con posponer los pagos. Pero la situación no será mejor sino que se agravará en el futuro. El programa de pagos se diseñó de tal forma que en los primeros años, los de bonanza, las cuotas eran reducidas; mientras que ahora, en plena crisis, su cuantía se multiplica, hasta el punto de que a partir de 2014 será superior a la suma de todo el capítulo de inversiones del ministerio: 1.005 millones en 2011.
Según fuentes de Defensa, mantener los plazos previstos supondría que en 15 años las Fuerzas Armadas no podrían hacer ninguna nueva inversión y aun así no bastaría. Cuando se decidió la adquisición de las nuevas armas no se tuvo en cuenta el alto coste que supone mantenerlas operativas: más de 400 millones anuales ahora y 800 millones a medio plazo. En conjunto, según los cálculos de Defensa, harían falta 1.500 millones más al año para cumplir lo comprometido.
En su comparecencia ante el Congreso de octubre pasado para presentar los presupuestos de este año, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ya se refirió en términos muy duros a la política que ha llevado a esta situación. “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora”, admitió. Méndez precisó después que, “de los 27.000 millones de deuda”, a las legislaturas del PP corresponden “23.000 y pico millones”, y a las dos últimas del PSOE, “3.000 y pico”.
Si tal alegría presupuestaria fue posible -“irresponsabilidad”, la llamó Méndez- es porque los gastos de Defensa tuvieron un fuerte crecimiento a principios de este siglo, hasta llegar a 8.500 millones en 2008. Desde entonces han caído un 16%, limitándose este año a 7.154 millones.
Además, Defensa contaba con los ingresos derivados de la venta de viviendas y solares ocupados por antiguos cuarteles, pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha secado ambas fuentes de ingresos. Si entre 2004 y 2007 se generaron por estos conceptos unos 500 millones anuales, en 2009 fueron 148 millones y en 2010 solo 100.
Con todo, lo que ha mantenido en pie el sistema son los créditos sin interés que, por unos 15.000 millones de euros, ha concedido el Ministerio de Industria a las empresas. El problema es que ahora toca devolverlos.
Como todo acreedor que no puede atender sus obligaciones, lo primero que se ha planteado Defensa es la reestructuración de su deuda. Fuentes de dicho departamento confirman que se está negociando con Hacienda una reprogramación de los pagos, de forma que los plazos se alarguen cinco años: del 2025 al 2030. Las empresas aceptarán si pueden aplazar a su vez la devolución de los créditos a Industria.
Las mismas fuentes reconocen que esta medida solo permitirá un alivio pasajero, sin resolver el problema de fondo. Un estudio editado por Defensa propone traspasar la deuda a un organismo público de nuevo cuño que se encargaría de gestionarla; o bien que las devoluciones a Industria generen automáticamente nuevos fondos para Defensa. Algunos expertos sugieren lisa y llanamente la condonación de los créditos de Industria con el argumento de que, en realidad, no se trata de una deuda de las empresas con el Estado sino de un ministerio con otro, pero eso supondría computar los 15.000 millones como déficit, y no parece la mejor coyuntura para hacerlo.
Se traspasa material de guerra
La resolución del problema de la deuda pasa por suprimir algunos programas de armas o, al menos, reducir el número de unidades, según todas las fuentes consultadas. Seguramente es tarde para renunciar al EF-2000 o al Leopardo, pero no para cuestionarse si España necesita 87 cazabombarderos o 235 carros de combate.
El problema es que recortar el pedido puede suponer penalizaciones económicas, disparar el coste unitario y poner en graves dificultades a empresas emblemáticas del sector. Un ahorro mal meditado podría dar al traste con buena parte de las ventajas obtenidas en programas multinacionales.
Por eso, el Ministerio de Defensa busca una tercera vía que le permita reducir su pedido sin incumplir sus compromisos. Por ejemplo, traspasando a terceros países algunas de las unidades destinadas a España. Si se consuma la venta de 200 carros Leopardo a Arabia Saudí, los 50 primeros podrían proceder del pedido español y una fórmula similar sería de aplicación al EF-2000, como ya ha demostrado Reino Unido.
PSOE y PP no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de haber engordado la bola de nieve. Según Defensa, en las legislaturas del PP se comprometieron programas por más de 23.000 millones y, en las del PSOE, por algo más de 3.000. Sin embargo, en el último Consejo de Ministros se aprobó la segunda serie de los Buques de Acción Marítima, por lo que la deuda se ha engordado en 740 millones.
En lo que ambos partidos están de acuerdo es en que el calado de las medidas necesarias -recorte de programas, reducción de pedidos o condonación de créditos- requiere un pacto de Estado. Aunque nunca antes de las próximas elecciones.
Ahora, transcurridos más de tres años desde que el PSOE cantara en sede parlamentaria este mea culpa presupuestario, el tándem de Defensa ‘P&P’ (Pedro Morenés y Pedro Argüelles) -especializado en pelar la pava con la industria armamentista de altos vuelos- vuelve al mismo enredo con argumentos tan manidos como contradictorios. Baste extraer un par de ellos para darse cuenta de que son tan falsos como los que antaño justificaban las manirrotas adquisiciones en base al supuesto fortalecimiento de la industria de defensa española y que han terminado arruinándola (salvo en el caso de CASA-EADS con origen en el primitivo Consorcio Airbus Industrie de aeronáutica civil).
Para empezar, el Programa F-110 (cinco fragatas que sustituirían a las F-80 de la clase ‘Santa María’) representa una oportunidad -sostienen ‘P&P’- para crear un grupo de electrónica nacional ‘solido’, objetivo ya planteado por el Gobierno de Adolfo Suárez hace más de treinta años al aprobar la Ley 44/1982, de 7 de julio, sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, cuyo primer hito fue la construcción del portaeronaves R-11 ‘Príncipe de Asturias’, y que jamás pudo alcanzarse. Y si con toda la ingente inversión realizada desde entonces en la Fuerza de Combate de la Armada seguimos sin ese pretendido grupo de electrónica militar, ahora no se puede venir con el cuento de que con la construcción de cinco fragatas más se va a conseguir, cuando además su desarrollo esencial (el sistema de combate Aegis) se comprará a Estados Unidos envuelto en papel de celofán.
Y, para continuar, ahí está la segunda broma del Programa de Blindados 8x8 (adquisición de 350 a 400 unidades para sustituir a los viejos BMR), admitiendo de entrada el Ministerio de Defensa que los va a comprar en el mercado internacional (probablemente a los amiguetes americanos de la General Dynamics) pero ‘nacionalizando’ sus sistemas de comunicaciones, sensores y guerra electrónica, lo cual puede llevarnos a que el remedio sea peor que la enfermedad. Como ya se demostró en el caso de los inhibidores de frecuencias encargados a INDRA en 2009 para los vehículos tácticos de Infantería desplegados en Afganistán y Líbano, que jamás se instalaron por inservibles (otros seis millones de euros tirados a la basura)…
La Ley 44/1982, contempló en su conjunto nada más y nada menos que un gasto de 2,3 billones de las antiguas pesetas sólo hasta el año 1990, que ya se justificaban en base a la supuesta consolidación y potenciación de la industria nacional (en particular los subsectores dedicados a la electrónica, la informática, la óptica y las comunicaciones), objetivo frustrado por la desastrosa gestión presupuestaria del Ministerio de Defensa, tanto con los gobiernos del PP como del PSOE.
Una inversión sin precedentes que a continuación se desbordaría en el fragor de la España de los aeropuertos sin aviones, los trenes AVE con destinos sin viajeros, las autopistas sin tráfico, las desaladoras que generan agua de riego a precios prohibitivos, los Planes E con los que crear cada puesto de trabajo fijo requería un millón de euros de inversión, las energías renovables subvencionadas que han disparado la tarifa eléctrica… hasta llegar al colmo -ahora- de los curiosos submarinos de Navantia que no flotan. Con el añadido de que el S-81 ‘Isaac Peral’ -que de momento sigue sin flotar y que quizás nunca llegue a hacerlo- nos va a costar lo mismo que cuatro de los que sí flotan.
Y si derrochando lo que se ha derrochado, el Ministerio de Defensa ya se ha mostrado incapaz (gobierne quien gobierne) de desarrollar una industria de defensa mínimamente competitiva y de gestionar sus adquisiciones con un mínimo de rigor y racionalidad, y ni siquiera de promover la construcción de un simple blindado táctico de Infantería, ¿cómo se atreven ‘P&P’ a plantear la mandanga de crear un grupo de electrónica nacional ‘solido’, a cuenta de más y más derroches presupuestarios…? ¿Qué platos rotos y de qué amiguetes del Gobierno hay que volver a pagar con cargo al bolsillo de todos los españoles…?
¿Qué se puede esperar de un Ministerio de Defensa que al final de la pasada legislatura, y después de estar ‘tocando el violón’ años y años y acumular caprichosamente cientos de carros de combate inoperantes, se vio obligado a adquirir por vía de máxima urgencia nuevos vehículos blindados antiminas para que las tropas españolas desplegadas en zona de conflicto no saltaran por los aires impunemente…? Una compra, por cierto, realizada en Italia y Sudáfrica (el pedido incluía 76 MLV ‘Lince’ de escuadra y 20 RG-31 ‘Nyala’ de pelotón, envuelta también en formato de regalo con lazo incluido.
La flota de combate de la Armada, sin protección submarina
Con estos pésimos antecedentes de mala gestión política y presupuestaria, centrada de forma obsesiva en comprar un costosísimo armamento de última generación que España ni necesitaba ni necesita, mientras se dejan sin atender otras exigencias mucho más perentorias y verdaderamente vitales para las Fuerzas Armadas, en el verano de 2013 llegó la eclosión del ‘caso Navantia S-80’. Un escándalo sin precedentes en toda la historia de la construcción naval militar que, en vez de haberse zanjado volviendo de inmediato al programa del submarino franco-español ‘Scorpène’, de éxito internacional contrastado y con el que Navantia ya estaría construyendo por lo menos media docena para la exportación, ahora reaparece de forma contumaz convertido en una de las ‘Historias para no dormir’ con las que en la década de los 60 Narciso Ibáñez Serrador se hacía con la audiencia televisiva del momento, a base de mezclar grandes dosis de terror, suspense y ciencia ficción, rayanas en el surrealismo.
Si cupiera rehacer aquella celebrada serie televisiva, ahora bastaría añadir a sus títulos más emblemáticos (‘El cumpleaños’, ‘La alarma’, ‘La bodega, ‘La espera’, ‘El cohete’, ‘El tonel’, ‘El asfalto’…) la historia de ‘El submarino’ (con guion de Miguel Gila) para garantizar un top de audiencia excepcional y algún premio internacional al mejor drama esperpéntico del año…
La historia, de corte efectivamente tragicómico, no sólo se desarrollaría en un submarino tramposo (el S-81), que una vez sumergido por su propio peso será incapaz de emerger, sino que arrastraría con él irreversiblemente al fondo del mar a otros tres submarinos gemelos (S-82, S-83 y S-84). Una broma valorada como mínimo en 2.135 millones de euros (más de 350.000 millones de las antiguas pesetas), volatilizados como por arte de magia.
Pero es que, además, el engendro que se quiere rescatar de toda esta basura política e industrial, será una especie de ‘no se sabe qué para no se sabe cuándo’, porque todavía nadie ha fijado con certeza qué cosa parirá de nuevo la chupona mamá Navantia y por qué razón la fecha en la que debía estar operativo (2012), se trasladó al 2013, después al 2015 y más tarde al 2018…, aunque la poca gente sensata que queda en los astilleros públicos de Cartagena es consciente de que en ningún caso se podría poner a flote un submarino S-80 antes del año 2020. Total, que muy probablemente el S-81 ‘Isaac Peral’ podría ser rebautizado como el ‘submarino fantasma’ (con permiso de Santa Rita de Casia, abogada de las causas imposibles).
Y la broma que se traen entre manos ‘P&P’ no queda ahí. Mientras tanto, la más que obsoleta flotilla de submarinos de la Armada, con la vida del S-71 ‘Galerna’ alargada por más de 40 años (una barbaridad tercermundista), ha dejado prácticamente de existir porque sólo cuenta con un submarino que va a doblar su razonable vida útil y ha sido reconvertido en un ataúd de chatarra sin la menor capacidad operativa.
En estas mismas páginas ya hemos advertido sobre la clara indefensión de la flota de combate de la Armada Española, cuyos buques en servicio (de proyección oceánica y por tanto con necesidades de protección integral muy notables) están gravemente afectados por una precaria escolta submarina y por la imposibilidad real de abordar determinadas operaciones y estrategias de guerra naval, ofensiva o defensiva. La serie de submarinos S-70, clase ‘Agosta’, formada por cuatro unidades (‘Galerna’, ‘Siroco’, ‘Mistral’ y ‘Tramontana’), con entrada al servicio de la Armada entre 1983 y 1986, ya agotó su utilidad operativa hace mucho tiempo, estimada en no más de 25 años para el actual nivel tecnológico de guerra naval (Francia, sin ir más lejos, retiró el ‘Ouessant’ S623, que fue su último submarino de la clase ‘Agosta’, en 2001).
De hecho, el ‘Siroco’ S-72 ya fue dado de baja en la Lista Oficial de Buques Armada (LOBA) en junio de 2012, mientras el más antiguo ‘Galerna’ S-71, entregado en enero de 1983, se intentaba mantener como una pieza de museo hasta recibir el ‘Isaac Peral’ S-81. Además, el ‘Tramontana’ S-74 quedó indisponible a la espera de que se le pueda realizar una nueva ‘gran carena’, extraordinaria, para alargar su cuestionable vida operativa hasta el 2016 (nada menos que 30 años).
Con todo, tras la baja del 'Siroco', en poco más de una década la Armada ha pasado de tener ocho submarinos, con al menos seis operativos, a disponer sólo de tres (la serie ‘Daphné’ precedente de cuatro submarinos S-60 fue dada de baja entre 2003 y 2006). Y de esos tres S-70, solo hay disponibles dos para misiones nacionales y compromisos internacionales: el ‘Mistral’ (S-73) y el ‘Tramontana’ (S-74), inmovilizado y pendiente de una gran carena. El 'Galerna' se botó en 1981 y es más antiguo que el ‘Siroco’, ya dado de baja, con lo que su operación práctica no deja de ser temeraria, además de que en ningún caso podrá esperar ya a ser relevado por el ‘Isaac Peral’ S-81.
En estas condiciones, los planes de la Armada, centrados en la renovación in extremis de su flota con cuatro nuevos submarinos de la clase S-80 entre los años 2012 y 2018, se han evaporado. Y la situación es tan dramática que, en el caso de no concluirse la gran carena del ‘Tramontana’, en 2016 la Armada española contará con un único submarino, el ‘Mistral’ S-73, tercero de la clase ‘Agosta’, entregado a la Armada en 1985 y parcheado con piezas canibalizadas del ‘Siroco’ S-72.
Si con dos unidades la flotilla de submarinos ya sería exigua (además de funcionalmente obsoleta y sobre todo de tecnología muy desfasada), pensar en uno solo resulta inimaginable, temerario y hasta una broma de mal gusto. De hecho, eso supondría tener que arriesgar la flota (sobre todo el buque insignia ‘Juan Carlos I’ L-61) en una situación de guerra naval estándar, dado que sería tremendamente vulnerable ante el ataque de submarinos convencionales de países con mucho menor peso militar que España: un escenario realmente catastrófico que Defensa y la Armada ocultan de forma vergonzosa a la opinión pública y al propio Parlamento.
Dicho de otra forma, en el supuesto de que España tuviera que participar en una guerra naval de verdad, la probabilidad de que su flota de combate fuera destrozada en un santiamén, como sucedió durante del ‘Desastre de 1998’ en las batallas navales de Cavite (Bahía de Manila) y del puerto de Santiago de Cuba, sería más bien una certeza. Y no por cuenta de una gran potencia como Estados Unidos, sino por cualquier país de mucha menor entidad que España con un Arma Submarina medianamente a punto.
Paréntesis: Para tener una idea clara de la obsolescencia de la actual flotilla de submarinos, todos entregados a la Armada entre 1983 y 1986, baste recordar que el Portaaviones ‘Príncipe de Asturias’ R-11, asignado años después (en mayo de 1988), ya fue dado de baja en febrero de 2013 y enviado a desguace tras 25 años escasos de servicio.
El Parlamento debe investigar el caso Navantia del submarino S-80
La verdad es que ante un Ministerio de Defensa tan irresponsable como el de España, que de forma sistemática supedita la gestión presupuestaria a intereses industriales y políticos oscuros y ajenos a los de la propia defensa nacional (y no digamos a los de los comisionistas), no merece la pena insistir más sobre la importancia vital de los submarinos en ese preciso ámbito, poco apreciado realmente por el dúo ‘P&P’ más allá de lo que no sea convergente con el interés de sus amigos de la industria armamentista internacional (en especial la de Estados Unidos).
Lo que sí nos parece ya de extrema urgencia, justo ante la realidad de crisis económica y corrupción política que está destruyendo España, es que en las Cortes Generales se exijan las debidas explicaciones y responsabilidades en torno al escándalo del Programa del submarino S-80 de Navantia, que sigue sin flotar pero esquilmando las arcas del Estado. Y por supuesto arruinando la imagen de la marca España. Entre otras cosas porque de no hacerse ya, el problema seguirá creciendo para volver a explotar con mayor virulencia y de forma más inoportuna.
Este es el momento en el que, si las Cortes Generales quieren recuperar un mínimo de credibilidad social como órgano obligado a controlar la acción del Gobierno, debe levantarse el velo parlamentario sobre este saqueo de más de 2.000 millones de euros y aclararse si, además de la incompetencia manifiesta de Navantia y del Ministerio de Defensa, ambas aún sin depurar, también han existido o no en el caso posibles delitos de prevaricación o malversación de fondos públicos.
Fernando J. Muniesa
