'Catalonia Today', la empresa creada por Carles Puigdemont en el año 2003, recibió, en total, 433.380 euros en subvenciones públicas a fondo perdido. Todas estas ayudas vinieron casi en exclusiva de departamentos controlados por ERC durante el Tripartito, excepto algunas, durante un periodo de tiempo en que estuvo al mando de la consejería de Cultura el socialista Ferran Mascarell, luego pasado con armas y bagaje a las filas del independentismo. En ocasiones, las ayudas se canalizaban a través de consejerías como Bienestar Social o Acción Social. Y algunas de ellas se daban directamente desde el departamento que controlaba el 'conseller en cap'.
Puigdemont aprovechó el control de los resortes de la Administración que tenían sus amigos para ordeñar el tesoro público en una periódica sangría dineraria. La partida más onerosa que recibió fue una otorgada en el tercer trimestre de 2006 por la propia presidencia de la Generalitat, con Pasqual Maragall en capilla, a punto de irse y peleado con la cúpula socialista. Fueron 97.450 euros para la "edición de nuevos suplementos: 'CT Review' y 'Money and Business'".
Otra importante subvención de 97.300 euros fue concedida en el año 2005 por Xavier Vendrell, entonces secretario general de la consejería del Conseller Primer. Su finalidad era "potenciar la política comercial del semanario y mejorar su posible posicionamiento en el mercado". Vendrell, que luego sería fugaz consejero de Gobernación, también había sido secretario de Organización de ERC y recientemente participó en buena parte de las reuniones de altos cargos del Govern (encabezadas por el propio Puigdemont) preparatorias del referéndum del 1 de octubre.
Fuentes cercanas a Puigdemont reconocen que la publicación fue ideada para ser mantenida con subvenciones públicas, siguiendo la estrategia que habían impulsado los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol, con lo que mantenían una corte de amigos fieles cuyas cuentas corrientes se llenaban a costa de dinero público y, en contrapartida, garantizaban un apoyo político mediático y mediatizado.
Chollo para la esposa y el amigo
Puigdemont abandonó sus responsabilidades administrativas en 'Catalonia Today' en el año 2011, poco antes de ser elegido alcalde de Girona, ciudad de la que ya era concejal desde años antes. Pero tras su salida de la publicación, su esposa, Marcela Topor, siguió como editora de la revista (su nombre aparece como directora de la misma). El entonces alcalde de Girona consiguió que su socio de 'El Punt' contratase a Topor como entrevistadora de un programa en El Punt Avui TV, la emisora privada que montó el grupo Hermes Comunicacions. Los agujeros económicos causados por la televisión fueron cubiertos a trancas y barrancas hasta el año pasado, cuando el Gobierno catalán fue intervenido y el grifo del dinero dejó de verter fondos perdidos.
En ese momento, Puigdemont movió hilos e hizo que su esposa y uno de sus socios entrasen en la Xarxa Audiovisual Local, la red de emisoras públicas controladas por la Diputación de Barcelona, en manos del PDeCAT. Para este cometido, fue indispensable la ayuda de Francesc Pena, un hombre de partido ubicado estratégicamente en la Xarxa como consejero delegado. El nombre de Pena estaba en el alero hace pocos meses, cuando ya se daba por seguro su cese como consecuencia de las batallas internas entre sectores de Convergència. Ahora, esos rumores han desaparecido, pero Marcela Topor cobrará 6.000 euros mensuales por hacer su entrevista, aunque esta vez recibiendo el dinero directamente de fuentes públicas. Por otro lado, el socio de 'Catalonia Today' Francesc Fornells Sala acaba de ser nombrado consejero de la Xarxa.
Otro colega colocado en la ACN
Por otro lado, los más de 400.000 euros de 'Catalonia Today' no son los únicos fondos recibidos por un proyecto de Puigdemont. En el tercer trimestre de 2006, cuando Pasqual Maragall estaba a punto de abandonar la Generalitat, recibió otros 16.000 euros para el proyecto de "edición de un portal y diario informativo de Internet en catalán dedicado a los bloques políticos catalanes". La empresa que lo recibía se llamaba Doble Utopía y sus administradores solidarios eran Carles Puigdemont y Saül Gordillo. La compañía había sido creada en abril de 2006 y en su objeto social figura la "prestación de servicios informáticos, telemáticos y de comunicaciones, comercio electrónico, diseño gráfico, creación de páginas web y otras actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y comunicaciones". A mediados del año 2016, la empresa se cerró y causó baja en el índice de entidades jurídicas.
Se da la circunstancia de que Gordillo ya era apoderado desde el año 2003 de la sociedad Comit Premsa BCN, una filial del grupo Hermes, para el que también trabajaba Puigdemont en aquellos momentos como redactor jefe del diario 'El Punt' y al que tenía como socio en su proyecto 'estrella', 'Catalonia Today'. Al año siguiente, tras enterrar este nuevo proyecto, Gordillo fue nombrado director de la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la agencia pública de la Generalitat.
En el año 2016, cuando Puigdemont fue elegido presidente de la Generalitat, sus dos primeras decisiones fueron nombrar un nuevo director de TV3 y un nuevo director de Catalunya Ràdio. Gordillo fue el designado para este último puesto (también figura como consejero de Intracatalonia, la matriz de la ACN), con un salario de 108.000 euros anuales, casi asimilado al de un 'conseller'. Su sueldo es superior al de Núria Llorach, por ejemplo, que hasta hace unos días era la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y, por tanto, superiora del propio Gordillo. Pero ella no era amiga del 'jefe'.
El responsable de la destrucción de la incineradora: hubo más papeles "tras el 1-O"
El jefe de Información de los Mossos d'Esquadra Manel Castellví, el mando encargado de dar la orden de destruir 36 cajas de cartón repletas de documentos horas antes de la entrada en vigor del 155 en Cataluña admitió el pasado 27 de febrero ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que fue él el responsable de la quema de los papeles. El comisario defendió a preguntas del fiscal Javier Zaragoza que esta eliminación de documentos estaba estandarizada y perfectamente pautada. "Ese es el proceso que hacemos siempre, que hemos realizado en el año 2016 cuatro veces, creo, y en el año 2017 cuatro o cinco, incluso después del día 1 de octubre", indicó según los audios de su comparecencia ante el juez como testigo.
El fiscal dejó para el final el tema y le lanzó una serie de preguntas sobre la cuestión [minutos 13:50 a 20:34 de la parte II]. "Quiero que me hable usted del incidente de la incineradora. Sabe usted que a finales de octubre dos vehículos camuflados de Mossos fueron interceptados por policía nacional cuando llevaban documentación para incinerar en Sant Adrià del Besòs, ¿Es cierto?". "Es cierto", respondió el alto mando de los Mossos que después fue preguntado directamente si él dio esa orden.
Explicó, en respuesta, que la Comisaría General de Información desde hace años "siempre ha llevado a destruir documentación, objetos, y cualquier tipo de material a una incineradora en concreto de la ciudad de Barcelona". Explicó que se sigue siempre el mismo protocolo: "En primer lugar, lo tienes que comunicar al servicio de administración y documentación de la Dirección General de la Policía, diciendo que quieres destruir material, documentación o artefactos. Se ha de rellenar un formulario en concreto, creo que es 48 o algo así, el servicio de administración lo autoriza al cabo de unos días y luego se le comunica a la incineradora y ella pone la fecha en la que se puede realizar, digamos, ese servicio".
Los papeles de la incineradora, salvados de la quema por la intervención de la Policía, evidencian según informes que obran en la causa que instruye la Audiencia Nacional que el Cuerpo trató de destruir pruebas de seguimientos a políticos y otras personas del ámbito social. También incluyen documentos referentes al control de periodistas, entre ellos de este medio. Las pruebas se encontraban en 36 cajas repletas de papeles, algunos de ellas hallados en trozos, y que abarcaban información que se remonta a 2011 e incluso a los años 90. La Policía considera en sus últimos informes que la estrategia de espionaje masivo fue dirigida por su Comisaría General de Información, que dirige aún a día de hoy este comisario.
Castellví detalló que, en ese envío en concreto se hizo el 19 de octubre y la incineradora autorizó el día 24. Indicó que "normalmente" los documentos están digitalizados y que la tipología con la que suele trabajar puede ser de tres tipos. Información bajada de Internet —"en ese había bastante de esto", agregó— , informes o información de fuentes secretas y borradores de servicios operativos y diligencias realizadas". Pero en todo caso esta documentación es muy sensible y lo que queremos siempre es incinerarlo", agregó, aclarando: "puede haber papeles del día anterior o de hace unos años".
Admitió que toda la documentación de esas 36 cajas era de su departamento y, a continuación, el fiscal entró directo a la pregunta clave: "¿Recuerda usted si entre esa documentación había alguna relativa a seguimientos o vigilancia a personas?". La pregunta provocó un largo titubeo en el testigo pero el comisario acabó admitiendo que se había "enterado" de que había "algún seguimiento operativo a alguna persona en concreto".
A continuación, se enredó en una explicación poco esclarecedora. "Apareció en los medios de comunicación alguna persona y tal. Esas fueron unas actuaciones que se realización de acuerdo a unas denuncias que entraron en septiembre del año 2016, creo recordar... Luego hubo una ampliación de esas diligencias, que están judicializadas, en enero del 17 y luego sobre el mes de abril entró otra denuncia de ese tipo", indicó. "De esas diligencias en concreto, que están judicializadas, se hizo algún trabajo operativo para constar algunos hechos en concreto para ver si había algún indicio.
El fiscal también demandó explicaciones sobre la presencia de actas de agentes tomadas el día del referéndum. "No pueden ser actas", negó categórico el testigo que indicó que debía tratarse de aquellos documentos que se pidieron a los jefes de comisaría para completar información. Insistió en que las actas no se pueden manipular y dijo que la única manipulación que hicieron de esas actas "fue leerlas". No pudo recordar si entre los papeles que iban a quemarse había datos de información a sus unidades sobre el movimiento de Policía y Guardia Civil el 1 de octubre. "No descarto que pueda estar, pero no recuerdo si había un papel en el que se decía", agregó.
Reunión con Puigdemont
Además, el alto cargo de los Mossos describió uno de los encuentros celebrados con la cúpula del Govern días antes del referéndum del 1 de octubre [minutos del 00:57:35 a 01:00:00 de la parte I]. Dijo que en la reunión, a la que acompañó a Trapero y a otros tres comisarios, estuvieron presentes Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. "Fue una reunión un poco frustrante porque lo que se nos trasladó por parte de los políticos es que había un mandato del pueblo, que había una acción del Gobierno y que se debían a ella y que la tenían que llevar adelante. Precisó que ese criterio del Govern les fue trasladado por el expresidente de la Generalitat, "el señor Puigdemont".
Salieron del encuentro, frustrados porque no se les había "hecho caso" aunque ni durante ese encuentro ni durante otros anteriores se les dio indicación alguna. "Nunca lo hubiéramos aceptado. Ellos son políticos y nosotros somos funcionarios de policía. No ha lugar", dijo. Insistió en este punto en que se advirtió al ejecutivo regional en varias ocasiones, incluso en la etapa de Jordi Jané al frente de Interior en que debían dejar a los Mossos "aparte de esta situación política".
Fuente: El Confidencial
