El Gobierno conocía desde el pasado 3 de marzo, cinco días antes del 8-M, un informe médico que describía la enorme gravedad del coronavirus y las complicaciones médicas que éste provocaba en organismos humanos: trombos, neumonías, úlceras, sepsis, insuficiencia orgánica… El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa ha borrado de sus servidores este documento, que describía una enfermedad mucho más grave que aquella ‘simple gripe’ que no fue obstáculo para la celebración de eventos de masas.
OKDIARIO desveló el pasado 12 de marzo que el Ministerio de Sanidad había borrado al menos dos informes técnicos, elaborados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y firmados por su director, Fernando Simón. Documentos anteriores a las marchas feministas del 8 de marzo y que describían los graves riesgos de transmisión de la enfermedad: contagiosa a 2 metros, afecta a embarazadas, los asintomáticos pueden trasmitirla… y advertía de los «eventos con personas infectadas que muestran una altísima tasa de transmisión del virus».
A esos dos informes que el Ministerio de Salvador Illa ha pasado por la ‘trituradora’ de sus servidores se suma un tercero. Se trata del documento ‘Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus’. Publicado el pasado 3 de marzo, cinco días antes del 8-M, el informe contenía en 38 páginas elaboradas por 18 organizaciones médicas nacionales la que hasta el momento era la más completa descripción sobre los efectos del Covid-19 en pacientes y cómo actuar ante cada uno de ellos. Y sus conclusiones sobre la enfermedad eran muy preocupantes. A día de hoy, como ha podido comprobar OKDIARIO, ha sido borrado de la página web de Sanidad.
INFORME
Sin embargo, internet ‘no olvida’ fácilmente y es posible acceder a una versión de ‘caché’ almacenada antes de que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa eliminase el documento de esa dirección. Así, OKDIARIO ha podido comprobar que el documento describe una enfermedad muy grave y compleja, lejos de lo que por aquel entonces se definía en ciertos sectores como una ‘simple gripe’ que no debía obligar a suspender eventos masivos.
Tombos, úlceras, sepsis
El estudio médico desgrana, por ejemplo, las patologías que pueden encontrarse a la hora de tratar a un paciente de coronavirus en los casos graves o críticos: tromboembolismo pulmonar, infección por catéter, neumonías asociadas a la ventilación artificial, úlceras cutáneas crónicas, miopatías, Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (una de las principales causas de muerte por Covid-19), pérdida de conocimiento, convulsiones, insuficiencia renal, disfunción gastrointestinal, insuficiencia orgánica, sepsis (sobrerreacción del sistema inmune ante la amenaza del patógeno).
El informe también se extiende sobre algunas técnicas que requiere el tratamiento de los pacientes afectados. Se describen algunas que pueden ser necesarias para tratar a los enfermos: tratamiento con broncodilatadores en cartucho presurizado, ingreso en UCI, oxigenoterapia, ventilación mecánica invasiva (intubación), sedación… además de incidir en que no se ha descubierto aún un tratamiento farmacológico.
Se trata de técnicas a las que en los últimos dos meses se han tenido que ver sometidos muchos de los 125.233 españoles que han sido hospitalizados por coronavirus y los 11.437 que han terminado ingresando en una UCI.
En conclusión, un extenso protocolo que el Gobierno ya conocía, que Sanidad ya manejaba, y que no encajaba ese 3 de marzo en el mantra repetido por aquel entonces de que el coronavirus era semejante a una ‘simple gripe’.
El Gobierno pide archivar la causa penal en su contra por permitir el 8-M
El Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, de abrir diligencias para investigar la gestión del Ejecutivo central ante la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8-M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma a consecuencia del covid-19. En una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, el Ejecutivo se opone en apelación y reforma —a través de la Abogacía del Estado— al auto en el que la magistrada daba inicio al procedimiento.
El pasado 23 de marzo, la jueza tomó una decisión que supuso la apertura de la vía penal por no prohibir concentraciones multitudinarias celebradas pocas jornadas antes de decidir confinar a la población para luchar contra el virus. En un inicio, abrió diligencias previas en exclusiva respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia, por dos delitos, prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.
Días más tarde y con base en las conclusiones de un informe forense, la magistrada mantuvo abierto el procedimiento, pero solo por el primero de los delitos. Lo hizo a la vista de un informe forense en el que se le indicaba que prohibir concentraciones como la celebrada en el Día de la Mujer en Madrid habría evitado la propagación del virus, aunque avisaba de que no es posible determinar si la asistencia a este tipo de actos provocó o no un contagio o este se produjo en otros lugares con concentración de personas como establecimientos o el transporte público. La falta de causa-efecto en el contagio por asistencia la llevó a descartar las lesiones.
Según confirman fuentes jurídicas y ha adelantado 'El Español', el forense indicaba que en el momento en que se produjeron esa manifestación y otras muchas celebradas en todo el territorio nacional, existían datos de la rápida propagación del virus y ya se contaba con advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) que desaconsejaban, en concreto, este tipo de protestas multitudinarias. Añade que el 30 de enero se declaró por el alto riesgo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Todos esos avisos fueron comunicados a España “en tiempo y forma”, acompañados de recomendaciones que aconsejaban ya entonces el distanciamiento físico. En concreto, el EDCD indicaba que debían tomarse medidas en este sentido ya el 2 de marzo.
“Lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones, se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y, de igual modo, de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación con la gravedad de la enfermedad”, dice el forense.
En el Supremo
La magistrada solo procede, por el momento, contra el delegado del Gobierno en Madrid, ya que no es competente para investigar al presidente ni a otros miembros del Ejecutivo, aforados ante el Supremo. El alto tribunal tiene ya sobre la mesa una segunda denuncia por hechos similares. El escrito que dio pie al procedimiento fue presentado por el abogado Víctor Valladares, que apuntaba a la comisión delitos por no decidir suspender ni la concentración del 8-M ni otras 70 manifestaciones multitudinarias pese a las advertencias sobre el riesgo remitidas por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.
Tras incoar diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ordenó una batería de pruebas a la Policía y la Guardia Civil. Constataba en el auto recurrido que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso la vida, y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". Pese a ello, alberga serias dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante. "La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras", indica.
En su auto, indicaba también que existen, a día de hoy, una serie de interrogantes sobre los que nada se sabe. Explica que se desconoce si el informe del centro europeo fue remitido oficialmente a España, en qué fecha y a qué autoridad. La Delegación del Gobierno negó en un escrito que tuviera indicios antes de la fecha de las marchas sobre el peligro de propagación del virus en estas concentraciones o incluso sobre prohibir o autorizar su celebración. La jueza ha pedido que amplíe esta afirmación, ya que existen datos, como el hecho de que se desconvocaran otras manifestaciones y reuniones, que llevan a deducir lo contrario.
Denunciado el Hospital Infanta Cristina por su veto a ancianos sospechosos de covid-19
La Plataforma de Afectados por la Pandemia del Covid-19 ha denunciado al Hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid) por los supuestos delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro, tras desvelar El Confidencial que el centro sanitario había recibido órdenes de "dirección médica", el 25 de marzo, de rechazar a ancianos con síntomas de coronavirus, y que aparecen plasmadas en el informe de alta de Urgencias de una paciente, cuyo ingreso fue rechazado.
La asociación, que se define como una organización civil sin ánimo de lucro y apartidista, nacida el 22 de marzo, asegura que este veto "vulneró todos los derechos" de los ancianos provenientes de residencias, uno de los ámbitos más afectados por la enfermedad y en donde esta ha resultado más letal, y les ha "privado de un tratamiento adecuado, dejándoles morir sin la atención que merecen", un "derecho que tiene todo ciudadano español".
"Es inadmisible que, escudándose en la situación de saturación que se llegó a vivir en nuestra sanidad, un hospital tome la decisión de rechazar a pacientes por el mero hecho de venir de una residencia y ser sospechosos de coronavirus", añaden en un comunicado de prensa.
[Consulte aquí la denuncia al completo]
"España ha llegado tarde, mal y sin un eficiente plan de actuación que nos ha abocado a todo lo que ha acontecido y a lo que va saliendo a la luz ahora, y todo ello después de, en su día, hacernos ver que el Sistema Nacional de Salud estaba preparado para hacer frente a la situación, y que la probabilidad de que supusiera un riesgo para la población de nuestro país se considerara baja", expresa la asociación.
La denuncia contra el Infanta Cristina cita un fragmento de la información difundida por este diario. Concretamente, un extracto de dicho parte de alta de Urgencias del centro sanitario, que, "ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica", no permitía "el ingreso de pacientes de residencia". A través de este documento, se devolvió a una mujer menor de 80 años que presentaba neumonía bilateral y probable covid-19 —a falta de someterse a una prueba PCR que lo determinara, detalla su juicio clínico— a su centro asistencial.
Fuentes oficiales del hospital aseguraron a El Confidencial que se trató "una decisión clínica de la dirección médica, sobre un caso concreto en el que se trató de minimizar lo máximo posible el riesgo de contagio en un paciente frágil, en tanto se tuviera el resultado de la PCR". "En la fecha referida, la situación era de alto riesgo epidemiológico y el resultado de la PCR podía tardar por entonces tres o cuatro días, por lo que la dirección médica consideró que lo más seguro para el paciente era no exponerlo a dicho riesgo", exponían.
"Cada caso clínico se adecúa a las condiciones del paciente y a la situación epidemiológica, y se toman las decisiones buscando siempre el menor riesgo para el paciente", apostillaban. Sin embargo, en el parte de alta, el facultativo no se refiere a una orden de la dirección para ese caso concreto, sino que es una indicación genérica, ya que impide "el ingreso de pacientes de residencia".
[Consulte aquí el informe de alta de Urgencias]
La anciana había sido derivada a Urgencias porque presentaba graves dificultades para respirar, con "una desaturación del 78%". En su residencia, tras presentarse los dos primeros casos de mayores con coronavirus, fue enviada al hospital por temor a que pudiera tratarse de un nuevo contagio. La paciente fallecía tres días después, el sábado 28 de marzo, en su residencia, tras no ser ingresada.
Opositores al MIR estudian denunciar a Sanidad por "opacidad" en listas y plazas
Las quejas contra la gestión del Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa por parte de los profesionales sanitarios se multiplican por horas.
A las denuncias de los facultativos que se han visto obligados a luchar contra la covid-19 desprovistos de material de protección se suman ahora las reivindicaciones de miles de opositores que aspiran a una plaza de Formación Sanitaria Especializada. Es decir, los futuros residentes de Medicina, Farmacia, Biología y Psicología, entre otros.
Los candidatos a MIR, que hicieron sus exámenes el pasado 25 de enero, acusan al Gobierno de "falta de información" y "opacidad" en el procedimiento de elección de especialidad y plaza. En declaraciones Vozpópuli advierten que están dispuestos a denunciar al departamento no solo por "la vía administrativa", sino también por la "judicial".
La convocatoria 2020 ha estado rodeada de polémica desde el principio por diferentes causas. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la imposición de escoger su "futuro profesional" de forma telemática. Está previsto que lo hagan en julio y se incorporen al sistema en septiembre.
Hasta ahora, los futuros residentes acudían de forma presencial al Ministerio de Sanidad y hacían su elección en función de sus preferencias y de lo que iban escogiendo otros candidatos que habían obtenido mejor puntuación y tenían prioridad. Se podía cambiar de criterio sobre la marcha.
Desventajas de la elección telemática
Sin embargo, la vía telemática les condena a enviar una lista cerrada e inmóvil que solo puede variar hasta 12 horas del turno de adjudicación. Los denunciantes consideran que esta regla implica "menos garantías de igualdad de condiciones y transparencia".
"La elección telemática únicamente permite modificar la lista de preferencias hasta 12 horas previas al turno de elección asignado, mientras que la forma presencial posibilita la modificación instantes previos a la adjudicación, lo que permite al aspirante adaptar sus preferencias en función a las plazas adjudicadas y las vacantes restantes", explican los afectados.
Este cambio, dicen, obligará a realizar listas de preferencias infinitas, ya que, llegado el turno, si las opciones elegidas han sido escogidas por otros aspirantes, no se otorgará plaza. "Aún disponiendo de unbuen número de orden, el opositor podría quedar fuera de la FSE", temen. "Otros tantos van a renunciar a lo que les toque y muchos servicios se van a quedar colgados", advierten.
"¿Cómo es posible que en el mes de julio se puedan celebrar elecciones autonómicas, se pueda reunir la gente en grupos de 10 personas, se puedan hacer comilonas y se puedan examinar miles de alumnos de la EvAU y nosotros no podamos acudir en grupos reducidos a elegir la plaza que va a determinar nuestro futuro profesional y nuestra vida?", se pregunta una de las opositoras afectadas.
Su propuesta pasa por realizar la elección de manera presencial en todas las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno de manera simultánea. "De esta forma no se concentra mucha gente y se reduce el número de traslados".
"Se ha utilizado la pandemia para menoscabar los derechos y respeto de aquellos que por las necesidades actuales del sistema sanitario hemos acudido sin dudarlo a colaborar, aún sin disponer de una especialidad médica", reprochan.
El malestar de los jóvenes se remonta a los meses previos al examen en enero. Pero se ha agravado durante el estado de alarma. "Ha sido todo caótico, pero ahora han estado meses sin comunicarnos nada forma oficial. Se habían comprometido a publicar las listas de las notas definitivas el 16 de marzo y no lo han hecho hasta el 11 de mayo", afirman. "Hemos estado dos meses sin recibir información de ningún tipo", añaden.
La fecha oficial del examen fue anunciada en diciembre, con tan solo un mes de antelación. "Esto no ha ocurrido en ninguna de las ediciones anteriores, cuando se comunicaba al menos tres meses antes", denuncian.
Por otro lado, apuntan, una vez hecho el examen y sin comunicación alguna ni publicación en el BOE, se abrió un período extraordinario para presentación de nuevos méritos académicos que se alargó hasta el 6 de febrero. "Es un hecho insólito y sin precedentes, representa un agravio para todos aquellos aspirantes que en los meses de setiembre y octubre realizaron las gestiones oportunas exigidas por la normativa", opinan.
"Presentarse a unas oposiciones suele comportar, en mayor o menor medida, estrés, nerviosismo y ansiedad. Pero este año, el Ministerio de Sanidad está jugando con nuestra salud mental", consideran.
El pasado 11 de mayo se publicaron las listas definitivas. "Gran parte de los opositores han comprobado con perplejidad cómo ha bajado su posición en relación de las listas provisionales en una media de 60-80 puestos, algo nunca acontecido en convocatorias anteriores y que implica en muchos casos no poder acceder a la plaza de formación deseada", insisten.
Según los afectados, la magnitud de estos cambios "obedece a la aceptación de aquellos baremos académicos entregados fuera de plazo y a irregularidades en la conversión de los baremos de algunos aspirantes que han estudiado en universidades fuera del ámbito nacional".
A fin y efecto de esclarecer estas irregularidades, el colectivo de denunciantes pide "transparencia y explicaciones" al Ministerio de Sanidad, al que acusa de mantenerse "en silencio y con la más absoluta opacidad".
Sheila Justo, secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), lamenta que el descontento de la profesión se haya trasladado también a quienes ni siquiera han comenzado la trayectoria profesional.
"A los profesionales consolidados y a los residentes se suma ahora el malestar de los que ni siquiera han empezado", sostiene. "La elección de plazas de forma telemática puede suponer además una brecha digital según la zona donde se encuentre el aspirante", considera.
Por otro lado, Justo advierte que "vamos a tener que integrar la covid-19 como una patología más dentro del sistema". "Cuanto antes se puedan incorporar los futuros residentes, mejor", opina.
Este diario ha preguntado al Ministerio de Sanidad a qué criterios sanitarios responde que se puedan hacer reuniones de diez personas en espacios cerrados y se pueda realizar la EvAU y los aspirantes a MIR no puedan elegir su plaza de forma presencial en grupos reducidos y con medidas de seguridad.
Fuentes del departamento dirigido por Illa responden que "los trabajos que han hecho posible la reanudación del procedimiento se iniciaron inmediatamente después de la declaración del estado de alarma, considerando las dificultades de desplazamiento de más de 23.000 aspirantes que han pasado el punto de corte, de los cuales 2.871 aspirantes son de nacionalidad no española, para realizar adjudicación presencial".
Los candidatos a MIR denuncian que la vía telemática ya existía antes de la pandemia y era precisamente utilizada por lo general por los estudiantes no nacionales. "Los nacionales recurren a la vía presencial o a la vía mixta, que consiste en enviar una lista previa y luego acudir al Ministerio el día de las adjudicaciones", insisten.
Sobre la ampliación del período extraordinario para la presentación de nuevos méritos académicos hasta el 6 de febrero, Sanidad indica que la acreditación de méritos académicos se debía presentar con carácter opcional y preferentemente en el momento de realizar la solicitud electrónica, de acuerdo "a lo establecido en la orden de convocatoria".
"En ningún caso está establecido en la citada orden que dicha acreditación se hubiera tenido que presentar exclusivamente durante el periodo de presentación de las solicitudes de admisión a las pruebas selectivas", defienden. "No es normal que tantas personas bajen una media entre 60 y 80 puestos. Necesitamos explicaciones y transparencia", declaran los afectados.
Sanidad aclara que no se ha realizado ninguna conversión de baremos de aspirantes que han estudiado en universidades fuera del ámbito nacional.
Fuente: OKDiario, El Confiedencial, El Independiente, Vozpopuli
