La Generalitat ha orquestado para hoy 3 de octubre una huelga política para apoyar a las movilizaciones a favor de la independencia de Cataluña. Aunque la Generalitat la denomina huelga general, los sindicatos la denominan 'paro de país'. En la práctica, una huelga política animada por la Administración. Tanto, que los funcionarios que hagan huelga cobrarán su día de trabajo, da igual que participen o no en las movilizaciones, según han confirmado fuentes sindicales de la función pública. Eso supone para las arcas de la Generalitat un gasto de 11 millones de euros, y eso solo si se cuenta a los funcionarios. Incluyendo todos los trabajadores del sector público, la cifra más que se doblaría. Empresas como TV3 ya han anunciado que alterarán su programación como consecuencia de la protesta.
Por tanto, el paro de hoy, una iniciativa de la CUP, será un éxito porque en la práctica es una iniciativa del sector público. Concretamente de la Generalitat. El Ayuntamiento de Barcelona se ha sumado, por la preocupación que ha generado en la alcaldesa Ada Colau el peligro para las libertades civiles que suponen las actuaciones de la policía ante los puntos de votación del referéndum del 1-O. Pero en ambos casos es más una cierre patronal que una verdadera huelga.
El factor de éxito público también lo ha condicionado la 'consellera' de Treball, Dolors Bassa, al establecer unos servicios mínimos de solo el 25% para TMB. Sobre el terreno, Barcelona y su área metropolitana —tres millones de habitantes— se quedarán sin metro y sin autobús a partir de las nueve de la mañana. La ciudad quedará paralizada a la fuerza. Entre el impulso de la Generalitat y la complicidad de la alcaldesa, el presidente catalán, Carles Puigdemont, se garantiza que la CUP tenga la huelga que exigió para mantener la tensión movilizadora tras el referéndum.
Ayer, Puigdemont justificó su complicidad con el paro por la gravedad de los incidentes vividos por la presión policial para cerrar los colegios electorales. Por eso, hoy, el Consell Executiu no se reunirá, pese a ser martes.
Esta huelga, como el resto de movilizaciones que han marcado el 'procés', ha sido alentada y promovida por la Generalitat, con la circunstancia de que en esta ocasión la Administración catalana se encuentra intervenida por el Ministerio de Hacienda. En el sector público, su impacto será importante: se paralizarán la Renfe o el puerto de Barcelona, al sumarse lo estibadores.
Sector público al rescate
Todo el sector público catalán apoya la huelga de manera masiva. Los hospitales, por ejemplo, están reprogramando visitas para despejar el día de hoy. Los médicos apoyan el paro. También las universidades, los sindicatos de estudiantes y las escuelas públicas y concertadas, que han enviado a los alumnos a casa para el día de hoy. Los sindicatos de estudiantes garantizan que las manifestaciones sean un éxito.
Con este panorama, el apoyo del sector público será clave para el éxito de la protesta. Pero no ocurrirá lo mismo con el sector privado en una economía que está creciendo al 3%.
La industria no para
Así, los sectores industriales y las empresas privadas no pararán. Pese a una rueda de prensa de CCOO y UGT dando apoyo a la movilización para protestar por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra los colegios electorales en el 1-O. Sin embargo, este apoyo es matizado. Se anima a cada comité de empresa a llegar a acuerdos con sus empresas para realizar actos de protestas. Así, por ejemplo, los trabajadores de La Caixa cortaron ayer la Diagonal.
La deriva secesionista en Cataluña deja sin margen de maniobra a Seat y Nissan
La industria automovilística, que representa casi el 10% del PIB en Cataluña, se encuentra ante la amenaza de que la salida de la UE eleve los aranceles y complique sus perspectivas de futuro.
Cada empresa puede pactar su fórmula. Por ahora, los grandes de la industria catalana no pararán, como es el caso de Seat o Nissan. Eso no quiere decir que no se produzcan actos simbólicos, como minutos de silencio o paros parciales, pero no huelgas de jornada completa. Lo mismo pasará con el comercio. Por eso los sindicatos lo denominan 'paro de país'. La CUP quería una huelga de varios días, hasta que el Parlament proclamase la independencia. Todo apunta a que los paros serán más limitados, a pesar de que la sensación de parálisis será mayor por el apoyo del sector público.
Activistas separatistas acosan y provocan a policías y guardias civiles en varias localidades de Cataluña
En al menos tres localidades catalanas, Pineda de Mar (Barcelona), Calella (Barcelona) y Reus (Tarragona), los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han visto forzados a abandonar o van a abandonar este martes los hoteles en los que se hospedaban ante el asedio del ala más radical del independentismo y de algunos vecinos con gritos, insultos y abucheos con los que pretenden impedir su descanso y en los que se les increpa con gritos de "fuera las fuerzas de ocupación". Según la agencia Efe, tanto los empresarios que alojan a antidisturbios en Calella como en Pineda de Mar, ambas en la provincia de Barcelona, han dicho haber recibido amenazas de los Ayuntamientos para que desalojen a los agentes. Varias comisarías y cuarteles también han registrados escraches para protestar por las cargas policiales para impedir el referéndum este domingo.
"Desde Interior tomaremos todas las medidas que sean necesarias para frenar el intolerable acoso a la policía y la Guardia Civil en Cataluña", ha dicho el ministro del Interior en su cuenta de Twitter. Tras una reunión en el ministerio, Zoido se ha trasladado a La Moncloa para fijar medidas de protección para los agentes. En la reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Turismo, Álvaro Nadal, se ha decidido que los agentes no abandonen los hoteles en los que haya contrato vigente.
Las protestas se llevaron a cabo "en una perfecta coreografía marcada por la provocación y las amenazas explícitas", según explican a Europa Press fuentes policiales.
José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, se desplazó este lunes hasta los barcos en los que se aloja gran parte del contingente policial desplazado a Barcelona para conocer su situación y estado de ánimo. Los sindicatos de policía han convocado a las 13,30 concentraciones en las puertas de todas las comisarías como muestra de apoyo a sus compañeros de Cataluña. Interior está siguiendo los escraches por si surgiera la necesidad de movilizar a los más de 2.600 antidisturbios que están los puertos de Barcelona, Tarragona y varios cuarteles. Todos los sindicatos representativos de la Policía Nacional y una asociación de la Guardia Civil han emitido sendos comunicados en los que exigen a Interior que actúe en defensa de sus agentes.La Fiscalía General del Estado ha recibido información sobre el asedio a miembros de los cuerpos de seguridad en diferentes hoteles de Cataluña. Esta información se está analizando para ver si procede iniciar actuaciones, si existen indicios de amenazas u otras presiones ilegales sobre los responsables de esos locales o los trabajadores de los mismos.
En Reus, el Ayuntamiento ha exigido que se vayan los agentes de refuerzo de la Policía Nacional que se hospedan en establecimientos hoteleros del municipio. Un manifiesto firmado por el alcalde Carles Pellicer (PDCat) y apoyado por ERC y la CUP expone el rechazo de Reus a la presencia de la policía española en el municipio. Hotel Gaudí, establecimiento que alberga a los agentes, evita pronunciarse al respecto. En la noche de ayer lunes, unos 3.000 vecinos marcharon por las calles del centro de la ciudad y cerraron la marcha, en señal de protesta, con una concentración multitudinaria ante la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
En Calella, los 150 antidisturbios de la Guardia Civil destinados en el hotel Vila de Calella tuvieron que abandonar ayer lunes el pueblo después de que la empresa Eco-Resort, propietaria del establecimiento, les instara a marcharse. "No sois bienvenidos”, les gritaron los vecinos a las puertas de los hoteles tras las cargas policiales por el referéndum. Según la agencia Efe, la alcaldesa de Calella, del PDeCAT, llamó al director del hotel por la mañana y le dijo que o echaba a los agentes o paraliza el expediente de una licencia de reforma total del establecimiento. La Dirección General de la Guardia Civil ha ubicado ya en otras instalaciones a los agentes.
En Pineda, la primera teniente de alcalde, Carme Aragonès (del PSC), anunció anoche que ha habido una negociación con la dirección de los hoteles para que las fuerzas de seguridad se vayan lo antes posible "porque los ánimos están irritados" y "esta situación ponía las calles en riesgo y no valía la pena". "Mañana [por hoy] se irán todos los policías de Pineda", ha anunciado en medio de centenares de concentrados que reclamaban la marcha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras la actuación policial durante el referéndum del 1-O. Al anunciarlo, la multitud concentrada ante uno de esos hoteles, el Mont-Palau, aplaudió la decisión con una cacerolada y también haciendo sonar pitos, y siguieron concentrados celebrando el anuncio de la concejal socialista.
La concejal precisó que estos agentes no son los guardias civiles que salieron el lunes de Calella y añadió que en Pineda no ha habido guardias civiles alojados, solo Policía Nacional. El alcalde, el socialista Xavier Amor, afirmó a medianoche en su cuenta de Twitter que "a Pineda no han acudido nuevos guardias civiles ni policías, y los que hay marchan mañana". "Os decimos adiós. Lo humano que hay en vosotros siempre será bienvenido pero la barbarie que habéis expresado ante nosotros siempre la rechazaremos", dice una de las pancartas que exhiben los vecinos que protestan en Pineda.
En Barcelona cientos de personas se manifestaron anoche frente a la Jefatura de la Policía y otras 200 frente al cuartel de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia para protestar contra la violencia que, a su juicio, ejercieron estos cuerpos de seguridad el 1 de octubre. "Fuera las fuerzas de ocupación" y prensa "manipuladora" o "asesina" fueron algunos de los gritos coreados en una tarde-noche de acoso independentista.
Este acoso no se ha limitado a concentraciones ante las puertas de los hoteles, también lo han sufrido de manera individual algunos agentes. Según fuentes policiales, un agente destinado en policías caninos, que iba al veterinario en Barcelona con uno de los perros, en un vehículo uniformado de su unidad, fue atacado por un grupo de personas. Se abalanzaron sobre su vehículo cuando paró en un semáforo e intentaron sacarle de él tras abrirle la puerta del coche. Los radicales le intentaron pegar y forcejearon pero no lograron sacarle del vehículo. Logró llegar a la base donde fue atendido por un médico, que decidió ingresarlo en el hospital con un cuadro de shock por ansiedad, una fuerte subida de tensión y al borde del infarto, según precisan las fuentes que contenía el parte médico.
Ante el Ayuntamiento de Tárrega (Lleida), una multitud aplaudió ayer a un espontáneo que, entre vítores, arrancó la bandera de España del blacón municipal y la tiró al suelo a la multitud.
Según la agencia Efe, entre otros lugares, hubo concentraciones en los cuarteles de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona; en el de la localidad barcelonesa de Manresa; y en el de Sant Carles de la Ràpita, en Tarragona; y en un hotel de La Seu d'Urgell (Lleida) que también aloja a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Cerca de 300 personas se han concentrado este lunes pasadas las diez de la noche en la calle Prat de la Riba de Lleida, en las cercanías de la comisaría de la Policía Nacional, para protestar con una cacerolada contra las cargas policiales del domingo. Los asistentes, la mayoría jóvenes, han coreado consignas como "Independencia" o "Sin la porra no sois nada" ante el cordón policial, en primera línea los Mossos d'Esquadra y, en la calle L'Ensenyanza, donde está la comisaría, agentes de la Policía Nacional. El grupo formaba parte de las cerca de 3.000 personas que horas antes se había concentrado delante de la Subdelegación del Gobierno coreando "Este edificio será una biblioteca", "Somos ciudadanos, no terroristas", o "Fuera la bandera española".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha emitido un comunicado en el que, además de denunciar las expulsiones de hoteles, subraya el acoso y hostilidad contra los guardias civiles que está provocando "situaciones muy difíciles en el seno familiar de trabajadores que hace hasta escasas fechas vivían plenamente integrados en Cataluña".
El despliegue de refuerzo de la Policía y de la Guardia Civil se mantendrá en Cataluña, al menos, hasta el día 11 aún para su repliegue, aunque en un principio estaba previsto que concluyera esta misma semana. Los dos barcos en los que están alojados en Barcelona han ampliado su estancia, que terminaba hoy para el Rhapsody y mañana para el Moby Dada, informa Josep Catá.
Los fiscales progresistas deploran el “posicionamiento político” de los mandos de los Mossos
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha remitido este martes un comunicado en el que “lamenta profundamente” que los mandos de los Mossos d’Esquadra “desoyeran con sus directrices” la orden judicial de impedir que se celebrara el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del pasado domingo “alineándose con posicionamientos políticos impropios de un cuerpo policial”.
Los fiscales progresistas han recordado que el Estado de Derecho “implica también el escrupuloso cumplimiento de los mandatos emanados por las autoridades judiciales –jueces y fiscales–, en cuanto garantes de esa legalidad”. No obstante, la UPF rechaza de forma categórica “criminalizar a todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra tras su intervención durante la jornada del pseudo-referéndum organizado por las instituciones catalanas”. Respecto a los mandos, sin embargo, la crítica es clara: “Como Policía Judicial que son, la quiebra de confianza generada resulta desoladora”.
El comunicado de la UPF lamenta, asimismo, “la absoluta falta de respuesta política” ante la deriva secesionista en Cataluña y la actitud del Gobierno de “trasladar buena parte de la responsabilidad de su resolución al Ministerio Fiscal y al Poder Judicial”. Los problemas políticos, afirma el comunicado, “deben abordarse con responsabilidad institucional, diálogo y soluciones políticas que, muy probablemente, hubiesen evitado la situación límite en la que desgraciadamente nos encontramos”.
Por otra parte, Juezas y Jueces por la Democracia, asociación judicial de signo progresista, condenó el lunes “las cargas policiales indiscriminadas contra ciudadanos reunidos pacíficamente” ante los colegios electorales para conseguir que se celebrara el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. “Rechazamos cualquier actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Españoles que no se ajuste, estrictamente, a los principios de proporcionalidad, profesionalidad y no discriminación, y en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos”.
En el mismo texto, la asociación progresista denunció “el grave y torpe empecinamiento” de los responsables de la Generalitat de Cataluña “por continuar, incluso cuando hay heridos, con un referéndum declarado ilegal por los Tribunales de Justicia”.
Al igual que los fiscales de la UPF, los jueces progresistas recuerdan que “la solución al presente conflicto no corresponde a los tribunales de justicia, como recordó el Tribunal Constitucional” y expresan su “apoyo y cercanía” a todos los compañeros que sirven y ejercen sus funciones jurisdiccionales en Cataluña.
Analista: Tribunal Constitucional de España debe terciar entre Madrid y Barcelona
BOGOTÁ (Sputnik) — El desafío independentista de la región española de Cataluña (noreste) es un asunto interno judicial de España, por lo que ninguna persona extranjera u organismo multilateral puede terciar en el asunto, dijo a Sputnik el analista internacional Alejandro Jordán.
"No tiene ningún sentido ningún tipo de mediación, el único que puede intervenir aquí es el Tribunal Constitucional" español, señaló Jordán, director de Desarrollo y de Negocio para España y América Latina de la organización Visión Américas.
El presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Carles Puigdemont, solicitó al Gobierno de Mariano Rajoy que acepte sentarse en una mesa de diálogo presidida por mediadores internacionales, informó este lunes el medio digital eldiario.es.
"No dejaremos de insistir en lo que ya es un clamor internacional, este momento pide mediación, el Gobierno español debe estar dispuesto; si aparecen actores que se prestan, sería una irresponsabilidad no hacerlo", dijo Puigdemont al valorar la jornada el referéndum celebrado el 1 de octubre en Cataluña, en el que un 90% de los votantes se pronunció a favor de la independencia de esa región.
En ese sentido, Jordán consideró muy probable que el Gobierno de España no visualice ningún tipo de mediación, "ya que es una cuestión de proceso judicial" que ni siquiera abre la posibilidad de que se esboce "un plan B".
Pedir una mediación internacional entre Barcelona y Madrid a raíz del referéndum del 1 de octubre es "un asunto descabellado" que busca desconocer la realidad de lo que ocurre legalmente en España, añadió Jordán, experto en política internacional de origen español.
En diálogo con esta agencia también cuestionó que el Gobierno catalán quiera independizarse sin ejecutar "de manera correcta" los mecanismos para hacerlo, "y es básicamente presentar una propuesta en el Programa Electoral Autonómico y proponer una reforma constitucional en el Congreso de España, lo cual no sucedió".
Pese a cuestionar la legitimidad del referéndum en Cataluña, Jordán destacó que no se puede desconocer que "España ha perdido la batalla de las emociones y que los catalanes no se sienten españoles", por lo que prevé que la independencia se dará.
En todo caso, alertó, la mediación internacional no supondría una intervención de Europa, toda vez que la UE no aprueba una separación de Cataluña "que pueda ser seguida por Baviera, Lombardía o Escocia", por citar sólo unos ejemplos, algo con lo cual "nadie en Europa quiere lidiar".
‘Financial Times’ y ‘Le Monde’ critican en sus editoriales la actuación de la Generalitat
La prensa internacional más relevante sigue muy de cerca la crisis catalana. El diario británico Financial Times (FT) y el francés, Le Monde, critican en sus editoriales principales de sus ediciones impresas de este martes la gestión de la Generalitat de Cataluña de la crisis secesionista. "Vista la escasa participación y la indiscutible ilegalidad, no hay justificación alguna para la declaración de independencia [en Cataluña]", señala el FT. Le Monde, además, insiste en la idea de que ningún Estado en Europa "está dispuesto a reconocer el resultado del voto" del pasado domingo que, según el Gobierno catalán, habría dado la victoria al Sí. "Hay que tomar estos resultados con precaución", advierten los británicos.
Cataluña: salir de la política de lo peor y Los separatistas catalanes deben dar un paso atrás del precipicio son los titulares con los que Le Monde y el FT respectivamente han plasmado su opinión después de que el conflicto haya alcanzado una tensión elevadísima, y el mismo día en que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solicitaba una mediación internacional. El diario británico se pronuncia contra esta petición y considera "inapropiado" que la UE haga ningún papel de mediador, aunque sí dice que "la Unión Europea debería urgir a ambos bandos [el Gobierno de España y el de Cataluña] a que muestren moderación, sentido común, respeto por las normas democráticas y por el Estado de derecho".
Le Monde asegura que "España se sumerge en una profunda crisis política" y que el llamado referéndum del domingo es "manifiestamente contrario a la Constitución de 1978, al Estado de derecho (...) y no respeta las normas de una consulta admitida en un país miembro de la Unión Europea". "Según Puigdemont, el promotor de esta iniciativa, el Sí a la independencia —2 millones de votos— obtuvo el 90% de los votos. Pero la tasa de abstención fue del 60%. ¿Es suficiente para autoproclamarse independiente? Seguramente no", insiste el diario francés.
A la misma conclusión llega el FT, que también subraya que más de la mitad del electorado ni siquiera votó: "Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, se equivocó al afirmar el domingo por la noche que su región había logrado con la votación el derecho de declararse un Estado independiente. No hizo nada de eso".
Del texto del FT se puede extraer otra idea principal: la negociación. En el editorial, los británicos llaman a un "diálogo entre todas las fuerzas políticas nacionales y regionales, en el Gobierno y en la oposición, para poner al día la relación que mantienen Madrid y Barcelona, especialmente la económica". Le Monde se muestra en la misma línea: "Hay que regresar a una negociación sobre la autonomía de Cataluña. Esto supone que el señor Puigdemont retome contacto con la realidad (...) y que el señor Rajoy salga de su postura para entrar en la complejidad de la situación catalana".
Preocupación de Putin sobre el referéndum en Cataluña y llama a España a una mayor relación con Rusia
El mandatario ha destacado que "estamos muy preocupados por España", pero ha agregado que es "un asunto interno del Gobierno español".
Moscú espera que España logre superar la crisis tras el referéndum en Cataluña, ha declarado el presidente ruso, Vladímir Putin, citado por RIA Novosti. El líder ruso se ha expresado sobre la situación en el país ibérico este martes durante la ceremonia de entrega de credenciales de los nuevos embajadores de 20 países.
El mandatario ha destacado que "estamos muy preocupados por España", pero ha agregado que es "un asunto interno del Gobierno español".
La OSCE, que vierra los ojos ante los crímenes de Kiev en Donbass, pide a España proporcionalidad en el uso de la fuerza y respeto a las libertades
BARCELONA (Sputnik) — La directora de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE, IngibjörgSólrúnGísladóttir, realizó un llamamiento a las autoridades españolas a respetar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza después de la operación policial desplegada contra el referéndum catalán.
"Las autoridades españolas deben garantizar que la policía utilice la fuerza sólo cuando sea necesario y con estricto respeto del principio de proporcionalidad ", dijo Gisladottir en un comunicado difundido por la OSCE.
Según datos del Departamento de Salud del Gobierno catalán, el dispositivo policial contra el referéndum del 1 de octubre —que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España— hizo que un total de 893 personas tuviesen que ser atendidas por los servicios de emergencias.
El comunicado de la OSCE recuerda a las autoridades españolas que todos los Estados participantes en esta organización tienen el compromiso de garantizar que sus organismos encargados de cumplir la ley trabajen siempre desde una óptica de respeto a los derechos fundamentales, a la libertad de reunión y a la libre expresión.
"Esto también significa facilitar las asambleas pacíficas y confiar en la comunicación y las medidas de mediación para reducir las tensiones", concluye el escrito.
Análisis: "Razones secesionistas como la de Cataluña no suelen ser santas"
LA PAZ (Sputnik) — El secesionismo en la región española de Cataluña exagera el sentimiento localista frente a un supuesto maltrato del centralismo y esconde problemas internos que luego afloran, dijo el coordinador del doctorado multidisciplinario del Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, Gonzalo Rojas.
"Entiendo las razones de eso y no suelen ser santas, aunque se presentan a nombre de colectividades atropelladas por determinado centralismo, la verdad es que esos arreglos encubren problemas internos que luego afloran y generan violencia", afirmó el politólogo especialista en temas autonómicos.
Para el experto boliviano, la reacción de Cataluña frente al Estado español responde a la emergencia de movimientos nacionalistas y localistas frente a lo denominó el "súper-Estado continental" de Europa aunque el fenómeno separatista se produce también en otras regiones con "mucha más virulencia".
En ese marco, Rojas cuestionó tanto el referendo catalán, al que calificó de ilegal, como al Gobierno español por falta de sensibilidad frente a una demanda que adquirió dimensiones que pocos sospechaban.
"No soy amigo de planteamientos secesionistas porque desorganizan más el concierto internacional que de por sí es difícil", remarcó Rojas.
Asimismo, el académico recordó la experiencia que vivió Bolivia entre 2006 y 2008, cuando cinco de los nueve departamentos del país (Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando), correspondientes a las regiones sur, este y norte del país y controlados por elites regionales contrarias al Gobierno de Evo Morales, crearon la llamada Media Luna, que lanzaba demandas separatistas bajo el discurso de "abuso del centralismo".
En el caso catalán se "exageran ciertos aspectos de la realidad, como el hecho de que son los que más contribuyen al fisco pero los que menos reciben; es un típico argumento de regiones ricas que quieren un trato menos solidario con el resto y no es infrecuente invocar este tipo de aspectos exagerando su dimensión para aparecer como víctimas de un maltrato del centralismo", explicó el estudioso del separatismo.
Rojas opinó que debe primar la sensatez de los políticos de España y de Cataluña para encontrar salidas en el marco del respeto a la Constitución del país europeo.
"Hay ejemplos en Canadá o en Reino Unido que han demostrado que la solución pasa por un referendo dentro de los marcos de la legalidad, por tanto sujetos a la decisión del soberano que, en definitiva, es el titular en ese tipo de decisiones", concluyó.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy advirtió que el referéndum fue un "ataque premeditado y consciente al que el Estado ha reaccionado con firmeza y con serenidad".
El Gobierno de la región autónoma de Cataluña ratificó su decisión de ir hacia su independencia luego de lo que calificó como la victoria del Sí en las urnas.
