Conocer la realidad objetiva, sobre la que siempre debería operar el buen gobierno, no es tarea fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra completamente distinta y que, por consiguiente, la primera no es sino una “apariencia”.
Pero en el plano de la política, que básicamente es una práctica y no una teoría, el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igualmente práctico, y no filosófico, porque es en la práctica donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural, el poder y la precisión de sus pensamientos.
Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte caeremos en el error y, por tanto, en el gobierno pernicioso. El gobierno de la razón, frente a la razón del gobierno (que a menudo incluye la “sinrazón”, la “razón de Estado”, el “secretismo” y tantas otras formas espurias de ejercer el poder), se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…
El proceso electoral o la lucha partidista por acceder al poder, es otra cosa. Se acostumbra a revestir con excesos propagandistas, descalificaciones mendaces de los adversarios, promesas falsarias, manipulaciones de todo tipo y hasta con programas distintos a la “línea de gobierno” prevista en la trastienda de los partidos, a veces desconocida incluso por los directores de campaña, ocupados en ofrecer a los votantes lo que estos “desean” y no lo que en realidad van a recibir después.
LAS MENTIRAS POLÍTICAS: “PROMETER HASTA METER…”
La mentira electoral es un juego vergonzoso de reiterada traición a los votantes, perfectamente “asumible” porque, según establecen las reglas de la democracia, al final de cada legislatura todo el mundo tiene opción a que le siga engañando el mismo partido o que, si lo prefiere, vuelva a engañarle otro que hasta ese momento electoral estaba en la oposición… Claro está, pues, que el engaño político prevalecerá mientras los electores hallen placer en ser engañados.
Y esa es una situación difícilmente reversible en razón de la “dinámica rotacional” del electorado. Cierta es la dificultad de engañar continuamente a las mismas personas y de la misma forma; pero la realidad es que el censo electoral está sujeto a continuas “entradas y salidas” de ciudadanos que van alcanzando la condición de votantes o por los propios fallecidos, al margen de los muchos que, desengañados, van renunciando a su derecho de sufragio, con lo que los “huecos” en el núcleo participativo son ocupados de forma automática por las nuevas generaciones ingenuamente ilusionadas con transformar el mundo a través de esa misma política. Así, la práctica electoral engañosa puede prevalecer perfectamente “inmutable” frente a una ciudadanía “mutable”, es decir engañando siempre aunque no siempre a las mismas personas.
Un ejercicio mentiroso que, además de ser propio de políticos de escasa capacidad, como la mayoría de los actuales, también es el refugio de los más mezquinos y de los más tontos, quienes, si uno se detiene en tal observación, no dejan de ser los que más mienten. Y en el que, según clamaban los socráticos, el peor engaño es el de los que, careciendo de méritos para ello, se hacen pasar sin pudor alguno ante sus conciudadanos por hombres capaces de gobernar el país.
El último capítulo de esta reconocida historia es el protagonizado por Mariano Rajoy, plenamente identificado con el chascarrillo popular del “prometer hasta meter y, una vez metido, nada de lo prometido”, que a pesar de su intención sexual no en vano se identificó con la habilidad política y electoral de Francisco Romero Robledo, un ministro prácticamente “vitalicio” que además de ocupar la cartera de Gobernación durante todo el reinado de Alfonso XII (1874-1885), también se sentó en el Consejo de Ministros, antes y después, sin solución de continuidad, con el rey Amadeo I y durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.
Prometer hasta meter… porque el político no pretende otra cosa, al menos en el marco de la escasa cultura democrática española. Para comprobarlo, sólo hay que observar nuestra realidad, rebosante de promesas, pasadas o presentes, perfectamente equivalentes a mentiras futuras. Y también de obsequiosas “golosinas” (la antigua “compra” del voto en práctica excelsa del ministro Romero Robledo) convertidas, según la tipología de la clientela del momento, en promover ayudas y subvenciones, movidas, botellones, mamandurrias clientelares, peonadas, expedientes ilegales de regulación de empleo, transferencias competenciales, viajes del Imserso, suspensión de la “mili”, barra libre para saquear las cajas de ahorro..., es decir dándole a cada uno la suya.
El “viejo profesor” (Enrique Tierno Galván) entendió bien el fenómeno. En términos académicos afirmó: “La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas”. Y en la práctica, haciendo rugir a sus jóvenes votantes durante la celebración de un festival de música en el Palacio de los Deportes de Madrid en 1984, más temerario que corto o perezoso, propuso: “¡Rockeros: el que no esté colocado, que se coloque... y al loro!”.
Rajoy también estuvo, como todos, al loro del oportunismo político, aguantando a trancas y barrancas dos grandes derrotas electorales y desplegando sus propias mentiras del “prometer hasta meter…”, oportunamente acompañadas por el descalabro “zapateril” vivido durante las dos legislaturas precedentes, hasta llegar a donde ha llegado. A dirigir el Gobierno de la Nación durante un año sin lograr el menor alivio de la crisis (más bien consolidándola), abrasado por el incumplimiento de sus promesas electorales y por una política de tijeretazos y recortes sociales salvajes (sin reducir el déficit público ni reactivar la economía productiva), dando continuos palos de ciego, promoviendo reformas de fondo timoratas y nuevas promesas “para no cumplir”, e incluso hasta llevando no pocas cuestiones de vital importancia por la misma senda ya transitada por Rodríguez Zapatero de forma desastrosa.
Aunque lo más dramático del momento no sea la timorata torpeza de Rajoy al frente del Gobierno, ni tampoco su reflejo en las autonomías y en los ayuntamientos también gobernados por el PP, sino el hecho de que la oposición socialista (la teórica “alternativa”), políticamente arruinada tras la frívola orgía del “zapaterismo”, prepare ahora un nuevo catálogo de promesas engañosas al alza para intentar su reposición en el poder, por supuesto de forma demagógica antes que asentada en la razón: la defensa a ultranza del Reino de Jauja (el “gratis total”), la utopía de la “alianza de las civilizaciones”, el clientelismo partidista… y, sobre todo, la barbaridad del Estado Federal.
Alentando con ello de nuevo, como es lógico, la mentira creciente del “y yo más” (o los dos huevos duros de postre) que, sea cual sea el menú, siempre demandan los neo-caciques nacionalistas en su gran engaño de la España “asimétrica” (y no digamos el del independentismo). Es decir, el consolidado “más de lo mismo”, enmarcado en el permanente “prometer hasta meter…”.
“CASO PALAU”: EL COLMO DE LA MANIPULACIÓN POLÍTICA
En el marco de esta reflexión crítica sobre la dinámica de engaños, falsas promesas y vergonzosas manipulaciones políticas de la realidad objetiva, es decir sobre la degradada vida pública española, con su correspondiente espejo de representaciones institucionales socialmente desprestigiadas, el “caso Palau”, sobre cuyo trasfondo político se acaba de levantar la veda, es sin duda paradigmático.
Se trata de una reactivación sobrevenida o de una “eclosión” inducida porque, en realidad, su escandaloso contenido era de sobra conocido por la opinión pública desde hace más de diez años, aunque por voluntad política permaneciera hibernado o en fase disolutiva (hasta el punto de que muchos de sus flecos delictivos han podido prescribir). Y no en razón de la justicia, sino sólo por el interés común de quienes se alternan en las poltronas del poder (PP y PSOE), manejan sus resortes y controlan los medios coercitivos del Estado, ahora amenazado por los planteamientos secesionista de la izquierda abertzale en el País Vasco y, más preocupante si cabe, por el “pancatalanismo” que lidera Artur Mas.
El “caso Palau” (también conocido como “caso Millet” y como el “saqueo del Palau de la Música”) y sus conexiones con la corrupción política, saltaron a la palestra informativa con el desfalco confeso realizado por Fèlix Millet i Tusell, presidente de la “Fundació Palau de la Música-Orfeó Català” (que él mismo creó en el año 1990), de forma continuada durante toda la primera década el siglo XXI. El suceso originó una gran consternación en la sociedad civil catalana por la importancia simbólica de la institución implicada y porque sus ramificaciones afectaban a partidos políticos que, bien de forma directa o indirectamente, fueron financiados por Millet con fondos detraídos de la misma y cuyo origen siempre estuvo bajo sospecha.
Ya en el año 2002, una nota anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña advertía que parte del dinero de la Fundación presidida por Millet se desviaba para fines privados. También el Síndic de Comptes de la Generalitat de Catalunya detectó anomalías en la gestión del año 2002, informando a la Administración responsable.
Esta denuncia anónima de 2002, archivada y con registro oficial de entrada, no generó en aquel momento investigación alguna por parte de ningún organismo competente, alegándose que no aportaba datos concretos. Ni siquiera abriendo un simple expediente de investigación para evitar la prescripción de los presuntos delitos denunciados (como sucedió).
No obstante, el 23 de julio de 2009 se realizó un registro policial en la sede de la “Fundació Palau de la Música-Orfeó Català”, entidad que gestionaba los recursos del Palacio y de su propietaria, el Orfeón Catalán, en base a la sospecha sobrevenida y “fundada” (dicho de otra forma, porque entonces ya así lo quiso la autoridad competente), de que existieran irregularidades económicas en su gestión. Ese fue el momento en el que se evidenció que sus responsables durante más de 30 años, Fèlix Millet y Jordi Montull, junto a otros colaboradores, resultaron ser los autores del mayor expolio jamás conocido en una entidad cultural de la Unión Europea.
De hecho, dicha Fundación fue creada para actuar libremente sin que los responsables del Orfeó o del Palau pudieran intervenir, dándose la paradoja de que, mientras aquella obtenía grandes sumas de dinero, los fondos no llegaban a estos otros destinatarios primordiales. Sin recursos económicos, el Orfeó tenía que suspender algunas de las giras programadas, mientras el Palau ofrecía una programación de calidad pero a unos precios mayores que en otros auditorios, porque los ingresos obtenidos por otras vías (como el patrocinio) no eran suficientes (luego se descubriría que sí lo eran, aunque en vez de llegar a su destino se quedaran en el bolsillo de los “gestores”).
Tras la investigación realizada por la Fiscalía de Barcelona a finales del mismo mes de julio de 2009, Millet intentó aclarar sin éxito un presunto desvío de dos millones de euros realizado durante 2003 y 2004 por el Patronato de la Fundación que presidía, siendo destituido de su cargo y también de la presidencia del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme). El ministerio público presentó entonces una querella contra Félix Millet y otro tres responsables y directivos del Palau de la Música Catalana por apropiación indebida y falsedad documental.
Dada la evidencia delictiva, y siguiendo el consejo de sus abogados, Félix Millet reconoció el desvío de fondos a sus cuentas y patrimonio personal, confesando la comisión de un desfalco por importe de 3,3 millones de euros que destinó, entre otros usos, a reformar edificaciones de su propiedad y pagar viajes turísticos a destinos de lujo como Maldivas y Dubai. También sostuvo, de forma indocumentada y controvertida, que había pagado comisiones y realizado pagos en dinero “negro” a artistas que actuaban en el Palau, sin que constaran en la contabilidad oficial.
A finales de 2009, seis meses después del registro policial instado por la Fiscalía de Barcelona, que permitió consumar la imputación de Millet, y de que el abogado y gestor cultural Joan Llinares se hiciese cargo de la dirección de la institución, las auditorias practicadas bajo su coordinación acreditaban un desfalco de más de 34 millones de euros, de los que en esa misma fecha se habían podido recuperar poco más de seis.
Millet ha sido un personaje omnipresente en la vida pública de Cataluña durante los últimos treinta años, con un considerable poder económico y político reforzado por la información “sensible” que supuestamente posee, sobre todo en lo que se refiere a la financiación de partidos políticos catalanistas realizada con fondos desviados del propio Palau. En agosto de 2010 se dio a conocer, por ejemplo, que Ferrovial pagó comisiones del 4 por 100 sobre obras realizadas con destino final en Convergència Democràtica de Cataluya (CDC), entonces aupada en el Gobierno de la Generalitat y contando con Jordi Pujol como Presidente y con Artur Mas como Secretario General (hoy esos mismos cargos están ocupados respectivamente por Artur Mas y por el hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol i Ferrusola).
LA MANO OCULTA QUE MECE LA CUNA
La realidad es que la “desidia judicial”, por sí misma o alentada por el poder político connivente a conveniencia, ha contribuido de forma decisiva a que los autores del desfalco del Palau hayan eludido la cárcel, a que algunos de sus presuntos delitos hayan prescrito y, probablemente, a que también eludan buena parte de la responsabilidad civil del caso, ya que durante años han gozado de libertad para poder transferir sus fortunas a cuentas ocultas o cambiar la titularidad de sus propiedades.
Con todo ello, sorprende sobremanera, no el fondo de las últimas denuncias mediáticas, cuyo trasfondo de corrupción política está más que asumido y descontado políticamente, sino la artificiosa forma y el momento puntual de su reactivación. Sobre todo atendiendo al principio aristotélico (cristianizado por San Agustín de Numidia) de que “no hay efecto sin causa”.
Algunos medios de comunicación social, que con mayor o menor sutileza apoyan al Gobierno del PP, sostienen, sin el debido contraste periodístico, que la reactivación del caso y la filtración a la prensa que lo anima (de momento poco probatorio y en realidad “inexistente” porque en la práctica policial y judicial el “borrador” no deja de ser pura entelequia), están motivadas por la “inacción” del tribunal competente, sin plantearse, ni por asomo, que para informar del caso existen vías institucionales más apropiadas. Y llamando además la atención sobre el hecho de que una Fundación relacionada con el juez que entiende del caso, Joan María Pijuan, había recibido subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
Una tendenciosidad que ha sido rápidamente atajada por el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, aclarando que la fundación a la que pertenece Pijuan es una ONG sin ánimo de lucro, dedicada a “una finalidad de interés general” como la reinserción social de presos, por lo que recibe ayudas públicas “como muchas otras entidades cívicas, culturales o deportivas”, recalcando que Pijuan es miembro de honor de la fundación y “no obtiene ningún beneficio económico de la misma”. Además, recordó que se trata de “un magistrado de reconocido prestigio y dilatada trayectoria”, que a lo largo de su carrera profesional “ha investigado numerosas causas, entre ellas algunas relacionadas con personalidades vinculadas a diversas fuerzas políticas, en las que ha aplicado rectamente la ley, sin ningún tipo de excepciones o favoritismos”, insistiendo en que “no existe ningún vínculo que pueda afectar a su independencia e imparcialidad y cualquier indicación en sentido contrario carece de base objetiva”.
Los mismos medios informativos han arremetido también contra el fiscal afecto al caso, que parece no haber visto con buenos ojos la filtración de marras, altamente “sospechosa” tanto por la forma en que se produce como por su coyuntural trascendencia electoral. Capitalizando, además, de forma interesada la supuesta indicación de la Fiscalía General del Estado para que su representante en el caso fuera más comedido en sus manifestaciones públicas a tenor, precisamente, de su posible efecto en la liza política.
Lo cierto es que ningún policía a título personal, ninguna unidad policial encubierta o no, ni ningún sindicato policial, tienen como misión “azuzar” al poder judicial en su ejercicio jurisdiccional, y menos todavía actuar como “justicieros”, de forma independiente o asociada a otros “justicieros” mediáticos. Esa no deja de ser una desviación impropia dentro del Estado de Derecho, en el que se distinguen claramente las funciones y los poderes institucionales, debiéndose haber recriminado inmediatamente tal proceder por los ministerios de Justicia e Interior y por el propio Consejo General del Poder Judicial, sin que ello impidiera otras actuaciones de los organismos competentes sobre cualquier eventual mala praxis o irregularidad judicial.
Pero otros medios de comunicación, quizás más independientes, no han dejado de situar el origen de esta oscura filtración, ciertamente oportunista, en el entorno de “monclovita”, y con más precisión en la Vicepresidencia del Gobierno. Una posibilidad ciertamente irresponsable que, aun en el caso de que las acusaciones concretas contra Artur Mas, firme candidato a presidir la Generalitat de Catalunya, fueran ciertas (cosa que aun está por ver), sería altamente reprobable por su instrumentación política, dado que ese mismo supuesto “borrador” se podría haber vehiculado por cauces mucho más éticos, legítimos y eficaces legalmente. Aunque tal vez esa razonable vía habría dejado en rápida evidencia su eventual naturaleza artificiosa, de mero “borrador de corta y pega” que no aporta nada nuevo salvo apoyo interesado en el detrimento electoral de un partido y en favor de otros (sin nada que ver con el interés general).
En plena vorágine del caso, “El Confidencial Digital” (20/11/2012) publicó esta reveladora noticia:
¿De dónde ha salido la filtración al diario El Mundo sobre las cuentas en Suiza de Artur Mas y de Jordi Pujol? ¿Quién facilitó el documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta? Dentro de la Policía apuntan en una dirección: ha salido de La Moncloa.
Según explican a El Confidencial Digital fuentes policiales, en el cuerpo están convencidos de que la filtración del borrador sólo puede provenir directamente del Gobierno, que ha querido “parar los píes” a la deriva separatista de Artur Mas con esta información.
En la Policía creen que Moncloa ha buscado lanzar este mensaje contundente a CiU: “Hasta aquí habéis llegado”.
Una especie de “aviso a navegantes” diseñado desde la presidencia del Gobierno para frenar en seco a los nacionalistas catalanes, explican las fuentes policiales.
Al menos dos copias
Moncloa disponía desde hace semanas del informe de la UDEF sobre las cuentas en Suiza de la familia Pujol y de Artur Mas, dentro de la investigación del ‘caso Palau’. Las fuentes consultadas por ECD explican que el ministerio del Interior eleva a Presidencia todos los documentos, ya sean confidenciales o reservados, que considere delicados. Y esta investigación lo es.
Había otras dos copias, al menos. Una está en posesión de Jorge Fernández Díaz, remitida desde la dirección general de la Policía. Sin embargo, altos cargos del ministerio del Interior han comentado a mandos policiales que de allí no ha salido ninguna filtración. “Nosotros no hemos sido”, ha asegurado una persona del entorno de Fernández Díaz.
Otra copia se encuentra en manos del juez instructor. En la Policía descartan radicalmente que la filtración provenga del juzgado. De hecho, ayer mismo, Josep María Pijuan, el magistrado del caso, citó al comisario jefe de la UDEF para que le diera “cuenta sobre las informaciones publicadas estos días”.
LA TRAPACERA ACTITUD DEL GOBIERNO
El hecho de que nadie haya desmentido de forma expresa lo publicado por “El Confidencial Digital”, y la falta de una reacción consecuente desde el Ministerio de Justicia o los balbuceantes pronunciamientos del ministro del Interior sobre el caso, no dejan de avalar la “tesis conspirativa”. De hecho, el mismo medio informativo publicaba de forma inmediata (21/11/2012) un artículo no menos interesante dedicado los “espías de Soraya”, como se les conoce en los medios de la Seguridad Nacional: una unidad policial conocida como BOA (Brigada Operativa de Apoyo) adscrita al CNI funcionalmente y orgánicamente dependiente del Ministerio del Interior (su sueldo corre a cargo de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía), pero vinculada de forma directa a la Vicepresidencia del Gobierno.
Esta Brigada Operativa de Apoyo del CNI cuenta ya con casi 100 efectivos y ahora se verá potenciada con 30 policías más por el impulso que le ha dado la vicepresidenta del Gobierno, que además filtrará su selección. Se da la circunstancia de que, siendo Pérez Rubalcaba vicepresidente y portavoz del Gobierno al final de la “etapa Zapatero”, y con el propio Félix Sanz al frente del CNI, se planteó la eliminación de la BOA, que, al parecer, no deja de ser una unidad redundante, y con toda probabilidad dispersante, dentro del sistema de Seguridad Nacional.
No es el momento de analizar el funcionamiento de la BOA, pero sí de tener presente la sutil continuidad con la que “El Confidencial Digital” hila el origen “monclovita” de la reactivación del “caso Palau”, en medio de las elecciones catalanas y especialmente orientada contra Artur Mas. Si este supuesto fuera cierto, la torpeza de la inexperta vicepresidenta Sáenz de Santamaría no dejaría de ser clamorosa, al igual que, de cualquier forma, también lo es la forma en la que el Gobierno afronta (o no afronta) la clara amenaza rupturista de los nacionalismos vasco y catalán.
Para empezar, con la victoria de Convergència Democràtica de Catalunya (CiU) en las elecciones catalanas cantada por los sondeos previos, el fuego graneado contra Artur Mas por la vía elegida de “guerra electoral sucia”, tenga origen donde lo tenga, ha sido un error político de carácter monumental, porque sólo podía concluir de dos formas: alimentando el “victimismo” (con balance electoral casi siempre favorable a la “víctima”) o, de otra forma, evitando la mayoría absoluta de CiU, que así se vería convertida en una mayoría absoluta “catalanista” con otro socio dentro del eventual gobierno secesionista aun más radical y problemático (Esquerra Republicana de Catalunya).
En segundo término, los alegres promotores de este retorcido “convoluto” político-mediático también tendrían que haber valorado otras consecuencias sin duda graves, como la presumible actitud “irreconciliable” de quienes se sientan perjudicados por el malicioso procedimiento seguido (el fomento del odio ad aeternum), y sobre todo el último efecto “boomerang” que tendrá la más que probable exoneración judicial de Artur Mas…
Hemos dicho en esta misma Newsletter que no hay efecto sin causa. Pero es que, además, el efecto siempre es, a su vez, causa de otro efecto, en una suerte de acción/reacción de mala digestión política. En el caso que nos ocupa parece claro que la inoportuna bromita del “caso Palau”, que siempre se habría podido reimpulsar al margen de la contienda electoral, va a ser desastrosa precisamente en la controversia del secesionismo que ha querido combatir, de forma torpe y engañosa, ignorando una vez más la realidad objetiva.
PÍO BAROJA, CLARIVIDENTE Y LAPIDARIO
Relacionada con el contenido de esta Newsletter, no queremos dejar de recoger la conocida anécdota-comentario que nos ha hecho llegar un lector habitual de esta web y que últimamente circula de forma profusa por la Red.
En la tarde-noche del 13 de mayo de 1904, cuando en la tertulia habitual que Valle-Inclán presidía en el madrileño “Nuevo Café de Levante”, a la que asistían los intelectuales más prominentes de la denominada “Generación del 98”, se discutía sobre los españoles y sus distintas clases, Pío Baroja sorprendió a los presentes con una definición al respecto que sin duda ha prevalecido en el tiempo:
La verdad es que en España hay siete clases de españoles... Sí, como los siete pecados capitales:
los que no saben;
los que no quieren saber;
los que odian el saber;
los que sufren por no saber;
los que aparentan que saben;
los que triunfan sin saber, y
los que viven gracias a que los demás no saben.
Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”.
Escrito queda por oportuno y conforme al compromiso que mantenemos con nuestros lectores habituales.
