Juan Cruz
El viento sopla como de Trump, pero nos alcanzó hace rato. El lunes ya había muerto una persona a la que le dio un infarto mientras votaba en Lleida. No murió, hoy por fortuna seguía vivo. Había cerca de 800 heridos, caídos en el combate del domingo. No era así exactamente.
La policía fue brutal, lo vio el mundo entero, pero esas no eran heridas de guerra ni requirieron las vendas que llevan consigo las heridas graves. El número ya impacta: 800. Con que hubiera habido ocho ya sería grave. Pero para que algo duela de verdad en el oído hay que mantenerlo numeroso, y dejarlo ahí: no se especifica si fue una herida en una ceja o en el omoplato, tiene que ser mucho y para siempre. En la turbamulta el número es lo que se oye: da igual que haya entrado y salido del hospital. La verdad repetida es que hay ochocientos, y parece que hay ochocientos en ochocientas camas.
La verdad como exageración, interesante manera de reflejar la realidad, aumentándola, prolongando sus efectos de multitud herida. Pero hay más. El cantante al que llamaron fascista se lo merecía “porque tiene intereses en Castilla, y un icono nuestro no puede permitirse tener intereses en Castilla ni decir que el referéndum no tiene garantías”. Esta exageración suena a eco agrandado: ahora en Cataluña “tenemos dos enemigos, el ISIS y el Estado Español”. Las redes ayudan, y con frecuencia te ofrecen perlas como esa que alude a un juez que trabajó contra Gürtel y murió “en extrañas circunstancias, a ver qué le pasó de verdad”. Murió de un cáncer, un año de padecimiento. Y no hizo nada con Gürtel.
No están todas las mentiras en Twitter, o en las restantes redes sociales; algunas se quedan en el nivel de la calle, de las habladurías, y corren como la espuma. Esvásticas acusadoras, Cara al Sol, himnos de una patria y de otra, verbos como armas, traidores de uno y de otro bando, “tengo miedo”, “son unos fachas”. Se juega con fuego, y el fuego está a la orden del día, basta con implorarlo. “Dame fuego”. “Toma este chisme”. Y ya se riega el suelo con los inventos que son invectivas como dardos. Cuidado, nos están dando metralla y creemos que son palabras. Estamos construyendo el odio entre nosotros. Es verbal, todavía.
La gente está dispuesta a creérselo todo y a pasarlo. Sucedió en los prolegómenos de la guerra civil, y lean para alimentar el susto el instructivo prólogo de El holocausto español, de Paul Preston. Pasa en todas las guerras y pasa también en las escaramuzas. En su ensayo sobre los peligros de la posverdad (Sobre la tiranía), Timothy Snyder aconseja desprenderse de las redes, ir a las fuentes, saber de veras qué pasa. Esta imagen saltó esta tarde a los móviles: alguien auxilia a un afectado por las avalanchas policiales en Barcelona; no se ve muy bien, pero la alerta dice: están maltratando a alguien que ayuda a otro que se está muriendo. No es así, lo que se ve no es eso. Pero es tan verdad ahora como que “Merkel llamó ayer por la tarde a Rajoy y le dijo que parara a la Guardia Civil, que esto es Europa”.
Fui a Barcelona. Después de la batalla escuché esas cosas, el Isis es igual a España, el cantante al que llamaron fascista se lo merece por estar cerca de Castilla, el infartado de Lérida se ha muerto, menos mal que Merkel le tiró de las orejas a Rajoy. En el otro lado de la trinchera, pues ya estamos con una trinchera en medio, se dicen otras mentiras, claro, pues ahora la guerra se hace de palabras, aparte de las escaramuzas graves del domingo. El presidente del Gobierno, por ejemplo, dijo que no había pasado nada, y usó la televisión en cadena para desmentir que lo que habíamos visto hubiera sucedido. Era mentira, pasó de todo. Si hasta en la aparición más solemne se desvía la vista de la realidad para que la gente se acueste con una mentira, ¿qué no harán los que hablan en las esquinas de las redes aventando lo que a base de ser mentira repetida “es verdad por mi madre bendita que yo lo vi”?
Una alerta general contra la mentira debería ser ahora de urgente necesidad. Para que no nos sepulte el deporte letal de la maledicencia.
Análisis: Usar Europa en vano
La Generalitat apela a la mediación europea para resolver en favor de la independencia (con las excusas del derecho a decidir, o de las actuaciones policiales del domingo) el pulso que mantiene con el Estado de derecho español.
Y pronto lo hará ante más organismos internacionales, buscando ganar fuera —blandiendo tristes imágenes impactantes— lo que fue incapaz de lograr dentro, por la vía de convencer políticamente.
Es una apelación extemporánea. Porque esa mediación no encaja con el Tratado de la Unión, que en su artículo 4 obliga a todos a respetar la integridad territorial y la Constitución de todos los Estados miembros. Y es cínica porque la alianza que sostiene al Govern oscila entre la indiferencia ante la UE y la hostilidad a ella.
Esquerra Republicana hizo una agresiva campaña contra el Tratado Constitucional, que derivó en el actual Tratado de Lisboa, porque a su entender (certero) no recogía el derecho a la secesión. Convergència (hoy PdeCat) llegó al borde de esa misma posición, provocando una crisis considerable con sus sectores más europeístas.
Y la antisistema CUP reniega de Europa, a la que tilda de máxima expresión del neoliberalismo capitalista y cuya bandera quema alegremente en las calles. Quizá ignora que la más socorrida crítica al club comunitario es exactamente la contraria: cuelga de su impresionante Estado de bienestar, que ha sobrevivido a los embates de los desreguladores; de los ideólogos del anarquismo conservador y de la Gran Recesión, que indujo al extremismo la idea de desmantelar derechos y subsidios del modelo social envidiado en el mundo entero.
El carácter fraudulento de la pretensión secesionista se evidencia en que pide a Europa apoyo mediador para una causa cuya finalidad última es la fragmentación del Estado. Es decir, exactamente lo contrario de la filosofía fundacional de la UE, que postula la superación de los demonios que los nacionalismos excluyentes siempre han traído a Europa.
Y además se pide esa mediación para un diálogo que en realidad es un ultimátum, pues plantea como requisito irrenunciable la aceptación de un falso derecho a votar la secesión o, directamente, el reconocimiento de la independencia.
Al cinismo de esa petición se le suma el sesgo oportunista de su formulación. Resulta ya evidente que ese plan es una mera operación de propaganda. Busca caricaturizar a la democracia española como un Estado democráticamente inviable, con objeto de pergeñar una coartada para una secesión “remedial”, aliviadora de los excesos de una (inexistente) dictadura.
No será así, como ayer reiteró la Comisión Europea, porque la UE está obligada a respetar la integridad territorial de cada Estado miembro y sus Constituciones respectivas. Y en consecuencia porque la solución al litigio debe surgir en todo momento desde dentro del ordenamiento español.
El Gobierno de Mariano Rajoy debe emplearse a fondo en ello, tras haber dilapidado una por una toda oportunidad de contrarrestar la máquina de propaganda secesionista. Su ausencia en la reciente cumbre de la UE en Tallin, donde debía haber explicado las razones que sustentan la razón del Estado de derecho español, es el símbolo perfecto de todas sus ausencias.
Análisis: ¿Dónde está la desproporción?
Félix Ovejero y Alejandro Molina
Es inconcebible que se pueda calificar de “error” o “torpeza” que las fuerzas del orden encargadas de ejecutar la resolución judicial de impedimento del “referéndum” cumplieran, precisamente, con su cometido. ¿Cuál es el error? ¿Que usaran la fuerza? Oigan, un antidisturbios no es un filósofo de la palabra que aborde su tarea por el método deliberativo de disuadir con argumentos a quien con su comportamiento delictivo se apodera ilegalmente de locales públicos. La fuerza del orden interviene cuando el delincuente, persistente en su conducta, ya se ha desentendido de la fase deliberativa, que precisamente ha concluido con una resolución judicial que ha sido desatendida: por eso sólo queda el recurso de la fuerza. Porque el Derecho no es más que fuerza: es la regla que determina quién en un conflicto puede usar la fuerza y cuánta. Intelectualmente no se puede estar, como Pedro Sánchez, a “favor de la legalidad” pero en contra de su efectividad.
Estamos hablando de unos efectivos policiales que tuvieron que ejecutar una orden judicial de desalojo de espacios públicos de los que previamente se habían apoderado grupos organizados con el total apoyo logístico y material de toda una Administración autonómica actuando en abierta rebeldía delictiva y haciéndolo coordinadamente con la mayoría aplastante de una fuerza pública armada. Una fuerza pública que, en lugar de cumplir la orden judicial que la obligaba, llegó en algunos casos incluso a obstruir su ejecución y colaborar con los sediciosos. Aún no se han calibrado las gravísimas responsabilidades (descomunales e insólitas históricamente en Europa) que ese comportamiento inconcebible supone en una fuerza policial armada.
¿Desproporción? Según algunos relatos, desencantados con la efectividad del Derecho, se habría “reprimido” a casi 2.300.000 de supuestos “votantes”. Abstracción hecha de que la actuación de la fuerza pública se circunscribió, espacial y subjetivamente, a quien impedía por la fuerza la ejecución de la orden judicial, y no a los “votantes”, repugna a la mera lógica de los hechos que esa “brutal represión” sobre millones de personas haya arrojado el “brutal” saldo de un total de dos hospitalizados, uno de ellos un pobre anciano infartado. Si vamos a los “heridos”, que la Generalitat cifra en más de 800, en realidad estamos hablando de “atendidos” (es decir, personas que nunca pisaron un hospital aunque fueron objeto de examen y diagnóstico en la vía pública) pero incluyendo en la cifra las lipotimias, ataques de ansiedad e irritaciones por inhalación de humo. Y no olvidemos que estamos hablando de unos supuestos dos millones de personas que fueron desde los días previos instados desde la propia Generalitat, sus dirigentes y su formidable aparato mediático, a tomar parte colectivamente en actos delictivos para impedir por la fuerza la ejecución de una orden judicial ¿Y el balance son dos hospitalizados, y uno de ellos, un infartado? ¿Dónde está la desproporción en el uso de la fuerza?
Finalmente, resulta descorazonador el nivel intelectual y profesional de la prensa española, incluso cuando no actúa con intereses espurios. Ayer vimos un titular de un diario catalán, bastante ecuánime hasta ahora, que titulaba Dirigentes europeos critican la actuación policial y piden diálogo, ilustrando la noticia con una imagen de Angela Merkel y una falsedad (como se ha sabido hoy): esa primera ministra habría llamado a Rajoy “para interesarse por los heridos”. De inmediato me precipité a leer el texto: Ni rastro de Merkel, por supuesto, y ninguno de los “dirigentes” europeos dirigía nada, pues quitando al belga que gobierna en coalición con los nacionalistas flamencos (¡qué casualidad!), ni un solo jefe de Estado o primer ministro europeo ha hecho otra cosa que respaldar el Estado de derecho en España. El resto de “dirigentes” eran cabecillas de movimientos nacionalistas, como el de Escocia, o políticos y hasta excandidatos de partidos en la oposición en sus países respectivos cuyos planteamientos equivaldrían a los de Podemos en España.
Más vale que la prensa y la opinión pública tomen de una vez conciencia con responsabilidad del desafío de lo que se nos viene encima, y que como sociedad adulta asumamos que los derechos y libertades que la ley reconoce en la democracia se garantizan, si es preciso, por la fuerza, máxime cuando quienes los desafían desobedecen abiertamente la legalidad vigentes.
Un aviso: el artículo 155 desemboca en una resolución del Gobierno, previo aval del Senado, con medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma que atente gravemente contra el interés general al cumplimiento forzoso de sus obligaciones para la protección del mencionado interés. Pero para que se hagan efectivas esas medidas quizá haya que usar la fuerza de nuevo, y más vale que cuando llegue ese momento no tengan a una institución armada de su lado que se desentienda otra vez de la legalidad. Y si eso ocurre, que al menos la opinión pública asuma con madurez democrática cómo funciona el Estado; cualquier Estado.
*Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona y Alejandro Molina es abogado.
Fuente: El País
