El Gobierno colonial de Gibraltar ha acusado a las autoridades españolas de "provocar deliberadamente" unos "retrasos inaceptables" a las personas que pretenden entrar o salir del territorio del Peñón y ha instado a los afectados a quejarse. "El Gobierno se ha puesto en contacto con el Servicio Europeo de Acción Ciudadana (SEAC) en relación con los retrasos inaceptables a la hora de entrar o salir de Gibraltar que han provocado deliberadamente las autoridades españolas", ha informado en un comunicado.
Esos retrasos constituyen "un obstáculo a la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE a través la frontera interna entre Gibraltar y España", ha señalado.
El viceministro principal gibraltareño, Joseph Garcia, ha animado a los afectados por estos retrasos "excesivos" -turistas, residentes del Peñón o trabajadores de la frontera- a "quejarse de inmediato y contar su experiencia" ante el SEAC, un organismo que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.
"Esto permitirá disponer de una base de datos con quejas sobre esta cuestión a la que tendrán acceso personas relevantes en Bruselas. También puedes protestar si, aunque no hayas estado atascado en la cola, crees firmemente que España está limitando tu libertad de movimiento", ha indicado.
Exteriores dice que los controles en Gibraltar son irrenunciables para España
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado hoy que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y añade que, al no ser un territorio aduanero comunitario, los controles en la verja del Peñón "son irrenunciables" para España porque realizarlos es su "responsabilidad".
Así lo ha asegurado a Efe un portavoz de Exteriores tras la decisión del Gobierno de Gibraltar de enviar un informe a la Comisión Europea sobre las colas que, el pasado fin de semana, se produjeron en la frontera con España, una situación de la que culpa a las autoridades españolas.
Exteriores señala que, al no pertenecer a Schengen, no se aplica la libre circulación de mercancías en Gibraltar ni tampoco el régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que España "está obligada a realizar controles en la verja".
Así, ha explicado que los controles de documentación que se han realizado son "de naturaleza policial y aduanera, de vehículos, personas y mercancías" y ha hecho hincapié en que son los "adecuados" al código de fronteras de Schengen.
Además, el portavoz ha subrayado que los controles son necesarios para evitar tráficos ilícitos y contrabando.
Es la postura que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, transmitió el lunes a su homólogo británico, William Hague, quien le llamó por las largas colas en la verja con Gibraltar.
Margallo expresó a Hague que España tiene "la obligación" de velar por el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y añadió que se seguirán haciendo los controles reforzados en la frontera "cuando se considere necesario".
El martes, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido "incontrolado" de 70 bloques de hormigón en aguas españolas próximas a Gibraltar, algo que, para el Ejecutivo, "puede constituir un delito medioambiental".
España denuncia
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido incontrolado de 70 bloques de hormigón en aguas próximas a Gibraltar la semana pasada "sin ningún tipo de autorización e incumpliendo varias normas medioambientales", lo que considera que es susceptible de ser delito medioambiental.
Así, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete, ha señalado que el sector pesquero de la Bahía de Algeciras, en Cádiz, ha advertido de que estos vertidos han dañado "gravemente" el caladero y hace "imposible" las capturas en la zona de la Línea de La Concepción.
En la denuncia, el Ministerio ha expuesto que la semana pasada un remolcador procedente de Gibraltar arrojó al mar estos bloques de hormigón, sin ningún tipo de autorización, lo que puede suponer el incumplimiento de varias normas medioambientales y que, a consecuencia de estos vertidos, se han visto afectadas "la totalidad de las modalidades y especies habituales de la flota, tanto de Algeciras como de la Línea de la Concepción".
Para el MAGRAMA, la colocación de estos bloques de hormigón imposibilita el desarrollo de la actividad marisquera española tradicional en la zona, y dificulta la pesca de cerco, puesto que los artes pueden dañarse con los módulos de hormigón.
Además, precisa en el escrito al fiscal que el 24 de julio, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil constató, tras la denuncia de pesqueros españoles que faenan en aguas de la Bahía de Gibraltar, que se estaban llevando a cabo operaciones de hundimiento de estos bloques de hormigón.
ESCOLTADOS POR LA POLICÍA DE LA COLONIA
En este sentido, añade que estas operaciones se realizaron desde una plataforma flotante, con ayuda de un remolcador y escoltadas "en todo momento por medios marítimos pertenecientes a los distintos cuerpos policiales y militares de la Colonia de Gibraltar".
Asimismo, agrega que estas tareas continuaron el 25 de julio pese a la oposición de los pesqueros españoles y a la presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
El Ministerio considera que esta actuaciones, aun cuando puedan tener por objetivo la creación de un arrecife artificial de protección del medio marino como ha afirmado el Gobierno de Gibraltar a los medios de comunicación, se han realizado sin tener la necesaria autorización para ello.
Igualmente, denuncia que carecen del oportuno título de ocupación del dominio público marítimoterrestre y del preceptivo informe de compatibilidad con la Estrategia Marina del Estrecho y Alborán.
Finalmente, expone que tampoco se ha tenido en cuenta la cercanía a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental, recientemente declarada por el Gobierno español mediante Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre.