Las torpezas políticas cometidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a lo largo de la presente legislatura, han llegado al límite y colmado la paciencia de los altos mandos de Moncloa. Lo que ha terminado de enervarles han sido sus palabras de apoyo a las declaraciones realizadas por el ex presidente José María Aznar en la entrevista que éste concedió a Antena 3 el pasado 2 de mayo, que, como ha reflejado algún comentarista político, supusieron una ‘enmienda a la totalidad’ de la política del Gobierno que preside Mariano Rajoy.
A la vista de su controvertida vida política y sobre todo del ruinoso balance de su gestión al frente del Ministerio de Justicia (ver la Newsletter titulada Ruiz-Gallardón: ‘Príncipe Deseado’ y ‘Rey Felón’), y antes incluso de que apoyara las polémicas declaraciones televisivas de Aznar afirmando que “es una voz que siempre debe ser oída”, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya le había apeado de las negociaciones para la elección de los nuevos magistrados que deberán sustituir antes del próximo 9 de junio tanto al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala Sánchez, como a su vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas. Ambos han cumplido su mandato al haber sido nombrados hace nueve años ambos.
Además de que esta renovación parcial del TC esté siendo gestionada directamente desde Moncloa por la vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Justicia ha sido excluido formalmente del proceso, tras haberlo cargado de tensiones por sus torpes enredos y tejemanejes con Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cuyo nombramiento se reconoce también como un ‘inmenso error’. De hecho, ha sido Sáenz de Santamaría en persona quien ha tendido puentes de entendimiento con ambas instituciones y apaciguado los ánimos exasperados por Ruiz-Gallardón, ahora en pleno ‘fuera de juego’.
Por otra parte, la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tanto afecta al CGPJ, aprobada por el Congreso, va a ver ‘ajustada’ en el Senado, donde se van a introducir bastantes enmiendas en materia de competencias. Las prisas y presiones del ministro de Justicia para que la ley fuera aprobada en su versión original, han saltado por los aires, dejando su plan de reformas en ridículo.
Hasta ahora, Ruiz-Gallardón sólo ha podido sacar adelante, y de forma extremadamente polémica, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como el ‘tasazo’, de la que él mismo ha dicho después de su aprobación que incluye “supuestos injustos” por su cuantía “excesiva”. Pero, ya agarrado sólo a la torpe reforma de la Ley Orgánica 2/2010, conocida como ‘ley del aborto’, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas del mismo, y dedicado a calentar al personal con declaraciones propias de un integrismo religioso que nada tendría que ver con un Estado aconfesional como el nuestro, tampoco deja de zascandilear en otros terrenos.
Su temor a un cese prematuro, algo que siendo poco apreciado por el aparato del PP y sin baronía territorial alguna, acabaría ipso facto con su vida política, le está llevando a propagar por las altas esferas del PP la idea de que su eventual salida del Consejo de Ministros podría interpretarse públicamente como un intento de cargarse también a Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, para que se deje de investigar el ‘caso Gürtel-Bárcenas’. Una maniobra de alucine, pero cierta como la vida misma (un veterano de la política de otros tiempos, familiarmente muy próximo a Ruiz-Gallardón, dice, y parece ser cierto, que el personaje nació “con cristales en la barriga”).
