En el debate político electoral se vienen observando continuas alusiones a la ‘extrema izquierda’, casi siempre con visos acusatorios o estigmatizadores. Sobre todo desde el PP y los medios informativos que le son afines. Aunque al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tampoco se corte un pelo al utilizar el término ‘comunistas’ de forma peyorativa.
Y el caso es que, mientras a los populares y socialistas se les supone cierta respetabilidad -no se sabe bien por qué- y son perfectamente identificables, a la extrema izquierda, aún desdibujada, se la considera casi un azote de la humanidad. Y así, cuando se pretende anatemizar a alguien con etiquetas extremistas de este tipo, caben serias dudas sobre si se hace de forma razonable o no. Sobre todo después del decisivo papel jugado por Santiago Carrillo y el PCE en la Transición, con la propia Dolores Ibarruri ejerciendo de diputada por Asturias en las Cortes Constituyentes de 1977 (llegó a presidir la Mesa de Edad del Congreso en la apertura de aquella legislatura).
Ante tanta insistencia en ese torpe intento de descrédito político, realmente fuera de lugar, sólo cabe preguntarse cuál es o dónde se afinca hoy en día la ‘extrema izquierda’ española. Porque, quienes la señalan de forma tan despectiva, ¿se refieren acaso a Unidos Podemos…? ¿O miran de reojo a los separatistas vascos y catalanes e incluso a algunos socialistas afanados en proclamar el Estado Federal…? ¿Y alguien puede señalar con un mínimo de rigor intelectual y sin menospreciar la libertad ideológica consagrada en la Carta Magna, en qué partido anida esa deriva extrema de la izquierda al parecer tan terrible y devastadora…?
¿Acaso son de ‘extrema izquierda’ o de izquierda revolucionaria los ediles que hoy regentan ayuntamientos capitalinos tan importantes como los de Madrid, Barcelona o Valencia…? ¿Y qué tiene que ver eso con el Frente Popular, las checas o la quema de iglesias y conventos de otras épocas pasadas ya enterradas…?
Claro está que mucho más grave es no saber dónde anida la ‘extrema derecha’ del país, ni que nadie la denuncie con la misma aplicación. ¿O es que acaso no existe…?
Otro invento político curioso, puesto también de moda por el PP durante la época ‘tancredil’ de Mariano Rajoy, es distinguir -de forma igualmente tendenciosa- entre los partidos ‘constitucionalistas’ y los que al parecer no lo son. Y el caso tiene su miga, porque presenta tintes -ahí es nada- de prevaricación institucional.
Aquellos partidos que sintiéndose tocados por el aura divina de la democracia -la ‘suya’ y no la de todos- se definen como ‘constitucionalistas’, están afirmando de forma implícita la existencia en paralelo de otros que no lo son. Y dando a entender que el Estado ampara desde su Administración Central a formaciones políticas inconstitucionales o que han falseado los estatutos fundacionales que dieron lugar a su registro en el Ministerio del Interior.
¿Y es lícito, o simplemente ético, sostener o insinuar que partidos con su representación parlamentaria obtenida en las urnas son ‘inconstitucionales’, sólo porque aspiren a modificar ciertos contenidos de la Carta Magna o se muestren en desacuerdo con alguno de sus desarrollos legales…? ¿Es que acaso las fuerzas políticas ‘constitucionalistas’ que ya la han modificado en dos ocasiones son las únicas con derecho de pernada para hacerlo…?
Lo curioso del caso es que en nuestro marco de convivencia democrática, estas muestras o reverdecimientos del ‘constitucionalismo de ocasión’ son protagonizadas precisamente por quienes más suelen pasar del respeto cotidiano a los valores y principios que sustentan nuestra norma de mayor valor jurídico, e incluso de su literalidad textual. Ahí están para atestiguarlo unos cuantos miles de causas judiciales con significados nombre políticos implicados, afiliados precisamente a los partidos ‘constitucionalistas’.
Pues bien, al socaire de esta práctica tan poco edificante, conviene recordar a quienes tanto se complacen en ella que el texto constitucional ampara y obliga a todos los ciudadanos por igual, otorgando los mismos derechos fundamentales y libertades públicas para todos, sea cual sea la ideología de cada uno.
Ese es el principio general. Pero el compromiso democrático de las instituciones públicas se concreta en especificaciones muy precisas e inequívocas. Así, en el capítulo segundo de la Constitución se consagran, entre otras libertades, la ideológica y la de expresión, y también el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, por supuesto sin excluir a los ‘comunistas’, y vinculando en su tutela a todos los poderes públicos sin la más mínima exclusión.
Y habiendo sido los constituyentes tan claros y precisos al establecer esas garantías universales ¿en base a qué enfermiza razón algunos políticos siguen discriminando y tratando de desacreditar a sus oponentes apelando a su forma de pensar y posición izquierdista, tachándoles de ‘comunistas’ o criticando su pertenencia a una ‘extrema izquierda’ que en realidad no existe...? ¿Y hasta cuándo van a seguir amenazando electoralmente con su manida campaña del miedo…?
Frente al grito facilón del ‘¡que vienen los rojos!’, lo que parece aproximarse en las inminentes comicios del 26-J es una avalancha de respetables votos democráticos con los que identificar las demandas y aspiraciones políticas de cada elector.
Predicar el constitucionalismo y la democracia de ocasión es una cosa, pero dar ejemplo sobre lo predicado es harina de otro costal. El 26-J mediremos con bastante precisión qué costal acarrean unos y otros en las urnas.
Fernando J. Muniesa
