Desde hace 11 días continúan en Perú las manifestaciones masivas, huelgas y enfrentamientos con la policía. El motivo fue la decisión del Parlamento de acusar al presidente Pedro Castillo con su posterior detención.
Peruanos descontentos bloquean carreteras, asaltan aeropuertos y edificios de oficinas. Para dispersar las acciones, la policía y el ejército utilizan munición real. Los manifestantes responden fabricando explosivos caseros y disparando armas de fuego.
Hasta el momento, más de 30 personas han muerto y cientos han resultado heridas. La mayoría de las víctimas se encuentran en la provincia de Ayacucho, donde fueron asesinados 7 habitantes del país.
Resumen de los últimos eventos
El ministro de Defensa, Luis Alberto Otarola, ha declarado estado de emergencia en todo el país por 30 días. Se han introducido toques de queda en 15 provincias.
Las medidas incluyen no solo la suspensión de la libre circulación en todo el país en vísperas de las fiestas navideñas, sino que también da derecho a la policía a registrar los domicilios sin permiso ni orden judicial.
??Las decisiones tomadas llevaron a un endurecimiento natural de las demandas de los manifestantes. Ahora incluyen:
? La liberación de Pedro Castillo y su regreso a la presidencia;
? Convocatoria de una Asamblea Constituyente y una nueva constitución;
? Disolución del Congreso.
??La nueva presidenta, Dina Boluarte, lleva toda la semana tratando de apaciguar a los manifestantes con promesas de elecciones anticipadas: primero pensaban trasladarlas del 2026 al 2024, y luego al 2023. Sin embargo, el Congreso peruano lo rechazó.
Reacción a las protestas peruanas en el exterior
?Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia emitieron un comunicado conjunto condenando la detención del presidente Pedro Castillo. También condenaron a Boluarte y sus partidarios por "presión antidemocrática" sobre el exjefe de Estado detenido. En respuesta, la Cancillería peruana retiró a los embajadores de los cuatro países.
? Al mismo tiempo, EE. UU., la UE y la ONU expresaron su apoyo al nuevo gobierno de Dina Boluarte. Los estadounidenses y los europeos carecen de principios sobre quién manda exactamente en el Perú: la única condición real es no interferir en el trabajo y los planes de las empresas transnacionales que operan en el país.
Aparentemente, Occidente no ve sentido en seguir apoyando a Castillo, quien está tras las rejas, y simplemente se basó en acuerdos con las nuevas autoridades.
Como escribimos en la revisión anterior, incluso con todas las manifestaciones masivas y los enfrentamientos violentos, los manifestantes tienen serios problemas que reducen en gran medida sus posibilidades de éxito.
Entre ellos está la falta de coordinación unificada de acciones, así como el descontento con la figura del propio Castillo, quien, contrariamente a sus propias promesas, había hecho concesiones previamente a la oligarquía local.
Si la oposición carece de líderes claros y del apoyo de las fuerzas del orden, las protestas poco a poco quedarán en nada. En estas condiciones, las nuevas autoridades de Perú no tienen sentido hacer concesiones a los manifestantes: basta con esperar a que disminuya la actividad callejera y aplastar los focos de resistencia restantes.
- No saldrá en CNN ¡Ahora! esto es Lima en insurgencia popular... el pueblo humilde que no se rinde, lucha por sus caídos y su futuro, protestan contra el gobierno de facto de Dina Boluarte y exigen cierre del Congreso...
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- En medio de rumores sobre la renuncia de Dina Boluarte, anuncia en mensaje a la nación haber recibido el respaldo de Antony Blinken: "Perú es un aliado importante de EEUU, continuaremos apoyando el proceso institucional democrático". ¿Alguna duda sobre quién da las órdenes?
- No es medio oriente, no son imágenes de un video juego bélico. Es el ejército peruano disparándole a los peruanos.
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El mayor sindicato de Perú exige la renuncia de Boluarte
La Confederación General de Trabajadores del Perú ha exigido la renuncia de la nueva mandataria Dina Boluarte, para calmar la crisis.
Tras la detención de Pedro Castillo, las calles de Perú se convirtieron en escenario de duros enfrentamientos entre los ciudadanos, que protestan contra la nueva presidenta, y las fuerzas policiales. En tales circunstancias, Castillo denunció la huella de Estados Unidos en la crisis política que vive el país sudamericano.
Por su parte, la Confederación General de Trabajadores del Perú, principal agrupación sindical del país, pidió la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte, como la mejor opción para salir de la crisis política y social.
¿Qué pasa en Perú?
Ricardo Pablo Belmont Cassinelli es empresario, periodista, locutor y político peruano
Fue alcalde de Lima durante 2 periodos y congresista de la república, de 2009 a 2011, tras ocupar el cargo por el fallecimiento de Alberto Andrade
Deportista, periodista, político y propietario de RBC Televisión, fundada en 1986, y que transmite su señal vía canal 11.1 HD en la ciudad de Lima
Habiendo hecho participar a miles de personas con su accionariado difundido
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Renuncia el ministro de Cultura en Perú tras las muertes en las protestas a favor de Pedro Castillo
El ministro de Cultura de Perú, Jair Pérez Brañez, presentó este viernes su carta de renuncia al cargo tras el saldo mortal que ha dejado la represión a las protestas que exigen el regreso al poder del expresidente Pedro Castillo.
"Hoy he presentado mi renuncia irrevocable. El Perú necesita paz y diálogo efectivo, no más violencia venga de donde venga. Invoco a que al más alto nivel y en todos los poderes se reflexione y tomen acciones para llevar paz al pueblo peruano. Ni una muerte más", escribió Pérez Brañez en Twitter donde publicó la carta con su dimisión enviada a la presidenta Dina Boluarte.
En la misiva, Pérez Brañez justifica su renuncia por "los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su Gobierno".
En una entrevista a inicios de semana, Pérez Brañez dijo que los peruanos viven en medio de una polarización "que no ha podido atender necesidades vitales" de la población y que "la presión ciudadana debe empujar a generar sensibilidades políticas para buscar soluciones a los problemas del país".
"Necesitamos una voluntad firme de diálogo y muchísima responsabilidad, no solo de los poderes del Estado, sino de parte de las instituciones sociales, las fuerzas políticas", dijo en su momento el ahora ex ministro que había sido designado en el cargo hace apenas cinco días.
Además, lamentó las muertes causadas en medio de las protestas, que en poco más de una semana han dejado un saldo de al menos 20 muertos, e indicó que lo que vive Perú es "un momento doloroso", "de mucha preocupación" y "que no justifica ninguna muerte".
Otra renuncia en medio de la crisis de gobierno
La renuncia de Pérez Brañez se da en medio del recrudecimiento de la crisis política e institucional que enfrenta Perú desde hace una semana, tras la destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso y la posterior designación de Dina Boluarte como mandataria.
Su dimisión se suma a la de Patricia Correa, que había sido designada ministra de Educación por Boluarte. La ahora ex funcionaria, alegó que su renuncia respondía a la violencia estatal en contra de manifestantes que piden la liberación y restitución en el poder de Pedro Castillo.
"La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte", expresó Correa.
Boluarte declaró un toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos del país, en medio de la ola de manifestaciones a favor de Castillo que se han visto enmarcadas por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades en contra de los ciudadanos.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recordado al Estado peruano que tiene el deber de cumplir con los "estándares internacionales sobre el uso de la fuerza basado en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad con miras a reducir la letalidad policial".
El llamado de la CIDH se enmarca en las denuncias ciudadanas sobre el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos y el uso de perdigones de metal en contra de manifestantes.
