Un juez y cuatro abogados españoles, así como otros dos letrados franceses y uno belga, han sido expulsados de Marruecos, a donde habían ido para entrevistarse con los 21 presos políticos saharauis del denominado grupo de Gdeim Izik", trece de los cuales han estado 37 días en huelga de hambre para que se anule el juicio militar por el que fueron condenados por un tribunal militar a penas de 20 años de cárcel a cadena perpetua.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha pedido explicaciones a la embajada marroquí en España, lo que el departamento del que es titular José Manuel Garcia-Margallo no ha hecho en anteriores ocasiones en la larga lista de españoles, ya sean cooperantes, abogados o periodistas, que el gobierno de Rabat ha expulsado de Marruecos o del Sáhara Occidental.
Los juristas expulsados en esta ocasión son el magistrado asturiano Jesús María Martín Morillo, los abogados andaluces Francisco Serrano y Juan Carlos Gómez Justo, la aragonesa Altamira Guelbenzu y la canaria María Nieves Cubas Armas, así como el abogado belga Eric David, la francesa Ingrid Metton y la asistente de la misma nacionalidad Joelle Toutain, según la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE).
Jesús María Martín Morillo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha declarado que la expulsión ha sido ilegal ya que la Constitución marroquí prohíbe la detención sin orden judicial y en su caso no la hubo ya que fue una decisión adminstrativa.
La razón dada por el Gobierno Civil de Rabat para las expulsiones ah sido que el objetivo de los juristas era “sembrar la discordia y atentar contra el orden público".
Según la Delegación Saharaui para España, la comisión de juristas viajó a Rabat el 6 de abril en calidad de observadores de Derechos Humanos para verificar el deteriorado estado de salud de los 13 presos políticos saharauis que han estado en huelga de hambre.
Pese a que indicaron en el control de entrada del aeropuerto de Rabat los motivos de su viaje, “la policía marroquí irrumpió en el hotel donde se alojaban y tras retirarles toda su documentación les llevó detenidos a una comisaría, donde fueron sometidos a cuatro horas de intensos interrogatorios en salas aisladas e incomunicados”, afirma la representación saharaui.
Durante su detención, los juristas no fueron puestos en contacto con el personal diplomático de sus respectivos países, pese a sus reiteradas peticiones y tampoco dieron asistencia médica para uno de los abogados españoles que había sufrido daño en un pie producto de los forcejos al subir al furgón policial.
Fuentes diplomáticas españolas, sin embargo, han asegurado que la Embajada en Rabat ha estado pendiente de los detenidos, que pidió explicaciones oficiales, y que el Cónsul General de Rabat ha prestado asistencia los españoles afectados por la “decisión administrativa” de expulsión de las autoridades marroquíes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha pedido explicaciones a la Embajada de Marruecos en Madrid y ha transmitido la preocupación de España por las garantías de los afectados, según las mismas fuentes.
Entre los últimos casos de expulsiones de españoles en los que Exteriores no dijo nada cabe citar el del periodista de la Cadena SER Nicolás Castellanos, obligado el 5 de noviembre de 2015 nada más bajar del avión que acababa de aterrizar en El Aaiún a volver a Las Palmas de Gran Canaria, y el del abogado aragonés Luis Mangrané, que el 7 de septiembre de ese mismo año tuvo que abandonar el avión que estaba a punto de despegar de Casablanca con destino a El Aaiún.
La explicación marroquí la ha dado el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, quien ha dicho que Marruecos ejerció su soberanía con la expulsión en el marco de la ley que rige la entrada de extranjeros en Marruecos, para evitar perturbaciones y atentados contra el orden público. Jalfi ha asegurado que no permitirán que nadie se aproveche del clima de “apertura y libertades” que vive su país para atentar contra su soberanía.
La expulsión de los juristas ha sido condenada por Jueces para la Democracia (JpD), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el Sindicato de Letrados Administración de Justicia (Sisej).
Desde la Delegación Saharaui en España se ha condenado “la actitud desafiante del reino de Marruecos, que sistemáticamente viola los Derechos Humanos del Pueblo Saharaui” y pone impedimentos “a toda acción tendente a velar por el respeto de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental”.
