Por Antonio Espinosa
La política de infraestructuras seguida por los últimos gobiernos centrales ha tenido como eje de actuación contentar a unos y a otros, haciendo llegar la alta velocidad a todas las capitales de provincia para que nadie pudiera quejarse y sin tener en cuenta y al margen del número de pasajeros que fueran a utilizarla. Igualmente y por la misma razón, se han construido aeropuertos, algunos de los cuales no han llegado ni a entrar en funcionamiento.
Las inversiones no pueden realizarse para contentar a todos, el criterio que debe regir las inversiones en infraestructuras siempre, pero especialmente en épocas de crisis económica y financiera, debe ser priorizar aquellas que suponen una mejora social y económica más inmediata y que tengan un plazo más corto de retorno de la inversión. Se debe exigir que se establezca la obligatoriedad de que la construcción de toda infraestructura se acompañe de un estudio donde se establezcan las ventajas socioeconómicas y los tiempos esperados de retorno de la inversión.
En Cataluña se denuncia continuamente la falta de inversiones del Estado Central, pero no tanto por las razones de eficiencia antes expuestas, sino porque en Cataluña, independentistas, nacionalistas e incluso PSC e ICV consideran que, las inversiones que el Estado Central realice en infraestructuras en las diferentes Comunidades Autónomas, deben hacerse teniendo en cuenta el peso de cada una de ellas en el PIB de España. Dicho llanamente, como soy más rico y aporto más, tengo que recibir más. Curiosa forma de entender la justicia distributiva y la equidad.
Se trata, según ellos, de reducir a la mínima expresión la solidaridad interterritorial y que el Estado no lleve a cabo una de sus principales funciones, la de vertebración y redistribución territorial que procure un desarrollo socioeconómico lo más equilibrado y equitativo posible de todo su territorio.
En Cataluña el Gobierno de la Generalitat y los medios de comunicación subvencionados predican la falta crónica de infraestructuras y la especial caída de las inversiones desde el inicio de la crisis. En un descarado ejercicio de manipulación de la información ocultando que en los últimos cinco años, de 2008 a 2012 (último año del que tenemos las cifras de las inversiones ejecutadas), las cuantías reales y absolutas de inversión en infraestructuras realizadas por el Estado Central han sido de 10.727 millones de euros; y solo en Andalucía el Estado ha invertido cantidades mayores por importe de 10.852 millones de euros.
Si analizamos un período mucho más amplio que recoge los últimos 22 años, desde 1991 a 2012, constatamos que la cuantía en inversiones ha sido de 27.415 millones de euros, únicamente superada por la de 31.000 millones de euros realizada en Andalucía como muestra el gráfico 1.
Si nos fijamos en las inversiones realizadas en los últimos 10 años de los que tenemos información de inversiones ejecutadas, la posición relativa de Cataluña aún mejora, situándose en el primer lugar de las Comunidades Autónomas en cuanto a recepción de inversiones en infraestructuras del Estado Central, con una cuantía de 19.937 millones de euros, como bien puede apreciarse en el gráfico 2.
En Cataluña, no se ofrecen estos datos, se difunde la información de manera que se visualice una posición relativa de Cataluña que permita hacer una lectura de agravio comparativo de Cataluña en relación a otras Comunidades Autónomas. Se trata en suma de presentar la información al servicio del relato de que el Estado Español tiene la voluntad de perjudicar a los catalanes y lo hace mediante todos los medios a su alcance, incluida la inversión en infraestructuras.
Con la finalidad expuesta, se presentan lo datos relacionando las inversiones en las distintas Comunidades Autónomas con el número de habitantes de las mismas. Si bien ésta forma, ligeramente corregida, resulta conveniente y aconsejable cuando se trata de inversiones o financiación en servicios como sanidad o educación por tratarse de servicios prestados a las personas, resulta bastante inadecuada para inversiones en infraestructuras.
No obstante, si se quiere presentar la información relacionando inversión y población, resulta más adecuado considerar conjuntamente los habitantes y la superficie. Ello se consigue estableciendo una población ajustada, resultado de ponderar los habitantes de las Comunidades Autónomas en un 70% y la superficie de las mismas en un 30%, porcentajes que en principio pueden ser razonables.
Si consideramos las inversiones por población ajustada, la posición relativa de Cataluña pasa a la cuarta posición, pero sigue situándose por encima de otras Comunidades Autónomas con similar población, similar superficie y/o similar PIB per cápita, como podemos observar en el gráfico 3.
CONCLUSIÓN
El análisis de las inversiones realizadas por el Estado Central en Cataluña, tanto si se consideran en valor absoluto como si las comparamos en relación a su población y superficie, evidencia que Cataluña se sitúa, comparativamente con el resto de Comunidades Autónomas, entre las dos primeras receptoras de fondos estatales en el primer caso y entre las cuatro primeras en el segundo, desmintiendo así la falta de inversiones y maltrato denunciado, continuada y falazmente, por quienes alimentan el victimismo para obtener réditos políticos.
* Antonio Espinosa es secretario de estudios y programas de Ciudadanos (C´s).
La política de infraestructuras seguida por los últimos gobiernos centrales ha tenido como eje de actuación contentar a unos y a otros, haciendo llegar la alta velocidad a todas las capitales de provincia para que nadie pudiera quejarse y sin tener en cuenta y al margen del número de pasajeros que fueran a utilizarla. Igualmente y por la misma razón, se han construido aeropuertos, algunos de los cuales no han llegado ni a entrar en funcionamiento.
