Una nota interna de la Policía Nacional fechada el pasado 4 de diciembre revela el despliegue de un operativo específico en el aeropuerto de Granada ante la sospecha de que lleguen inmigrantes irregulares procedentes de Islas Canarias con documentación falsa. También se advierte de la reciente desarticulación de una organización criminal con ramificaciones en la ciudad andaluza que facilitaba a estas personas la adquisición de un empadronamiento.
El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, está redactado por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada y se remite al jefe del puesto fronterizo en el aeropuerto Federico García Lorca. "Existe información de que a través del aeropuerto se producen llegadas en vuelos interiores en los que pueden viajar ciudadanos nacionales de terceros Estados".
Para ello, los inmigrantes en situación irregular utilizan documentación falsa o la de otra persona. Traslados organizados por una "organización criminal" recientemente desarticulada en Lanzarote con "ramificaciones en Granada" para proveerles de un empadronamiento en la ciudad andaluza.
La nota interior alerta de que "en los últimos días" se ha producido en Granada "un aumento considerado" en la llegada de personas procedentes de las Islas Canarias. Por tanto, insta a los agentes a que comprueben otras posibles "conexiones criminales" que quieran alcanzar la ciudad o que pretendan llegar a cualquier otro punto de la Península desde dicho aeropuerto.
Colapso en las expulsiones
"En caso de que por cualquier circunstancia se detecte la presencia de alguna persona que tenga una orden de devolución, orden de expulsión o prohibición de entrada debe comunicarse dicho extremo [...], dado que existen circunstancias en la situación actual que no permiten la expulsión del ciudadano extranjero". Fuentes consultadas por este diario apuntan a la situación de pandemia y al cierre de fronteras en muchos de los países de origen de los inmigrantes irregulares.
Cabe recordar que el aeropuerto de Granada es el escenario donde se grabaron unas polémicas imágenes que circulaban a través de redes sociales, en las que se mostraba el supuesto aterrizaje de un grupo de inmigrantes y se ponía en duda el cumplimiento de las medidas sanitarias.
El Ministerio de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá, encargado de gestionar el programa de acogida de "perfiles de protección internacional o vulnerables", se desvinculó del vuelo y negó haber organizado ningún traslado en fechas recientes. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada arremeten contra el Gobierno y le acusan de "deslealtad" por no informarle de estas supuestas reubicaciones.
Órdenes similares en Valencia
La fecha de la publicación de esta nota interna -4 de diciembre- coincide con la que se difundió en el aeropuerto de Manises (Valencia), en la que se montaba un dispositivo especial de vigilancia frente a siete aviones procedentes de Canarias. La Policía montó un despliegue compuesto por dos agentes para controlar estos aterrizajes y les daba instrucciones sobre cómo actuar ante cada caso.
El operativo culminó con la detención de 16 personas, dos de ellas contagiadas de coronavirus, que habían llegado a Canarias por vías irregulares y que ahora intentaban aterrizar en Valencia.
Las pruebas del traslado: “4 de diciembre. 37 inmigrantes. Procedencia Islas Canarias”
El 17 noviembre, cuando la crisis migratoria empezaba a saltar a los medios de comunicación internacionales y las cifras de llegadas a las Islas Canarias superaban las 600 diarias, en la costa onubense atracaba un ferry regular de la naviera Balearia-Fred Olsen procedente del archipiélago con 95 migrantes, todos ellos adultos. Según ha podido saber LA RAZÓN, a través de documentos internos oficiales, «cada cuatro días llega un barco a Huelva con inmigrantes procedentes de Canarias desde hace un mes y medio». Es decir, pese a que el Gobierno se afanaba, por aquel entonces, en decir que no se realizaban traslados a la Península, estos documentos demuestran que sí se estaban produciendo.
Según los informes a los que ha tenido acceso este medio, entre el 17 de noviembre y el 4 de diciembre desembarcaron 259 personas «en supuesta situación irregular» en la ciudad andaluza sin que en la mayoría de las ocasiones existiera un organismo humanitario responsable de su tutela o reubicación en el territorio español. Todos ellos eran varones, excepto tres mujeres, y la mayoría de nacionalidad marroquí.
No en vano, el perfil de los inmigrantes que están llegando a la Península a través de esta vía, así como las condiciones en que lo hacen son heterogéneas, a tenor de lo descrito en los documentos oficiales consultados. La información obtenida por LA RAZÓN abarca 17 días durante los cuales atracaron en el puerto de Huelva ocho grupos diferentes de migrantes procedentes de Canarias de nacionalidades dispares, desde nigerianos, hasta personas procedentes de Guinea Bisau o Zambia. No obstante, 120 de los 259 que arribaron durante estos días procedían de Marruecos.
Este dato no es baladí porque confirma la tendencia que están observando los agentes sobre el terreno en las Islas Canarias y confirman fuentes policiales a LA RAZÓN respecto a la nacionalidad y circunstancias en las que llegan los inmigrantes en esta ola. Muchos son personas jóvenes que «vienen perfectamente organizadas, con dinero y con contactos». Su situación poco tiene que ver con las descritas por el Gobierno de vulneración o susceptibles de recibir protección internacional.
De hecho, según refleja esta documentación, muchos de los que llegaron a la Península en ferry al ser preguntados por su destino tras pisar la Península aseguraron que tenían familiares en Huelva. No en vano, la provincia podría convertirse en los próximos días en escenario de la crisis de las pateras que angustia a las Islas Canarias. Una situación que preocupa ante la ya de por sí caótica presencia de cientos de migrantes que residen en los campamentos de infravivienda de Lepe, Lucena o Palos, entre otros. Por otro lado, otros migrantes aseguraron al llegar a la Península que se dirigían a otros puntos de la geografía española. Es decir, tras haber entrado de manera irregular en España pero con un pasaporte en regla se están trasladando por todo el territorio sin apenas control.
Entre las incógnitas por resolver está con qué documentos viajan y cómo se costean los billetes. Según señalan fuentes de las navieras, si no se posee pasaporte, el único modo que tiene un ciudadano extracomunitario de viajar a la Península pasa por que el Gobierno central emita una autorización especial para el traslado de un colectivo de inmigrantes de forma organizada, por ejemplo, para que vayan de un centro de acogida canario hasta uno en territorio peninsular.
Entre los documentos a los que tuvo acceso LA RAZÓN, hay precisamente varios viajes que cumplen estas características. El pasado 20 de noviembre, a las 18:00 horas desembarcaron 24 inmigrantes –13 de Mali, ocho de Gambia, dos de Guinea Conakry y uno de Nigeria– que fueron recogidos por Cruz Roja y trasladados hasta el centro de acogida, emergencia y derivación de Málaga–. Esa misma noche, a las 21:30, otro grupo de 11 personas –nueve de Senegal y dos de Marruecos–, que también se derivó a este centro. Estos ejemplos podrían coincidir con la explicación que el ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska, ofreció ayer al ser preguntado por las reubicaciones en la Península. Según dijo en San Sebastián para zanjar la polémica, desde su departamento solo se realizan «traslados muy esporádicos» de aquellos inmigrantes en situación vulnerable o susceptibles de recibir protección internacional. No obstante, el hecho de que cada cuatro días, desde hace más de un mes y medio, estén llegando grupos de entre 20 y 40 personas a Huelva parece de todo menos esporádico, más bien lo contrario, una reubicación organizada y silenciada por el Ejecutivo central. No en vano, el Gobierno considera que repartir de forma solidaria a los migrantes, como se hizo en la crisis de los cayucos de 2006, alentaría a las mafias y podría generar un «efecto llamada». Estos movimientos volverían a demostrar que sí se están realizando.
Por otro lado, en los citados documentos, existen casos de inmigrantes que llegaron irregularmente a Canarias, tienen su pasaporte en regla –evidentemente, sin un visado de entrada– y cuentan con un móvil, instrumento básico para comprar un billete o recibir una transferencia para poder abonarlo. Tras ser identificados en el puerto, explicaron que se «dirigían a distintos puntos de la geografía española». Como dijo ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, en «España no hay fronteras internas».
