(José María Olmo) El Govern contrató los servicios de una abogada eslovena experta en el derecho de autodeterminación, Ana Stanic, para copiar la fórmula que desembocó en la guerra de Yugoslavia
"Al abordar el llamamiento de Cataluña para tener más autonomía, la Unión Europea y España deben recordar las lecciones de la independencia eslovena. Hay claros paralelismos entre la situación en España y la que había en Yugoslavia a finales de los ochenta". La autora de esta frase es Ana Stanic, una abogada nacida en Belgrado y con bufete en Londres, E&A Law, que vivió en primera persona la desintegración de los Balcanes y que al menos desde 2016 ha estado colaborando en la sombra con los gobiernos de la Generalitat de Carles Puigdemont y Quim Torra para preparar la vía eslovena hacia la independencia, escenario sobre el que pivota en los últimos días el cambiante discurso del secesionismo catalán.
Stanic escribió esas palabras en un artículo que publicó en 2012 como respaldo al desafío que puso en marcha ese año Artur Mas para arrancar al Gobierno de Rajoy un nuevo estatus fiscal para Cataluña. La abogada se ha mantenido firme desde entonces en esa tesis, a pesar de las notables diferencias entre España y Yugoslavia —una república socialista autoritaria con fracturas culturales, religiosas y étnicas y solo 70 años de historia— y las trágicas consecuencias que desencadenó la independencia eslovena.
El propio padre de Stanic formó parte del Gobierno de Liubliana que convocó el referéndum del 23 de diciembre de 1990 en el que la secesión obtuvo un abrumador respaldo del 95%, con una participación del 93,2% de la población. Seis meses después, el país proclamó su independencia. Solo en los días siguientes fallecieron casi un centenar de personas en una guerra relámpago, pero los efectos se extendieron a toda la región y duraron al menos una década, dejando más de 140.000 muertos y cuatro millones de desplazados.
Con ese pedigrí, Stanic se ha convertido en una referencia internacional en el derecho de autodeterminación. Defiende que es una prerrogativa “inalienable” de todos los pueblos y que declarar unilateralmente la independencia nunca puede ser considerado delito. Los argumentos debieron convencer al Ejecutivo que lideraban Puigdemont y Oriol Junqueras, que contrataron sus servicios para intentar replicar en Cataluña los pasos que habían conducido al derrumbe de Yugoslavia.
Esa colaboración, que el Govern siempre mantuvo en secreto, está siendo ahora investigada en la causa contra el 'procés' que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona. La Guardia Civil descubrió una factura de una agencia de viajes con el detalle de unos billetes de avión a nombre de Stanic para desplazarse de Barcelona a Venecia el 8 de enero de 2017 y volar nuevamente de Liubliana a Londres el 13 de enero de ese mismo año. El importe, que sumó 407,82 euros, fue abonado por la Generalitat después de que el entonces secretario de Economía, el dirigente de ERC Pere Aragonès, actual vicepresidente del Govern, justificara el desembolso con un breve informe interno que también fue localizado por la Policía Judicial del Instituto Armado.
“Los pasados días 9 y 10 de enero tuvo lugar en Liubliana (Eslovenia) una reunión de trabajo entre una delegación del Gobierno de Catalunya y diversos representantes del Banco Central de Eslovenia que tuvo como finalidad compartir experiencias sobre el análisis de la economía internacional y de los sectores financieros de los ámbitos territoriales de competencia de los dos gobiernos”, escribió Aragonès. “La Sra. Stanic es abogada especializada en derecho comunitario, con experiencia en asesoramiento del Gobierno de Eslovenia y actualmente establecida en Londres (Reino Unido), con el despacho E&A, a través del cual asesora a diversos gobiernos y empresas. Dado que la Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores cuenta, para diversas actuaciones, con la colaboración externa de la Sra. Stanic y que por este motivo la Sra. Stanic acompañó y asesoró a la delegación del Gobierno de Cataluña en la reunión de trabajo comentada (…) se propone que se apruebe el gasto y se proceda al pago de los 407,82 euros correspondientes”, terminaba la nota.
La Guardia Civil comprobó que el propio Aragonès había viajado a Liubliana con la asesora y, también, que el verdadero motivo de ese viaje, que se produjo hace casi dos años, no era “compartir experiencias sobre el análisis de la economía internacional”, sino profundizar en el conocimiento de la hoja de ruta que desembocó en la insurrección eslovena. Es decir, que las declaraciones que hizo Torra este fin de semana llamando a los catalanes a imitar ese dramático modelo no fueron una excentricidad en medio del desierto.
Como recoge el sumario de la llamada operación Anubis, los investigadores localizaron un informe de varios folios que resumía los principales asuntos tratados en esa cumbre confidencial en los Balcanes. Entre otros puntos, los representantes del Govern concluyeron que “Cataluña no debería infraestimar ni su poder ni sus contactos, especialmente, con bancos suizos y con Alemania [cuyo apoyo a Eslovenia fue clave para su independencia]”. “Las autoridades eslovenas advirtieron a los responsables catalanes de que evaluasen muy bien el impacto que sus decisiones unilaterales pudiesen tener en el funcionamiento del sistema de financiación porque, se añade, el sector bancario y financiero serían un aliado importantísimo en el proceso político catalán”, añade la Guardia Civil.
“Resulta interesante el comentario de que con el objetivo de hacer frente a sus deudas, Eslovenia creó una cuenta fiduciaria en Luxemburgo donde acumular recursos para su pago, algo que no se puede descartar que hayan puesto en marcha los responsables independentistas”, alertan los investigadores. También se trataron otros asuntos con la ayuda de Stanic, como la creación de una autoridad fiscal independiente, un embrión de banco central catalán y la búsqueda de otros mercados internacionales ante el riesgo de un bloqueo comercial con el resto de España. “El gobernador actual del Banco de Eslovenia mostró también su total disposición a respaldarnos cuando el Consejo de Gobierno del BCE trate el caso de Cataluña”, escribió la delegación del Govern a su vuelta de Liubliana.
Solo unos días después, entre el 29 y 31 de enero de 2017, un segundo grupo de altos cargos de la Generalitat volvió a visitar Eslovenia. Lideró la delegación Francesc Xavier Martínez Gil, que entonces era responsable de Coordinación Interadministrativa en materia fiscal de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). También estaba previsto que viajara Josep Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat, pero problemas de última hora le impidieron desplazarse. Al igual que Aragonès, Salvadó era uno de los asesores de ERC que formaban parte del núcleo duro de Junqueras, lo que evidencia que los republicanos también apostaron fuerte por la vía eslovena, aunque el presidente del Parlament, Roger Torrent, afirmara este lunes que la opción de su partido siempre ha sido la fórmula escocesa de un referéndum pactado.
Correos internos del propio Salvadó intervenidos igualmente por la Guardia Civil rebaten esa afirmación. Stanic estuvo en contacto permanente hasta el último instante con el selecto grupo de altos cargos del Govern encargado de la logística del 1-O y el plan para materializar acto seguido la ruptura. El 18 de septiembre de 2017, la letrada eslovena remitió un correo al secretario de Hacienda y a la entonces mano derecha de Puigdemont, Elsa Artadi, para solicitarles algunos detalles de última hora sobre el referéndum que pretendía utilizar en un estudio que iba a presentar en los días siguientes para ratificar la legalidad de la votación. Stanic estaba especialmente interesada en asuntos relacionados con los Mossos d'Esquadra, las transferencias económicas del Estado a Cataluña, el supuesto déficit fiscal de la comunidad, la discriminación en materia de infraestructuras y “cualquier otra cosa que podáis pensar que es relevante”, según consta en el documento, al que también ha tenido acceso El Confidencial.
Dos días después, la Guardia Civil entró en la Generalitat en el marco de la operación Anubis y se llevó una copia de esas comunicaciones. Con todo, Stanic siguió adelante con su plan. El 27 de septiembre, cuatro días antes de la consulta, presentó un estudio en el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña que avaló el derecho a la autodeterminación. Al igual que el resto de autores del trabajo, la letrada se hizo pasar por una experta independiente en derecho internacional, omitiendo la larga y estrecha relación que ya mantenía en ese momento con el Govern de Puigdemont.
El acto, que fue cubierto por numerosos medios, sirvió para reforzar la idea de que la comunidad internacional estaba de parte del independentismo. El estudio elaborado por Stanic alentaba incluso a dar el último paso, que consideraba “legítimo”. Para conseguirlo, solo era necesario que esa voluntad quedara “claramente reafirmada en un referéndum”, afirmó uno de los ponentes, Mark Weller, profesor de la Universidad de Cambridge. La letrada eslovena suscribió las declaraciones de su compañero de mesa.
El pasado 13 de septiembre, este diario se puso en contacto con Aragonès y Stanic para conocer los términos exactos de la colaboración profesional que el despacho E&A Law ha estado prestando para la Generalitat y el coste de los honorarios. Sin embargo, ni Aragonès ni Stanic respondieron a las preguntas. Un portavoz de Aragonès se limitó a asegurar que la información ya está en el sumario. La letrada eslovena prefirió no contestar el correo.
El día después de la vía eslovena: la purga que dejó sin nacionalidad a 25.000 personas
(Irene Savio) Es bien sabido que Eslovenia consiguió la independencia de la extinta Yugoslavia en junio de 1991 tras 10 días de conflicto armado, 76 muertos y el apoyo de estados como Alemania o el Vaticano. Pero se sabe mucho menos de lo que ocurrió justo después, de la pos-independencia. Una de las primeras acciones del recién inaugurado Gobierno constituyó una grave violación de derechos humanos, según los propios tribunales europeos: en febrero de 1992 se suprimeron en los registros civiles los nombres de todos los ciudadanos que no habían solicitado —o a los que se les había negado— la nueva ciudadanía.
La decisión afectó a aquellos que no se sentían parte de esa nueva patria, así como a aquellos que las autoridades no consideraron 'verdaderos eslovenos' por sus atecedentes culturales, políticos o étnicos. El atropello afectó a más de 25.000 individuos que fueron despojados de su estatus legal —se convirtieron en apátridas de la noche a la mañana— y que hoy, más de 25 años después, tras varias sentencias nacionales e internacionales, siguen pleiteando en los tribunales o han rehecho sus vidas en terceros países.
De acuerdo con los datos proporcionados por instituciones y organizaciones de la Unión Europea, más de un 1% de la población, al menos 25.671 personas, 'desaparecieron' de los registros de residentes permanentes. La operación fue autorizada por los responsables del Ministerio de Interior esloveno y se puso en marcha sin informar previamente a los afectados, que perdieron su derecho a trabajar, a recibir asistencia médica y a todos los beneficios sociales (pensiones, trabajos en la Administración pública, etcétera). En los casos más dramáticos, fueron directamente expulsados del país. Otros se enteraron cuando se les denegó la entrada tras regresar de un viaje al extranjero.
¿Cómo ocurrió algo así? “La respuesta es sencilla. La iniciativa la impulsaron los partidos de la derecha nacionalista. Pero también los partidos de centro-izquierda, temerosos de perder votos, no quisieron hacer nada en los años posteriores para tratar de corregir las injusticias que sufrieron los ‘borrados’ [las víctimas de esta supresión de ciudadanía]”, explica a El Confidencial Matevž Krivic, abogado, exjuez del Tribunal Constitucional esloveno y una de las personas que más se han esforzado por intentar resolver el caso. “Durante mucho tiempo, ningún Gobierno quiso enfrentarse a este problema. La opinión pública veía muy negativamente a los borrados", coincide en una entrevista vía correo la investigadora Maja Ladic, del Instituto para la Paz (Mirovni Institute) de Liubliana, "y los políticos temían perder su popularidad si intentaban resolver el problema”.
Los no eslovenos
Esta cancelación masiva golpeó en particular a personas que habían estado viviendo varios años en Eslovenia pero habían nacido en otros estados de la hoy difunta Yugoslavia socialista, y que o no habían solicitado la nacionalidad eslovena en los seis meses posteriores a la declaración de independencia del país, o habían sido rechazados por distintos motivos. Algunos de ellos habían pertenecido al Ejército Nacional Yugoslavo, aunque las organizaciones también encontraron casos de personas nacidas en Eslovenia pero cuyos padres nacieron en otras repúblicas de la hoy extinta Yugoslavia. La vieja república federal de Tito permitía —incluso potenciaba— que la población se mezclase y se desplazase libremente por el territorio. Era habitual cambiar de territorio mediante el estatus de 'residente permanente', que permitía acceder a los mismos derechos que los demás conservando la nacionalidad de su país de origen.
La medida tuvo efectos dramáticos. “En 1993, la policía irrumpió en nuestro apartamento y nos pidió entregarles todos nuestros pasaportes. También el de nuestra hija más pequeña, nacida en Eslovenia y que no había vivido en ningún otro lugar. Fue un 'shock”, explica una mujer bosnia, según el testimonio recogido por el Instituto para la Paz de Liubliana. “En 1991, solicité la nueva ciudadanía para toda mi familia. Aceptaron las peticiones de mi mujer y de mis hijos, pero la mía no, porque faltaban algunos papeles. Les respondí que no podía viajar para recuperar estos documentos porque había sufrido un grave accidente de tránsito y me borraron”, contó otro ciudadano nacido en Serbia y que llevaba más de 30 años viviendo y trabajando en Eslovenia cuando fue objeto de la cancelación.
“Han perdido el derecho a votar, a ser elegidos, incluso a recibir una pensión después de las décadas transcurridas en Eslovenia”, rezaba, por su parte, un informe de 1996 del Instituto Helsinki Monitor. “Tampoco tienen derecho a recibir tratamientos médicos gratuitos por los cuales han pagado impuestos toda su vida (…) o poseer inmuebles que han comprado”, continúa el testimonio. No poder poseer una cuenta en un banco o tener acceso a cuidados médicos, hasta el fenómeno de las familias rotas por la expulsión del país de un familiar, fueron otras consecuencias de la medida para miles de individuos.
El fin de las hostilidades y el desmoronamiento definitivo de Yugoslavia tampoco acarrearon una solución definitiva al problema. Porque el asunto se escondió durante mucho tiempo bajo la alfombra. El tema empezó a sacudir a la opinión pública en 2012, gracias a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el procedimiento conocido como Kuric v. Slovenia, la Gran Sala del TEDH reconoció que los demandantes habían sufrido discriminación y dispuso un plazo de un año para la creación de un plan nacional de indemnizaciones para las víctimas. “Sin el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el problema probablemente nunca se habría encarado”, opina Lalic.
Una rabia que persiste
Incluso después de la intervención de la corte europea, solo unos pocos, menos de la mitad, recuperaron los derechos perdidos. “De esos 25.671, solo 11.000 han recuperado su estatus legal en la actualidad. Unos 3.000 fallecieron y, para los restantes 12.000, el Tribunal Constitucional esloveno pidió ya en el lejano 2003 una regularización de su estatus. Pero esto fue ignorado hasta 2010, cuando la ley sobre los borrados fue parcialmente enmendada”, sostiene Krivic. “Los casos más graves son los de los apátridas, que todavía existen. Es el caso de algunos niños nacidos en Eslovenia fruto de uniones de personas de otras repúblicas yugoslavas”, señala la investigadora Ladic.
La batalla de los borrados, de hecho, también ha generado en estos años multitud de debates jurídicos y legislativos dentro y fuera de Eslovenia. Desde 1992 ha habido, en total, dos sentencias del Tribunal Constitucional esloveno, tres leyes nacionales, dos pronunciamientos del TEDH, un esquema de compensaciones (en 2014), un referéndum poco tiempo después y numerosos informes académicos. Algo que, sin embargo, no ha resuelto la indignación y la rabia de muchos de los afectados. Todavía hay casos que se reportan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegura Krivic. “Es una vergüenza para Eslovenia”, insiste el juez. Las compensaciones económicas para las víctimas se siguen peleando en los tribunales a día de hoy y el tema sigue ocupando estos días a la opinión pública de la joven república, la más próspera de la extinta Yugoslavia.
Esto se debe, en parte, a que las indemnizaciones han sido escasas. En concreto, según cifras enviadas por el Gobierno esloveno a El Confidencial, 8.176 individuos han presentado solicitudes y 5.792 han obtenido hasta la fecha una indemnización por los daños sufridos, tras el establecimiento del esquema de compensaciones de 2014. “En total, el Estado aprobó indemnizaciones por unos 26,4 millones de euros, el equivalente a un promedio de 4.500 euros por cada individuo damnificado. Nadie recibió más de 13.000 euros”, afirma Ladic. “El Estado se ha esforzado en los últimos cinco años para dar una justa reparación”, sostiene, por su parte, una portavoz del Gobierno esloveno.
Con el paso de los años se han conocido además detalles escabrosos sobre cómo se llegó a esa decisión entre 1991 y 1992. De acuerdo con la documentación recabada por el Instituto para la Paz de Liubliana, el entonces ministerio del Interior sabía qué consecuencias tendría el acto. “Tenemos que ignorar los derechos que estas personas tienen ahora”, se lee en una carta del ministro de la época, Igor Bav?ar. Una misiva en la que, haciendo sus recomendaciones al Gobierno esloveno, el organismo se dice consciente también de que estas personas poseen familiares en Eslovenia y, por tanto, tienen un arraigo en el país.
El caso ha manchado el expediente internacional de Eslovenia. Ha llegado a ser el Estado de los 47 miembros del Consejo de Europa con el porcentaje per cápita más alto de denuncias por violaciones de derechos humanos, según un informe del TEDH de 2014, con 148 violaciones por cada millón de individuos. Hasta 2016, Eslovenia había perdido el 94% de los procesos en los que era parte, una tasa equivalente solo a la de Rusia.
