KIEV (Sputnik) — La Policía Nacional de Ucrania anunció la apertura de una investigación penal tras el incidente del 10 de septiembre en el puesto fronterizo de Shehyni, donde los partidarios del exgobernador de la provincia ucraniana de Odesa y expresidente georgiano, Mijaíl Saakashvili, consiguieron que cruzara de Polonia a Ucrania sin pasaporte.
Un comunicado en el sitio web del ente señala que la policía de la región de Leópolis incluyó el respectivo expediente en el Registro Único de Indagaciones Prejudiciales y que el artículo 332 del Código Penal de Ucrania castiga la "introducción ilegal de personas a través de la frontera nacional" con penas de hasta cinco años de cárcel y confiscación de vehículos u otros medios utilizados durante la comisión del delito.
Saakashvili, despojado de nacionalidad ucraniana a finales de julio pasado, se vio obligado el 10 de septiembre a bajarse de un tren en el que viajaba de Przemysl a Kiev y cruzó la línea fronteriza entre Medyka y Shehyni con la ayuda de sus seguidores que le abrieron paso y le introdujeron en el territorio de Ucrania aprovechando el alboroto por una supuesta amenaza de bomba en el puesto de control ucraniano.
El político se encuentra ahora en la ciudad de Leópolis, ilegalmente según el Servicio de Fronteras ucraniano porque no había pasado por el control de pasaporte en el puesto de Shehyni.
El ministro del Interior ucraniano, Arsén Avákov, apuntó en su página de Facebook que "Saakashvili y las demás personas que cruzaron la frontera ilegalmente deben escoger una de las dos opciones: dirigirse al puesto de Shehyni para cumplir los trámites y/o presentarse en una oficina de Migración".
Quien compareció el 11 de septiembre ante el Servicio de Migración fue el abogado de Saakashvili, Markiyán Galabala, para dejar constancia de que su cliente necesita protección conforme a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria.
"Mijaíl Saakashvili puede ser objeto de persecución en Georgia que había pedido su extradición, según la información proporcionada por el viceministro de Justicia, Serguéi Petujov", dijo el defensor en una entrevista con la televisión ucraniana.
Galabala expresó el "temor de que Saakashvili sea sometido a torturas en Georgia o privado del derecho a un juicio justo" y afirmó que goza de protección complementaria como persona apátrida que reside con carácter permanente en Ucrania.
Saakashvili ocupó la presidencia de Georgia de 2004 a 2013, pero en diciembre de 2015 fue despojado de la nacionalidad georgiana tras adquirir la de Ucrania, donde trabajó primero como asesor de Poroshenko y más tarde fue nombrado gobernador de Odesa.
En noviembre de 2016, Saakashvili renunció a ese cargo, afirmando que las autoridades ucranianas se resisten a combatir la corrupción, y acusó a Poroshenko de connivencia con los clanes criminales de Odesa.
En julio pasado, fue privado de la nacionalidad ucraniana, según la explicación oficial, por haber proporcionado información falsa a la hora de solicitarla.
En Georgia Saakashvili fue acusado de malversación de fondos y de reprimir con armas una manifestación pacífica, por lo que fueron libradas una orden de arresto y dos solicitudes de extradición remitidas a las autoridades ucranianas, ambas denegadas por Kiev.
Ucrania: fuera de la ley
Ahora que vuelve a hablarse del despliegue de cascos azules de la ONU en Donbass, en esta ocasión de forma seria y con intenciones de llevar una propuesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aparece, en boca de una representante de Kiev la idea de que el uso del ejército en la zona de conflicto ni siquiera se hizo de forma legal.
“Otra vez se vuelve a confirmar la naturaleza criminal del uso del ejército para asesinar a ciudadanos ucranianos que no aceptaron el golpe de Estado en Kiev”, afirmó el analista Boris Rozhin, Colonel Cassad, al conocer las declaraciones de la vicepresidenta del Parlamento de Ucrania.
Según la legislación debía haber autorizado el despliegue de tropas, un tecnicismo que tampoco se cumplió a la hora de destituir al presidente democráticamente elegido, Viktor Yanukovich, que fue depuesto en una “moción de censura” que no contaba con el suficiente número de votos.
“No es que fuera ningún secreto”, prosigue Rozhin. “El aspecto criminal e ilegal del uso del Ejército Ucraniano contra la población de Donbass se conoce desde la primavera de 2014. Es curioso que el Parlamento se haya acordado de ello en otoño de 2017, tras más de tres años de masacres y del golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil”.
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La vicepresidenta del Parlamento de Ucrania, Oxana Syroid, afirmó que la participación del Ejército Ucraniano en el conflicto armado en Donbass es contraria a la Constitución. Así lo afirmó el jueves, 7 de septiembre, declaración que está disponible en YouTube.
“El uso de las Fuerzas Armadas en el este de Ucrania está haciéndose de forma inconstitucional”, afirmó Syroid. La vicepresidenta del Parlamento añadió también que, según la legislación vigente, el uso del ejército en Donbass debía haber sido autorizado por el Parlamento, algo que jamás ocurrió.
En junio, el diputado Dmitry Tymchuk afirmó que se había propuesto la sustitución de la llamada “operación antiterrorista” en Donbass por una “operación militar”.
“La autoridad principal sobre el comando operativo estará a cargo del presidente como comandante en jefe y el jefe del Estado Mayor de la Defensa se encargará de los aspectos de defensa”, explicó Tymchuk.
El representante plenipotenciario de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, afirmó que nada de eso está previsto en los acuerdos de Minsk”. El conflicto armado en Donbass comenzó en la primavera de 2014, tras el intento de las autoridades de Kiev de acabar por la fuerza con las protestas que habían comenzado en las regiones de Donetsk y Lugansk.
Hace un año, en una entrevista concedida a un medio ucraniano, el ahora presidente del Parlamento, Andriy Parubiy, en 2014 presidente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, ya se había referido al intento de dotar de legalidad a la intervención del Ejército en Donbass en un momento en que la legitimidad del Gobierno estaba en entredicho y la guerra no debía impedir la celebración de elecciones presidenciales, que la ley marcial habría hecho imposible. La evidente disposición del Gobierno, entonces liderado por Yatseniuk como primer ministro y Turchinov como presidente en funciones, a utilizar el ejército hizo necesaria la búsqueda de una forma para aparentar cierta legalidad en el uso de la fuerza. Sin posibilidad de declarar la ley marcial, se decretó una “operación antiterrorista”, que permitía el uso del ejército para acabar con las protestas de Donbass. La introducción del ejército, jóvenes reclutas sin intención de disparar contra civiles dispuestos a detener los blindados utilizando su propio cuerpo, dio lugar a la guerra. Ya armadas, las milicias y el Ejército Ucraniano se enfrentaron en las primeras batallas en la primavera de 2014. Desde entonces han muerto más de 10.000 personas. Ahora, el Parlamento de Ucrania se acuerda de que ni siquiera se hizo de forma legal, aunque ni la vicepresidenta ni el Gobierno se plantean aún que la decisión fuera un crimen contra una amplia parte de la población del país.
