Los Mossos d'Esquadra conocen las graves consecuencias que tendría desobedecer a los mandos que el Ministerio de Interior pondrá al frente del Cuerpo catalán al amparo del Artículo 155 de la Constitución. Aún así, algunos de ellos "no están dispuestos a acatar las órdenes de un mando político impuesto por terceros", según han manifestado fuentes sindicales al diario EL ESPAÑOL.
Bajo las directrices del conseller catalán de Interior Joaquim Forn, el director general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler y el mayor Josep Lluis Trapero, los efectivos de la policía autonómica están en el punto de mira del Gobierno por su connivencia con el independentismo. Una cercanía que se vio clara, sobre todo, el pasado 1 de octubre y durante el asedio a la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre. Precisamente la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investiga al mayor Trapero por un presunto delito de sedición durante esos días.
Los agentes y los caporales de los Mossos, es decir, la base del Cuerpo, no creen que su día a día se vea afectado por las destituciones de la cúpula del poder, pero aún así no quieren que nadie externo les de órdenes. "Entramos en los Mossos d'Esquadra porque no queríamos ser policías ni guardias civiles. Aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas que ha hecho Trapero, le destituirán por motivos políticos. Mañana Trapero no estará, pero nosotros seguiremos aquí, por eso defendemos nuestra institución", explican.
Cualquier acto de rebelión contra las medidas que el Gobierno pondrá en marcha -cuando el Senado dé el visto bueno el próximo viernes- tendrá consecuencias patrimoniales, contables y penales, como se avisa en el texto acordado por el Consejo de Ministros. Una parte de los Mossos estarían dispuestos a asumirlas, igual que lo han hecho los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión desde el pasado 16 de octubre por un presunto delito de sedición.
Mensaje de "unidad constitucional"
El Ministerio encabezado por Juan Ignacio Zoido ha hecho público un documento este domingo en el que apela veladamente a la confianza de los Mossos d'Esquadra y de los partidos políticos que no están de acuerdo con la aplicación del 155.
En ese comunicado se incide en que todas las medidas anunciadas este sábado cuentan con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos y están encaminadas "a desarrollar la política de seguridad nacional de la concordia".
El control de la Generalitat por parte del Gobierno conllevará que los Mossos d'Esquadra obedezcan las "instrucciones directas del Ministerio de Interior", que podrá acordar el despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para apoyar a los Mossos o "sustituirlos si fuera necesario" por policías y guardias civiles. Unas medidas que, como ya sabía de antemano el ministro, serán rechazadas por los Mossos.
De ahí que su mensaje de "concordia" vaya también dirigido a ellos. El Gobierno les reconoce su "responsabilidad, profesionalidad y eficacia en el terreno de la lucha contra las diferentes modalidades de criminalidad y contra las principales amenazas de nuestros días". Una palmadita en la espalda con la que reclama a la vez obediencia en el resto de ámbitos de cara al futuro.
Romeva asegura que los funcionarios no seguirán órdenes del Gobierno de Madrid
El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Raül Romeva, ha dicho este lunes que los funcionarios en Cataluña "no seguirán órdenes de Madrid", sino que obedecerán a las instituciones catalanas electas si el Gobierno central asume competencias autonómicas. El independentista contradice así lo dictado por el Consejo de Ministros este sábado, cuando anunció que el sector público catalán pasará a manos de la administración central.
Romeva afirmó en una entrevista en el programa político Today de BBC 4 que "el pueblo ha decidido democráticamente durante años el Gobierno que quiere, el Parlamento que quiere", por lo que estas instituciones "se deben preservar". "Nadie más que el pueblo tiene el derecho de cambiar esas instituciones", indicó Romeva. Durante la entrevista, el consejero insistió en que el debate en Cataluña no versa "sobre independencia, sino sobre democracia", y defendió el derecho de los catalanes a decidir su destino.
El Gobierno español inició el sábado pasado los trámites legales para asumir temporalmente las competencias de la autonomía catalana y restaurar el orden constitucional, en respuesta al desafío independentista del Gobierno regional de Cataluña. El plan de Gobierno de Mariano Rajoy, que debe ser aprobado el viernes próximo por el Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, contempla la celebración de elecciones autonómicas antes de seis meses. En la entrevista, Romeva también consideró innecesaria la celebración de nuevas elecciones, dado que el pueblo catalán ya votó en 2015 en unos comicios en los que ganó la actual coalición soberanista.
No habrá sanciones contra los funcionarios
El Acuerdo del Consejo de Ministros remitido al Senado contempla además la posibilidad de que desde la Generalitat se presione a los empleados públicos para incumplir las normas dictadas desde la nueva Administración. En este sentido, La Moncloa ha asegurado que cualquier sanción contra los funcionarios que se pueda tomar hasta que el control de la Generalitat sea efectivo será nula de pleno derecho.
El Gobierno se ampara para ello en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que la Administración de la Generalitat es la organización que ejerce las “funciones ejecutivas” y, por tanto, tiene la condición de Administración ordinaria de acuerdo con lo que establecen el Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Administración local.
A partir de la aplicación del 155, sin embargo, esas competencias pasan a los ministerios correspondientes de la Administración central, que no solo podrán nombrar y destituir a los altos cargos públicos libremente, sino que, además, podrán extinguir o liquidar cualquier departamento o ente público ahora en funcionamiento que se niegue a obedecer las normas aprobadas por la nueva Administración.
La medida afecta a todos los ámbitos de la Administración catalana: entes y sector público empresarial. Y pretende que ningún recurso público vaya a amparar o financiar el independentismo. Y en todo caso, supone que la nueva Administración podrá destituir a cualquier cargo público catalán cuando lo considere oportuno. Y, lógicamente, nombrar a quien considere, igualmente, oportuno. Los nombramientos se producirán en los próximos días, y será cada ministerio el que decida su política de nombramientos.
La CUP llama a la "desobediencia civil masiva" para rechazar el 155
La CUP ha anunciado este lunes que realizará acciones de "lucha no violenta" durante esta semana para mostrar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y para conseguir la libertad colectiva.
En un comunicado, la formación ha considerado que el 155 es una agresión no sólo a la mayoría independentista en el Parlament sino a toda la ciudadanía y, en este sentido, ha advertido de que habrá "una respuesta en forma de desobediencia civil masiva por parte de la ciudadanía" a esta agresión.
Para la CUP, la autoorganización, la autotutela, la resistencia desde el municipalismo y el internacionalismo son "las puntas de lanza de esta lucha no violenta", y han afirmado que la aplicación del 155 supone la mayor agresión contra los derechos civiles desde la dictadura franquista.
La CUP ha insistido en la proclamación de la república "cuanto antes" y ha rechazado actuar a remolque de las decisiones que tome el Gobierno central, y ha reiterado que esta proclamación está legitimada por los resultados del referéndum del 1-O, según ellos.
Insultos en RAC 1 a la Guardia Civil y Policía Nacional: “Las primeras diez mil ratas las han traído de Madrid”
Dentro de la sección ‘El amigo del oyente’ del programa Versió Original de RAC-1 del viernes 20 de octubre se llamó “ratas” a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional desplegados en Cataluña a raíz de la consulta del 1 de octubre.
Un colaborador del espacio introduce los “comentarios de los oyentes sobre el tema del barco del Piolín”, en referencia sobre un reportaje emitido en ese mismo programa en el que se informaba que “estaba hecho una mierda y lleno de ratas”, denunciando las pésimas condiciones de alojamiento de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los barcos habilitados para ello por el Ministerio del Interior.
Antes de pasar a la lectura de los comentarios de los oyentes los colaboradores y el conductor del espacio comenzaron a debatir sobre que en todos los barcos, estén en alta mar o varados, “hay ratas”. Y hay un comentario poco claro sobre “Dios las cría y ellas se juntan”.
Comentario que luego cobra sentido cuando uno de los colaboradores del espacio aseguró que “las primeras diez mil ratas las han traído de Madrid”, en una poco velada referencia a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Extremo que parece bastante claro dado que, a pesar del tono humorístico de la sección, otros colaboradores dijeron “no le riáis esto” y “el programa no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores”.
Luego remacha con “las primeras, las importantes, las grandes”, en referencia a esas ‘diez mil ratas’. Y luego se escucha que “después estarán fuera esperando, ya verás”.
RAC-1 es una emisora del Grupo Godó, empresa propietaria del diario La Vanguardia.
Análisis: El búnker de TV3
Miquel Giménez
Ahora que tanto la ANC como Ómnium están descabezadas y, en cierto modo, amortizadas, el Govern va a utilizar como ariete de batalla a los medios de comunicación públicos. Si hasta ahora habían sido la correa de transmisión entre las consignas de Palau y la audiencia, a partir del 155 piensan intensificar muchísimo más su demagógica línea.
El Alcázar no se rinde
El director de TV3 Vicenç Sanchís no ha podido decirlo más claro: “Mi cargo solo puede decidirse en el Consell de Govern que depende del Parlament. Y no creo que este atienda a los requerimientos que puedan hacerle otros, así que el estado no lo tiene fácil”. ¿Quién es este hombre que desafía al estado de derecho con tamaño atrevimiento? Sanchís es un valenciano pancatalanista que siempre ha gozado de la confianza nacionalista, desde los tiempos de Jordi Pujol, en los que dirigió diarios afines al partido de derechas catalán como El Observador, auspiciado por Lluís Prenafeta, la mano derecha de Pujol, juzgado en el caso Pretoria por tráfico de influencias y un delito continuado de blanqueo de capitales, o el clásico Avui. Su nombramiento, sustituyendo a Jaume Peral, se produjo porque Carles Puigdemont precisaba un comisario político mucho más duro al frente del timón de la televisión pública –es un decir– catalana.
Efectivamente, con Sanchís se ha llegado al culmen de la línea de servilismo hacia el poder autonómico que ha caracterizado a TV3 a lo largo de su existencia. No es que sus predecesores estuviesen menos dispuestos que él a recibir consignas de la Generalitat, ni mucho menos, es que ahora las exigencias del guión reclamaban un hombre dispuesto a incendiarlo todo con tal de que, de día o de noche, en los programas que fuesen y sin el menor sonrojo se propalasen todas y cada una de las consignas independentistas.
Como ustedes comprenderán, en un medio privado cada uno es libre de mantener la línea editorial que desee, pero lo que ha pasado en Cataluña ha sido de escándalo. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, bajo meras apariencias democráticas, es el politburó más estalinista al servicio de la insumisión ante todo lo que no sea la independencia. No es gratis, claro. Su plantilla permanece inalterada en épocas de fortísimos recortes en sanidad o educación. Bien se cuidó Francesc Homs cuando era conseller con Artur Mas de tenerlos tranquilitos asegurándoles sueldos y prebendas. Lo mismo sucede con los cargos directivos: su fidelidad se llama cuenta corriente. El propio Sanchís cobra anualmente la nada despreciable cifra de 108.000 euros, solo 1.600 menos anuales que un conseller. El patriotismo tiene precio suculento y así hemos llegado hasta donde estamos, a base de dinero pagado por todos. La audiencia no ha sido ajena a la torpe manipulación y lo que, en principio, era más fácil de tragar con programas de cierta calidad al inicio de la autonómica, ahora se ha tornado en algo indigesto. TV3 tenía en 1989 un 31% de audiencia, en cambio, el 2015 había caído hasta el 16,6.
El Alcázar televisivo de los independentistas no parece dispuesto a acatar otra ley que no sea la que emana de sí misma y de su exagerado presupuesto. En 2015 ascendía a 159,6 millones de euros. No soy de ciencias, hagan ustedes el cálculo en antiguas pesetas y horrorícense, porque la cosa va de miles de millones. Dudo que se haya invertido tanto en propaganda en ningún régimen democrático, especialmente si tenemos en cuenta que estamos hablando de un medio de ámbito territorial pequeño y cuyo fin es mantener presente el idioma catalán. Pero nunca ha sido así. El mismo Pujol afirmaba que prefería perder todas las competencias de la Generalitat antes que TV3. Sabía muy bien lo que se decía. De aquellos fangos han surgido los lodos que padecemos los catalanes hoy en día, sufragando un monstruo con una plantilla superior a la de Antena Tres y Tele cinco juntas, de calidad deplorable, totalmente politizado y sin el menor atisbo creativo. Es la perpetuación de la mediocridad más abyecta, de la falta de talento, del amiguismo y la sinrazón más absoluta que existe en cualquiera de las televisiones europeas. Las mismas productoras de los amiguetes de siempre se reparten un pastel suculento. Ni los socialistas cuando gobernaron pudieron hincarle el diente a ese monstruo, entregándolo a Esquerra a cambio de su colaboración con el Tripartito de Maragall.
Digo más, el actual star system televisivo catalán se nutre, hay que decirlo, de auténticas mediocridades que difícilmente conseguirían trabajar en cualquier otro medio que no fuese este. Desde caricatas que iban para cabareteras quedándose en simples voceras del Govern que queman la Constitución a presentadores que solo saben dar masajes, ignoramos si con final feliz o no, a todo Conseller que tienen delante de ellos. Esa es la realidad. Informativos que son deformativos, tertulias que solo integran voces adictas al régimen, programas de entretenimiento ñoños en los que se deslizan sin el menor reparo los mensajes del secesionismo y, en suma, algo impresentable a nivel político y profesional. Eso sí, ellos viven muy bien gracias a nuestros impuestos.
Pero si la televisión catalana está estigmatizada por tanta vileza, la radio no lo está menos.
Radio Tirana
En Catalunya Ràdio sucede lo mismo que en TV3, incluso peor. La conductora de las mañanas Mónica Terribas, ex directora de TV3, por cierto, se lleva al año 240.000 euros más incentivos. Ignoro cuales deben ser éstos. Por la audiencia no, porque hace tiempo que dejó de ser líder en favor de otra emisora, privada y propiedad del ínclito Conde de Godó. Dudo que las emisoras comunistas del Pacto de Varsovia tuvieran una censura tan rígida como la existente en Catalunya Ràdio. Su parrilla es tan descorazonadora como la de TV3, porque los mismos que aparecen en las pantallas son los que tienen programas en la radio en un ejercicio de autocomplacencia política onanista.
No voy a repetir lo mismo que con la televisión. Si acaso, comentar que también aquí, desde los informativos a los programas que aparentan ser más inocentes, están impregnados de la idea del independentismo. Desde encuestas como “¿Estaría dispuesto a dar su vida por Cataluña?”, que conlleva la mayor perversión ideológica imaginable, al acoso y derribo a la oposición. Baste señalar como ejemplo el de un conocido periodista que se quejó en una tertulia de que eran cuatro contra él, incluyendo al presentador. Porque, eso sí, llevan a UNA persona que no sea de su secta para cebarse en ella, para ridiculizarla, dejarla como alguien ajeno al cuerpo glorioso de la nación catalana. No en vano se dice que, si alguien aparece hablando en castellano en la tele o la radio públicas en Cataluña o es una prostituta o un delincuente. Todo esto no es nuevo para nadie. A servidor me llevaron algunas veces a la tertulia que presentaba Josep Cuníantes de marcharse de TV3 en el 2011. La amistad con el periodista catalán venía de tiempo, cuando los dos coincidimos de la emisora COM Ràdio, dependiente de la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona en los tiempos socialistas.
Acudí una docena de veces y, al marcharse Cuní, los que le sustituyeron consideraron oportuno prescindir de mí humilde persona. Sin la menor explicación, por descontado, que ni hacía falta ni jamás a esperé, porque conozco muy bien que mi nombre, como el de numerosos periodistas, está en una lista negra.
No piensen, porque sería erróneo, que en mis palabras exista rencor de ningún tipo. Si yo viese en TV3 a personas de la altura de Xavier Rius,Manuel Trallero, Pérez Andújar, Albert Boadella, Myriam Tey, Tomás Guasch, Félix de Azúa o Pedro Ruiz me sentiría satisfecho y orgulloso, que no me tengo por nadie importante. Pero, claro, todos están calificados como no adictos en unos medios pervertidos hasta la médula y no caben, no cabemos, en el búnker separatista y acrítico de los medios catalanes.
Mejor sería destinar todos esos millones a camas de hospital, residencias para ancianos, plazas de médico, o escuelas dignas. Ténganlo en cuenta los responsables del 155. Subvenciones a los medios, pocas o ninguna. Que cada palo aguante su vela y Dios en la de todos. Aunque sean de los suyos.
Fuente: Vozpopuli
De machada en machada, ¿hasta el desastre final en Cataluña?
Joan Tapia
El sábado, dos días antes del 40 aniversario del retorno del 'president' Tarradellas a la Generalitat —la gran esperanza de una España democrática que aceptaría la personalidad específica y preconstitucional de Cataluña—, el Gobierno de Rajoy recurrió al artículo 155 de la Constitución para intervenir o suspender la autonomía y destituir al presidente, Carles Puigdemont, y a todo su Gobierno.
Son horas tristes y traumáticas para una Cataluña dividida y desconcertada que confirman que el futuro inmediato es de gran incertidumbre y hay amenazas de convulsiones. Y son también horas negras para la democracia española. Todo el edificio constitucional —lleno de imperfecciones, pero sin duda democrático— construido tras las elecciones de junio del 77 está amenazado. Y debe haber sido también una decisión dura para el presidente Rajoy, que hace pocas semanas contaba aprobar los Presupuestos con el apoyo del PNV, tener una legislatura no exenta de complicaciones pero exitosa, e intentar pasar a la historia como el hombre que sacó a España de su peor crisis económica.
La realidad es que el culpable inmediato de la intervención de la autonomía catalana ha sido el independentismo, que no dudó —los pasados 6 y 7 de septiembre— en aprobar una ley de referéndum y otra de transición y fundación de la república que violan la Constitución y el propio Estatut que los catalanes votaron en 2006, y que requiere para asuntos relevantes una mayoría de dos tercios (90 diputados), y los separatistas tienen solo 72. Al actuar así, el Gobierno de Puigdemont iba contra su propia legitimidad legal, que tiene sus cimientos precisamente en la Constitución del 78 y en el Estatut.
Y lo que hizo casi inevitable la intervención fue la última respuesta de Puigdemont a la requisitoria de Rajoy que —aunque de forma oblicua, acababa confesando que aún no había habido declaración de independencia— empezaba diciendo nada más y nada menos: “El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de electores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit”.
Es una afirmación que indica que Puigdemont vive en las nubes o —quizá más posiblemente— cree que liar las cosas y sembrar confusión le beneficia. No se puede sostener que un referéndum sin ninguna garantía y votado solo por el 43% del censo es fundamento alguno para declarar la independencia catalana y romper la pertenencia a España, cuya Constitución fue votada por un porcentaje de catalanes superior al del resto de españoles.
No es de recibo. Europa lo sabe y los catalanes también. Según la encuesta de 'El Periódico' publicada el mismo sábado y realizada por Gesop, acreditada casa de encuestas, el 55,6% de los catalanes (frente al 40,1%) cree que los resultados del referéndum no justifican que el Parlamento haga una declaración de independencia, el 60,4% (contra el 36,3%) cree que no tenía las garantías suficientes, y nada menos que el80,9% (contra solo el 10,8%) opina que no puede gozar del respaldo internacional.
El único razonamiento que Puigdemont puede esgrimir contra el Estado (aunque no para la validez del referéndum) es que un espectacular 83,4% (frente a solo el 10,8%) juzga desproporcionada la actuación policial del 1 de octubre. Y que incluso los no independentistas (70,5% frente a 22,9%) comparten ese criterio.
Pero que el culpable inmediato del desastre de la suspensión de la autonomía sea el independentismo no quiere decir que sea el único culpable. Ni incluso que —en términos históricos— sea el culpable principal. Es un asunto que supera las dimensiones de este artículo. No obstante, no se deben olvidar hechos que el independentismo podría utilizar para argumentar legítima defensa.
El primero es el recurso masivo del PP contra el Estatut de 2006 que —tras ser recortado (Alfonso Guerra dijo “cepillado”)— fue aprobado tanto por el Congreso como por el Senado y luego en referéndum por los catalanes. Y que la sentencia de 2010 del Constitucional (cuatro años y muchos incidentes después) enmendó y recortó. Y aquel Estatut establecía que Cataluña formaba parte de España y que sus futuras leyes quedaban bajo el control del Constitucional.
Quizá Rajoy tomó aquella decisión tanto contra Zapatero (la lucha cainita entre los dos grandes partidos) como contra el Estatut, pero el resultado fue la creciente 'desafección' catalana, que ayudó a que el independentismo pasara de tener un apoyo del 20-25% a otro del entorno del 45%. Aunque el PP podría recordar que aquello no debió ser tan terrible por cuanto Artur Mas —elegido presidente de la Generalitat a finales de 2010— no tuvo inconveniente ninguno en aprobar dos presupuestos consecutivos con el apoyo del PP.
El segundo argumento del pliego de descargos es que Rajoy no ha logrado corregir aquella desafección a lo largo de los siete años que lleva gobernando, aunque es cierto que Artur Mas hizo de incendiario. Y no tanto el separatismo: cualquier analista sensato no puede sino censurar el hecho de que en su último Gobierno de finales de 2016 —cuando ya se veía que el conflicto catalán no iba por buen camino— no incorporara a nadie representativo de la sociedad civil catalana de talante moderado lo que, sin ninguna duda, habría sido un colchón y hecho más difícil presentar al actual Gobierno como enemigo de Cataluña. Incluso el general Franco nombraba ministros representativos del conservadurismo catalán como Pedro Gual Villabí, secretario de un Fomento descafeinado, en 1959, y —más tarde y con mucha más influencia— Laureano López Rodó. Y es indudable que la ministra catalana, Dolors Montserrat, quizá represente al PP catalán, pero tiene un peso muy escaso en la sociedad civil catalana. No estamos ni ante un López Rodó ni ante siquiera un Piqué.
Pero estamos donde estamos. En pleno lío y desbarajuste. Y Rajoy ha tomado una opción que altera todavía más la normalidad constitucional y cargada de peligros. Ninguna decisión de las que va a tener que tomar va a ser 'popular' o fácil, empezando por la de echar a Puigdemont —que puede ser acusado de iluminado pero no de deshonesto o incoherente con sus ideas— del Palau de la Generalitat. Y seguida por otras muchas que tampoco serán populares.
No digamos ya si, como explica Marcos Lamelas, Puigdemont apostara por declarar la independencia y convocar elecciones antes de que el Senado aprobara el artículo 155. Nos podríamos encontrar entonces con que Puigdemont estuviera habilitado para convocar elecciones —e incluso ser candidato— y que el mismo día la Fiscalía concluyera que debía acusarlo de un delito de rebelión castigado con 20 años de cárcel. Sería una situación que empezaría a acercarnos a la de Venezuela.
Además, ya se vio el 1 de octubre que las autoridades del Estado no pecan precisamente de mano izquierda a la hora de hacer cumplir sus resoluciones. Y hace pocos días, hemos visto su capacidad de fabricar 'mártires' en los momentos menos apropiados, cuando la Fiscalía pidió —y obtuvo— prisión sin fianza para los dos militantes independentistas —Jordi Sánchez y Jordi Cuixart— que presiden las dos organizaciones catalanas con más capacidad de movilización y que —guste o no en Madrid— son vistos como héroes por un porcentaje nada despreciable de Cataluña.
Y el 155 parte ya, de entrada, con un gran rechazo social. Veremos cómo se aplica, pero ya nada menos que el 66,5% de los catalanes(contra el 23,8%), según la encuesta de 'El Periódico' en la que el independentismo no sale bien parado, no aprueban la intervención de la Generalitat. Y la desaprobación no es solo de los que tienen un sentimiento independentista sino también (43,7% contra 42,8%) de los no independentistas. No puede sorprender así que algunos alcaldes del PSC —como los de Granollers, Terrassa y Santa Coloma— hayan hecho público su nerviosismo e inquietud.
Cataluña está en un momento crítico. Por una parte, la conflictividad política y las manifestaciones ahuyentan el turismo (baja de un 20% de las reservas hoteleras), retraen el consumo (menos ventas en los grandes almacenes) y provocan un éxodo de las sedes de sociedades—empezando por CaixaBank, Banco Sabadell y seis de las siete catalanas del Ibex, y seguidas por más de un millar de empresas— que puede tener efectos muy negativos y originar una grave pérdida de dinamismo económico. Entre otras cosas porque, como pasó en Montreal cuando el referéndum de Quebec, es difícil que muchas de las empresas que ahora marchan decidan volver cuando se supere la fase de conflictividad.
Por otra parte, las masivas manifestaciones separatistas —y también contrarias— con cifras de más de 300.000 participantes indican el peligro de que el divorcio interno y la división social, que hasta el momento han estado contenidos, pasen a una fase más aguda. No se debe olvidar que todas las encuestas serias indican que la población está muy dividida y la última del CEO, el CIS de la Generalitat, dice que el 41% es favorable a la independencia, pero el 49% se opone. Además, la encuesta de 'El Periódico' dice que el 55,6% es pesimista respecto al futuro y el 49,3% cree que hay un serio riesgo para la economía si la independencia sigue adelante.
Con todo, quizá lo más relevante es que la sociedad catalana está dispuesta —mucho más que su Gobierno y el de España— a vivir bajo un compromiso. Incluso desea el pacto. La encuesta de 'El Periódico' —confirmando 'grosso modo' sondeos anteriores de 'El País' o 'La Vanguardia'— indica que el 36,1% de los catalanes desearía que el 'procés' condujera a la independencia, pero el 46,1% preferiría un acuerdo con España que diera más autogobierno, y solo un 10% quiere el grado de autonomía actual.
¿Tan imposible hacen los sacros e irrenunciables principios alcanzar un pacto como el que desean la mayoría de los catalanes? Un joven amigo francés, casado con una encantadora catalana y con un pequeño establecimiento hostelero, me decía el pasado martes que estaba desencantado y harto. No había pensado nunca que la democracia española tuviera raíces tan débiles y que la polarización llegara tan lejos. Y su irritación le llevaba a concluir, sin perder la sonrisa, que habría que poner a Mas, Puigdemont y Rajoy en la cárcel. Y no sabía por qué orden.
¿Hay solución? Parece difícil. Pero sí hay caminos que conducirían sin duda a una situación más calamitosa. La declaración de independencia sería una catástrofe para la economía y para la convivencia. La intervención de Rajoy, casi una suspensión total de la autonomía, de llevarse a cabo, podría servir solo para enconar aún más los ánimos. Solo que Puigdemont —que es el que legalmente puede— se decidiera a dar la palabra a la gente y convocar elecciones (sin machada independentista previa) podría abrir un rayo de esperanza.
Es lo que pide el 68,6% de los catalanes (contra el 27,4%) en la encuesta comentada. Y es lo que piden los dos grandes diarios de Cataluña. El director de 'El Periódico' publicaba ayer un artículo con un título rotundo: “President, ponga las urnas”. Curiosamente, coincidía con el título del editorial de 'La Vanguardia'. Y su director, Marius Carol, concluía comedido: “Creo que hemos perdido mucho por saltarnos las reglas de juego. Tener el autogobierno intervenido es un fracaso. Pretender insistir en el camino emprendido podría ser un desastre”.
Por su parte Lluís Foix, respetado comentarista y exdirector de 'La Vanguardia', tuiteaba el mismo sábado por la tarde que todavía quedaban días —hasta el viernes, en que se reúne el Senado— para evitar lo peor. Pedro Sánchez tiene razón: si hay suspensión de la autonomía, la principal responsabilidad no será de Rajoy sino de Puigdemont.
La culpa histórica de que las cosas hayan llegado a este punto no es desde luego de Puigdemont, que solo preside la Generalitat desde enero de 2016, pero hoy es solo él quien puede evitar el descenso a los infiernos. ¿Será capaz de imponerse a la corte de hiperventilados que le asedian y rodean?
Fuente: El Confidencial
